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El Gobierno prepara la hoja de ruta de las reformas para el 2026 y podría anunciar algunas en la Apertura de Sesiones del Congreso

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La reforma laboral es el primero de varios peldaños legislativos que el Gobierno quiere subir en su aspiración de hacer del 2026 un año propositivo en el Congreso. En el entorno del presidente Javier Milei marcan que la coordinación de la mesa política ha proporcionado un mejor diálogo con los aliados circunstanciales, que a su vez están más definidos. “Se forjó un ida y vuelta de mayor confianza con ellos y eso ayuda a conseguir los votos cuando precisamos”.

En la Casa Rosada consideran que el proyecto de Modernización Laboral era de los más controvertidos que se podían tratar a lo largo de todo el año.

Su temprano tratamiento tuvo que ver con las prioridades estructurales del Gobierno -Milei cree que el mercado laboral debe reorganizarse para que luego posibilite otros proyectos transformadores-, pero buscó seguir aprovechando la colaboración que están dispuestos a dar ciertos aliados circunstanciales: es probable que a fin de año algunos de ellos no estén más, ya que La Libertad Avanza apuntará a quitarle la gobernación a algunos de ellos.

El Poder Ejecutivo envió diferentes iniciativas al Congreso a lo largo de las sesiones extraordinarias. Es muy probable que priorice terminar de tratarlas todas antes de impulsar otras agendas. Pero en el entorno de operadores políticos del Presidente ya están pensando en una hoja de ruta para establecer nuevos proyectos en los próximos meses.

Una altísima fuente oficial comentó a Infobae que están esperando a que Javier Milei vuelva de Washington este viernes para poder empezar a dialogar sobre esa cuestión.

En el Gobierno están diseñando un esquema distintos para definir qué secuencilidad de reformas presentar este año. “En el pasado lo que sucedía es que cada uno de los ministerios definía su hoja de ruta y después se comunicaba automáticamente”, marca un funcionario a este medio. La idea que piensan ahora es centralizar aún más las tareas políticas: “Ahora son las carteras las que tienen que decir qué hitos quieren realizar este año y es a través de la Jefatura de Gabinete que se diseña el esquema de cómo se hará”.

Es muy posible que en la próxima semana pueda darse una reunión que sirva para determinar algunos ejes que contribuyan al discurso de Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el cual se dará el 1 de marzo a la noche.

Allegados al Presidente lo han escuchado decir que cada uno de los ministerios nacionales tiene más de 10 paquete de proyectos de ley. “Es claramente menos, pero quiso decir que hay una intención fuerte de pegarle fuerte y al medio con los proyectos. Es ahora o nunca”, marcan en su entorno.

El oficialismo reconoce internamente que el margen de maniobra para aprobar iniciativas relevantes se irá reduciendo en los próximos meses, a medida que se aproxime el ciclo electoral y disminuyan las posibilidades de acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición.

Para la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza reconoció que consiguió apoyos de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). “Vamos a tener que competir con algunos de los que hoy nos acompañan. Por eso lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, apuntan desde el oficialismo. Un motivo más para la urgencia de las reformas.

Se espera que a lo largo de 2026 lleguen al Congreso diversas iniciativas. Hay algunas de importante peso como la reforma del Código Penal, la impositiva y electoral que tienen altísima prioridad y que serán enviadas con la mayor proximidad posible.

En Balcarce 50 buscan ampliar las condiciones para la llegada de inversiones y proyectos en el país. También para liberalizar el esquema comercial. Es en ese plano que buscarán terminar de sancionar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como enviar los aspectos nodales del Tratado Comercial con Estados Unidos que precisan ratificación parlamentaria.

La reducción de impuestos y el alivio sobre empresas y personas son objetivos centrales de la administración libertaria. Se discuten alternativas como la reducción en el impuesto a las Ganancias y estímulos para mercados, junto a la eventual implementación de un “IVA dividido”, una idea dada a conocer por el ministro Caputo. La discusión gira en torno a cómo equilibrar esos incentivos con la preservación de la estabilidad fiscal.

Uno de los temas pendientes es la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que propone prorrogar por veinte años la estabilidad tributaria del sector. Este proyecto, inicialmente previsto en el Capítulo XI del presupuesto, quedó en suspenso tras quedar fuera de la reforma laboral, y ahora su incorporación podría darse de manera individual o como parte de una reforma energética más abarcativa. También está en debate una reforma sobre el régimen de zona fría, aunque por ahora permaneció fuera del temario principal.

Aún sin precisiones técnicas, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que reúna casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario, para cuyo tratamiento el Gobierno ya propuso un enfoque alternativo, aunque sin la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el lunes publicó un comunicado rechazando tajantemente la alternativa oficial y pidiendo la apertura urgente de paritarias.

Dado que un sector de los equipos técnicos de la Presidencia consideran que es asimilable a un tratado internacional, la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump también tendrá será presentado en el Congreso este año. Queda como cuenta pendiente que el Senado tramite el placet de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea y Bélgica.

Este último podría tratarse el 26 de febrero en el Senado junto con la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad en menores hacia los 14 años.

 

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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