A cuatro días de haber comenzado las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno se debate internamente si realizar una ligera modificación a este período para poder lograr una aprobación parlamentaria antes del comienzo de la Apertura de Sesiones Ordinarias, las cuales se hacen religiosamente todos los 1 de marzo.

Dos integrantes de la mesa política confirmaron a Infobae que se puso sobre la mesa atrasar un día más la finalización de las sesiones extraordinarias. Es decir, que esta fecha sea el 28 de febrero en vez del 27.

“Es muy probable que se pueda dar. Depende de lo que pase en el Senado”, admitió un altísimo integrante del círculo presidencial. Otra fuente admitió: “Lo propusimos y estamos esperando respuesta. Hacemos números para ver si llegamos. Es un escenario probable”.

Es que el oficialismo enfrenta dificultades para emitir dictamen antes del 18 debido a los feriados de carnaval, que mantendrán cerrado el Congreso el lunes 16 y martes 17, complicando el traslado de los diputados nacionales, que prevén viajar a sus provincias para aprovechar a estar por fin de semana largo.

Una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados explicó que sería ideal lograr un dictamen el viernes 13 de febrero, pero que esto sería prácticamente imposible: y es que existe un plazo obligatorio de 48 horas para terminar de enviar la media sanción de una cámara a la otra.

“Los senadores terminan de sesionar el miércoles y se van a ir a casa. Los diputados lo van a hacer el jueves y van a tener más prisa para irse”, reflexiona un coordinador del bloque libertario, donde se percataron de estas dificultades algunos días atrás, cuando ya se había consumado el Decreto en el que Javier Milei indicó que Extraordinarias sería del 2 al 27 de febrero.

¿Pero por qué el Gobierno tendría problema en dictaminar el 18 de febrero? Porque el reglamento de la Cámara dice que no se pueden sacar dictámenes 10 días (o menos) antes de que finalicen las sesiones. “Estuvimos muy verdes”, se reían en un importante despacho oficial.

El Gobierno tiene tiempo para definir una estrategia y decidirlo. En rigor, puede resolver la prórroga sin inconvenientes la semana próxima. Resta que salga un decreto que reformula el período para que después quede vigente.

Algo así se había pensado en diciembre del año pasado, cuando se estaba tratando el Presupuesto 2026 y algunos integrantes del oficialismo querían impulsar una extensión de las extraordinarias para poder movilizar la reforma laboral con mayor rapidez. Esto no tuvo éxito: a quienes adoptaban esta postura les hicieron entrar en razón de que no iban a poder convencer a los legisladores nacionales de que se suspendieran las vacaciones, ya que hasta los mismos miembros del Poder Ejecutivo querían tomarse unos días.

Este caso es diferente. Es solo un día y responde a la búsqueda de algunos integrantes del Gobierno de poder finalizar la extenuante discusión por la reforma laboral, la cual viene siendo debatida con funcionarios técnicos desde hace casi un año y ahora está pasando por sus últimos debates técnicos para que el mismo proyecto que se apruebe en el Senado también sea convalidado en Diputados, sin posibilidad de incorporar otros articulados.

La urgencia del oficialismo también responde a que el temario de proyectos que pretende movilizar el Presidente está cada vez más cargado. Cuando Milei convocó a extraordinarias, el paquete estaba compuesto por la reforma laboral, la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. A partir de diferentes casos de inseguridad que marcaron la agenda pública y en la que estaban involucrados menores, el Gobierno publicó un decreto para oficializar la inclusión de la baja de imputabilidad en menores.

En los últimos días se coló sobre la agenda si el acuerdo comercial con los Estados Unidos iba a colocarse en la agenda de extraordinarias. Todo indica que no, pero en la Casa Rosada indican que los apartados que precisan tratamiento legislativo deben tratarse con rapidez para terminar de quedar efectivos.

Hay proyectos de las extraordinarias que no se abarcaron en la dimensión de lo que se pensaba. El Gobierno postergó el tratamiento en el Congreso de la nueva Ley de Glaciares, que beneficiaría a la industria minera.

“La patearon para más adelante porque no tienen los votos para aprobarla”, sostuvo a Infobae una fuente cercana a uno de los gobernadores cuyanos que sí apoya desde el inicio esta medida. Por el contrario, las autoridades nacionales aseguran que cuentan con el respaldo suficiente tanto en el Senado como en Diputados como para que la ley sea sancionada, pero explican que no se avanzó todavía “por una cuestión de tiempos”.

Distinto es lo que sucedió con el Régimen Penal Juvenil. El oficialismo llegó a un acuerdo con sectores de la oposición y convocó a sesión el jueves de la semana que viene en la Cámara de Diputados. El proyecto tiene como punto principal la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años.

Un día antes, el miércoles, será el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para firmar el dictamen. El despacho que el oficialismo había conseguido el año pasado perdió estado parlamentario, por lo que el trámite formal debe realizarse otra vez, pero fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron que se “respetarán los consensos”.