Mediante una reciente resolución oficial, el Gobierno puso en marcha un nuevo plan de retiro voluntario, que se aplicará sobre el personal que conforma la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este iniciativa forma parte del proceso que bisca reducir la planta permanente del Estado.

La medida establece un marco formal para que los empleados de la ANSES puedan acogerse, por mutuo acuerdo, a la extinción del contrato laboral, denominado en esta oportunidad Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR). La decisión surge como parte de las políticas de transformación y modernización del Estado, en línea con las recomendaciones de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda.

Los términos del régimen se conocieron mediante al publicación de la resolución 68/2026 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, el programa alcanza a todos aquellos empleados que tengan al menos dos años de antigüedad.

La Dirección General de Recursos Humanos será la encargada de implementar las acciones necesarias para la operatividad del plan y la aprobación de los modelos de acuerdo de desvinculación que deberán suscribirse ante la autoridad administrativa del trabajo. Para ello, se faculta a los letrados con poder general de representación judicial para que representen al organismo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

El plan fue instrumentado tras un proceso administrativo que incluyó la intervención de diversas áreas técnicas y jurídicas, la evaluación de la factibilidad presupuestaria y la adecuación a la normativa vigente, en especial la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo ANSES N° 305/98 “E”.

El anexo aprobado junto a la resolución establece los parámetros y condiciones que regirán a la hora de acceder al retiro. Dicho documento remarca que la adhesión al RVR es “un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSES, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”.

Quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.

Además, el personal adherente renuncia a la reincorporación al sector público nacional por cinco años: “El personal que adhiera al presente programa, no podrá ser reincorporado ni continuar prestando servicios, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación… por el término de cinco años contados desde la fecha de su baja”, afirma la normativa.

La aceptación implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo. El trabajador que adhiera declara no tener reclamos laborales pendientes y no podrá volver a trabajar en el sector público nacional durante ese periodo. Aquellos que ostenten cargos sindicales deben renunciar a los mismos y a la tutela sindical para acceder al beneficio.

Para adherirse, hay tiempo hasta el 5 de abril próximo y para aquellos que estén de licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo puede diferirse hasta la finalización de la licencia. La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, calculada sobre los conceptos brutos mensuales habituales, con un tope de 24 haberes brutos.

En cuanto al cobro “se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de pesos ochenta millones ($ 80.000.000)” y para los importes superiores a dicha suma “el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas”.

Esta es solo una de las medidas que el Gobierno planea implementar, para profundizar su política de recorte estatal con nuevos despidos en organismos públicos durante el primer trimestre del año. Se prevé que el próximo 21 de marzo será una fecha clave en el calendario del Poder Ejecutivo para implementar la nueva ola de recortes, en la que se estima que al menos 5.000 cargos quedarán vacantes.