En una semana que volverá a ser corta como la anterior, esta vez por los feriados del 2 y 3 de abril, el Gobierno intentará mostrar que está compenetrado en la gestión para cambiar de página y tratar de dejar atrás la polémica que envuelve desde hace días a Manuel Adorni.

Luego de haber dado una primera conferencia en la que buscó despejar las dudas sobre su patrimonio y viajes al exterior, aunque sin dar demasiadas explicaciones bajo el argumento de que no quería entorpecer las investigaciones judiciales, el jefe de Gabinete planea retomar los encuentros periódicos con la prensa en Casa Rosada.

La próxima convocatoria está prevista para el miércoles, aunque el funcionario tiene en mente utilizar ese espacio para enumerar cuestiones de la administración y no para seguir hablando de las causas en las que se lo involucra, que su entorno quiere instalar como “algo terminado”.

De todas formas, en el corto plazo su intención es concentrarse en las reformas que va a impulsar el Poder Ejecutivo en esta primera etapa de las sesiones ordinarias a nivel legislativo, y es por eso que este lunes reunirá una vez más a la mesa política.

Con la interna en pausa para resistir los cuestionamientos, Adorni se verá nuevamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

“Probablemente establezcamos la agenda con el Congreso de cara a abril y, después, también van a ir apareciendo, seguramente, temas que vayan a poner sobre la mesa cada integrante”, explicó a Infobae uno de los miembros de ese grupo.

Al respeto, precisó que, si bien los proyectos ya fueron anunciados, “la idea es ver en detalle cómo estamos y cómo avanzamos con cada asunto, sobre todo con lo dinámicas que están las cosas”.

Originalmente, la lista de iniciativas que iba a enviar el oficialismo estaba integrada por un paquete de medidas sobre propiedad privada, el nuevo Código Penal y las modificaciones de las leyes de glaciares, de discapacidad y de financiamiento universitario.

Sin embargo, a partir de gestiones de último momento, al temario se agregó el proyecto de “Hojarascas”, que terminó de armar el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Asimismo, tras la llegada de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, se decidió suspender la discusión sobre el Código Penal para revisarlo en profundidad y hacer otra redacción.

Según trascendió, uno de los cambios que se analizan tiene que ver con una supuesta reducción de las penas para los funcionarios condenados por delitos de corrupción, que previamente se planteaba endurecer.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron a este medio que esas versiones “son mentira” y que “nadie habló de ese tema aún”, porque el texto recién va a comenzar a ser estudiado en los próximos meses.

En lo inmediato, esta cartera está terminando de preparar los proyectos que ya anunció y que fueron pedidos por el presidente Javier Milei, para reemplazar el debate por el Código Penal, como son la creación de nuevos delitos.

Por su parte, el flamante secretario de Justicia -virtual viceministro-, Santiago Viola, tiene en su poder una acordada presentada por la Corte Suprema para modificar el sistema que utiliza el Consejo de la Magistratura a la hora de entrevistar a los candidatos a jueces.

La propuesta del máximo tribunal, a la que accedió Infobae, establece un nuevo “Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” con el objetivo de “corregir déficits estructurales” y mejorar la “eficacia, transparencia y agilidad del sistema”.

En los fundamentos se argumenta que esta reforma pretende que el acceso de los aspirantes a ese cargo se base en “criterios objetivos de mérito e idoneidad” y en un procedimiento “abierto al control ciudadano e institucional”, y no tanto en cuestiones políticas o coyunturales.

Para ello, el texto establece que la duración total del proceso de selección “no podrá exceder de noventa días hábiles judiciales”, contados a partir de la prueba de oposición, con una prórroga excepcional de treinta días adicionales.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la implementación de la “Prueba de Oposición Escrita (POE)”, la cual consta de dos instancias diseñadas bajo “estrictas condiciones de transparencia, anonimato y control”.

En cuanto a la valoración de los candidatos, el reglamento establece un sistema de calificación de antecedentes con un “máximo de cien puntos”, donde se pondera la formación académica, los antecedentes profesionales y los académicos, incluyendo publicaciones y docencia.

De acuerdo con un cuadro comparativo que, aunque no es oficial, circula en los pasillos de los tribunales, el nuevo sistema invierte la lógica operativa actual al establecer que “la regla son los concursos anticipados” en lugar de los especiales.

Según el documento, esta modificación busca que el proceso “no corra detrás de las vacantes, sino que anticipe el hecho”, con el objetivo primordial de “evitar los largos tiempos de vacancia en los tribunales”.

El objetivo declarado de esta nueva modalidad es alcanzar una “mayor amplitud y objetividad” en la ponderación de las aptitudes jurídicas y prácticas de los concursantes, asegurando que el proceso de evaluación sea más integral.

Finalmente, se destaca la limitación de la “discrecionalidad política” en la etapa de la entrevista personal: a diferencia del régimen actual, donde la Comisión de Selección posee facultades discrecionales que “muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes”, el nuevo reglamento “limita la capacidad de convocatoria de la Comisión”.

Ahora, es el plenario del Consejo de la Magistratura el que tiene en su poder la acordada y debe decidir si la analiza, y eventualmente la somete a votación, o si prefiere no tratarla. Los miembros de la Corte Suprema le entregaron un borrador de la propuesta a Viola, que es el representante del Poder Ejecutivo ante ese cuerpo, durante el encuentro de la semana pasada, del que también participó Mahiques.

El secretario de Justicia considera que la iniciativa tiene muchos puntos interesantes y positivos, aunque hay varios expedientes abiertos para modificar el reglamento interno del Consejo que todavía no prosperaron.

Hasta el momento, el funcionario no se sentó a estudiar en profundidad el texto y también espera una opinión del resto de los integrantes del organismo, compuesto por referentes del Congreso y del mundo judicial y académico, tanto del oficialismo como de la oposición.

Su titular es Horacio Rosatti, por ser el presidente de la Corte Suprema, mientras que por el Poder Judicial participan Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero.

Por el Poder Legislativo están los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Anabel Fernández Sagasti, y los diputados Álvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Gonzalo Roca.

Por los abogados con matrícula federal, Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, y por el ámbito académico y científico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi.

Si bien provienen de diferentes sectores, Viola cree que la composición actual del cuerpo permite un buen diálogo y llegar a concensos, aunque todavía no se empezó a discutir esta acordada.