El Gobierno tiene decidido apelar en los próximos días el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que le ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes en las manifestaciones, al considerar que la herramienta es legítima y garantiza el derecho constitucional a la protesta.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales a Infobae, los operativos contra los disturbios “garantizan la paz social” y es falso que “le falte legitimidad”; como sostuvo en su sentencia el juez federal Martín Cormick.

Las autoridades recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender la medida que se viene aplicando casi desde el comienzo de la gestión libertaria.

“El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, señalaron fuentes de la Casa Rosada.

En las últimas horas, Cormick hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el procedimiento antipiquetes tiene vicios en su conformación legal, ya que -a su entender- en su creación el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución reserva de manera exclusiva para el Legislativo.

Si bien en marzo pasado el magistrado había rechazado suspender estos operativos y asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación, en esta ocasión falló a favor de un recurso que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para el juez, en la resolución 943/2023, con la que se puso en marcha el mencionado protocolo, el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, algo que le corresponde al Congreso.

Por su parte, en el Gobierno negaron esto y señalaron que “la Justicia ya ha validado” los operativos policiales “en reiteradas ocasiones” cuando se planteó la inconstitucionalidad de los mismos.

Al respecto, aseguraron que, “lejos de limitarlos, el protocolo garantiza el ejercicio de derechos constitucionales”, como a la protesta, y solamente “ordena de la metodología” con la que se hace.

Por su parte, el Ministerio encabezado por Alejandra Monteoliva emitió un comunicado para los medios en el que confirmó que se apelará el fallo y advierte que, si se deja sin efecto esta herramienta, “vuelve el caos”.

En el texto, la cartera remarca que el procedimiento en cuestión “es legítimo”, tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y, desde su implementación, “permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.

La propia Monteoliva se refirió al tema a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X en el que consideró que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”.

“Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, señaló la funcionaria en el posteo que luego replicó el presidente Javier Milei.

Sobre este punto, las autoridades nacionales señalan que la semana pasada, este mismo magistrado ya había ordenado que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario, que al igual que la Emergencia en Discapacidad se encuentran suspendidas tras ser aprobadas por el Congreso.

En esa línea se expresó, por ejemplo, la antecesora de Monteoliva y actual senadora, Patricia Bullrich, quien también insinuó que hay una razón política detrás del fallo de Cormick y remarcó que la metodología “fue validada por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”.

“¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, escribió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.