El Gobierno dispuso por decreto que Diego Santilli concentre el control de ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), mientras Arsat y el Correo Argentino pasarán a la órbita de su vicejefe y mano derecha Gustavo Coria, un movimiento que fortalece la estructura propia y de quienes están alineados con Karina Milei.

La medida quedó formalizada en el Decreto 581, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de Santilli. La reorganización se produce alrededor de la Jefatura de Gabinete y de las dos secretarías comunicacionales que dependen del Presidente.

Los cambios se producen después de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentara su propuesta de estructura frente a los hermanos Milei y le fuera aprobado. “No creamos más áreas, sino que reordenamos al interior de la Jefatura y redujimos direcciones, subsecretarías y cargos por el traspaso del Ministerio del Interior a nuestra órbita”, comentó una fuente inobjetable a Infobae.

La reorganización saca de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología esos cuatro organismos y empresas, que hasta ahora dependían del área conducida por Darío Genua, alguien que llegó a la administración nacional por recomendación de Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move.

El cambio se produce mientras Arsat atraviesa el impacto de una causa judicial sobre su conducción anterior. Durante los allanamientos, la Justicia secuestró USD 2,4 millones en efectivo, además de drogas y equipos de espionaje, en propiedades del expresidente de la empresa Facundo Leal.

El dato central del decreto es que Santilli pasa a controlar de manera directa áreas de altísimo componente estratégico como son las telecomunicaciones, a través de ENACOM; y la agencia que controla qué información es pasible de ser revelada desde el Poder Ejecutivo o no, la AAIP. Ambas estructuras responden directamente al jefe de Gabinete, ni siquiera a sus vicejefes.

En tanto, Coria tendrá la responsabilidad sobre la conectividad terrestre y satelital que provee la empresa pública Arsat, así como el Correo Argentino, que tiene una importancia fundamental al momento de mirar la logística de lo que serán las próximas elecciones nacionales, ya que es la compañía de logística que ayuda al traslado de urnas y todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo esa jornada.

Genua, identificado dentro del Gobierno con el sector de Caputo, conservará únicamente el control del Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), la única empresa estatal que permanece bajo su órbita. También sigue a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET.

El ENACOM, actualmente a cargo del interventor Juan Martín Ozores, es la autoridad de aplicación de las leyes sobre telecomunicaciones, servicios audiovisuales y comunicaciones satelitales. También administra el espectro radioeléctrico, otorga licencias y fiscaliza a los operadores del sector.

La AAIP, por su parte, es el organismo responsable de garantizar el acceso a la información pública y de controlar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales.

En el caso de Arsat, el traspaso ocurre en medio de una investigación que comenzó por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica y luego se amplió a presuntas irregularidades en contrataciones. La causa derivó en la detención y en allanamientos sobre Leal. El Correo Argentino, a su vez, atraviesa un proceso de reestructuración con reducción de personal y gastos. Ese ajuste se inscribe en la decisión oficial de avanzar con su privatización.

Ese medio sostuvo que el reacomodamiento no implica por ahora cambios de nombres en la conducción de los organismos: Genua sigue en su secretaría y también continúan los titulares de Arsat, del Correo y del Enacom.

Dentro del sector de Caputo, algunas fuentes describieron la redefinición de competencias como un acuerdo y señalaron la continuidad de Genua como prueba de esa lectura. En otros sectores del Gobierno, en cambio, interpretaron la decisión como otro avance de Karina Milei sobre la estructura de influencia del asesor presidencial.

Podría ser un punto medio que encontró Santilli para hacer equilibrio entre ambas partes de la interna: quitar la estructura pero no a sus responsables. El jefe de Gabinete no considera que haya que seguir profundizando la guerra al interior del Gobierno.

La Jefatura de Gabinete solo sufrió una fuga a nivel organizacional: la salida de la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual se consolidó como una estructura aparte y dependiente de manera directa de la Presidencia de la Nación.

Esto llevó a que en el Decreto publicado el lunes se dispusiera el traslado de diferentes direcciones y coordinaciones que permanecían bajo la órbita de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno.

Esa área se encontraba bajo el mando de Agustina Vilanova, alguien de estrechísima confianza del entonces secretario Javier Lanari. Ambos presentaron sus renuncias antes de que se diera a conocer que Adorni había decidido reemplazar la cúpula de Comunicación y colocar al actual secretario Fabián Fernández.

La Subsecretaría ahora pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Vocería Presidencial, a cargo de Adrián Ravier, área donde tiene mayor injerencia el sector ligado a Santiago Caputo. Así, esa área solo tiene dos subunidades: la Unidad de Gabinete de Asesores, por Alexia Sagemuller, que viene de trabajar en la Fundación Faro; y la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, que aún no tiene designación formal.

La Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Fernández, recibió dos subsecretarías y una dirección provenientes de distintas áreas de la Jefatura. Así, el área quedó con subesferas: las Subsecretarías de 1) Coordinación Administrativa y Legal; 2) Prensa y Actos de Gobierno; 3) Comunicación y Medios Públicos; y 4) Análisis y Planificación de Gobierno. En todas ellas no se conoce designación formal.

La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.