Tras algunas semanas de demora, la firma Autovía Construcciones y Servicios S.A del  grupo Cartellone se hizo cargo de la concesión de la denominada ruta “Del Mercosur”con especial impacto en la localidad bonaerense de Zárate.

Uno de los requerimientos exigidos en el pliego para el primer año era la obligación de la empresa de hacer arreglos y mantenimiento de la calzada, previo a la implementación de los peajes, ante el deterioro del asfalto que se agravó con la inacción de Vialidad Nacional.

La exigencia había generado desinterés en las habituales empresas ligadas al rubro al punto que el gobierno de Javier Milei tuvo que habilitar una línea de créditos  a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para seducir a los interesados, un desembolso que aún no terminó de materializarse en su totalidad.

En ese marco, la empresa sacó este miércoles algunas máquinas para reparación de la rotonda de ingreso a Zárate y el Puente Zárate, junto a un puñado de trabajadores.

La postal fue celebrada por el intendente pro- libertario Marcelo Matzkin quien destacó el  inicio “de las reparaciones que son urgentes dado el grave deterioro de la ruta 12 y afirmó que con la pivatización“empezamos a dejar a de atrás el mal estado de las rutas”.

Al mismo tiempo pidió por los avances en la “concesión y reparación de la ruta 9” que muestra un fuerte deterioro.

El corrimiento de los peajes por ahora en “stand by”

La quita de las cabinas de peaje iniciada por la empresa y algunas gestiones del municipio de Zárate habían ilusionado con la posibilidad de concretar un corrimiento de los lugares de peaje que dividen a la localidad por estar dentro y no en el límite del territorio y requieren de engorrosos trámites de los vecinos para gestionar permisos que los eximan del pago.

Pese a las expectativas, la empresa tendría decidido colocar el sistema de Telepase en el mismo lugar donde se encontraban las cabinas.

“Uno pide todo y es la empresa después del contrato que tienen. Por el momento utilizan las mismas instalaciones” sostuvo Matzkin días atrás en conferencia de prensa, con cierta resignación.

En base a los movimientos de la empresa, todo hace suponer que el Partido de Zárate seguirá dividido.

Es que las  cabinas de peaje sobre Ruta 12 dividían al partido en dos, zona continental y zona insular. Para acceder a los recreos de la isla o para ir y venir, se debe pedir un pase extraordinario siendo residente zarateño, explica el sitio local La Voz de Zárate.

La propuesta municipal era llevar las cabinas de peaje hacia el Paraná Guazú, el límite físico entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos pero la demolición de las garitas fue sólo para instalar un nuevo sistema electrónico de peaje.

De mantenerse la situación, los vecinos tendrán que volver a gestionar un pase extraordinario y adecuarse a este sistema electrónico si no quieren tener multas.

La avanzada del gobierno Javier Milei sobre el régimen laboral volvió a reordenar al sindicalismo y a los gobernadores opositores en un mismo frente de resistencia. A pocas semanas de que el Congreso empiece a debatir formalmente la reforma impulsada por el Presidente, el gobernador Axel Kicillof recibió en La Plata a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en una señal política que excede la coyuntura parlamentaria y apunta a consolidar una estrategia común frente a lo que definen como un cambio estructural “regresivo” para el mundo del trabajo. Antes se habían reunido con la CGT.

El encuentro, del que participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, se dio en un contexto que ilustran como “de creciente conflictividad social, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo” que, según advierten las centrales obreras, se ubica “entre los más bajos de América Latina”. En la mesa también estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo Walter Correa y dirigentes sindicales de peso como el Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA); Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; y Pablo Maciel, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Airesgremio (CICOP).

La lectura compartida fue contundente: la reforma laboral que promueve la Casa Rosada no es un ajuste técnico, sino “una ofensiva política que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y transferir riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores”.

Para Kicillof, se trata además de una amenaza directa al entramado productivo bonaerense, especialmente a las pymes industriales que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia.

La reunión se inscribe en una secuencia de movimientos coordinados. Antes de recibir a las CTA, el gobernador ya había encabezado encuentros con otros mandatarios provinciales críticos de la reforma, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), y más tarde hizo lo propio con empresarios pymes, a quienes instó a asumir un rol activo en defensa de la producción y el trabajo. También mantuvo una foto política con la conducción renovada de la CGT, que comparte el diagnóstico y el rechazo al proyecto oficial.

En ese marco, las centrales sindicales coincidieron en la necesidad de articular una doble estrategia: intervención institucional en el Congreso, buscando sumar a gobernadores y legisladores provinciales, y movilización en las calles. No es un dato menor: el antecedente inmediato fue la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales contra la reforma laboral y el rumbo económico del Gobierno, una demostración de fuerza que el sindicalismo pretende sostener en el tiempo.

Las críticas al contenido de la reforma se repiten y se profundizan. Yasky advirtió sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: la posibilidad de recrear un esquema similar al de las AFJP, utilizando fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto de cierres de pymes y caída del empleo industrial. Desde la CTA Autónoma, Oscar de Isasi planteó que el desafío no se limita a frenar una ley, sino a construir una intervención coordinada frente a un modelo que, según definió, combina ajuste, saqueo y transferencia de recursos.

El rechazo no es exclusivo de las conducciones nacionales. En Mar del Plata, la CGT regional, las dos CTA y abogados laboralistas fijaron una posición unificada contra lo que calificaron como una “contrarreforma”, alineada con el DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Allí, advirtieron que el proyecto no generará empleo, abarata los despidos, flexibiliza la jornada mediante figuras como el “banco de horas” y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva por actividad.

El documento difundido en General Pueyrredón puso el acento en el contexto macroeconómico: con un mercado interno contraído y crédito restringido, sostienen, ningún empleador tomará trabajadores aunque se degraden las condiciones laborales. Además, alertaron sobre una negociación colectiva “a la baja”, el fin de la ultraactividad de los convenios y una ampliación de las actividades esenciales que, en los hechos, vaciaría de contenido el derecho a protestar.

Más allá del rechazo puntual a la reforma laboral, en La Plata también se discutió el escenario político de mediano plazo. Las CTA plantearon la necesidad de ampliar la unidad del campo popular y convocar a los millones de argentinos que no participaron en las últimas elecciones, con vistas a construir una alternativa creíble frente al creciente descontento social. La coincidencia fue clara: la resistencia a las políticas del presidente libertario Javier Milei no puede limitarse a la defensa de derechos adquiridos, sino que debe traducirse en una propuesta política capaz de disputar el rumbo del país.

Con el debate legislativo previsto para febrero y un clima social en tensión, el mensaje que emergió de la Gobernación bonaerense fue inequívoco. Kicillof se muestra decidido a ocupar un rol central en el armado opositor al proyecto laboral del Gobierno, en sintonía con las centrales sindicales y los sectores productivos. Del otro lado, el sindicalismo vuelve a apostar a una combinación conocida: unidad, presión parlamentaria y calle. El 18 de diciembre fue una postal; lo que viene, advierten, será una secuencia.

El gobierno de Axel Kicillof intentará el año que viene restituir la reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires. Para ello, necesitará forjar los acuerdos en la siempre compleja Legislatura bonaerense. La iniciativa busca derogar el límite de dos mandatos consecutivos establecido en 2016 y permitir que los cargos ejecutivos y legislativos municipales puedan ser elegidos sin restricciones, siempre que cuenten con el respaldo popular. Así lo manifestó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien consideró que la restricción actual tiene “carácter proscriptivo” y sostuvo que la elección de los representantes debe quedar únicamente en manos del electorado.

“Tenemos pensado llevar adelante alguna reforma. No está definido, pero sí vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, en la reelección de los intendentes. Nosotros creemos que el sistema que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires de reelecciones de los intendentes por parte de su pueblo es el sistema más democrático posible. Es el voto del pueblo el que define quién sin ningún tipo de proscripción”, planteó Bianco ante la consulta de cuál será agenda que el año que viene intentará impulsar el Ejecutivo bonaerense en materia política. El ministro remarcó que “impedir la reelección de una persona es proscriptivo”, y reconoció que esa visión coincide con la postura pública del Ejecutivo provincial.

El debate sobre la reelección indefinida será uno de los temas a discutir en 2026, año no electoral. La normativa actual impide que decenas de intendentes bonaerenses -82 puntualmente- busquen un nuevo mandato. Entre los jefes comunales que quedarían excluidos figuran históricos referentes del peronismo y de la oposición. Nombres como, Mario Ishii (José C. Paz), Julio Zamora (Tigre), Gustavo Menéndez (Merlo), Sebastián Abella (Campana), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernando Espinoza (La Matanza), Miguel Lunghi (Tandil), entre otros, no podrán postularse nuevamente bajo la legislación vigente.

La lista de intendentes impedidos de buscar la reelección en 2027 incluye a dirigentes del peronismo, el PRO, la UCR y partidos locales. Entre los más destacados se encuentran Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Juan Andreotti (San Fernando), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Érica Revilla (General Arenales), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Carlos Bevilacqua (Villarino), entre otros.

Este año hubo un intento de avanzar con la modificación; pero el plan quedó enfrascado en la interna del peronismo y la falta de acompañamiento con la oposición. La discusión generó divisiones internas en el oficialismo bonaerense. El Frente Renovador de Sergio Massa —impulsor de la ley que limita las reelecciones— había adelantado su rechazo a cualquier modificación. Un sector del kirchnerismo propuso restablecer la reelección indefinida solo para legisladores y concejales, excluyendo a los intendentes, lo que provocó malestar entre los intendentes que reportan en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof quienes exigían igualdad de condiciones para todos los cargos electivos.

El exsenador provincial y hoy diputado peronista Luis Vivona, presentó un proyecto para modificar la ley, aunque en su versión inicial excluía a los intendentes. Vivona, de Malvinas Argentinas, forma parte del grupo de dirigentes aliado al cristinismo. Luego, la senadora Ayelén Durán, alineada con el gobernador, elaboró una iniciativa alternativa que incluía a los jefes comunales. Fundamentó que “limitar las reelecciones restringe el derecho del electorado a elegir libremente a sus autoridades”. El proyecto llegó para incluir a los intendentes y como respuesta política a la avanzada del cristinismo. El proyecto de Vivona se aprobó en el Senado, pero no corrió con la misma suerte en Diputados. Ahora, con Vivona en carácter de diputado, la iniciativa puede llegar a impulsarse nuevamente.

El gobierno de Kicillof sostiene que la restricción de mandatos responde a disputas políticas y no a un reclamo social, argumento que comparte la mayoría de los intendentes del peronismo bonaerense. “Nosotros vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando el pueblo los vuelva a elegir, y los vuelve a elegir porque tuvieron una buena gestión. Si no, no los reelige, como suele suceder”, enfatizó Bianco en lo que fue la última conferencia de prensa del año.

En su presentación, el ministro provincial también realizó un balance del año en materia de gestión e hizo especial hincapié en los fondos que el gobierno de Javier Milei retiene y no gira a la administración bonaerense en el marco del ajuste fiscal y presupuestario dispuesto desde que llegó a Casa Rosada.

El último dato era $12,9 billones con valores de agosto de este año. Según el cálculo que hacen en el gobierno bonaerense, actualmente, esa suma asciende a $14,7 billones. El monto se compone de $3.553.800 millones en concepto de deudas directas. $8.395.720 en saldos de obra pública comprometida por el gobierno nacional en PBA y $2.770.464 de deudas estimadas por la discontinuidad o retraso de programas nacionales.

“Vamos a seguir reclamando públicamente y con las siete denuncias que hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto de ajuste, caída del empleo, caída de la actividad económica, caída del consumo, recorte sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires, es que nosotros hemos llevado adelante nuestra gestión durante los últimos dos años”, puntualizó el integrante del Gabinete de Kicillof.