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El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral a una semana de su aprobación en el Senado

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Luego de que el Gobierno cerrara el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación con la aprobación de la reforma laboral, este viernes se promulgó la denominada Ley de Modernización Laboral. Después de una semana puliendo detalles, la medida fue publicada en el Boletín Oficial.

La norma, que fue registrada como Ley Nº 27.802, comenzó a regir esta madrugada, apenas se emitió el Decreto 137/2026, que contó con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, dictaminaron al ordenar que la medida también quede asentada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.

De la misma manera, los detalles de la Ley de Modernización Laboral quedaron disponibles en el sitio oficial del Boletín Oficial. La norma fue publicada con un total de 25 capítulos luego de que fuera sometida a una serie de revisiones que resultaron en la eliminación de los artículos que planteaban una modificación en el régimen de licencias médicas.

En este sentido, la mayor cantidad de cambios se daría en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada laboral, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.

Indemnizaciones y salario

A partir de la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, se introdujo una batería de modificaciones en la legislación laboral, con el propósito de abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones. Este nuevo esquema excluyó del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, a la vez que estableció un piso mínimo y un máximo.

El rediseño del régimen estableció que la indemnización por despido no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo de la actividad correspondiente. Para el mínimo, fijó un piso del 67% de la remuneración habitual. Si la aplicación del tope convencional reduce la base salarial a una cifra inferior, dicha reducción no podrá superar el 33%.

Otra de las modificaciones prevé que las grandes empresas puedan abonar las sumas derivadas de sentencias de despidos en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con la posibilidad de extenderse hasta 12 cuotas. Además, se incorporó un esquema de actualización de las indemnizaciones judiciales solo por inflación, con un adicional del 3% anual.

También se crearán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados de manera obligatoria con el 1% de las contribuciones patronales en el caso de grandes empresas y el 2,5% para pymes. Estos fondos garantizarán el pago de las indemnizaciones a través de cuentas inembargables, bajo control directo de la Comisión Nacional de Valores.

Respecto a los salarios, la reforma incorporó el “salario dinámico”, que puede ser pactado en los convenios colectivos y que ata la remuneración al rendimiento o mérito individual. Asimismo, se estableció que el pago deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria.

Vacaciones y jornada laboral

En materia de vacaciones, la nueva norma sostiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril. No obstante, permite que ambas partes acuerden su fraccionamiento, siempre y cuando el período no sea inferior a siete días corridos.

Por otro lado, se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas, a condición de que exista acuerdo voluntario en esquemas flexibles como bancos de horas y se garantice un descanso de al menos 12 horas entre turnos. Además, incorporó la posibilidad de contratar trabajadores a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa.

Derechos colectivos y sindicatos

El sistema prevé que la cuota solidaria sindical seguirá siendo deducida por los empleadores, aunque ahora con un tope del 2% del salario mensual. No obstante, en el plano de la negociación colectiva, la reforma otorgará prioridad a los acuerdos de empresa o regionales sobre los convenios por rama. Además, debilita la vigencia automática —la llamada “ultraactividad”— de las obligaciones que persistían más allá de la validez formal de los convenios.

El derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad.

En el caso de los denominados servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamiento al 50%.

Para la realización de asambleas de trabajadores que puedan afectar el funcionamiento de la empresa, se demandará una autorización previa del empleador.

Beneficios para formalizar empleos y el régimen de inversiones medias

La reforma introdujo el Programa de Promoción del Empleo Registrado y establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.

En paralelo, se agregará el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o extrabajadores públicos.

Por último, las medianas inversiones tendrán un tratamiento diferencial, ya que contarán con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA. Este régimen regirá por dos años y estará disponible para empresas que inviertan entre USD 150.000 y USD 9 millones en bienes muebles nuevos o en obras productivas, con la excepción de automóviles.

En busca de reducir la litigiosidad, la iniciativa determinó que los acuerdos laborales homologados judicialmente tendrán fuerza de sentencia firme y que los honorarios profesionales no podrán superar el 25% del monto reclamado. Finalmente, se ordenó que la Justicia Nacional del Trabajo realice un traspaso progresivo a la órbita judicial de la ciudad de Buenos Aires o Federal.

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Milei no le suelta la mano a Adorni, el encuentro reservado de Karina y Bullrich y el gesto que esperaban los aliados

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El jueves, Patricia Bullrich había dicho en público, otra vez, lo que pocos se animaban a decir en voz alta: que la situación patrimonial de Manuel Adorni no era un error sino una omisión ética, y que la Justicia tendría la última palabra. Cuarenta y ocho horas después, Karina Milei apareció en el cumpleaños de Bullrich. El gesto no pasó desapercibido para nadie que siga de cerca la geometría del poder dentro de La Libertad Avanza.

El sábado a la noche, en la terraza del bar Uno —a metros del Congreso—, Bullrich festejó sus 70 años con un grupo de unas 50 personas entre amigos de la política y de la vida, según pudo confirmar Infobae. El salón fue alquilado por los propios invitados y los gastos se dividieron a la romana. Había sido un viernes intenso: el día de su cumpleaños real, lo había pasado con su familia extendida. El sábado era la noche de los suyos. En un momento de la velada llegaron Karina Milei y Pilar Ramírez. No fue una visita protocolar. En medio del escándalo Adorni, con el oficialismo en estado de crisis y una ofensiva opositora sobrevolando el Congreso —con el Senado forzando una citación anticipada y Diputados queriendo iniciar una interpelación y posterior moción de censura—, la secretaria general de la Presidencia eligió ese lugar para estar. Eso habló por sí solo.

Puertas adentro del oficialismo, el gesto fue leído como lo que era: una señal de que, más allá de las turbulencias, el vínculo entre Karina y Bullrich se mantiene intacto. Para los aliados que venían mirando con inquietud el nivel de tensión interna, fue exactamente el gesto que esperaban ver.

Milei sostuvo a Adorni desde las redes

Mientras la tormenta política sacudía los despachos de Casa Rosada, Javier Milei eligió el domingo para hacer pública su posición. Sin pronunciarse directamente sobre las explicaciones patrimoniales de su jefe de Gabinete, el Presidente reposteó en su cuenta de Instagram un mensaje de un militante libertario que auguraba que el mandatario saldría fortalecido por sostener a Adorni, como había ocurrido —según el texto— con otras operaciones en su contra. En X hizo lo propio con una columna del escritor libertario Leonardo Facco que enmarcaba el caso bajo el título “Adorni y la defensa del ahorro”. El mensaje presidencial era nítido: no hay marcha atrás.

La estrategia de Milei espeja la del propio Adorni. Desde que se conoció el salto patrimonial de más de 500.000 dólares en su última declaración jurada —justificado en operaciones con bitcoins realizadas entre 2013 y 2018 y en ahorros que, según sus propias palabras, nunca habían sido declarados formalmente— el jefe de Gabinete intentó encuadrar su situación como un caso de evasión antes que de enriquecimiento ilícito. La frase “ahorramos en negro como todos los argentinos” resumió esa estrategia y, tal vez, le costó más de lo que calculó.

En ese contexto, la diputada Lilia Lemoine —que responde de manera vertical a Javier y Karina Milei— fue la voz libertaria que salió públicamente a defenderlo, tanto en las redes sociales como en la televisión. A través de su cuenta de X, calificó a Adorni de inocente y atribuyó las denuncias a una operación política de Marcela Pagano, diputada que desde hace más de un año se convirtió en una de las voces más críticas del oficialismo dentro del propio Congreso. La aparición de Lemoine no fue casual: es la espada mediática que Milei reserva para las batallas que considera propias. Su salida pública a defender a Adorni fue, en ese sentido, una extensión de la misma señal que el presidente había dado desde sus redes.

La mesa política y el diálogo áspero

El jueves, horas antes del cumpleaños de Bullrich, la mesa política se había reunido en Casa Rosada con una atmósfera que nadie describió como distendida. Adorni encabezó el encuentro junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Eduardo y Martín Menem. Luis Caputo no estuvo. Lo que ocurrió en esa sala, según fuentes que hablaron con Infobae, tuvo un momento de tensión.

En ese ámbito, Adorni le reclamó a Bullrich que la exposición pública de las consideraciones sobre su situación podían perjudicar al Gobierno. La respuesta de la titular del bloque de senadores oficialistas no fue conciliadora: le marcó la diferencia entre las reglas que rigen el manejo del dinero privado y las obligaciones éticas que impone el ejercicio de un cargo público, y adelantó que en el Congreso la moción de censura podía prosperar. Karina Milei intervino para defender a su hombre de confianza. Santiago Caputo intentó bajar la tensión, aunque reconoció ante los presentes que las mediciones propias mostraban un daño enorme: un nivel de penetración negativa en la sociedad que, según los trabajos de campo que supervisa, no tenía antecedentes en la gestión.

El diagnóstico que circulaba en el entorno de Bullrich era más crudo todavía. Analistas especializados que siguieron la conversación en redes registraron que el 97% de las menciones sobre las explicaciones de Adorni eran negativas —un índice que, según le dijeron a Infobae, no tenía precedentes—. La paradoja central era que Adorni seguía convencido de que había actuado bien y de que lo que le ocurrió a él le ocurre a todos los argentinos. Pero hay una diferencia que el oficialismo no puede ignorar: Adorni es funcionario público. Y había dicho públicamente que no tenía nada que ocultar. Es una opinión que —dicen los que hablaron con ella este fin de semana— Bullrich comparte.

La propuesta rechazada y el fantasma de Kueider

Según pudo saber Infobae, en conversaciones reservadas se propuso que Adorni solicitara al menos una licencia hasta que el fiscal Gerardo Pollicita definiera los próximos pasos de la investigación por enriquecimiento ilícito y el panorama judicial se aclarara. La propuesta no tuvo recepción. Karina es, en este momento, el principal sostén político del jefe de Gabinete, y su posición no tiene fisuras visibles. “No es Karina la que lo sostiene, no se confundan. Es una decisión que tomó el Presidente que Karina ejecuta”, explicó a Infobae una de las personas que estuvieron sentadas en la mesa política.

Lo que sí tiene fisuras es el escenario parlamentario. En el Senado circula con insistencia la comparación con el caso Kueider: el senador entrerriano que iba a ser suspendido y terminó siendo expulsado en cuestión de horas, cuando el efecto cascada llevó a que nadie quisiera pagar el costo político de sostenerlo. La analogía inquieta a los propios: si la presión opositora se intensifica, sostener a Adorni en una votación podría volverse inviable para los aliados. La destitución requiere 37 votos en el Senado —mayoría absoluta— y el kirchnerismo ya presentó el pedido de interpelación como paso previo.

La fecha del 2 de julio para la presentación de Adorni ante la Cámara alta fue el resultado de negociaciones que Bullrich encaró con los bloques dialoguistas para ordenar los tiempos y reducir la presión. Un senador aliado confirmó a Infobae que la fijación de la fecha descomprimió bastante la situación e hizo menos probable una acción inmediata. El propio Diego Santilli pasó el viernes y el fin de semana al frente de las negociaciones con gobernadores y legisladores aliados para explicar la situación y consolidar apoyos, según supo este medio. Las señales que llegaban desde ese flanco eran, por el momento, más tranquilizadoras: los senadores y diputados que responden a los gobernadores habían comprometido no sumarse a la ofensiva que impulsa, principalmente, el kirchnerismo.

El miércoles hay Labor Parlamentaria y el caso Adorni tendrá protagonismo. En el oficialismo predomina una cautela que no alcanza para disimular la incomodidad: la estrategia es sostener, llegar al 2 de julio y ver cómo evoluciona el escenario judicial. Por ahora, la fecha funciona como válvula. Pero en el Senado saben que las válvulas, cuando la presión es suficiente, también ceden.

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En medio de días complejos, Adorni trabaja en el informe de gestión con el que busca cambiar el eje de la discusión

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Como anticipó en su cuenta de X, Manuel Adorni prepara el informe de gestión que espera dar durante el mes de julio en la Cámara de Senadores. Lo hace en medio de los complejos días que transita luego de la presentación de la declaración jurada, en la que intentó explicar su situación patrimonial en el marco de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, y la presión de la oposición a la que se plegaron los aliados.

Con el respaldo del presidente Javier Milei, el ministro coordinador anticipó la fecha, prevista inicialmente para agosto, y espera presentarse durante los primeros días de julio. Según supo Infobae de fuentes que integran el equipo de Jefatura de Gabinete, la mesa política analiza la posibilidad de convocar la sesión el jueves 2 de julio o el martes 7 del mismo mes en la previa al receso invernal que inicia el 19. “Aún no lo cerramos, lo estamos evaluando”, confesó uno de sus integrantes.

Tanto la vicepresidenta Victoria Villarruel como sectores aliados y exponentes de la oposición reclaman que el funcionario se presente en lo que queda del mes de junio en cumplimiento de sus deberes como funcionario. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que “no dan los tiempos” para concretarlo. “Hay decenas de personas que trabajan en el armado: receptan las preguntas, las filtran, las dividen por ministerios. Es imposible y a ellos no les importa”, explicaron ante este medio.

De las conversaciones previas participan la senadora Patricia Bullrich, quien mantuvo fuertes críticas para con el accionar de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. A principios de esta semana, la Secretaría de Asuntos Estratégicos enviará la nota formal a la Cámara Alta para concretar la convocatoria y será la encargada de recopilar el listado de preguntas de los bloques.

Si bien el mandatario y la plana completa del Gabinete estuvieron presentes durante el primer informe del ministro coordinador en la Cámara de Diputados, que tuvo lugar el pasado 29 de abril, desde el entorno del exvocero descartan que se repita la asistencia de los integrantes del Poder Ejecutivo. “No tendría sentido”, argumentan.

Con la determinación por anticipar el cronograma, los libertarios buscan frenar el pedido de interpelación instrumentado por el Partido Justicialista que intenta avanzar con una ofensiva parlamentaria contra el funcionario en ambas cámaras. Con la firma de siete senadores, la bancada que lidera José Mayans reclama convocar a una única sesión para “interpelar y votar la destitución“. Como anticipó este medio, la bancada peronista aspira a tratarlo el miércoles en Labor Parlamentaria.

“Con esto estamos frenando el pedido del PJ de interpelación”, planteó un funcionario de la administración libertaria. “Ir directo busca desactivar los intentos de impulsar la moción de censura de algunos senadores con agenda propia como los radicales y los que responden a algunos gobernadores”, coincidió otra voz del espacio.

Lo cierto es que las explicaciones patrimoniales de Adorni, quien sostuvo que en 2013 ganó 300.000 dólares con inversiones en Bitcoin, reavivaron el tema que desde hace tres meses protagoniza las primeras planas de los principales medios de comunicación.

Tras la presentación de la declaración jurada, el funcionario evalúa los pasos que dará para su “reconversión” con intención de dejar atrás la polémica que parece no tener fin. Desde su entorno revelaron que mantendrá un perfil bajo y se concentrará en la confección del informe que brindará en la Cámara de Senadores. “La idea es ir a dar la cara. No dejarse correr por la oposición ni por senadores que responden a determinados gobernadores”, argumentó una fuente involucrada en la tarea.

En Casa Rosada anticipan que, como en Diputados, habrá una instancia en la que el jefe de Gabinete hará referencia al contenido de su declaración jurada y después expondrá sobre la gestión. A posterior, responderá preguntas de las bancadas. También funcionará un equipo de seguimiento político coordinado por Ignacio Devitt con intención de organizar las respuestas de las consultas que surgen en tiempo real.

En Balcarce 50 redoblan esfuerzos por intentar dar vuelta la página de la polémica. Sin éxito, ven cómo el tema escala en el plano mediático y judicial. “Todo se subordinó a la estrategia judicial. Incluso, el Gobierno”, se sinceró un alfil violeta ante este medio. La fiebre mundialista parece no alcanzar y ya nadie desconoce la parálisis que la crisis genera en la gestión cotidiana y que el oficialismo intenta disimular mediante la agenda legislativa.

El Senado asoma como la próxima escala de una crisis que el oficialismo busca dejar atrás. Aunque el Gobierno apuesta a que el informe de gestión marque un punto de inflexión, por ahora la política sigue girando alrededor de los cuestionamientos a Adorni.

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Un año de Cristina Kirchner en prisión: los viajes de Máximo, la nueva consigna y otro “banderazo” en Parque Lezama

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El martes 17 de junio se cumple un año desde que Cristina Kirchner empezó a cumplir la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El kirchnerismo no llegó a esa fecha en silencio. Este domingo hubo una movilización en la puerta de su edificio. El sábado 20, Día de la Bandera, habrá un acto en el Parque Lezama. En paralelo, desde hace semanas, Máximo Kirchner recorre el interior del país —Santa Fe, Entre Ríos y lo que viene— en una dinámica que su entorno describió a Infobae como la actividad central de su nueva etapa política: llevar el mensaje del kirchnerismo a los sectores del peronismo que, en su diagnóstico, se sienten “huérfanos”.

Tres movimientos distintos. Una misma lógica: el kirchnerismo, decidido a mostrarse en actividad, pese a la detención de Cristina.

La cronología judicial del caso tiene una precisión que en el cristinismo manejan con cuidado. La condena quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La detención efectiva llegó una semana después: el Tribunal Oral Federal N.º 2 le otorgó un plazo de cinco días hábiles y, antes de que venciera, resolvió concederle la prisión domiciliaria por razones de edad —72 años— y de seguridad. La decisión fue comunicada el 17 de junio de 2025. Desde entonces, la ex presidenta cumple la condena en el departamento de Constitución.

Fuentes con acceso directo al entorno de la ex presidenta cuestionaron ante Infobae las condiciones que el tribunal impone para el cumplimiento de la pena. Las restricciones son estrictas: reuniones de dos horas como máximo por semana, con hasta tres personas por encuentro. Para un espacio que construye buena parte de su identidad alrededor de su figura, esas limitaciones no son solo un problema logístico. Son, en la lectura kirchnerista, una forma de silenciamiento político que excede la lógica penitenciaria. Y ese argumento —la inhabilitación perpetua como “proscripción”, la “persecución” como continuación de la condena— es parte central del relato que el espacio lleva a la calle, a los actos y, desde este domingo, a la nueva consigna.

La movilización del domingo la encabezó Mayra Mendoza, ex intendenta de Quilmes y actual diputada bonaerense. Empezó a la tarde y terminó entrada la noche. La militancia cubrió la esquina de San José y Humberto Primo con banderas, luces y cánticos. Cristina Kirchner salió a saludar desde el balcón del piso dos de su departamento. Desde ese balcón desplegaron una bandera argentina con la leyenda que el kirchnerismo estrena de cara a las elecciones de 2027: “De San José a La Rosada. Cristina libre y gobernando”.

La consigna “De San José a La Rosada”

La frase no surgió de la improvisación. Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes con acceso al núcleo político que rodea a la ex presidenta, la consigna fue discutida durante las últimas semanas y respondió a una decisión estratégica concreta: llevar la situación judicial de Cristina Kirchner al plano de la disputa electoral, sin quedarse solo en la denuncia por persecución. San José es el departamento de Constitución donde cumple la condena. La Rosada es el horizonte que el kirchnerismo declara abierto.

Hay, sin embargo, un dato fáctico que la consigna no puede ignorar. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión efectiva e inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Bajo el régimen legal vigente, esa inhabilitación le impide ser candidata a cualquier cargo. Para que eso cambie, debería producirse algún tipo de reversión de la condena, algo que, en el estado actual del proceso judicial, resulta fácticamente imposible. El kirchnerismo lo sabe. La consigna no es, entonces, un programa electoral en sentido estricto: es una declaración política, una forma de sostener la centralidad de Cristina Kirchner en el espacio y de presentar su situación judicial como una proscripción antes que como una condena firme.

La elección no está exenta de debate interno. En distintos sectores del peronismo —incluido el entorno de Sergio Massa, como pudo reconstruir este medio en los últimos días— circula la lectura de que la consigna “Cristina inocente” sería más eficaz que “Cristina libre”, porque interpela menos a la interna judicial y más a la legitimidad política de la condena. La nueva consigna va por otro camino: no solo reivindica la inocencia, también proyecta a Cristina Kirchner como candidata y como presidenta. Es una apuesta más alta, con más exposición y con más potencia movilizadora para la base militante. En el cristinismo, la calcularon así.

El 20 de junio y la amplitud que busca La Cámpora

Esta semana no se prevén actos masivos —aunque no se descartan movilizaciones de organizaciones políticas y sociales, sobre todo el martes 17— y el momento de mayor concentración llegará el sábado 20 de junio. La Cámpora tiene organizado un acto en el Parque Lezama —el mismo escenario del año pasado, cuando el kirchnerismo convocó a días de que la condena quedara firme— con convocatoria a las 15. Se espera la presencia de militancia, dirigentes, intendentes, diputados y senadores nacionales y provinciales de todo el país. El orador principal será Máximo Kirchner. Y, aunque fuentes de la organización admitieron a Infobae, que una comunicación en vivo de Cristina Kirchner será difícil de concretar dadas las restricciones judiciales, no se descarta que haya un mensaje grabado dirigido a la militancia.

Lo que el kirchnerismo quiere mostrar el 20 de junio no es solo volumen de convocatoria: es amplitud. La semana pasada hubo una reunión en la sede del PJ Nacional que, según pudo saber Infobae, funcionó como instancia de organización y que en el cristinismo se presenta como señal de que el acto excede a La Cámpora: estuvieron la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el de Lomas de Zamora, Federico Otermín, dos dirigentes que no pertenecen a la estructura camporista, pero que reconocen el liderazgo de Cristina Kirchner y se comprometieron en actos de apoyo. Que intendentes del conurbano por fuera de La Cámpora puedan participar del acto no es un dato menor en el mapa interno del peronismo bonaerense, donde las tensiones entre el kirchnerismo y el kicillofismo siguen sin resolverse del todo.

Máximo Kirchner recorre el interior

En paralelo a esa agenda porteña, Máximo Kirchner desarrolla otra línea de acción. Este fin de semana estuvo en Paraná. Semanas atrás visitó dos localidades de Santa Fe. Y, según pudo saber Infobae a partir de fuentes con conocimiento directo de su agenda, el plan contempla recorrer gran parte del territorio nacional durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027. Incluso durante el tiempo que dure el Mundial.

Los viajes responden a un diagnóstico que dirigentes del kirchnerismo transmitieron a este medio: hay una parte importante del peronismo que se siente “huérfana”. Sin conducción clara, sin referente que la interpele directamente, sin un relato que la contenga en el nuevo escenario político que abrió el gobierno de Javier Milei. Máximo Kirchner sale a buscar a esos sectores. No con la lógica de la campaña electoral —las fuentes fueron enfáticas ante Infobae en aclarar que los viajes no tienen, por ahora, abordar cuestiones de candidaturas— sino con la del dirigente que lleva el mensaje donde el mensaje no llega solo.

Ese movimiento tiene un contenido concreto, una línea que viene desarrollando en cada encuentro y que puede leerse como una reformulación de consignas kirchneristas adaptadas al debate económico actual: hay que lograr justicia fiscal para lograr equilibrio fiscal. Es otra forma de decir que los números de la macroeconomía tienen que cerrar con la gente adentro, que el equilibrio no es un fin en sí mismo sino parte del desarrollo de un país que no deje a nadie afuera. La formulación actualiza una consigna que el propio espacio usó en 2023, pero le añade una carga de denuncia que se adapta al contexto del ajuste libertario.

Esta dinámica de recorrida nacional es algo que Máximo Kirchner no podía hacer el año pasado. Era presidente del PJ bonaerense, responsabilidad que lo ataba a la provincia y lo condicionaba en la gestión de las tensiones internas. Ese rol lo asumió Axel Kicillof, que es al mismo tiempo gobernador bonaerense, presidente del PJ provincial y tiene un proyecto presidencial. Máximo Kirchner es hoy, en términos formales, un diputado nacional. Y esa aparente reducción de estatus es, en los hechos, una liberación: puede moverse, viajar y hablar con dirigentes de todo el país sin la carga de tener que rendir cuentas por la conducción del peronismo bonaerense.

Hay una división de roles que el cristinismo construye para este tramo del ciclo político, aunque no la enuncia de manera explícita. Cristina convoca desde el balcón, graba mensajes y sigue siendo —como quedó demostrado este domingo en Constitución— la figura capaz de movilizar a un sector relevante de la militancia peronista. Máximo sale al país, lleva el mensaje y va a buscar a los que se sienten sin brújula. Él tiene la movilidad que ella no tiene. Ella conserva una centralidad que ningún otro puede reemplazar.

“Habla con todos. Está bien, está fuerte y está muy pendiente de todo”, resumió ante Infobae una fuente con acceso habitual a la ex presidenta.

A un año de la detención efectiva, el kirchnerismo tiene consigna nueva, un dirigente decidido a recorrer el país con su voz y un acto en preparación.

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