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Política Nacional

El Gobierno bajó las retenciones a las exportaciones agrícolas de economías regionales

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El Gobierno modificó los aranceles a la exportación de maní, maíz pisingallo, frutas, hortalizas y productos y subproductos derivados de la soja, a través del decreto 464/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La normativa estableció un límite del monto a pagar en concepto del citado tributo, determinándolo en una suma de $ 4 o de $ 3 por cada dólar del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda, de acuerdo con la posición arancelaria en la que esté comprendida la mercadería de que se trata.

Para el caso del maní blancheado argentino, se había determinado un incremento del límite del monto a pagar por los derechos de exportación aplicables a tales mercaderías.

Con el nuevo decreto, a los fines de no afectar las exportaciones del mencionado producto, se considera necesario realizar las modificaciones pertinentes a fin de incluir la posición arancelaria de la NCM correspondiente al maní blancheado.

Fuente: EL Día

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Sin la venta de tierra a extranjeros, el Senado sesiona para avanzar con el resto de la ley de propiedad privada

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Después de tensas horas y la caída completa del capítulo sobre venta de tierra a extranjeros, que significó un nuevo golpe para el oficialismo libertario, el pleno del Senado retomará la sesión que en julio pasó a cuarto intermedio y, desde las 14, intentará aprobar la ley de propiedad privada, con capítulos en pie que presentarán debate.

El convite además tendrá, sin dudas, una fuerte discusión reglamentaria tras el guiño de Victoria Villarruel a favor de la virtualidad de dos legisladores, situación que sólo puede ser convalidada por el pleno, que es soberano. El oficialismo que lidera Patricia Bullrich hierve por estas decisiones e incluso en varias bancadas dialoguistas rechazan -en voz baja- la jugada de la Vicepresidenta. No obstante, lo que vale es lo que se diga y vote en las próximas horas en el recinto.

Temáticas diversas

*Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original -mayo pasado-, luego reformulado con al menos 17 borradores extra, se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% (TREINTA POR CIENTO) del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

*Desalojos. La versión -por ahora- final plantea: “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario.

*Manejo del Fuego. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, sostiene la propuesta. La diferencia con la ley de Máximo Kirchner, vigente desde la época de Alberto Fernándezhabla de prohibiciones para vender o cambiar de rubro en cuanto a uso durante 60 años.

Además, la iniciativa busca dinamitar el artículo 22 quáter de la norma actual. El mismo expresa que “en caso de incendios” en “en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales” se “prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”.

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La CGT reduce su presencia en la marcha contra la Ley de Tierras y priorizará una fuerte movilización por San Cayetano

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La CGT decidió reducir su presencia en la marcha de este jueves al Congreso para rechazar el proyecto Inviolabilidad de la Propiedad Privada: “Será testimonial”, dijo un jefe cegetista acerca de la participación de la central obrera. ¿Por qué el cambio? Porque el Gobierno dio de baja el capítulo que habilita la venta de tierras a extranjerosel eje de la movilización organizada por sectores políticos, sindicales y sociales cuando el Senado inicie el debate de la iniciativa.

En la CGT consideraron una “fuerte derrota” de La Libertad Avanza la decisión gubernamental de retirar esa parte del proyecto de ley ante la falta de respaldos de sus aliados para garantizar su aprobación parlamentaria.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde del miércoles, los líderes cegetistas aseguraron que la movilización al Congreso se iba a realizar igual aunque no se tratará el capítulo que facilitar la venta de tierras a extranjeros y afirmaron que se “pretende habilitar la entrega del territorio nacional, los recursos estratégicos y la soberanía argentina a capitales extranjeros”.

Junto a las dos CTA y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el triunvirato de la CGT les advirtió a los senadores nacionales que “defender la Patria por la que juran estará en sus manos” y uno de sus miembros, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) les preguntó: “¿Con qué cara van a mirar a su pueblo diciendo que acompañaron esta ley? Este proyecto de ley tiene un trasfondo que es malicioso y regresivo para nuestro país. Seguramente tiene muchos intereses inconfesos que no terminan blanqueando”.

Por su parte, su par Octavio Argüello (Camioneros) también se dirigió a los senadores: “Que hagan honor los que juraron defender la patria y que no la entreguen ni la vendan. Mañana vamos a estar ahí para hacerles acordar y si no lo cumplen, se lo vamos a demandar. Vamos a estar peleando para que no se entregue nuestra soberanía, que es lo más fundamental que tenemos, nuestra tierra y nuestra riqueza natural porque sin eso no vamos a tener futuro, no vamos a tener destino”.

Sin embargo, luego de que el Gobierno dio de baja el capítulo más controvertido de la ley, los directivos de la CGT debatieron sobre la participación o no en la movilización de este jueves ya que el objetivo político se había cumplido con la marcha atrás oficial.

Finalmente, se resolvió tener una presencia testimonial, pero no anunciarlo porque no tenían garantías de que la Casa Rosada mantuviera en firme su decisión.

De todas formas, la CGT ratificó que movilizará todo el aparato sindical para la marcha de San Cayetano que se realizará este viernes 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo, junto con las dos CTA y la UTEP.

Como en años anteriores, se prevé una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzará temprano por la mañana con una bendición de herramientas en la avenida Rivadavia y Jujuy.

La siguiente medida del plan de lucha de la CGT será una movilización al Ministerio de Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.

El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, señaló que la protesta que se realizará ante Economía pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.

El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé, evaluarán cómo continuar con las acciones.

Aún faltan definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país, que, según se confirmó, estará entre el 8 y e l 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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Bronca y pases de factura en el Gobierno por el fracaso en el Senado con la ley de Tierras

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El obligado retiro del capítulo de reforma de la ley de tierras que quería impulsar Javier Milei y tuvo que dejar atrás en el camino hacia el recinto generó una andanada de pases de factura cruzados en el Gobierno.

La postura oficial en la Casa Rosada fue apuntar todos los cañones a Victoria Villarruel (que a esta altura es prácticamente un miembro más de la oposición) y exculpar a Patricia Bullrich. “Son negociaciones, puede pasar”, dijeron cerca del Presidente.

Sin embargo, por lo bajo corrían ayer los cuestionamientos mutuos entre los campamentos políticos de La Libertad Avanza, y la jefa de los libertarios en el Senado no salió indemne. Tampoco el autor del proyecto, Federico Sturzenegger, también apuntado por su rol en el conflicto con los prácticos que dejó decenas de buques frenados en los puertos. Y los principales asesores de Karina Milei, la dupla de los Menem.

Esta vez, los Menem no se lanzaron contra Santiago Caputo. El asesor se encuentra cada vez menos involucrado, por decisión de Karina Milei, en las negociaciones en el Congreso. En cambio, culparon a Patricia Bullrich por “venderle” a la cúpula que estaban los votos. No solo en la mesa política, dos días antes de la sesión, sino desde la semana previa. Demasiado confiada, demasiada antelación, deslizaron. “Aparentemente no sabe porotear”, dijo, picante, funcionario de LLA.

En las Fuerzas del Cielo, en cambio, no se privaron de enfocar la mira en los operadores riojanos de Karina Milei, que sí tuvieron intervención en las negociaciones, en especial en los diálogos con los gobernadores.

En ese sector, criticaron la estrategia electoral de Karina Milei, que no definió aún los presuntos acuerdos con los gobernadores de cara al año que viene.

“¿Por qué los aliados se la jugarían por vos, si vos no les das ninguna garantía de acordar en sus provincias y te hacés el que querés jugar en todos lados? Está pasando lo mismo que en 2025″, dijo un alto referente del sector de los “cielistas”, donde apuntaron contra el “equipo político” de la hermana del Presidente.

Hasta ahora, el karinismo sólo desliza off the record que privilegiará los acuerdos en pos de la reelección de Javier Milei. Pero no cristalizó en discursos oficiales o pactos “concretos” esas proyecciones. Lo cual, vislumbran los críticos de la conducción karinista en Balcarce 59, podría complicar el principal objetivo político del Gobierno del año: la eliminación de la PASO. Un fracaso en ese terreno clave, diagnostican, generaría un daño mucho más importante que el retiro del capítulo del proyecto que buscaba modificar la ley de Tierras.

También acusan a los Menem de perjudicar la relación con los aliados: “Hace dos meses los Menem entregaron el proyecto para que se apruebe el pliego de Emilio Rossati”, deslizó un alfil caputista, en referencia al hijo del juez de la Corte, Horacio Rosatti y el conflicto que hizo que Bullrich tuviera que faltar al acuerdo que había alcanzado con los jefes de los bloques dialoguistas.

Por otro lado, cerca de Karina Milei hay un fuerte malestar con Sturzenegger, que viene de largo. “Mandan proyectos demasiados grandes y ambiciosos”, se quejaron en el bloque libertario. En paralelo, dicen que el ministro de Desregulación está acusando recibo de los dardos en su contra y que no está cómodo.

En el oficialismo sumaron a la ecuación de la derrota las acusaciones de la oposición al senador violeta Joaquín Benegas Lynch, que, como trascendió ayer, forma parte de una empresa que se dedica a la venta de tierras a extranjeros. “Nosotros también tenemos que ser más prolijos”, espetó un funcionario mileista. Poco después, la kirchnerista Juliana Di Tullio presentó una impugnación en contra del hermano de Bertie, muy cercano al Presidente.

A pesar de los múltiples malestares y desconfianzas oficialistas, no se esperan represalias ni mea culpas en público. El Gobierno ya demostró que necesita de Bullrich para ganar las elecciones del año que viene y está dispuesto a tolerar sin miramientos. Y, no es necesario agregarlo, en la cúpula del Ejecutivo no hay ningún tipo de interés en cuestionar, siquiera por encima, a los intocables Menem. Sturzenegger, mientras, es uno de los ministros favoritos de Javier Milei y uno de los que mejor imagen tiene entre los fieles al Gobierno. Mismo caso con Bertie.

Apenas se podría pensar, dicen, en la posibilidad de mejorar la estrategia de nexo con los gobernadores. Y, en paralelo, ir a un reenfoque de la agenda parlamentaria para apuntar a sacar únicamente reformas estructurales, como la de la carta orgánica del Banco Central. “Nadie va a pagar los costos”, se lamentó un operador de Milei.

En Balcarce 50, cerca de Karina Milei, anoche se mostraban optimistas a pesar de todo, de cara a la sesión de hoy: “La ley que importa es la de Propiedad Privada y se va a tratar. Siempre en las leyes hay que negociar”, dijeron.

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