Javier Milei comenzó la semana reuniendo otra vez a sus legisladores para ratificar que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central constituye un objetivo superior del Gobierno. Parece claro que, de todos modos, ocuparía el segundo renglón del listado que empuja el Ejecutivo, detrás de la reforma electoral, pieza principal del plan reeleccionista. El tema es que, precisamente porque el oficialismo no logra articular en la práctica esa nómina de prioridades, el Congreso sigue exponiendo escasa actividad. Y la intención de instalar una agenda propia choca con los límites de las propias iniciativas si lo que se busca es generar interés social, con el agregado del Mundial en el máximo escalón de ansiedad colectiva.

El Presidente muestra interés personal en el tema del Banco Central y en ese línea, expone un despliegue llamativo para lo que suele ser su actividad en la Casa Rosada. Su mensaje a los bloques de LLA, y por extensión a los aliados del oficialismo, se cruza con el orden de prelación transmitido por Karina Milei: anulación de las PASO, un segundo capítulo de Inocencia Fiscal y el recorte de zonas frías con subsidios al consumo de gas. Las negociaciones no son fáciles y demandan tiempo, además de fotos, especialmente con jefes provinciales y socios legislativos. Eso, sin contar el efecto negativo de las internas sobre las tratativas con otros espacios.

El oficialismo -en rigor, sus operadores- transmiten la idea de que los primeros pasos para “recuperar” iniciativa política dejaron atrás los costos provocados por el caso Adorni, cuyo desarrollo judicial -incluidos los tiempos- alimentan interrogantes, en reserva, al igual que consideraciones sobre el daño. Se verá, pero en sentido práctico, los bloques libertarios deben ajustar sus movimientos para salir del estado de virtual inactividad del Congreso, primero por la serie del ex jefe de Gabinete y ahora por las dificultades prácticas del oficialismo.

Milei convocó a los diputados y senadores de la LLA para anticiparles lineamientos del proyecto sobre el Banco Central, algo que como título había planteado hace pocos días en un encuentro similar, convocado por Karina Milei con el pretexto formal de presentarles a Diego Santilli ya como jefe de Gabinete. Fue un gesto para exponer su afirmación de poder. Los legisladores esperan ahora que finalmente el proyecto cobre forma y llegue a sus manos. La explicación es que está en el tramo último de elaboración, tarea a cargo de Luis Caputo y Santiago Bausili, con aportes de Federico Sturzenegger.

En la oposición, la espera es matizada por recelos, al margen de las chicanas sobre declaraciones mileistas de otros tiempos que hablaban del fin del Banco Central. El énfasis en garantizar la autonomía efectiva de la entidad hace ruido frente al funcionamiento de Bausili, apegado a Economía. Pero por el momento, todos están aguardando la letra de la iniciativa, fuera de la renovada carga sobre la gestión kirchnerista y con la mirada puesta, a la vez, en los alcances del mecanismo local de shutdown que anticipan desde el Gobierno.

La cuestión inmediata es otra. Son varios los proyectos que por diferentes razones están trabados o muestran tibios avances. El Senado tiene previsto sesionar el jueves, aunque circulan dudas sobre el quórum, y no especialmente por alguna movida de la oposición. Es una especulación que alude a posibles ausencias de legisladores después de las semifinales del Mundial -que paralizarán todo el miércoles- y la cercanía del receso de invierno.

El temario, desde ya, expone los objetivos y también los problemas del oficialismo. El punto central es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, largamente demorado y recortado o modificado en varios tramos del articulado. Por debajo, asoma la línea judicial desplegada por el oficialismo desde que Juan Bautista Mahiques encabeza el ministerio de Justicia. Algunos pliegos enviados por el Ejecutivo alimentan miradas sobre intereses que trascienden la valoración de antecedentes. Esta vez, se trataría del mantenimiento en el cargo de un camarista del fuero laboral con edad para jubilarse. No habría margen para demorar el pliego.

Figuran en la columna de pendientes otros proyectos del Gobierno, entre los que se destaca el recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías. Es una negociación complicada, que incluye un tema ajeno al gas y que cuesta cerrar por la resistencia de gobernadores de provincias afectadas por la iniciativa. Son reparos que no compensarían apoyos de mandatarios beneficiados en el rubro de energía eléctrica. El texto de Inocencia Fiscal II todavía no fue enviado y su tratamiento derivaría para agosto.

Por encima de todo, el interés del mileismo está puesto en la reforma electoral y, es sabido, especialmente en la anulación de las PASO. A diferencia de los otros proyectos mencionados, el sistema de primarias vigente ofrece al oficialismo al menos un punto de contacto con el interés de franjas de la sociedad, según diversas encuestas: impacta el tema de los fondos que demanda. Y la cuestión del “gasto de la política” va de la mano con el mal o escaso uso de este mecanismo de selección de candidatos. Llamativo: el peronismo, en etapa inicial del kirchnerismo, impulsó la ley en base a su interés del momento, pero prefirió el armado de listas en los escritorios en lugar de las votaciones entre sectores internos.

Con todo, no es una negociación sencilla y lo viene registrando Santilli, en los contactos con gobernadores, a pesar de las imágenes de sintonía con la Casa Rosada. Es una iniciativa a la medida del plan libertario, un tanto anticipada y -como otros movimientos- atada al objetivo de “dejar atrás” el caso Adorni. Fuera del texto enviado al Congreso, fue sumada la idea regresiva de las listas colectoras. Por ahora, no cierran los números, más allá de las desconfianzas internas. Supera la tensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich, mientras desde las cercanías de Santiago Caputo celebran la intención de negociar con los jefes provinciales, aunque con un toque ácido porque reivindican la idea como propia y previa a la decisión de la secretaria General.

Los gobernadores no presentan un cuadro homogéneo. Y hasta algunos aliados expusieron rechazo al planteo del Ejecutivo, entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo, el mendocina Alfredo Cornejo, el jujeño Carlos Sadir. Otros más alineados, como el catamarqueño Raúl Jalil apoyan, aunque advierten sobre la necesidad de un fuerte consenso para cambiar la ley electoral. Y hasta se agregan señales de respaldo, aunque algo ambiguas. El más reciente interlocutor de Santilli fue el sanluiseño Claudio Poggi, sin peso en el Congreso, que expresó respaldo a la anulación pero dejó abierta también la alternativa de la suspensión.

Por ahora, el final que espera el Gobierno no está cerrado. Pero ni las demoras con sus proyectos, ni los cambio a negociar, ni los éxitos, ni las frustraciones impactan mucho en estas horas. Se viene la definición del Mundial. Y la Selección está ahí.

Javier Milei recibió ayer a legisladores nacionales para explicar detalles de un proyecto que aún no nació y que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para modificar los cambios instrumentados por la entonces titular de la entidad, la kirchnerista Mercedes Marcó Del Pont, en 2012. En medio de consultas y opiniones nada trascendentes de varios invitados, el diputado y titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, Santiago Santurio, realizó una advertencia que llamó la atención al jefe de Estado antes de enviar la iniciativa al Congreso: blindar al INDEC para evitar picardías -en el futuro- desde las administraciones centrales.

Según pudo reconstruir Infobae, las explicaciones del primer mandatario apuntaron, como ya fue informado desde que se conoció la intención de la Casa Rosada de presentar un articulado sobre este tema, restringir al máximo cualquier ventana que encuentre un gobierno de turno para aumentar la base monetaria, más la utilización indiscriminada -bolsillo del payaso- de utilidades y dividendos. Seguido a ello, Milei remarcó la diferencia entre una situación con inflación a la de deflación, que llevaría -según la ley en estudio- a otro tipo de medidas.

A partir de ese momento es cuando Santurio recordó las causas judiciales del kirchnerismo relacionadas con las cifras del INDEC -algunas, en curso- y planteó que sería prudente revisar todo esto ante hipotéticas “subdeclaraciones” de inflación. A diferencia de las “preguntontas” -así califican desde despachos sobre los que hacen uso de la palabra delante del Presidente, en este tipo de cumbres-, el diputado por Buenos Aires recibió un guiño. Todo lo que implique o signifique no emitir dinero, será aplaudido en Balcarce 50.

Tras horas de finalizado el cónclave, el diputado Damián Arabia (La Libertad Avanza-Ciudad de Buenos Aires) señaló a este medio: “La única función será preservar el valor de la moneda de todos los argentinos. Se va a prohibir el financiamiento del Tesoro, tanto de manera indirecta como directa desde el Banco Central, así como restringir utilidades. Además, se va a fortalecer el esquema de gobernanza y a endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para futuras autoridades”.

El convite contó con parte de los principales funcionarios del Ejecutivo, quienes mantendrán este martes una nueva reunión de la denominada “mesa política” con el fin de peinar, entre otras cuestiones, el camino legislativo. Lo cierto es que hay en mente varios proyectos que aún no se materializaron y muchos más que ya se mandaron al Congreso y siguen en ansiosa espera. A diferencia de lo que uno presuponía en marzo último, Diputados se movió más rápido que el Senado y quedó con un sendero más ligero que el que enfrenta ahora la jefa libertaria, Patricia Bullrich, en la Cámara alta.

De hecho, para el jueves al mediodía hay una sesión programada allí. Hay una urgencia oficialista por el pliego judicial para que continúe en vigencia el camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar- y la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que la oposición dialoguista ya se la desplumó a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

En las últimas semanas, ya post dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, aparecieron 13 borradores extra. “Y vamos por la versión 14 para el jueves”, reconocieron anoche desde el oficialismo senatorial. Ya se dinamitó -previo a la firma del despacho- el capítulo relacionado con barrios populares y persisten quejas sobre venta de tierra a extranjeros y el manejo de fuego.

Todo esto podría saldarse, siempre y cuando el pleno logre reunirse pasado mañana. Precisará de 37 sentados. Algunos ya anunciaron que arrancó el receso invernal en sus provincias y quizá no aparezcan. En filas libertarias mantienen, por ahora, la calma. De hecho, de manera preventiva, la semana pasada ya se dejó fijada una sesión para los primeros días de agosto próximo, como una especie de premio consuelo, para que la lupa no esté direccionada ante una potencial caída del encuentro y la clásica acusación a legisladores -a veces, infundada e injusta- en cuanto a que no trabajan. En las preguntas de ayer a Milei, tan solo un diputado logró llamar la atención.

La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.

También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:

• Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
• Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
• Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
• Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
• Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:

• Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
• Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
• Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
• Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
• Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
• Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.

Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.

La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.

La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.

El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.

Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.

Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.

La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.

La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.