Hace una semana, el presidente Javier Milei reclamó a sus ministros que salieran a defender la gestión. Hablar de las bondades del modelo. Quien tomó la lanza fue Federico Sturzenegger, ministro de desregulación. Tras una columna dominical donde defendió cada paso de la tarea realizada, Milei la utilizó de ejemplo para debatir internamente cómo “bancar la parada” frente a lo que el mandatario considera un sinfín de operaciones.

Hay una suerte de obsesión por la comunicación. Casi como un ejercicio de coaching, se lanzó la frase: “La gente no llega a fin de mes”. Y se buscó salir de la encerrona que puede, en teoría del Gobierno, embarrar la discusión. Primero, plantarse. Luego empatizar. Esa fue la conclusión en Casa Rosada. Los ministros se quejan en voz baja de la falta de fondos. El ajuste permanente los obliga a administrar las deudas y resolver con poco y nada.

Hay, entre todas las miradas, un solo aspecto que genera inquietud unánime; concuerdan funcionarios con orígenes muy distintos: el salario. La dinámica del ajuste llevó a que los subsidios de los servicios cayeran. Los sueldos no subieron al ritmo de la inflación y, aunque así lo hicieran, el porcentaje fijo destinado a esos pagos generó un problema. En el horizonte inmediato no se observa un cambio en esa tendencia. “La economía creciendo en algún momento va a modificarlo”, señalan.

Por las dudas, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, comenzó a tomar medidas más pragmáticas que la sola espera del mercado. Algunas de estas últimas fueron la utilización de fondos del FGS para créditos hipotecarios y la intención de fijar un salario mínimo para algunos convenios laborales, así como también un aumento del sueldo de las Fuerzas Armadas por decreto.

La mora en las familias, por caso, no cesó. Todo lo contrario, subió. En julio de 2026, la irregularidad en los créditos a los hogares se elevó al 12,94% (frente al 12,77% de junio), según un informe de la consultora 1816 en base a los datos de deudores del BCRA. La mora privada total pasó al 7,73% y la de las empresas al 3,61%. La oposición ya mostró los dientes. Tiene el número para abrir el recinto el 9 de septiembre para tratar el tema, aunque el Gobierno no quiera. Por eso el oficialismo convocó a debatir en comisiones bajo reglas propias. Es un ensayo para desactivar esa iniciativa. La encuestadora Casa 3 de Mora Jozami preguntó a quienes tomaron un préstamo, accedieron a algún crédito o utilizaron la tarjeta para financiar gastos, si creían que podrían resolver sus deudas. Solo el 36% cree que sí. El 37% considera que no podrá hacerlo y otro 26% no sabe si podrá.

La mesa política también se reunió el martes. El principal punto que hoy se discute es cómo conseguir los votos para, al menos, suspender las PASO. Patricia Bullrich vuelve a tener la presión de su lado. Martín Menem en Diputados logró aprobar las reformas pedidas por el Presidente casi sin sobresaltos. Ahora la senadora deberá hacer lo suyo en un escenario complicado por los ruidos electorales de las provincias que comenzaron a sonar. Tucumán, donde Lisandro Catalán se lanzó con el aval de Karina Milei, es un ejemplo. El ruido de ese mensaje llegó a oídos de Osvaldo Jaldo, gobernador de esa provincia. Fue, además, uno de los principales aliados de Bullrich en cada sesión.

Las reformas que impulsa el Presidente no se van a detener. Su brazo ejecutor, Sturzenegger, no tiene otra idea en la cabeza. Lo próximo que piensa el ministro desregulador es el envío del proyecto por el mercado de capitales y una nueva ley de cabotaje. Quedaron en el freezer tras el tropezón por la ley de tierras. Pero ya se descongelaron y serán enviados en las próximas semanas, aunque con una estrategia distinta. Ahora la idea es tener el proyecto y buscar el aval de gobernadores o aliados. Una vez conseguido eso, presentarlo. Por último, defenderlo. “Tenemos que ir todos agarrados de la mano”, repiten. Desregular el mercado farmacéutico es otro objetivo. Hasta se imaginan un escenario así: Que una YPF rutera pueda vender medicamentos. “Acá en la ciudad estamos acostumbrados a una farmacia cada 60 metros. Pero en el resto del país no es así. Eso sería un alivio para muchísima gente”.

La visita del Papa León XIV no está ajena a disputas políticas, para nada exclusivas de la Argentina cuando se trata de la llegada de uno de los hombres más influyentes del planeta. El enfrentamiento, a veces silencioso y en ocasiones con ruido, entre las cúpulas eclesiásticas nacionales y el Gobierno es inobjetable. Marcelo Colombo, presidente del Episcopado, fue hasta Casa Rosada para ver a Karina Milei. El presidente nunca recibió a los obispos. El rango de Colombo, en la práctica, dialoga de igual a igual con el mandatario. Sin embargo, no quiso perder la oportunidad de tratar el tema con la secretaria general de la Presidencia para no dejar ningún detalle en manos exclusivas de Casa Rosada. Por eso estuvo junto a él Raúl Pizarro, arzobispo de Mendoza. Hay un temor de que el Gobierno acapare la visita. En ese sentido, fue el Poder Ejecutivo quien invitó al Papa. En el oficialismo observan a la Iglesia argentina casi como un desprendimiento de la oposición peronista. Quizás para calmar los ánimos fue que Colombo le regaló a Karina agua bendecida de la Virgen del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Francia), lugar donde la Iglesia Católica celebra las apariciones de la Virgen María a Bernadette Soubirous en 1858.

Ese tipo de presentes son los que no abundan en el peronismo, donde se vive un estado de ebullición permanente. Una semana es por cuestiones electorales, a la siguiente por la elección de las autoridades partidarias y quizás después por alguna acusación de traidor soltada en X. Por estas horas, el capítulo elegido es el Poder Judicial y la eventual presentación de Cristina en Comodoro Py. La discusión comenzó en el Congreso. Antes de votar pliegos de jueces, el bloque del PJ acordó acompañar el ascenso de los Pablos: Yadarola y Bertuzzi. El primero de manera unánime, el segundo dividido. “No nos peleemos más con los jueces”, planteó José Mayans.

Nadie puede creer que Cristina Kirchner no haya sido la estratega de esa decisión. ¿Ya no existe la teoría del lawfare? “Yadarola es el juez en lo penal económico que analiza facturas truchas, que juzga si evadiste (…) con la tuya te revienta, salvo que alguna tarifa te exima de cualquier condena”. La frase pertenece a Cristina. Fue durante la semana en la que se conoció el viaje a Lago Escondido, en el cual participaron jueces, fiscales y operadores políticos. Una de las butacas fue de Yadarola.

Desde el kirchnerismo defendieron la votación aduciendo que la negociación fue positiva: “Nos dividimos en cuartos. Un cuarto del Gobierno, otro de los gobernadores, otro del PJ y el resto sueltos. ¿Cómo no lo íbamos a votar?”, dijeron a Infobae. Los gobernadores peronistas también presionaron para evitar un conflicto. “Votamos jueces, no el presupuesto de galletitas de una escuela rural”, añadieron a este cronista. Sobre la votación pesaron dos especulaciones. La primera, que Cristina entendió que la estrategia judicial de Martín Mena, Julián Álvarez y Wado de Pedro la llevó a un callejón sin salida. La segunda, que Cristina está citada para el viernes en Comodoro Py por la causa Hotesur – Los Sauces. Pero no irá sola. Por primera vez estará imputada junto a su hijo, Máximo.

Ayer por la tarde, en el acto para recordar el intento de asesinato que sufriera la ex presidenta, habló el jefe de La Cámpora en San José 1111. Agradeció a los partidos políticos que firmaron un documento para solidarizarse con ella. “Si ustedes supieran la cantidad de miserias que hay en la política…”, dijo. El MDF de Axel Kicillof no lo firmó. “No somos un partido, somos un movimiento que nuclea a varios espacios”, advirtieron a este cronista. Ante la consulta a uno de sus principales dirigentes por la ausencia de distintas figuras, la respuesta sobrevino con humor: “Hubieran avisado, nadie nos invitó”. En simultáneo, Máximo pedía cantar más fuerte la última melodía camporista: “Cristina es la conducción, vamos a ver si se entiende (…) Si querés otra canción, vení, te presto la mía”.