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El gasto de las legislaturas: cada representante provincial cuesta más de $1.500 millones en promedio al año

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Cada legislador provincial de los 1.199 que hay en las 24 jurisdicciones del país, le implicará este año un gasto promedio de $1.531 millones a los respectivos habitantes de cada distrito. Esa cifra equivale a cerca de $128 millones mensuales por cada uno. El indicador surge de dividir las partidas legislativas previstas en cada presupuesto provincial para 2026, por la cantidad de integrantes de sus cámaras, según el análisis realizado por la Fundación Libertad.

De los 24 distritos, 8 tienen Legislaturas bicamerales, o sea con un cuerpo de diputados y otro de senadores: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Catamarca y San Luis.

Si se suman todos los distritos, el presupuesto para mantener las 32 estructuras legislativas asciende a $1.835.300 millones anuales.

“En un país donde todos los días se les pide un esfuerzo a los ciudadanos, la política no puede quedar al margen. Que las legislaturas provinciales cuesten $1,8 billones al año y que cada legislador demande, en promedio, $1.531 millones obliga a preguntarse si estas estructuras están realmente justificadas. No se trata de debilitar las instituciones, sino de terminar con la idea de que el esfuerzo siempre tiene que hacerlo otro: la política también debe revisar sus gastos, eliminar privilegios y rendir cuentas”, le dijo Javier Bongiovanni Director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de Fundación Libertad, a Infobae.

Desde 2018, esta organización con 38 años de trayectoria y sede en la ciudad de Rosario, elabora anualmente este informe con el propósito de estimar cuánto destinan las provincias al funcionamiento de sus poderes legislativos.

Costo anual por provincias

Si se analiza el costo por año de cada representante, el monto varía significativamente entre las provincias.

Tucumán, con 49 legisladores encabeza el ranking. Tiene un presupuesto de $182.504 millones para el ejercicio presupuestario de 2026, lo que implica que el gasto por representante asciende a $3.725 millones por año.

El estudio señala que el costo de un legislador tucumano equivale a más de seis veces el de uno jujeño, pese a que los órganos legislativos de ambas provincias tienen una integración similar 49 y 48, respectivamente.

La Ciudad de Buenos Aires ocupa el segundo lugar, con un costo de $3.402 millones por cada uno de sus 60 legisladores porteños. El distrito capital tiene prevista una partida de $204.092 millones para el funcionamiento de la Legislatura en 2026.

Chaco completa el grupo de las tres jurisdicciones con el costo individual más alto en 2026: $3.057 millones por legislador.

En el otro extremo, San Luis con 43 diputados y 9 senadores, registra el menor gasto: $176 millones por representante.

Luego aparece Santiago del Estero con una erogación anual de $206 millones por legislador. La brecha más pronunciada se observa entre esta provincia y la chaqueña, donde el gasto anual por legislador es casi 15 veces superior al de la jurisdicción santiagueña.

“La distancia entre los dos extremos del listado expone diferencias amplias en los recursos destinados al funcionamiento parlamentario”, advierte el informe realizado por la Fundación Libertad.

El gasto legislativo conjunto de las 24 legislaturas, incluyendo las 8 bicamerales, representa el 1,15% de los 24 presupuestos provinciales relevados.

Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, destina el mayor presupuesto legislativo total en números absolutos, con $379.004 millones. El Senado bonaerense tiene 46 integrantes y la Cámara de Diputados, 92 miembros. El gasto anual por cada uno de los 138 representantes es de $2.746 millones.

Le siguen CABA con $204.092 millones para el funcionamiento en 2026 de su Legislatura unicameral, y Santa Fe con $191.813 millones para ambas cámaras, integradas por 50 diputados y 19 senadores,

Tucumán ocupa el cuarto lugar en la asignación anual para el funcionamiento legislativo en valores absolutos, con $182.504 millones. Pero esta provincia norteña presenta la mayor participación relativa, el 3,66% respecto del presupuesto total de ese distrito norteño.

Le siguen Catamarca, con 2,64%, y Chaco, con 2,22% de la asignación en relación al presupuesto provincial total de esas provincias en 2026.

Comparación con otras partidas

El informe de la Fundación Libertad compara el presupuesto asignado a las legislaturas con otras áreas de gobierno.

En Tucumán, por ejemplo, la partida legislativa equivale al 43% de los gastos de capital previstos para este año.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fondos para la Legislatura porteña representan el 20% de lo presupuestado para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

En Santa Fe, el monto legislativo supera en alrededor de 45% al destinado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La provincia de Buenos Aires destina a su Poder Legislativo nueve veces más recursos que al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. La partida parlamentaria equivale, además, a 5,3 veces el presupuesto del Ministerio de Economía bonaerense.

El gasto en personal

Las legislaturas de los 24 distritos tienen un elemento en común: la mayor parte de los fondos legislativos se destina al pago de personal. Ese rubro comprende las remuneraciones de los legisladores, sus asesores, secretarías y empleados, tanto de planta permanente, como los transitorios que llegan y deberían irse al finalizar el mandato del legislador que los nombró.

En las provincias donde fue posible identificar esa información, el gasto en personal representa, en promedio, el 84% del presupuesto legislativo.

Río Negro alcanza el porcentaje más alto, con 95%. Le sigue, Formosa con el 94,2% de sus recursos legislativos destinados al pago de sueldos; y Mendoza y Santa Cruz, que registran una proporción similar del 94%.

En el otro extremo, Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires exhiben las participaciones más bajas del grupo relevado.

Cantidad de empleados por legislador

El promedio de empleados con que cuenta cada legislador es de 27 en las jurisdicciones con datos disponibles.

Los legisladores de Corrientes tienen el número más alto: 3.234 empleados para 45 legisladores, una relación de 72 trabajadores por representante.

Chaco registra 70 empleados por cada uno de sus 32 legisladores, y Formosa, 62 por cada uno de sus 30 representantes.

San Luis se ubica en el otro extremo, con dos trabajadores por cada uno de los 52 diputados y senadores que integran sus dos cámaras.

Le siguen Santiago del Estero, con 5 para cada uno de sus 40 representantes, y Córdoba, con 8 empleados para cada uno de sus 70 diputados.

Legislaturas provinciales vs españolas

El informe de la Fundación Libertad compara el gasto de las legislaturas provinciales con el destinado a las comunidades autónomas de España de poblaciones similares.

Las españolas prevén un gasto legislativo anual, en conjunto, de 446 millones de euros. A la cotización oficial de $1.708 por euro del Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre de 2025, equivalen a $761.166 millones. Con esta conversión, el gasto legislativo argentino de $1.835.300 millones anuales resulta 2,41 veces superior al español.

En tanto, el costo medio por representante arroja un cálculo de $628 millones en España al año, frente a los $1.531 millones por cada legislador en nuestro país.

Así, el costo anual de un legislador de Tucumán ($3.725 millones) es 6,2 veces mayor al de sus pares en Murcia ($601 millones).

El de cada legislador de Santa Fe ($2.780 millones al año) supera en más de cinco veces el de Galicia ($527 millones).

El gasto de la Legislatura de Chaco por cada uno de sus miembros ($3.057 millones) es casi 7 veces más que la de Cantabria ($455 millones por representante).

Y Buenos Aires, con 138 diputados y senadores, desembolsa 5,3 veces más por legislador ($2.746 millones) que la Asamblea de Madrid, que tiene 135 representantes ($515 millones de gasto cada uno).

“En conjunto, las comunidades españolas destinan el 0,15% de sus presupuestos al Poder Legislativo, esto significa que la participación del gasto legislativo en Argentina es aproximadamente 7,9 veces la registrada en España”, analiza el trabajo.

Otra diferencia se refiere a la composición del gasto. Mientras que las legislaturas provinciales argentinas gastan en promedio un 84% en personal, sus pares españolas le destinan un 60%.

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Nuevos operativos de documentación

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El Registro Provincial de las Personas realizará esta semana nuevos operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad.

Será desde hoy martes 13 al viernes 16 de octubre. El horario de atención de 10 a 15 horas.

 ¿Qué trámites se pueden realizar?

  • DNI (Documento Nacional de Identidad)
  • Solicitud de partidas
  • Certificados de domicilio y extravío
  • Certificado de Pre Identificación (CPI)
  • Empadronamiento de extranjeros
  • Cambio de género
  • Inicio de expediente de inscripción tardía

Fuente: Frente al cano.

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Se oficializó la salida de Bahía Blanca del régimen de Zona Fría

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la modificación del Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de distintas regiones del país. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 y del Decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial.

La reforma, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada por el Presidente el 9 de octubre, establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos.

La nueva legislación modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga distintos artículos de la Ley 27.637, que había ampliado el alcance territorial del régimen.

El principal cambio es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.

Además, la bonificación adicional se aplicará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada hogar.

La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna, donde continuarán los beneficios previstos en el régimen.

Quiénes podrán mantener el subsidio de Zona Fría con la nueva ley

La Ley 27.828 establece una bonificación adicional por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes.

El beneficio estará destinado a hogares ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, contempladas en la normativa utilizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Para acceder, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, encontrarse dentro de las áreas geográficas previstas y cumplir alguno de los criterios socioeconómicos establecidos por la ley.

Los requisitos contemplados son:

  • Ingresos familiares: hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.
  • Certificado de Vivienda Familiar: hogares con al menos un integrante que posea este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
  • Veteranos de Malvinas: hogares con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Personas con discapacidad: hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para pagar los servicios energéticos.

La ley no establece un límite de ingresos fijo en pesos, sino que lo vincula al valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con las mediciones del INDEC.

La legislación también determina que la bonificación adicional estará limitada a los consumos base reconocidos por el régimen de subsidios.

Por otra parte, la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán un régimen específico. Para esas zonas continuarán los beneficios destinados a usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes, así como a determinados usuarios del Servicio General P.

El Poder Ejecutivo, por sí o mediante la autoridad de aplicación, tendrá la facultad de determinar las modalidades de esos beneficios.

Qué cambia en las facturas de gas y hasta cuándo estará vigente el régimen

La modificación introduce un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos para los usuarios de las zonas comprendidas en la ampliación anterior.

La bonificación adicional dejará de depender únicamente de la ubicación geográfica y quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos del régimen focalizado.

Esto significa que los hogares que no reúnan las nuevas condiciones podrían dejar de recibir el descuento territorial anterior, aunque su situación frente a otros subsidios energéticos deberá evaluarse por separado.

Además, el nuevo beneficio se aplicará sobre los consumos base establecidos por el régimen, por lo que no necesariamente cubrirá la totalidad del gas utilizado en una casa.

Sin embargo, la Ley 27.828 no establece un porcentaje específico para la nueva bonificación adicional ni determina cuánto aumentarán las facturas de los usuarios que dejen de recibir el descuento anterior.

Tampoco precisa cuántos hogares podrán conservar el beneficio ni cuántos quedarán excluidos.

En cuanto al financiamiento, la normativa establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se constituirá con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar o disminuir el nivel de ese recargo hasta en un 50%, de acuerdo con las modalidades que considere pertinentes.

La reforma también incorpora disposiciones sobre el mercado eléctrico, las condiciones de contratación de gas, las fuentes renovables de energía y la actividad hidrocarburífera.

El Régimen de Zona Fría tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, según establece la Ley 27.828, que entró en vigor este martes con su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: TN

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Se profundiza la crisis en PAMI: arrancó el paro de médicos de cabecera y odontólogos

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Comenzó hoy el paro por 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI en todo el país. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un fuerte deterioro de los honorarios y dificultades para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios.

“Los médicos de cabecera, la única forma que tienen de expresar su descontento, es parando su actividad, como cualquier otro asalariado. Y la gente es la que se perjudica, pero no tienen otra arma para hacer escuchar su reclamo”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos el Dr. Esteban Costazos, quien aclaró que los médicos auditores no se suman a la huelga.

Indicó que el médico de cabecera cobra por cápita por paciente $2.100 mensuales, mientras que en el caso del odontólogo esa suma se ubica cerca de los $400.

“Eso es lo que para PAMI vale la cápita de un afiliado. O sea, un médico que tiene 500 pacientes anotados cobra un millón de pesos por mes. Es una locura. Y de los odontólogos ni hablemos”, aseveró sobre los bajos salarios.

En el caso de los auditores, aclaró que están analizando posibles medidas de fuerza y remarcó que desde que expuso la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en todo el país, no hubo ningún cambio.

Si bien afirmó que el diálogo con las autoridades locales del PAMI es muy bueno, no tienen poder de decisión. “Soluciones no hubo ninguna porque tienen que venir de Capital”, remarcó.

Costazos advirtió que la situación actual de PAMI es “muy mala” y que la preocupación va en aumento porque “no hay vistas de que vaya a mejorar”.

Frente a las dificultades que encuentran las y los jubilados para obtener turno, una receta u orden médica y acceder a las prestaciones, describió que es muy frustrante para el médico, en su caso en el rol de auditor, no poder dar respuestas.

“Es muy frustrante no poder ayudar de la manera que uno sabe que se puede porque el instituto ya ha tenido la capacidad de tratar mejor a sus beneficiarios. Vuelvo a mi casa muy cansado, no por un cansancio físico sino mental. Es mucha la presión y mucha la frustración. Sería mejor que las condiciones laborales fueran mucho más agradables”, enfatizó.

Fuente: Frente al cano.

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