Los principales referentes de la CGT Bahía Blanca no descartaron tomar acciones frente a lo que consideran una persecución contra la actividad sindical, luego de la detención del secretario adjunto de Empleados de Comercio, Claudio Montiel, por los episodios de violencia en el shopping el último Viernes Santo.

Uno de los triunviros de la CGT local cuestionó las declaraciones del fiscal general Juan Pablo Fernández acerca de Montiel, al que calificó de “energúmeno”. El titular de la UOCRA Carlos de Boer dijo que esos dichos son “totalmente repudiables”.

En una conferencia de prensa convocada para esta mañana, De Boer agregó que los sindicalistas “tal vez deberíamos pensar más en frío, pero somos seres humanos y a veces las emociones” los hacen actuar de esa manera.

Y también vinculó las medidas judiciales a un clima general en el país de “persecución a la actividad gremial”.

Otro de los triunviros de la central obrera, el camionero y concejal del peronismo Roberto Arcángel, habló de las sanciones a jefes policiales debido a la inacción de las fuerzas de seguridad aquella mañana.

“Yo creo que la Policía hizo lo que correspondía porque sino se hubiese ocasionado más violencia. Fueron prudentes, controlaron que los desmanes no fueran mayores”.

El tercer triunviro de la CGT es justamente el secretario general de Comercio, Raúl Oviedo, quien no estuvo presente en la rueda de prensa ya que pidió una licencia de 30 días debido a que forma parte de las investigaciones judiciales porque también formó parte de la manifestación en el shopping.

Arcángel prosiguió: “Nosotros no compartimos los hechos de violencia, pero de cualquier tipo. Acá sólo se deja ver una parte. Cuando planteamos que en el shopping había trabajadores retenidos contra su voluntad, no se condenó de la misma manera a la patronal”.

En ese marco, los gremialistas señalaron que esperan que Montiel sea liberado y “esté nuevamente en funciones” en Empleados de Comercio. Asimismo, no descartaron movilizaciones u otras medidas para protestar por lo que creen que es una reacción desmedida de la Justicia.

Fuente: La Nueva.

El Dr. Diego Palomo, titular de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, se refirió esta mañana en diálogo con Radio Altos a la situación delicada que atraviesan las instituciones que asisten a personas con discapacidad por la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar a cero el envío de fondos desde el pasado mes de diciembre.

En el caso de Bahía Blanca, tal como lo expuso el intendente Federico Susbielles, las instituciones que mayores complicaciones tienen para poder sostener su funcionamiento son el Pequeño Cottolengo José Nascimbeni, el Hogar Don Orione e INCUDI.

“Desfinanciar estos dispositivos con personas que tienen una altísima vulnerabilidad, una altísima dependencia, de una crueldad muy importante”, aseveró.

Además, opinó que esta medida de la administración libertaria es de desconocimiento de todo lo que significa la red nacional que tiene la Argentina de apoyo y atención a la discapacidad, que, recalcó, siempre se sostuvo en los márgenes, con solidaridad, con gran esfuerzo, pero al menos siempre existió un financiamiento nacional que le permitió dar prestaciones mínimas necesarias para las personas que están internadas.

Expuso que en muchas de las instituciones no solo atiende, cuida y rehabilita a personas con discapacidad, sino que viven los pacientes allí. Recalcó que se trata de personas que no tienen otro lugar donde vivir y algunos ni siquiera tienen familiares que puedan asistirlos o ser una red de apoyo para su internación.

Advirtió que las instituciones recibieron el último pago de Nación en diciembre y que además se cortó el envío de medicamentos, muchos de ellos muy costosos, y de pañales.

“Todo eso hace que sea muy difícil para estas instituciones, con el voluntarismo, con el amor, con la beneficencia, con la solidaridad, sostenerse. Es una urgencia social y humana”, describió.

Planteó que el intendente Federico Susbielles fijó como prioridad a la discapacidad y por eso dispuso que funcionarios municipales diseñen un plan de contingencia para asistir, “al menos con aquellas cosas que el Municipio puede apoyar”, a las distintas instituciones.

El jefe comunal ya solicitó una audiencia con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para presentarle la preocupación por el desfinanciamiento que lleva adelante el gobierno de Milei.

“Se comprometió, y en este caso es lo que nos toca hacer a nosotros, en hacer un análisis de cuáles son aquellas líneas, medicamentos, alimentación parenteral, alimentación diaria habitual, limpieza, insumos, que podamos nosotros como municipio aportar. Vamos a hacer un informe de necesidades de cada una de estas instituciones y ver cuál es el umbral mínimo para poder tratar de asistirlas para que puedan seguir haciendo su enorme tarea”, detalló.

Para Palomo, lo importante en la decisión del intendente fue “romper con acostumbrarnos a estas cosas”: “Como ciudadanía tenemos que empezar a decir que esto es un límite. No se puede tolerar que las políticas nacionales, provinciales y locales sean de abandono, de exclusión con los más débiles, con los más vulnerables”.

Y concluyó: “el intendente lo que puso es un alto, dijo ´hasta acá´, porque esto no es discutible políticamente; de hecho convocó a todas las fuerzas políticas  porque esto no es aceptable”.

Fuente: Frente al cano.

Casi tres días después de que las empresas San Gabriel y Rastreador Fournier anunciaran una reducción de frecuencias y de horario de prestación del servicio, hubo una respuesta oficial por parte del Ejecutivo.

Fue el subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, Fabián Lliteras, quien se refirió al tema y cuestionó la medida de las prestatarias.

“La medida es unilateral, salvaje y pone de rehén a usuarios y trabajadores”, lanzó y reclamó a las compañías que retrotraigan la decisión para poder volver a negociar con el Municipio.

En ese punto, hizo hincapié en que el contexto para poder continuar dialogando debe ser de normalidad, es decir, cumpliendo con las frecuencias definidas por contrato.

Admitió que hubo un corte intempestivo del diálogo el pasado viernes cuando San Gabriel y Rastreador Fournier hicieron público el documento en el que comunicaban la medida de reducción de prestación.

Si bien expuso que la situación económica nacional, sumado al aumento de los costos, entre ellos, el del combustible más de 50%, y la decisión del gobierno de Javier Milei de no sostener al transporte público del interior del país son argumentos válidos para entender la actual situación del servicio en Bahía Blanca, no justifican una medida como la que vienen aplicando las empresas desde el sábado.

“Hay un sistema que tiene que ver con un pliego y con una obligación de cumplir con una frecuencia. Llamamos a la reflexión para sentarnos en una mesa con racionalidad. Si el costo pretendemos trasladarlo en un 100% a los pasajeros se termina el sistema público”, advirtió.

Y adelantó que en el transcurso de la jornada de hoy el Municipio intimará a las empresas para que den marcha atrás con la reducción de frecuencias y de horario.

“El intendente tiene que cuidar a los pasajeros y a los trabajadores. Seguimos teniendo la misma vocación de diálogo”, aclaró, por último.

Fuente: Frente al cano.