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El Gobierno puso en marcha un plan de retiro voluntario para los trabajadores del INTA

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En el marco del proceso de ajuste dentro de la planta del Estado nacional, el Gobierno activó un nuevo plan de retiro voluntario en otro organismo de la estructura adminsitrativa. Anteriormente, el Ejecutivo puso en marcha un proceso similar para los trabajadores de la ANSES.

Esta madrugada, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó por resolución el Sistema de Retiro Voluntario para el personal durante el ejercicio 2026.

Según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina, la medida comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes. De igual forma, aclararon que podría prorrogarse de manera única por 15 días más, si así lo solicita el propio consejo.

Este regimen responde a la definición establecida en el artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (homologado por el Decreto Nº 214/06) que reconoce el retiro voluntario como causal explícita de terminación del vínculo de empleo para el personal comprendido en la Ley Nº 25.164. En la propuesta aprobada, solo podrán optar quienes pertenezcan a la planta permanente, según detalla la resolución firmada por Nicolás Bronzovich el 7 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial.

El cálculo económico que sustenta la iniciativa contempla los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año. Es decir que, el monto indemnizatorio se determinará en función de la antigüedad y salario actualizado. “El incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026“, explicaron. El dato corresponde a la última estimación informada por la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración del INTA.

En línea con lo dispuesto, la Dirección General de Administración será la encargada de emitir actos resolutivos sobre las solicitudes presentadas por quienes deseen adherirse al sistema, en cumplimiento de la normativa que rige el régimen y de los procedimientos internos del organismo.

En el dictamen, además de la Dirección General de Administración, colaboraron la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Oficina Nacional de Empleo Público, ambas dependientes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ninguno de estos organismos formuló objeciones al plan, según la documentación oficial reseñada en los considerandos publicados el 7 de mayo en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Quiénes quedan excluidos

El régimen excluye a siete categorías de agentes. Quedan fuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; quienes revistan condición de procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional por motivos laborales, con excepción de las causas regidas por la Ley N° 24.557 de riesgos del trabajo.

También están excluidos los agentes convocados como imputados o sumariados en procedimientos disciplinarios por faltas graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración, así como quienes estén sujetos a determinación de responsabilidad patrimonial. Completan la lista quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o equivalentes, y quienes hubieran presentado renuncia con anterioridad.

Cálculo de la gratificación y topes según la edad del agente

El régimen de retiro voluntario del INTA otorga a quienes accedan una gratificación única extraordinaria de egreso calculada a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio —o fracción superior a tres meses— computado al 31 de mayo de 2026. Solo se contabilizan los años prestados como personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional conforme al artículo 8° de la Ley N° 25.164; quedan excluidos los períodos como becario, personal transitorio, contratado o no permanente, así como los servicios ya indemnizados por retiros voluntarios anteriores.

El monto varía según la edad del agente. Hasta los 60 años se aplica la fórmula base sin restricción. Entre los 61 y los 63 años rige un tope de 24 haberes brutos; a partir de los 64, ese tope se reduce a 12 haberes brutos.

La base de cálculo comprende únicamente los conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes percibidos a esa fecha. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, los viáticos, la movilidad fija, la ayuda escolar, los reintegros de guardería y el Sueldo Anual Complementario (SAC). Para los agentes en licencia extraordinaria sin goce de haberes, la base se determina sobre la última remuneración percibida antes del inicio de esa licencia, con las actualizaciones que correspondan al cargo. El pago se efectúa en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese.

Beneficios que se mantendrán tras la salida

La aprobación del retiro produce el cese de la relación de empleo público a partir del 15 de junio de 2026, en los términos del artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Hasta esa fecha, el agente debe continuar prestando servicios con normalidad.

Quienes accedan al retiro quedan inhabilitados para reincorporarse al Sector Público Nacional —bajo cualquier modalidad de empleo, contratación o designación— por un plazo de cinco años desde la fecha de baja. La prohibición alcanza cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, funciones extraescalafonarias, asesorías de gabinete y contrataciones en programas financiados por organismos internacionales. El único supuesto exceptuado expresamente es el desempeño de cargos docentes en universidades nacionales.

El documento prevé dos beneficios que se extienden más allá del cese. Los hijos en edad preescolar que asistan a los servicios de guardería y jardín maternal del INTA —como el Área de Recreación y Cuidado Infantil (ACRI)— conservarán el acceso a esos establecimientos hasta el fin del ciclo lectivo 2026, aunque sin incluir reintegros de gastos posteriores a la fecha de baja. Además, los agentes quedan eximidos del deber de permanencia y de la obligación de devolver las sumas percibidas en el marco de los programas de perfeccionamiento y ayuda económica aprobados por las Resoluciones N° 743/12 y N° 251/19 del Consejo Directivo.

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El Gobierno encara la última semana legislativa con agenda inconclusa y dudas por el temario de extraordinarias

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El Congreso de la Nación entrará en su última semana de sesiones ordinarias con un temario muy amplio y con una actividad pocas veces vista en el Palacio Legislativo.

Por el lado de Diputados, el temario se complicó luego de que la semana pasada el oficialismo no consiguiera el quórum necesario. Sin la sesión del miércoles pasado, el cronograma de la Cámara baja hace que ya queden, por lo menos, dos proyectos de ley de interés para la Casa Rosada que deberán esperar el decreto de llamado a sesiones extraordinarias para diciembre.

La ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida popularmente como ley Malvinas, es un proyecto que se impulsa desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. En los pasillos del Congreso se lo asocia a quien supo ser uno de los vértices del ya desaparecido triángulo de hierro presidencial. Además, forma parte fundamental de la estrategia gubernamental para intentar frenar el avance petrolero en Malvinas y, en paralelo, restringir el ingreso de capitales chinos en sectores críticos como energía, minería y telecomunicaciones.

La otra norma que también deberá esperar el llamado a extraordinarias es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Aunque se trata de una votación que en principio resultaría “simple” —ya que el proyecto ya pasó por Diputados, fue aprobado por amplia mayoría y volvió con cambios desde el Senado, donde obtuvo dos tercios, lo que facilita la votación en Diputados—, no habría margen suficiente para ingresarlo al recinto esta última semana.

Por último, queda el traspaso de la justicia en lo Criminal y Correccional de Menores de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora los diputados tienen aviso de que la última sesión del período ordinario se realizará el próximo jueves, con la idea de tratar el Presupuesto 2027. Teniendo en cuenta la extensión que suele tener el debate de la ley marco de la administración nacional, es poco probable que se incorpore otro punto al temario.

En el Senado las cosas tampoco están mejor. La semana próxima los legisladores tendrán 48 horas de intensa actividad.

El miércoles a la mañana, a las 10, se citó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, con la intención de debatir y, en lo posible, dictaminar la ley de ludopatía que llegó en revisión de Diputados.

Ese debate deberá concluir alrededor de las 14, porque está previsto que a partir de las 15 comience la exposición de Diego Santilli en lo que será su primera presentación del informe de gestión en su rol de jefe de Gabinete.

Para el jueves está prevista otra sesión en la Cámara Alta, en la que ingresará el proyecto de ley de ludopatía y varios otros proyectos con dictamen a los que los senadores acordaron darles sanción —o media sanción— para que no pierdan estado parlamentario.

Pero el debate principal será la reforma de la ley electoral, en la que el oficialismo llega con un único objetivo: suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y poner en marcha Ficha Limpia. En el oficialismo confían en conseguir los votos necesarios, pero, como dijo a Infobae una senadora libertaria, “el diablo está en los detalles”, por lo que trabajarán en la previa para no sufrir ningún tipo de contratiempo.

“Queda una semana de mucha rosca para poder lograr alguno de los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es el de suspender las PASO. Veremos cómo se mueven ellos y, a partir de ahí, terminaremos de organizar la estrategia para llegar al recinto con votos de sobra”, agregó.

Quedan cuatro días de sesiones ordinarias. Después, habrá que esperar el decreto del Ejecutivo que llame a sesiones extraordinarias y que establezca el temario que la Casa Rosada buscará tener aprobado para el 30 de diciembre.

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A una semana del fallo del Tribunal del Mar, Quirno volvió a reclamar que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas

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A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dé a conocer su resolución sobre el reclamo contra el Reino Unido, el canciller Pablo Quirno reiteró el reclamo contra las empresas extranjeras que encabezan el proyecto Sea Lion, que busca explotar el petróleo de las Islas Malvinas.

“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, sostuvo el canciller. Por esto, explicó que la Argentina decidió llevar el planteo ante el tribunal internacional con sede en la ciudad de Hamburgo, en Alemania.

La presentación no solo se trató de un pedido de intercesión, ya que las autoridades argentinas solicitaron una medida previa para que se detenga el avance del proyecto petrolero. “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, apuntó.

De esta manera, el canciller precisó que esperaba una decisión para el próximo sábado 28 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene previsto comunicar su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Además del cese de la explotación petrolera, la Argentina también pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar permisos en el área, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino. La solicitud fundamentó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible al considerarse que se trata de un territorio que se mantiene en disputa por su soberanía.

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Semana clave: Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política y se definen los proyectos que va a priorizar la Casa Rosada

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Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política del Gobierno para el martes 24 de noviembre a las 13 en la Casa Rosada, con el objetivo de cerrar la estrategia política en términos legislativos antes de que el período ordinario del Congreso venza y se defina el llamado a sesiones extraordinarias en los próximos días. Será la segunda reunión en siete días, tras casi un mes sin encuentros.

La cumbre deberá definir el quórum para tratar el Presupuesto 2027 en Diputados, los votos para suspender las PASO en el Senado y las negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá con los gobernadores mientras presenta su primer informe de gestión ante la Cámara alta.

La reunión volverá a realizarse en el horario habitual de las 13, luego de que el encuentro del martes 17 se adelantara a las 11. Aquella cita duró una hora y media y fue la primera desde principios de mes.

Además de Karina y Santilli, en la mesa participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

El cierre legislativo antes del 30 de noviembre

Santilli debutará el miércoles 25, desde las 15, en el Senado con su primer informe como jefe de Gabinete. La oposición ya envió más de 1.600 preguntas y el oficialismo prevé que la sesión pueda extenderse durante más de seis horas.

En Diputados, La Libertad Avanza busca llevar al recinto el Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen de mayoría el martes 17. La sesión está prevista para el miércoles 25, aunque en el Congreso evalúan postergarla hasta el jueves 26 porque se va a insistir en el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La aprobación definitiva de esa iniciativa quedaría para diciembre, durante las sesiones extraordinarias. Antes de esa discusión, Martín Menem deberá resolver la designación de la cuarta representante de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

Provincias Unidas promueve al diputado Juan Brügge, mientras que el PRO impulsa a Florencia de Sensi. La falta de consenso impidió reunir quórum el miércoles 18 y frustró una sesión que debía abordar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El principal debate de la semana llegará el jueves 26 en el Senado, con el proyecto que suspende las PASO para 2027. El oficialismo sostiene que cuenta con 40 votos, aunque todavía no consiguió cerrar el dictamen.

Los dos senadores de Provincias Unidas y tres representantes radicales firmaron en disidencia. Para acercar posiciones, la versión negociada retiró las listas colectoras, que habían generado resistencia entre los aliados.

Ese mismo día existe una moción de preferencia para tratar el proyecto de prevención de la ludopatía. La Cámara alta viene de aprobar por unanimidad el régimen permanente de discapacidad, además de sancionar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 42 votos contra 26, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes por 47 a 22 y la Ley Joaquín.

Los votos para las PASO y las tensiones internas

La última reunión política estuvo centrada en el recuento de respaldos para la reforma electoral. El oficialismo reconoció entonces que aún no reunía los votos necesarios en el Senado y no logró avanzar con el dictamen.

El comunicado oficial indicó que continuarían las conversaciones sobre la iniciativa y que se recibirían propuestas y modificaciones de los distintos bloques. En paralelo, el PRO anunció que acompañará la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur, aunque condicionó ese respaldo al avance de Ficha Limpia.

Patricia Bullrich confirmó que votará la suspensión de las primarias. La mesa del 17 también definió enviar al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

La cita previa se había realizado después de una pausa de casi un mes. Karina Milei suspendió el encuentro previsto para el 3 de noviembre tras la ausencia de Bullrich en una reunión de Gabinete, mientras que la visita del papa León XIV dejó sin actividad la agenda de la semana siguiente.

La imagen de unidad de la última cumbre no eliminó las diferencias entre sectores del Gobierno, aunque creen que los diversos acuerdos legislativos logrados esta última semana ayudaron a limar algunas asperezas. “Creo que el Gobierno venía en un letargo hasta la llegada del Papa con temas que no avanzaban. Creo que después, no sin algunos contratiempos, salimos adelante”, afirma uno de los miembros de la Mesa en diálogo con Infobae.

En el Ejecutivo descartan una ruptura. Bullrich sigue siendo una figura necesaria para reunir apoyos en la Cámara alta, donde el Gobierno necesita cada voto para aprobar la suspensión de las PASO.

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