“El riesgo kuka ya no funciona. La dirigente con más caudal electoral está presa y sin perspectiva de que eso cambie. ¿Cuál es el riesgo kuka?“. Con esa frase analizó la avanzada de Javier Milei ayer un dirigente muy cercano a Cristina Kirchner. En el mundo K creen que esa expresión, utilizada también durante la última elección nacional, no tiene sustento en la realidad.

En definitiva, asumen que la condena y el encierro de la ex presidenta debilitan a la fuerza política, motivo por el que deja de tener peso real las amenazas latentes del Presidente respecto al rol que ocupan o que pueden ocupar en un futuro dentro del sistema político argentino. “Lo que hay es riesgo gas, el riesgo combustible, el riesgo alimentos. Eso si sube todo lo día”, advirtieron cerca de la ex mandataria.

En el peronismo creen que la decisión de Milei de ponerlos en el centro de la escena como enemigos principales, tiene que ver con su voluntad de polarizar y cambiar el foco frente al aumento progresivo de la inflación y la falta de puestos de trabajo. “Es un mecanismo de autodefensa porque las encuestas no le empiezan a dar como quieren”, indicó una voz potente dentro de La Cámpora.

Salvo Florencia Carignano, la agrupación que conduce Máximo Kirchner no estuvo presente en la apertura de sesiones del domingo. “No queríamos ser parte del show”, sostienen en el corazón de la orga, como le suelen llamar sus propios integrantes. “Milei está desesperado. Cada tres o cuatro meses tiene una crisis en puerta. Su stand up solo exponen la debilidad del Gobierno y su violencia”, señalaron.

Además, dentro del esquema justicialista creen que las formas en la que se expresó el Presidente el domingo por la noche, tiene que serviles para consolidar el rol de oposición principal, aún en la desdicha del poder perdido. Porque el año que viene, cuando haya elecciones nacionales, están convencidos de que habrá una polarización extrema y solo dos lados concretos para representar un proyecto político que gobierne cuatro años.

“Devolvé la guita del 3%”, “¿Quién te dio el token de Libra?, “Devolvé la plata de los jubilados y los discapacitados”, “la gente se está quedando sin laburo”. Esas fueron algunas de las frases que los legisladores peronistas le gritaron a Milei y que generaron la respuesta inmediata y locuaz del Presidente.

Los legisladores justicialistas llegaron al recinto con una idea basada en una suerte de preacuerdo implícito. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había trasladado al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, la voluntad de Milei de confrontar su gestión con la del peronismo, sin ataques directos, sin piñas discursivas debajo de la cintura. Además, Menem, durante una reunión con presidentes de bloque, pidió tener un recinto ordenado para que haya un marco institucional.

Nada de eso sucedió, lo que motivó a la platea justicialista a entrar en un ida y vuelta con el Presidente, que derivó en momentos de alta tensión durante la noche de domingo. El Jefe de Estado tuvo una vocación muy clara de criticar y descalificar al peronismo, y ahora la oposición advierte que debe aprovechar ese desmadre, más parecido al formato de una campaña electoral, para poder trabajar en el alineamiento de los sectores anti Milei detrás de una propuesta electoral unificada.

En el bloque peronista desmienten que haya existido un plan deliberado para sacar de eje al Jefe de Estado con sus comentarios, como algunos rumores indicaban. En cambio, sí creen que un ataque diseñado por el esquema de comunicación libertario para que el foco esté puesto en los insultos permanentes de Milei al principal partido opositor y a Cristina Kirchner.

“Este Milei violento y verborrágico es el que tiene que quedar expuesto. Le habló a su núcleo duro, pero hay un montón de gente que no quiere eso. El gran problema que tiene el peronismo hoy es construir una opción que represente a ese sector”, aseguró a Infobae un experimentado legislador del interior del país que estuvo en el recinto.

El disruptivo discurso presidencial fue una luz de atención para el justicialismo. Son muchos los dirigentes que creen que las formas y las maneras de Milei que quedaran expuestas, sumado al contenido simbólico de la ruptura del diálogo institucional, tienen que ser una señal para empezar a unir las distintas versiones opositoras.

En esa línea se inscribió el encuentro que tuvo Miguel Pichetto con Cristina Kirchner el año pasado. En distintas terminales de la oposición está flotando la idea de empezar a articular posicionamientos ante políticas públicas, con el fin de construir un acuerdo amplio el año que viene y edificar una coalición que pueda competir frente a Milei.

Con la actividad parlamentaria ya en marcha luego de la apertura oficial de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei planea definir esta semana cuáles serán las próximas reformas que enviará al Congreso del paquete de cerca de 90 proyectos que pidió que le preparen, tras lo cual retomará las negociaciones con los gobernadores.

El propio mandatario nacional confirmó que le solicitó a todos los Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas, las cuales se van a sumar a las que elaboró el Consejo de Mayo y a las que quedaron pendientes del verano.

En el primer día de trabajo formal en el recinto, el Senado le envió a la Cámara de Diputados el texto que establece modificaciones a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción.

Esta seria una de los debates iniciales en este periodo de ordinarias, ya que se viene discutiendo desde diciembre pasado, aunque todavía no hay fecha para su tratamiento, según anticiparon a Infobae fuentes del bloque de La Libertad Avanza.

En el objetivo de planificar la estrategia estará también el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya tiene previsto retomar sus reuniones con gobernadores para conseguir apoyo para las reformas, como lo hizo en la previa de las últimas votaciones.

“La prioridad es consolidar la agenda y fortalecer el trabajo político. Se evalúan próximas recorridas. Arranca el 15 de marzo nuevamente, una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias”, comentaron desde su entorno.

Por otra parte, según pudo relevar este medio, hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el Presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente, por lo que solo falta la redacción.

El mandatario no les puso una fecha límite para que cumplan con esta tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.

Asimismo, están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Manuel Adorni-.

Este cuerpo estuvo compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.

Entre otros puntos, esta mesa impulsó una Ley de Libertad Educativa, que promueve cambios en la organización y funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario.

También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El listado incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política, destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos y eliminar las PASO, y del Código Penal, que amplía la cantidad de artículos, introduce delitos específicos y endurece penas para corrupción y terrorismo

En tanto, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente lo referido a las normas que se tienen que adaptar para cumplir con los puntos con los que la Argentina se comprometió.

Una de las prioridades es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), compromiso que figura entre las condiciones del convenio bilateral y que el Gobierno prometió aprobar en el Congreso antes del 30 de abril de este año.

Otro eje en ese Ministerio involucra la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país.

El temario incluye, además, modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica, así como una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

De manera paralela, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

El tratamiento de la reforma al Código Penal está a cargo de la senadora Bullrich, quien deberá definir el esquema de debate para un texto que supera los 900 artículos y apunta a endurecer las penas e introducir nuevas figuras delictivas.

Finalmente, la agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, Milei anunció que enviará “proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa”.

Entre los puntos destacados figura la propuesta para instaurar el juicio por jurados en el fuero federal, tal como ya había sido planteado en el debate sobre la Ley Bases.

La conducción nacional de la CGT expresó un respaldo explícito a los gremios docentes en medio de la creciente tensión entre el Gobierno y el sector educativo, al finalizar una jornada con un nuevo paro en el sector que complicó el inicio de las clases en algunos distritos.

En una conferencia celebrada en la sede de Azopardo 802, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, que lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA), informó que en la reunión convocada para este lunes por el Gobierno no se hizo ninguna propuesta de aumento de sueldos a los sindicatos del sector y denunció que existe “el nivel salarial histórico más bajo en dos décadas” para los maestros.

Además, alertó sobre el avance de una nueva ley de la administración libertaria que modificaría el sistema educativo “sin consultas” con los sindicatos docentes y . Ante lo que califican de “desfinanciamiento” y falta de diálogo gubernamental, la CGT ratificó su respaldo a las medidas de fuerza y reclamó una recomposición salarial que permita a los docentes superar la línea de pobreza.

Durante el encuentro, Romero sostuvo que “la educación no figura entre las prioridades de la gestión actual”, señalando el retiro de la inversión nacional y el abandono de áreas clave como la educación técnica. “Han retirado la inversión en todo el sistema educativo, y cuando digo han retirado, es de público conocimiento, han sacado la responsabilidad que tiene el Estado nacional de garantizar la inversión en la educación, artículo 9 de la Ley Nacional de Educación», afirmó el líder de UDA.

El dirigente subrayó la gravedad de la situación al informar que “en los últimos veinte años el salario medio docente nunca estuvo tan bajo como ahora” y detalló que un decreto del Estado que fijó en febrero de 2025 el salario mínimo docente nacional en 500 mil pesos, por lo que advirtió que los sueldos en todas las provincias están “por debajo de la línea de pobreza” y en varios casos incluso “más cerca de la indigencia”.

Romero resaltó el impacto del paro nacional que llevaron adelante ese lunes los sindicatos de la CGT y otros del sector: “En 16 provincias fue muy importante. Es una manera de decirle a las autoridades: dialoguemos, busquemos solución a este tipo de cosas”, dijo.

El conflicto se profundiza por la inminente presentación en el Congreso de un proyecto de Libertad Educativa, que, según denunció Romero, “carece de intercambio con los trabajadores y replica la lógica de la reforma laboral”.

“Una ley que no tiene intercambio con los trabajadores es una ley que prácticamente se ha hecho como se hizo la reforma laboral, sin consultas”, criticó.

El sindicalista remarcó que los docentes siempre asumieron la “esencialidad” de su labor: «Nosotros, los educadores, siempre la vimos como esencial la educación porque el Estado ha estado precisamente ausente y nosotros hemos estado presentes en el aula, formando y capacitando a jóvenes para que después se puedan incorporar al mundo del trabajo”.

Romero confirmó que se analizan nuevas medidas de fuerza y reiteró: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. La educación debe ser parte esencial y primordial en la gestión de cualquier gobierno”.

Por su parte, el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) insistió en que la educación es central no sólo como política pública, sino también como herramienta de distribución de riqueza y de movilidad social ascendente. Enseguida hizo hincapié en sobre la relevancia de los docentes en contraste con la idea de reemplazo tecnológico: “No se puede hacer a través de la inteligencia artificial o no sólo a través de ella o la tecnología, que son utilizadas como herramientas. Es imprescindible que lo haga un educador, un maestro”.

El dirigente cuestionó iniciativas orientadas a “enfrentar” a padres y docentes, y rechazó la lógica de programas como los “vouchers educativos o la ‘Ley de Libertad Educativa’”, que, a su juicio, excluyen a los actores fundamentales: “Para hacer un proyecto en el que todo el mundo se sienta partícipe, como pasó con esta reforma laboral, hay que llamar a los verdaderos actores sociales de cada actividad. Y en este caso, especialmente, son los docentes y los no docentes”.

Sola reafirmó que la CGT acompañará todas las luchas vinculadas con salarios y condiciones de trabajo dignas: “La única manera de ser rebelde ante la pobreza es tener educación”. Y afirmó que la defensa de la justicia social y la movilidad social ascendente requieren del compromiso real de la comunidad educativa.

Luego habló otro cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quien amplió la crítica al contexto político y económico actual, al acusar al Poder Ejecutivo de impulsar políticas que “no priorizan la importancia de los educadores” y que consolidan “una transferencia de recursos obscena de los sectores más pobres a los sectores más concentrados”.

El dirigente defendió el carácter inclusivo y el sacrificio de la docencia argentina: “Si nosotros nos distinguimos y reivindicamos que somos un país de clase media es por la educación que tuvimos y por la calidad de docentes que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Porque no nos tenemos que olvidar que muchas veces hay docentes que caminan kilómetros y kilómetros para dar clases a capaz que a un pequeño grupo de alumnos”.

Jerónimo concluyó dirigiéndose a los gremios docentes: “No estamos dispuestos a ceder nada, tenemos conciencia de clase. Esta pelea, tanto para la dignidad salarial como para la justicia social, la vamos a volver a ganar como lo marca nuestra historia”.