Desde el viernes por la tarde, cuando el Poder Ejecutivo formalizó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, se activó una cadena constante de llamados y contactos reservados entre la Casa Rosada, el Congreso y los principales bloques parlamentarios. Durante los primeros días del fin de semana largo de Carnaval, hubo un flujo permanente de conversaciones telefónicas y chats entre funcionarios, legisladores y emisarios distribuidos en diferentes puntos del país. El objetivo fue único y explícito: encontrar una salida política al conflicto por las licencias médicas para evitar que la reforma laboral quede empantanada en la Cámara de Diputados.

La señal de alerta llegó apenas horas después de la media sanción en el Senado. Legisladores aliados comenzaron a expresar reservas sobre el impacto del artículo 44, algunos gobernadores solicitaron precisiones y referentes sindicales endurecieron su discurso público, incluso con la amenaza de una huelga general. Ante este escenario, el Gobierno desplegó un operativo de contención que involucró a los niveles más altos de su estructura política y se extendió durante todo el fin de semana largo.

Tanto la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, como el titular de la Cämara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en contacto con la mesa política, que integran la secretaria General, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el estratega Santiago Caputo; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La consigna fue lograr una salida consensuada antes de que la discusión ingresara formalmente en el plenario de comisiones, que está previsto para el miércoles al mediodía. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, fue consultada sobre las alternativas posibles para enfrentar esta imprevista encrucijada: ceder para tener la ley o buscar una “diagonal”.

Las conversaciones incluyeron a radicales, dirigentes del PRO, referentes del peronismo dialoguista y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país, muchos de ellos de origen peronista. En la mayoría de los casos se trató una primera aproximación para sondear posiciones, aunque también hubo intercambios más extensos sobre los alcances técnicos del artículo cuestionado. El clima general fue de cautela: nadie anticipó un rechazo frontal, pero tampoco hubo garantías cerradas.

El Gobierno sostiene que cuenta con los votos para aprobar la ley, aunque admite en privado que, sin una corrección al régimen de licencias, el proyecto podría sufrir modificaciones que lo obliguen a regresar al Senado y retrasen su sanción definitiva. La preocupación principal no es perder la votación, sino abrir un nuevo trámite legislativo que altere el calendario de las extraordinarias. “Está difícil en Diputados. No va a ser fácil que salga sin cambios. Va a haber que hamacarse”, resumió en diálogo con Infobae uno de los negociadores oficiales.

El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:

“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

En términos prácticos, la norma implica una reducción significativa respecto del régimen vigente, que garantiza el pago del cien por ciento del salario durante ese período. Para el oficialismo, el cambio apunta a corregir lo que considera un esquema que incentiva el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Para los sindicatos y sectores de la oposición, se trata de un retroceso en derechos adquiridos.

Patricia Bullrich asumió el rol de principal defensora pública del capítulo cuestionado. En declaraciones a TN, afirmó que el texto fue debatido durante semanas y que contó con el respaldo de los 42 senadores que votaron la ley. Además, insistió en que el objetivo central es desarticular lo que el oficialismo define como una “mafia” de certificados y juicios laborales.

Para reforzar su argumento, la ministra detalló comparaciones internacionales: en Portugal se abona el 65% del salario durante las licencias por enfermedad inculpable, en Francia y Alemania el 70%, en Uruguay el 70%, en España el 64%, en Suiza y Suecia el 80%, en Austria el 50%, en Italia el 67%, en Bélgica el 60% y en Finlandia el 70%. Según su planteo, Argentina es una excepción al mantener el pago del 100% del salario incluso en situaciones no vinculadas a la actividad laboral.

Desde el entorno presidencial sostienen que el ausentismo en el sector privado ronda el 15% y que el régimen vigente genera costos elevados para las empresas. El diagnóstico oficial indica que ese esquema desalienta la contratación y encarece la estructura laboral formal. Al mismo tiempo, admiten que el artículo, tal como fue aprobado, requiere una precisión para evitar efectos indeseados en casos de enfermedades graves.

A partir de ese punto comenzó a delinearse la estrategia central del Ejecutivo, definida internamente como una “diagonal”. La idea consiste en evitar una modificación formal del texto aprobado por el Senado e introducir, en paralelo, precisiones mediante instrumentos complementarios. El objetivo es descomprimir la tensión sin reabrir el trámite legislativo.

Actualmente, se analizan tres alternativas. La primera, que concentra mayor consenso, es un decreto reglamentario que establezca criterios médicos claros y garantice el pago pleno en casos de enfermedades severas, crónicas o irreversibles, siempre que estén acreditadas de manera fehaciente. La segunda opción es impulsar una ley complementaria que aborde exclusivamente el contenido del artículo 44, aunque eso requeriría un nuevo debate parlamentario. La tercera, aceptar cambios directos en el articulado, es considerada la menos probable, ya que obligaría a devolver el proyecto al Senado.

La Unión Cívica Radical juega un papel decisivo en ese esquema. Su bloque, presidido por Pamela Verasay, acompaña el proyecto y no tiene intención de bloquear su aprobación, pero exige una solución clara para el tema de las licencias médicas. Durante el fin de semana hubo contactos reservados entre referentes radicales y la mesa política del Gobierno para explorar los márgenes de una reglamentación que no altere el texto votado.

El PRO también respalda la reforma, aunque introduce su propia agenda. Su presidente de bloque, Cristian Ritondo, anticipó que insistirán en reincorporar la posibilidad de cobrar salarios a través de billeteras virtuales. En diálogo con Infobae, afirmó: “No se trata de obligar a nadie a usar billeteras virtuales, sino de garantizar que quien quiera hacerlo pueda hacerlo. Es libertad para trabajar y libertad para cobrar”. Ese planteo no pone en riesgo el acompañamiento general, pero suma una variable adicional a la negociación.

Los bloques peronistas no kirchneristas expresan mayores reservas, especialmente en provincias con fuerte impacto sindical. Sin embargo, tampoco están dispuestos a hacer naufragar el proyecto. En ese espacio se evalúa facilitar el quórum y, en algunos casos, abstenerse para no quedar asociados a una reforma sensible sin aparecer como responsables de su caída.

En paralelo, la CGT y el Frente de Sindicatos Unidos intensificaron su presión. Durante el fin de semana hubo contactos informales con diputados de distintos bloques y advertencias sobre el costo político de acompañar el artículo 44 sin modificaciones. Cristian Jerónimo advirtió en declaraciones periodísticas: “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. Jorge Sola reforzó esa postura al señalar: “Seguramente resolveremos una medida de fuerza. Cualquier trabajador en el estadio de su vida laboral termina enfermándose, sea pasajero o algo grave”. En este caso, le sumó un factor de preocupación: anticipó que la UTA podría adherirse y dejar sin colectivos, al menos, las horas del debate.

Así como la sesión del plenario de comisión está prevista para el miércoles al mediodía en el Anexo del Congreso, la intención es tratarla el mismo jueves, en un debate que promete extenderse por hasta 20 horas.

En el entorno presidencial relativizan el impacto potencial de un paro, aunque reconocen que una protesta masiva durante el debate parlamentario podría influir sobre legisladores indecisos de extracción peronista. La estrategia oficial es concentrarse en la ingeniería de votos y cerrar un esquema que permita evitar modificaciones formales. El reloj del 28 de febrero, fecha límite de las sesiones extraordinarias, funciona como condicionante permanente.

Para Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa de gobierno. Busca reducir la informalidad, que ronda el 43% del mercado laboral, y fomentar la creación de empleo formal. Una demora prolongada o un regreso al Senado comprometaría uno de los ejes centrales de la estrategia política del Gobierno y obligaría a reordenar prioridades en el Congreso. Es que el Presidente quiere llegar a la apertura de sesiones ordinarias con ese objetivo logrado. Como ocurrió los últimos dos años, el 1° de marzo abrirá el período legislativo a las 21 del domingo, que se transmitirá por cadena nacional.

El escenario actual es de equilibrio inestable. El oficialismo considera que tiene los votos, pero necesita ordenar matices internos y contener a sus aliados. La CGT evalúa si convoca a un paro general y los bloques dialoguistas analizan sus costos políticos. En ese cruce de intereses, el artículo 44 dejó de ser una cláusula técnica para convertirse en el punto más sensible de la reforma laboral y en una prueba decisiva para la capacidad negociadora del Gobierno.