El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar el 75% de los servicios tras el anuncio del paro en aeropuertos de todo el país que está previsto para este jueves y viernes. La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y se esperaba que afectara a más de 27 terminales de todo el territorio nacional.

De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le solicitó a la agrupación gremial que garanticen las prestaciones mínimas de los servicios correspondientes al ámbito de la ANAC.

La intimación se sustenta en un conjunto de normas vigentes. El Ministerio citó el artículo 1° de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias como base de la exigencia. A eso se suma lo establecido por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que fija un umbral específico para los casos en que el conflicto afecta servicios esenciales: la cobertura mínima no puede ser inferior al 75% de la prestación normal. La navegación aérea nacional está encuadrada dentro de esa categoría.

La medida oficial se adoptó a partir de las presentaciones efectuadas tanto por ATE como por la ANAC y tuvo como objetivo declarado preservar la continuidad del sistema de transporte aéreo, que el Gobierno calificó como indispensable para la conectividad, la seguridad y el funcionamiento del tráfico aéreo en el país.

La jornada de protesta, convocada por ATE bajo el nombre de Jornada Nacional de Lucha, se extenderá durante 48 horas el jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Los trabajadores de la ANAC llevarán adelante paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias cada día: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, solo quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y los de carácter oficial. El impacto alcanzará a más de 27 terminales de todo el país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, dijo: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, declaró. El dirigente también apuntó al deterioro de las condiciones en el sector: “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, sostuvo.

Aguiar precisó que el incumplimiento tiene fecha de inicio concreta: “Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, señaló. Y cerró con una advertencia directa: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

El trasfondo del conflicto excede a los empleados de la ANAC. Según el gremio, los trabajadores de la Administración Pública Nacional acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese contexto, los empleados del organismo de aviación civil consideran que su situación es particularmente crítica, dadas las funciones que desempeñan.

A ese cuadro general se suma una tensión específica en torno a Ezeiza. ATE alertó que el proyecto de refacción y ampliación de esa terminal avanza sin la actualización de las partidas presupuestarias del área correspondiente. A criterio del sindicato, esa situación compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la de los pasajeros, al no contarse con las herramientas y los recursos necesarios para ejecutar los trabajos.

Ante la ausencia de respuesta oficial, ATE formalizó tres reclamos concretos: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a los ítems extra paritarios ya acordados; la apertura de la paritaria sectorial; y el financiamiento de las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos del país. El gremio advirtió que, si el Gobierno no da respuesta a esas demandas antes del inicio de la medida de fuerza, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.