El gobierno de Javier Milei prepara un proyecto para endurecer el Código Penal de la Nación, a
fin de que sea “más punitivo” que el actual, y prevé iniciativas como que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin ninguna clase de reducciones o beneficios.
“Se está trabajando en una reforma del Código Penal, estamos escribiendo un nuevo Código Penal, queremos elevar todas las penas porque nos parece que es muy condescendiente con los victimarios”, planteó un importante funcionario de la gestión libertaria. El Ministerio de Justicia está al frente de la redacción del proyecto.
Par ala gestión libertaria, las penas actuales “son irrelevantes” y remarcan que las penas “funcionan si se tiene miedo” a las mismas. “Las de hoy no inhabilitan la comisión del delito”, analizó la fuente consultada.
Al respecto, dijo que buscan un Código Penal “que sea punitivo, que el que comete un delito tenga miedo de ir preso 20 años”. “Porque hoy entran y salen al día siguiente y entonces ¿cuál es el medio a cometer un delito?. Queremos castigar más al delincuente”, insistió.
A su vez, dijo que para el Gobierno “un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social”.
“La cadena perpetua tiene que ser efectiva, en el caso de la violación no sé si debería corresponder perpetua pero buscaremos que la pena, al menos, sea lo más larga posible”, detalló.
Consultado sobre si se centrará sólo en lo punitivo y dejará de lado el costado de la reinserción social de los delincuentes, el funcionario respondió: “No es excluyente lo punitivo con la
reinserción social. Pero hasta que no cambiemos el sistema penitenciario…la cárcel hoy es un posgrado en delito”.
En ese sentido, recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en avanzar en el proyecto de cárceles privadas.
Según el actual Código Penal, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años de pena y, si se cumplen ciertas condiciones (como no volver a delinquir), la pena se extingue 10 años más tarde.
En las cárceles de todo el país hay unas 56.000 personas condenadas, de las cuales cerca de 2.500 (menos del 5%) tienen pena de prisión perpetua, según datos del Sistema Nacional de
Estadísticas de Ejecución de la Pena.
Luego de conocerse el fallo de Cámara de Apelaciones de Nueva York, que benefició a Argentina al suspender todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo en la demanda por la expropiación de YPF, el Gobierno celebró la media y aseguró que se trata de un “hito histórico” que no tiene precedentes.
El Gobierno dijo, además, que por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, la estrategia jurídica tiene “rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso”.
En un comunicado de la Oficina del Presidente, que firma el propio Javier Milei, se destacó “el consistente trabajo del último año de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaria de Justicia y la Cancillería, para lograr una ”decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF”.
“La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF. De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios”, se explicó.
“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país. La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”, agregó.
El comunicado detalló el “trabajo mancomunado” de María Ibarzabal (la Secretaria Legal y Técnica), Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro), Juan Stampalija (Subprocurador) y del Canciller, Pablo Quirno.
Finalmente, se destacó que el país “retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos”.
El desempleo en la Argentina llegó al 7,5% en el último trimestre de 2025, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). A partir de las cifras se proyecta quecasi 1,7 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.
El dato que publicó el INDEC releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.
En términos interanuales, la tasa de desocupación también mostró un aumento. En el mismo trimestre de 2024 había sido de 6,4%, lo que marcó una suba de 1,1 puntos porcentuales.
Suba del desempleo con actividad estable
El informe del Indec mostró que la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%. Ambos indicadores se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior.
En ese contexto, el incremento del desempleo se explicó por una mayor cantidad de personas que salieron a buscar trabajo sin encontrarlo. La población económicamente activa alcanzó a 14,6 millones de personas en los aglomerados relevados.
La presión sobre el mercado de trabajo —que incluye desocupados, subocupados y ocupados demandantes— llegó al 30%, con una leve suba en la comparación trimestral.
A su vez, el 16,5% de la población económicamente activa estuvo compuesto por ocupados que buscaron otro empleo, lo que reflejó dificultades para mejorar ingresos o condiciones laborales.
Formalidad vs. informalidad
En relación con la calidad del empleo, el informe mostró que se mantuvo en torno del 43%, un punto por encima del mismo período de 2024.
Entre los ocupados, al cierre de 2025, el 71,5% (9,7 millones) eran asalariados y el 28,5% (3,8 millones) no asalariados. Y dentro de los trabajadores en relación de dependencia, el 63,7% tenía descuento jubilatorio, mientras que el 36,3% se encontraba en condiciones informales.
Además, el 11,3% de los ocupados estaba subocupado y el 29,2% sobreocupado, lo que refleja las tensiones existentes en la estructura del mercado laboral.
Mayor impacto en los jóvenes
La desocupación mostró un comportamiento dispar según la edad. El aumento fue más marcado entre los jóvenes de 14 a 29 años. En la comparación interanual, la tasa subió 4,1 puntos porcentuales en mujeres jóvenes y 4,5 puntos en varones del mismo grupo etario.
De esta manera, la desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones, niveles que duplicaron el promedio general.
Entre los adultos de 30 a 64 años, en cambio, el indicador se mantuvo relativamente estable, con tasas significativamente más bajas.
Mauricio Macri declaró como testigo en la causa “Sueños Compartidos”: “Alberto Fernández me intimó a que pague”. El expresidente acusó a quien fuera su sucesor en el cargo de presionarlo con los pagos a Madres de Plaza de Mayo.
Macri era jefe de gobierno porteño al momento de los hechos investigados, presunto fraude a la administración pública en la construcción de viviendas. Alberto Fernández, en ese entonces, era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner cuando habría ocurrido el llamado referido por el exmandatario.
El expresidente dijo en su declaración como testigo: “Apenas asumimos (en 2007) recuerdo haber recibido un llamado de Alberto Fernández, que era jefe de Gabinete, intimando a que le paguemos más certificados a Sueños compartidos. Era por viviendas pegadas a lo de (la encargada del comedor, Los Piletones) Margarita Barrientos”.
Macri mencionó: “Esteban Bullrich, que en ese momento era ministro de Acción Social de CABA, me dijo: ‘No podemos seguir pagando’. Porque (Madres) había cobrado bastante más del doble de lo ejecutado. No tenía sentido seguir pagando, Bullrich no aceptó pagar, y esa discusión siguió con (la sucesora en el cargo) María Eugenia Vidal”.
El expresidente dijo en su declaración ante los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que fue “bastante traumático” el trato con Madres porque “siempre había muchos problemas para lograr el cumplimiento” de las obras, y criticó que desde la Fundación hacían planteos “en el plano de la política, en lugar de discutir técnicamente”.
En su breve declaración como testigo, en los tribunales federales de Comodoro Py, el expresidente mencionó que la entonces presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, y otras mujeres encabezaron una toma en la Catedral Metropolitana, que fue en 2008: “Fueron a la Catedral y armaron un desquicio detrás del altar, llamaron del Obispado diciendo que era un desastre”.
Las claves del juicio “Sueños Compartidos”, por fraude a la administración pública en la construcción de viviendas
El juicio por la causa “Sueños Compartidos”, que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, son señalados como coautores. Mientras que los hermanos Schoklender están acusados de ser “partícipes necesarios”. En paralelo los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como “partícipes secundarios”.
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