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El Gobierno no convocará a los gobernadores porque “el diálogo está abierto”

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El Congreso Nacional concluye este jueves el período de sesiones extraordinarias que se inició el pasado 26 de diciembre sin haber aprobado ninguna de los catorce proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, tras fracasar la sanción en la Cámara de Diputados de la ley “Bases”, que proponía una amplia reforma del Estado, delegación de facultades y la privatización de unas treinta empresas públicas.

Si bien la Cámara de Diputados no pudo votar ninguna iniciativa, no se descarta que si el Gobierno prorroga las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero, el Senado pueda convertir en ley el próximo viernes 23 las modificaciones a la ley de Lavado, previo a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comience su evaluación a la Argentina el 3 de marzo y la termine a fin de mes.

De hecho, esa reunión parlamentaria en la Cámara alta se llevará a cabo, además, para celebrar la sesión preparatoria y ratificar las autoridades del Senado.

La Cámara de Diputados decidió el pasado miércoles suspender el tratamiento en particular del proyecto de ley “Bases” (Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), cuando el oficialismo había perdido la votación de artículos e incisos que eran considerados el corazón de la iniciativa y devolver a comisión el dictamen de mayoría.

El bloque Unión por la Patria, la izquierda, junto a diputados de Hacemos Coalición Federal, de la UCR, e Innovación Federal -estas tres últimas bancadas votaron a favor en general- hicieron caer el capitulo de reforma del Estado y los incisos sobre las facultades referidas a tarifas energéticas, hidrocarburos, y las atribuciones para eliminar o reformular fondos fiduciarios.

Los Fondos Fiduciarios que no tienen control presupuestario son 29 y manejan recursos por un monto de entre 8 mil y 10 mil millones de dólares, y solo tuvieron algún control desde su creación en la década del 90 de la Auditoria General de la Nación o la Sigen.

Tras esa fallida votación se dispuso un cuarto intermedio y luego de una reunión del presidente del cuerpo, Martín Menem, con los bloques dialoguistas, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, anunció el pase a comisión con lo cual la iniciativa se deberá volver a debatir nuevamente.

El Gobierno había realizado una primera convocatoria con once temas desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero, con una agenda que contemplaba una reforma del Estado incluida en el proyecto de ley Bases, como así también la implementación del sistema de Boleta Única para las elecciones, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y cuyo tratamiento está pendiente en el Senado.

También incluyó un proyecto de reversión de la rebaja del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de los trabajadores que había impulsado el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Esta iniciativa no se trató ya que el Gobierno decidió paralizar el debate de los temas tributarios por lo cual no se trataron las reformas en ganancias ni el aumento de retenciones agropecuarios, blanqueo de capitales, cambios en impuestos a las ganancias, moratoria para las pymes, que estaban dentro del denominado capitulo fiscal.

El temario de sesiones extraordinarias también incluyó una iniciativa por la cual se solicita autorización para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024.

Fuente: Telam.

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Diputados debatirán la próxima semana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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