Todo casi al mismo tiempo. El Gobierno dio por coronada la negociación por la reforma laboral, que espera votar este miércoles en el Senado y convertir en ley antes de fin de mes en Diputados. Es un dato político que el oficialismo considera gravitante como señal en materia económica. Al revés, registró el impacto de un dato económico siempre sensible para la política: el índice de precios, que anotó 2,9% en enero y llegó con el cortinado de fondo de la renuncia del titular del INDEC por la actualización metodológica de no fue. La aceleración con el cambio en la legislación del trabajo y el oleaje por el IPC dominan así la agenda pública.

El oficialismo, como en diciembre al tratar el Presupuesto, dio un giro práctico para avanzar con el proyecto central de la convocatoria a sesiones extraordinarias. El ejercicio de negociación tuvo protagonistas repetidos -gobernadores y bloques dialoguistas- y se movió a contramano del discurso y los gestos duros, recreados en el cruce con Techint, las chicanas con la industria textil y la inquietante y a la vez estéril creación de una cuenta para confrontar con periodistas y medios.

Con todo, hasta el arranque de esta semana se dejaban correr versiones cuyo sentido, en espacios siempre dispuestos al diálogo, algunos atribuyeron a una táctica negociadora básica y otros, a las internas del poder. En cualquier caso, quedó a la vista la necesidad de cerrar acuerdos para garantizar el éxito de la reforma laboral: según los cálculos violetas, el texto contaría con más de 40 votos en la Cámara alta, luego de aceptar una treintena de modificaciones.

Toda la negociación había quedado teñida por la pulseada con los gobernadores, centrada en el rechazo a la rebaja de Ganancias para empresas. Eso, naturalmente, proyectaba un impacto negativo en la coparticipación federal. Pero no se agotaba allí el tema. Varios jefes provinciales se encargaron de destacar que también las cuentas del Gobierno nacional están complicadas. Desde hace seis meses, la recaudación viene bajando de manera sostenida.

Fuentes del oficialismo habían salido a mediatizar el efecto de esa caída para el Estado nacional y, más aún, insistían con que no darían marcha atrás con Ganancias. Incluso, era lo que se dejaba trascender hasta el último fin de semana, después de encuentros formales de la llamada mesa política. Sin embargo, para entonces, fuentes cercanas a jefes provinciales señalan que el Gobierno no tenía margen político y manejaba dos opciones: dejar caer ese punto en el recinto o bajarlo, como finalmente acaba de suceder.

El desenlace de este punto puede ser interpretado como una expresión de realismo. Según tal mirada, la insistencia cono ese tema impositivo -que podría ser sumado al aún impreciso proyecto de reforma tributaria- amenazaba con hacer caer el acompañamiento a otros renglones delicados y necesitados de consenso político, frente a las advertencias de judicialización motorizadas por algunos jefes sindicales y el peronismo duro. Visto así, el resultado es anotado como un logro del “ala política” más allá de sus disputas -desde Karina Milei y sus segundos hasta Santiago Caputo, además de Diego Santilli y Patricia Bullrich– frente a la rigidez de Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El texto acordado incluye la reafirmación de aspectos centrales para el Gobierno -como indemnizaciones, ajuste sobre el derecho de huelga, entre otros- y concesiones a los gobernadores, además de señales claras a los jefes cegetistas -obras sociales, cuotas sindicales, en primera línea-, y a las empresas. La intención oficial es acelerar el trámite y avanzar sin vueltas en Diputados, dando por hecho que el texto que sea aprobado en la Cámara alta será el definitivo.

En lo inmediato, sin que estuviera previsto de antemano, si en el Senado todo sale como apuestan la LLA y sus socios, el voto de la reforma laboral sería útil al Gobierno para tratar de amortiguar el impacto del IPC de enero.

El 2,9 % del índice de precios es un dato económico potenciado al menos por dos factores. El primero, se sabe: la contención del proceso inflacionario representa un capital político central para Javier Milei. El segundo, grave: el clima que rodea su difusión, cruzado por el posible efecto sobre la credibilidad del organismo que alimenta la renuncia de Marco Lavagna.

Eso último es difícil de medir ya en términos de imagen. Resulta claro el costo autoprovocado por el modo en que se precipitó todo y algunos de los argumentos. El desencadenante fue la decisión de posponer -luego, directamente descartar– la aplicación de una nueva metodología o sistema para establecer el IPC, en base a datos estadísticos de 2017, que ahora se desechan por desactualizados -algo real- aunque manteniendo los de 2004.

Con ese marco, se abrieron sospechas y especulaciones sobre el número que hubiera expuesto la aplicación del “nuevo” IPC. El ministro Caputo y variados voceros salieron a decir que el índice habría dado unas décimas por debajo de la cifra informada por el INDEC. Algo parecido dicen algunos consultores. Sin embargo, fuentes vinculadas al organismo afirman que la marca habría superado los 3 puntos. Este es el tema que el Gobierno buscará cerrar lo antes posible.

Fuera de ese terreno, la preocupación es alimentada por la línea ascendente, primero suave y después más marcada, de los precios. La escalera arrancó desde un piso del 1,5% en mayo del año pasado, superó los 2 puntos en septiembre y acaba de rozar los 3 puntos en enero. El registro interanual anota 32,4%, con cifras mayores de rubros especialmente duros para el bolsillo: alimentos y bebidas (35,9), comunicación (36,7) y vivienda y servicios (40,2).

Son números significativos. Es probable que la reforma laboral gane el foco político y se verá si de la agenda pública. Por lo pronto, la semana había arrancado con noticias sobre el procesamiento de Diego Spagnuolo. Ruidos diferentes en días de vértigo.