El decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso confirmó lo que se esperaba: el Gobierno apuesta centralmente a la reforma laboral en el Senado y busca evitar sobresaltos en Diputados que alteren la agenda deseada. El oficialismo ya comenzó a moverse con contactos -formales e informales- y en un punto, las dos movidas se cruzan: las negociaciones con gobernadores tienen como objetivo sumar apoyos al proyecto de legislación del trabajo en la Cámara alta y tantear compromisos que permitan bloquear en la Cámara baja cualquier intento opositor para voltear el DNU de los servicios de inteligencia.

La vuelta a la actividad legislativa fue anotada por el Ejecutivo para el 2 de febrero y, en caso de la reforma laboral, con la intención de votar en el Senado diez días después. De hecho, se puso en marcha la Comisión de Trabajo y el oficialismo ratificó su posición. Dice que está dispuesto a negociar algunos aspectos del proyecto, aunque sin tocar el dictamen de comisión. En otras palabras, la intención es ir al recinto con un trato cerrado que no altere el ritmo que pretende Olivos también como dato político. El punto es si eso garantiza un trámite similar en la otra Cámara y sin estribaciones más allá del Congreso.

En ese tablero inicial, el oficialismo anota en estas horas una alerta sindical. En el discurso, tanto Patricia Bullrich como los jefes de la CGT se declaran abiertos al diálogo, pero eso va de la mano con planteos de máxima. Del lado violeta sostienen que no aceptarán cambios sustanciales, mientras que desde el frente sindical advierten sobre una posible judicialización si el texto sale tal como llegó al Congreso.

Jorge Sola, uno de los tres integrantes de la conducción cegetista, acaba de plantearlo sin vueltas. Cuestionó el proyecto en líneas generales -sin precisiones-, y advirtió que sin modificaciones, tiene destino de planteo a la Justica por “inconstitucional”. Está claro que el dirigente del gremio del seguro -de fuerte formación sindical, según destacan algunos de sus pares- no intentó una discusión puntual de los temas que inquietan a la CGT, sino advertir sobre el camino fangoso que debería recorrer la noma sin aval gremial. Es un mensaje también al empresariado.

El panorama en ese terreno no resulta un dato político menor. El clima ya se había agitando antes de fin de año en la justicia nacional del trabajo, porque junto al proyecto circulaban versiones sobre una avanzada que trascendía por mucho el proyecto de traspaso del fuero al ámbito porteño. Y además, en primeros cruces de información con jefes sindicales, expertos en la materia señalaban posibles focos de reclamos judiciales: desde la extensión del criterio de servicios esenciales en caso de medidas de fuerza, hasta la derivación de ingresos del sistema previsional hacia un Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones.

Esa advertencia sindical asoma más inquietante que los pasos que anuncia la CGT en espejo con las negociaciones del Gobierno para asegurarse apoyo de los jefes provinciales. En esa línea, descontada la posición del kirchnerismo duro, apuntan a reunirse con gobernadores de diferente color político. Incluyen a peronistas que no responden a UxP (Tucumán, Catamarca, Salta), al núcleo de Provincias Unidas (Santa Fe y Córdoba), y a provinciales (Santa Cruz, Río Negro).

Ese, en rigor, es el terreno en el que el Gobierno se viene manejando con mayor dedicación, como lo expuso la sanción del Presupuesto 2026 a fines de diciembre. Fue una larga negociación. Y todo indica que seguirá siendo así, proyecto por proyecto, en tratativas que combinan el interés de Olivos y los reclamos de los gobernadores: según el caso, ATN, fondos de cajas de jubilaciones, deudas por el pacto fiscal, obras postergadas.

El oficialismo es optimista sobre los apoyos a la reforma laboral. Diego Santilli viene retomando conversaciones: no hubo desatención por el receso legislativo, fuera de algunos días más calmos. Por lo pronto, el ministro suma viajes a provincias. Estuvo a principios de la semana con el salteño Gustavo Sáenz y tiene agendadas visitas al entrerriano Rogelio Frigerio y al neuquino Rolando Figueroa. Antes -por diferentes motivos, que en general no excluyeron el tema legislativo- recorrió buena parte de lo que fue JxC: encuentros con el mendocino Alfredo Cornejo, el chaqueño Leandro Zdero, el chubutense Ignacio Torres y el sanjuanino Marcelo Orrego.

Fuentes legislativas consideran que el punto difundido como central en la agenda con las provincias -la reducción de ingresos por Ganancias- no sería una traba insalvable, porque el cambio en ese impuesto, de fuerte impacto en la coparticipación federal, podría ser gradual. Más atención generarían otros renglones del proyecto, sobre todo en cuanto a potencial litigiosidad.

Las otras iniciativas incluida en la convocatoria a sesiones extraordinarias no proyectan olas. En principio, trasciende consenso sobre el impulso para acelerar la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo espera un trámite razonable para la designación de un embajador. Y la ley de glaciares demandaría tiempos más largos que los de esta etapa, con fecha de finalización para el último viernes de febrero.

El Gobierno postergó otros proyectos, densos y que generan dudas sobre su redacción final, como la reforma tributaria. Con todo, asoma un punto de inquietud que supera el manejo propio del oficialismo. Se trata del DNU que reforma la estructura de la SIDE y dispone cambios alarmantes en las atribuciones de los servicios de inteligencia.

En este caso, no importa si el Congreso está en período ordinario, extraordinario o de receso. El DNU puede ser tratado en cualquier momento cumplido el plazo formal. Pero, naturalmente, depende de la oposición en sus distintas vertientes conseguir número para dar la batalla. No está claro por ahora el panorama, especialmente en el Senado. Y los operadores violetas trabajan para bloquear una movida opositora en la Cámara baja. Lo hacen a la par de la búsqueda de apoyos para la reforma laboral. El costo de los tratos también puede ser mayor.

El Gobierno -como las anteriores gestiones desde la época de Néstor Kirchner– cuenta con una ventaja: el rechazo vale si lo votan las dos cámaras del Congreso. Herencia de CFK, creadora de la ley que así lo dispone para blindar el poder.