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Política Nacional

El Gobierno publicó el Decreto que oficializó la extensión de la cuarentena y realizó una extensa justificación de por qué tomó la decisión

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Como estaba previsto, este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 493/2020, a través del cual el Gobierno nacional hizo efectiva la prórroga hasta el 7 de junio, inclusive, del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Además de anunciar la extensión, el documento, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos sus ministros, enumeró las razones por las cuales se decidió continuar con la cuarentena por otras dos semanas, algunas de las cuales ya habían sido explicadas por el jefe de Estado durante la última conferencia de prensa que encabezó en la Quinta de Olivos.

Entre los considerandos, el texto señaló que, “si bien han transcurrido más de 60 días” desde que comenzó el confinamiento, las medidas que se fueron tomando en este contexto “aún siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y para mitigar el impacto sanitario de COVID-19”.

En este sentido, el Gobierno sostuvo que esas decisiones “han permitido, hasta el momento, contener” el avance del coronavirus a nivel local “por la aparición gradual y detección precoz de casos y por la implementación de las acciones de control ante casos con menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del país”.

Políticas sociales y económicas

Además, se remarcó que durante este tiempo de aislamiento, “el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, tarea que, como se ha verificado a lo largo de este lapso, se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social” causado por esta situación.

“Entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP)”, destacaron las autoridades nacionales.

Situación epidemiológica

Asimismo, el Decreto remarcó que “al momento de disponer el ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ a nivel nacional, el tiempo de duplicación de casos de COVID-19 confirmados era de 3,3 días”, mientras que el 8 de mayo pasado se “alcanzó su mayor brecha al superar por algunas décimas los 25 días” y actualmente “se estima que este valor ha retrocedido a 13,4 días”.

Además, el Gobierno destacó que a nivel regional solo el 0,4%de los casos confirmados de coronavirus “corresponde a Argentina”, mientras que el 70,2 por ciento de los infectados son de Estados Unidos , y que “similar distribución presenta el total de fallecidos” por esta enfermedad.

Por otra parte, en el documento se aclaró que “en el 84,6% de los departamentos del país no registran casos de COVID-19 en los últimos 14 días”, por lo que se consideró necesario diferencia el Área Metropolitana de Buenos Aires del resto de las provincias a la hora de determinas “la forma en que debe realizarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

“El Área Metropolitana de Buenos Aires, la zona de Córdoba y Gran Córdoba, y la zona de Resistencia y Gran Resistencia, con transmisión comunitaria sostenida, son los lugares donde se observa la mayor concentración de casos y muertes del país, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento en el número de casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos”, se subrayó.

Fuente: Infobae

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La advertencia de un dirigente rural: “El voto no es del campo, es del pueblo”

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En Trenque Lauquen viven 55 mil personas. Apenas 700 u 800 son productores agropecuarios. El resto se reparte entre comercios, escuelas, oficinas públicas. Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, eligió ese ejemplo para explicar por qué el voto del campo no puede confundirse con el voto del interior. “El voto no es del campo, es del pueblo”, advirtió.

“La mayoría vota por lo que le pasa a ellos, no por lo que le pasa al campo”, insistió. Y con esa definición apuntó al análisis posterior a las elecciones bonaerenses: “El electorado del campo es menos del 10% del padrón. No alcanza para definir una elección”.

En ese marco, en diálogo con Radio Rivadavia, cuestionó que el regreso al triunfo del peronismo en secciones con fuerte presencia agropecuaria —la segunda, cuarta y séptima— pueda explicarse solo por el apoyo del agro. “Que el peronismo haya ganado ahí no significa que lo votó el campo. Significa que lo votó la mayoría de la población, que no necesariamente está vinculada a la producción agropecuaria”, remarcó.

Ni siquiera la baja de retenciones alcanzó para revertir el malestar de algunos productores. Pero Kovarsky fue más allá con una advertencia de alcance general: “Un gobierno le puede dar al campo, a los bancos o a cualquier sector lo que pidan, pero si desatiende a los jubilados, a los maestros, a los discapacitados, a la universidad pública o al Garrahan, no va a ganar elecciones. Puede atender reclamos puntuales, pero si no responde a la mayoría, pierde”.

Los tiempos del campo y los tiempos de la política

En una entrevista con La Voz del Pueblo publicada tras su visita del sábado a la Exposición Rural de Tres Arroyos, Kovarsky amplió la mirada. “Nuestro sector tiene una particularidad, que los ciclos productivos no tienen nada que ver con los políticos, con los tiempos de la política”, explicó. Y agregó: “Discutir la Argentina o la provincia cada dos años no tiene nada que ver con el largo plazo que necesitamos”.

El dirigente recordó que Carbap presentó a todos los candidatos un documento con propuestas concretas. “Nosotros plasmamos en ese trabajo varios temas y nos juntamos con los candidatos. Y eso es lo que tenemos que hacer después, ya con el resultado puesto. Nosotros tenemos que lograr que las políticas agropecuarias se cumplan y para eso trabajamos”, señaló.

Menos motosierra para algunas instituciones

El reclamo incluyó a organismos técnicos. Sobre Senasa, advirtió: “Es un ente que ha sido reconocido mundialmente por muchísimo tiempo, pero hoy está en una situación difícil, no tiene demasiado rumbo, y falta que se aclaren algunas cuestiones”. Y reclamó: “A ciertas instituciones más que meterles motosierra, hay que apoyarlas, hacerlas fuertes”.

También pidió previsibilidad en el comercio exterior. “En materia comercial con Argentina no se habla con el Estado, se habla con el color partidario del momento y eso entonces se traduce en acuerdos de cuatro años, de ocho años con suerte. En cambio, otros países… hay ciertas cosas que no cambian”, comparó.

El pueblo y el campo

La escena de Tres Arroyos lo encontró de paso, camino a Carmen de Patagones, pero con la decisión de detenerse en la muestra local. Allí volvió a poner el foco en el costado social de las exposiciones rurales: “Es una buena oportunidad para que el pueblo conozca qué hacemos en el campo… Muchas veces nosotros pensamos que la gente del pueblo sabe qué hacemos en el campo, y no tiene porqué”. Entre maquinarias, animales y puestos de artesanos, Kovarsky resaltó que las rurales se fortalecen cuando abren espacio a emprendedores, clubes e instituciones locales. Una manera de expresar, en los hechos, esa comunión entre campo y ciudad que también quiso defender en sus palabras.

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“Es a favor de todos”: estudiantes llaman a marchar contra el veto de Milei

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“Queremos cursar”. “Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos”. “Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos”. Las frases se suceden en el video que circula en redes, con los rostros de estudiantes que convocan a la nueva Marcha Federal Universitaria. La cita será el próximo miércoles 17 de septiembre frente al Congreso Nacional.

La consigna, repetida como un mantra, busca despejar cualquier equívoco: “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”. El mensaje apunta al corazón del conflicto abierto por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que había logrado una amplia mayoría en Diputados con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero quedó a un voto de alcanzar los dos tercios necesarios. Ese umbral especial habría blindado la sanción e impedido que el presidente pudiera vetarla.

La norma vetada contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1,5% del PBI. Junto con la norma universitaria, el Congreso había sancionado también la ley de emergencia del Hospital Garrahan, otro símbolo de lo público, que igualmente fue alcanzado por el veto presidencial. Y por el que también se marchará.

Una convocatoria federal

La marcha es de todos: estudiantes, docentes y no docentes de cada una de las universidades nacionales, desde el norte hasta la Patagonia. En cada facultad se repite la misma preocupación: garantizar que la universidad pública siga en pie.

La movilización será abierta a toda la sociedad y tendrá como eje exigir “más recursos para garantizar el funcionamiento” de universidades y hospitales públicos.

El orgullo en disputa

“Queremos seguir siendo el orgullo de nuestra familia”, “el orgullo de nuestro país”, dicen los jóvenes en el video. En esas palabras se condensa el sentido de pertenencia de millones de argentinos que reconocen en la universidad pública un camino de ascenso social, de excelencia académica y de libertad de pensamiento.

Los centros estudiantiles remarcaron que el miércoles no será un día más: buscan enviar un mensaje claro a la Casa Rosada. “El Gobierno no puede desoír el reclamo expresado en las calles y en las urnas”, señalaron.

El próximo 17 de septiembre, la universidad pública volverá a ocupar la escena. Y lo hará bajo una consigna que no deja lugar a dudas: defender la educación y la salud de todos.

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Javier Milei arrasó en las elecciones en Bahía Blanca y horas después les pasó la motosierra

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A pesar de haberle dado un contundente triunfo a La Libertad Avanza en las elecciones del domingo, los vecinos de Bahía Blanca recibieron una dura noticia del Gobierno nacional: a través de una decisión administrativa, se recortó a la mitad el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a la reconstrucción de la ciudad tras el trágico temporal de marzo.

La medida, revelada por un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y publicada por Página 12, implica una quita de $100.000 millones del fondo original de $200.000 millones que el propio presidente Javier Milei había creado por decreto. Según supo Noticias Argentinas, la decisión, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó apenas unos días después de que LLA se impusiera en la ciudad con el 46,41% de los votos.

El veto previo y una ayuda que se achica

Este recorte se suma a una serie de decisiones del Gobierno nacional que generaron malestar en la ciudad. Anteriormente, el Presidente había vetado una ley aprobada por unanimidad en el Congreso que también creaba un fondo de ayuda de $200.000 millones. En ese momento, el argumento oficial fue que el Decreto 238/25 ya era suficiente para atender la emergencia.

Ahora, con la Decisión Administrativa 23/25, el monto que el propio Gobierno libertario consideraba “suficiente” se reduce a la mitad. La medida golpea a los damnificados por la tragedia climática de marzo, que dejó una veintena de muertos y daños incalculables en la infraestructura de la ciudad.

La decisión contrasta fuertemente con el resultado electoral del domingo, donde Bahía Blanca fue uno de los bastiones de La Libertad Avanza. En la Sexta Sección Electoral, el oficialismo superó el 41%, mientras que el peronismo apenas superó los 34 puntos.

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