El presidente Javier Milei confirmó que la Quinta de Olivos “opera hoy como una base militar” y fundamentó que tomó la decisión “por cuestiones de seguridad”. El mandatario fue más allá de los cambios edilicios o administrativos y puso nombre a la razón de fondo: tiene, según sus propias palabras, “enemigos pesados” a nivel internacional.

La revelación llegó cuando, en una entrevista con LN+, al Presidente le preguntaron por la disolución de la administración civil de la Quinta de Olivos. Milei respondió que la medida respondió a “cuestiones de seguridad interna” y que quienes observaron con atención los cambios en el predio en los últimos tiempos habrán notado un conjunto de modificaciones en torno a la seguridad.

Cuando se le pidió que desarrollara qué implica concretamente ese estatus, Milei explicó: “Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones que estaba la quinta”.

“Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, afirmó el Presidente con una sonrisa y continuó: “Los de acá son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”.

Los cambios se generaron hace diez días, cuando el Presidente desplazó al personal civil de la Quinta de Olivos. Esta medida implica la eliminación de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, el “intendente” de la Residencia Presidencial. Sosa es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei y quien renunció al día siguiente de que se conociera la noticia.

Con el desplazo de Sosa, crecen las acciones de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y tiene como jefe principal al general de brigada Sebastián Ibáñez. Según rige en la Ley de Defensa Nacional, la fuerza está encargada de la custodia del Presidente en la Casa Rosada y a todos los lugares donde se encuentre el presidente, tanto en el país como en el exterior. Ibáñez fue ascendido a su actual puesto en marzo de 2024 y se erigió como una persona de vital de confianza de los hermanos libertarios por su responsabilidad del resguardo físico de ambos.

Con la nueva decisión, las tareas de limpieza, de cocina y los mozos pasarán a ser personal de la Casa Militar, que contiene entre sus filas tanto a empleados civiles como de formación castrense. Hasta el anuncio, sus atribuciones se limitaban a la custodia del terreno.

La entrevista abarcó también otros temas de la agenda de gobierno. En materia económica, el Presidente descartó que la caída mensual de la actividad configure una recesión y la atribuyó a un proceso de cambios estructurales en la economía.

“Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, afirmó y sumó: “Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones”. Ante el planteo sobre el estancamiento de algunos rubros del consumo masivo, respondió que existe un cambio en las modalidades de compra: “El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo”.

En el plano político, defendió la diversidad de criterios dentro de su fuerza y calificó su vínculo con la senadora Patricia Bullrich como “excelente”, pese a las diferencias públicas de las últimas semanas. Y en el tramo final, anticipó que recibirá al Papa León XIV con “mucha alegría” durante su visita a la Argentina, a la que definió como un acontecimiento de relevancia institucional y religiosa.

En medio de un agitado ida y vuelva local e internacional sobre las Islas Malvinas durante las últimas semanas, más el proyecto que Diputados comenzará a discutir pasado mañana para reforzar sanciones, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, osciló entre el apoyo al reclamo argentino y la “soberanía” allí de Reino Unido, un país al que calificó de “amigo”.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho”, dijo el funcionario que responde al mandatario del país vecino José Antonio Kast. “Un país amigo, ¿no es cierto? Está hace 200 años, ejerce soberanía”, continuó, en declaraciones a Radio Polar Magallanes.

Seguido a ello, el ministro señaló que “una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo”, pero “de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”. “No repitamos situaciones de conflicto”, remató.

La cuestión más delicada fue abordada junto a la comercial, otro foco de puja por las funciones de la empresa Sea Lion. En esa línea, el funcionario chileno manifestó: “Hay temas que no discutimos. Uno, es el apego a la ley y, por lo tanto, cualquier actividad que se desarrolle, que respete las disposiciones locales como el derecho internacional, no puede tener ninguna limitación”.

“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, expresó. Y añadió: “Hay un tema puntual, que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los planteamientos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur”.

Vale recordar que, a inicios del corriente mes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima entre esa ciudad y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, asunto que ya encendió las alarmas a ambos lados de la cordillera.

Radonich recordó la rúbrica de Chile a una declaración del Mercosur, en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las islas en los puertos de los países firmantes. Tras ello, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones. Según su visión, ahora se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”, según consignó semanas atrás a El Mercurio.

En Argentina, el decreto 256, dictado el 16 de febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reconoce el derecho a navegar de cualquier buque sin carga de tipo militar por la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Debido a esto, el excomandante en jefe de la Armada de Chile Julio Leiva advirtió que esta nueva ruta hacia las Malvinas traería inconvenientes con el país vecino.

De nuevo en el plano local, un plenario de comisiones iniciará el análisis del proyecto de ley de “Soberanía Nacional”, que refuerza las sanciones a empresas relacionadas con las islas. El texto además incluye la creación de un Consejo de Seguridad en el que participarían el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Será dicho organismo quien defina la política de seguridad -de carácter obligatorio- y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. La oposición ya tiene varias observaciones en fila.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El nombramiento cubre la vacante que dejó Alejandro Alberto Vilches, quien presentó su renuncia el 21 de septiembre en medio del debate por las partidas destinadas al sector en el proyecto de Presupuesto 2027.

De esta manera, a través de la publicación del decreto 1095/2026, el Gobierno aceptó formalmente la dimisión de Vilches y nombró a Di Liscia en su lugar.

El ex titular del área había asumido la conducción del organismo luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo. La decisión se tomó tras la filtración de audios en los que presuntamente se exponían maniobras irregulares relacionadas con la adquisición de medicamentos y servicios.

Su designación también se había producido en medio de protestas de familias de personas con discapacidad que rechazaban los recortes presupuestarios en el sector.

Según fuentes del Ministerio de Salud, el flamante funcionario tendrá como ejes de gestión mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, reforzar los controles internos y administrar los recursos de forma eficiente. También continuará la auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral para detectar irregularidades y posibles fraudes.

Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, cuando el organismo contaba con más de 2,2 millones de afiliados. Antes de ese cargo, acumuló una extensa trayectoria en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: fue subsecretario de Higiene Urbana entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017, director general de Control de Gestión entre 2011 y 2015, y director general de Reforma Administrativa entre 2010 y 2011.

En su perfil profesional, Di Liscia se define como un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en dirección, gestión operativa, transformación organizacional y desarrollo comercial, con tareas de consultoría para directorios empresariales y participación en una pequeña y mediana empresa familiar del rubro alimenticio.

La salida de Vilches ocurrió durante la discusión interna que generó el proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las previsiones para el año próximo expusieron nuevos ajustes en el área, que fueron cuestionados por la oposición y también por sectores del propio oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, encabezó las críticas dentro del espacio de Gobierno y el Ejecutivo admitió que podría revisar las partidas vinculadas con discapacidad.

En ese contexto, la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, advirtió públicamente sobre las consecuencias de los cambios contemplados en el proyecto. “Es letal la desregulación del nomenclador”, sostuvo en declaraciones radiales, en referencia a una posible modificación que, según la intérprete, podría afectar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025.

Mientras tanto, el oficialismo trabaja en la Cámara de Diputados en un proyecto para reemplazar la ley de emergencia sancionada durante el actual período. La discusión involucra aspectos sanitarios, legislativos, educativos, de transporte y de protección social.

Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

A diferencia del proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.