El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF es trascendental para la Argentina, no sólo porque libera al país de un pago de US$ 16.000 millones -que podrían haber trepado a 18.000 millones-, sino además por lo que representa en términos de soberanía. El oficialismo dijo celebrarlo como un hecho “histórico” pero lo utilizó políticamente con una mirada de vuelo bajo: buscó reanimar la disputa con el kirchnerismo y, sobre todo, correr del escenario el caso de Manuel Adorni, que suma complicaciones.

El apuro por darle sentido de cabotaje a una decisión judicial cuyo impacto supera la frontera local fue evidente apenas el círculo de Olivos tuvo el anticipo del tema. Fue evidente al punto de postergar unos minutos el acto oficial armado para exhibir el apoyo de Javier Milei al jefe de Gabinete, coronación de un par de días marcados por el alineado respaldo al jefe de ministros. El Presidente abrió el encuentro con una fuerte carga sobre Axel Kicillof y CFK: trató de “imbécil” al gobernador y mencionó como “corrupta presidiaria” a la ex presidente. Después agregó la cadena nacional, algo más medida en descalificaciones, pero igualmente básica y hasta contradictoria con el fondo de la cuestión. De hecho, la justicia de Estados Unidos finalmente tomó en cuenta criterios sobre la legalidad de la expropiación del 2012.

Resultó llamativa la reacción del Gobierno y no por la obviedad de la utilización política atada a la coyuntura -áspera para el Gobierno por el caso de Adorni y también por $LIBRA-, sino además porque se limitó al intento de mostrar el fallo como una desacreditación de lo hecho por el kirchnerismo, cuando, en rigor, también la ex presidente y Kicillof pueden celebrar esta decisión judicial. Nadie en la primera línea del oficialismo fue sobre la cuestión de fondo, que no es este juicio sino lo costoso y opaco -hasta oscuro- de aquella decisión de Cristina Fernández de Kirchner.

La disputa en tribunales de Nueva York estuvo originada y ceñida a la apuesta “buitre” de un grupo inversor. De hecho, el resonante fallo de estas horas desarma esas pretensiones y, en reducida cuenta, respalda que la expropiación se ajustó a la legislación argentina. La línea argumental de la Argentina -con sus más y sus menos según la época- se apoyó en ese punto y en dos más, que juegan asociados: el rechazo a la jurisdicción de Nueva York y la prevalencia de la ley sobre el estatuto de una empresa.

La reacción violeta -el mensaje presidencial y la actividad en las redes sociales- se ajusta al manual básico de campaña: reducir y forzar todo como consignas simples -ahora, cargadas de adjetivos insultantes- y utilizar el tema en función de su necesidad del momento, esta vez el oleaje del caso Adorni. Pero en esa simpleza, esta vez eligió un terreno no necesariamente adverso para el kirchenerismo, porque el fallo no va a contramano de este capítulo de su relato sobre la expropiación de YPF. Eso, claro, sólo en este punto: el rechazo a la demanda de Burford.

Curioso o fruto de una escasa visión de aquel momento de la gestión cristinista, la letra del mensaje violeta omitió los aspectos realmente cuestionables de aquella operación, una postal del doble discurso y de manejos cruzados por oscuridades. Por ejemplo, el costoso desenlace de la negociación con Repsol, que a pesar del discurso -se decía que era prácticamente gratis y hasta con algún resarcimiento por cuestiones ambientales- terminó generando una indemnización a US$ 5.000 millones en títulos públicos, que en la práctica habrían representado más de US$ 6.000 millones. Pero además, todo lo ocurrido fue cruzado por sospechas domésticas de arrastre, desconfianzas sobre el entramado que había dejado Néstor Kirchner -nunca desarmado- y conjeturas sobre la caja de YPF.

Milei prefirió forzar el análisis del fallo para presentarlo como un logro exclusivo de su gestión y un alivio frente a otra herencia K. En cadena nacional, felicito sólo a su equipo por el resultado judicial, algo que presentado así desconoce la serie completa en tribunales de Estado Unidos, que lleva más de diez años. Habló de una sentencia histórica fruto de “esta administración”. Y cargó sobre Kicillof y la ex presidente: “Nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.

El mensaje no se apartó un centímetro de la línea repetida para confrontar con el kirchnerismo. Está claro que tiene como objetivo cerrar filas, frente a la fisura en el discurso anticasta. De hecho, pudo haberse diferenciado con una mirada superadora que lo colocara por encima de CFK, desde otra perspectiva: sin llegar a la desproporción de considerar que existió algo así como una política de Estado, valorar cierta continuidad -con algunos vaivenes- en la estrategia judicial. Y celebrarlo de ese modo, en lugar de presentarlo como un éxito personal, que algunos voceros completan adjudicándolo mecánicamente a su alineamiento acrítico con Donald Trump.

El oficialismo, está visto, eligió el camino señalado y lo hizo en un contexto complicado para Olivos. Voceros formales e informales del Gobierno vienen repitiendo desde hace al menos dos semanas que Milei busca “recuperar el manejo de la agenda” pública, para correr el caso de Adorni, que según los relevamientos que consume el propio oficialismo -encuestas y estudios sobre redes sociales- tiene alta repercusión y significativa evaluación negativa.

En apenas tres días, fue desplegada una amplia exposición de funcionarios en respaldo del jefe de Gabinete. El miércoles, cinco ministros lo acompañaron en su reaparición con una conferencia de prensa, casi en paralelo con mensajes del Presidente y de Karina Milei. El jueves, fueron encuentros por separado con otros tres ministros y con Patricia Bullrich. Y el viernes, el acto oficial que lo mostraría junto a Milei fue potenciado por la noticia llegada desde Nueva York.

La intención de dar vuelta la página con esas muestras de sostenimiento político -que sumaron de manera inesperada el aire temáticodel fallo por YPF– enfrenta al menos dos problemas. El primero es la secuencia de novedades vinculadas con el propio Adorni. A la primera ola por la inclusión de su esposa en el vuelo a Nueva York -hace ya casi tres semanas- y el viaje familiar a Punta del Este, se agregaron cuestiones de otra naturaleza: la propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y la confirmación de su mudanza a un departamento del barrio porteño de Caballito.

Algunos de estos temas empiezan a generar movimientos en el terreno judicial. En el caso del viaje a Punta del Este, procedimientos y testimonios que complican al funcionario por posible dádiva. También está dando sus primeros pasos la investigación sobre su patrimonio.

Los tiempos y el cuadro general no responden al menos exclusivamente a decisiones del oficialismo. El caso YPF es celebrado como oxígeno. Y si es sólo eso, malgastado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner realzó considerablemente su perfil en su carrera por la instalación hacia 2027. Hubo un episodio fundamental: el presidente Javier Milei lo subió al ring discursivo luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York anulara la condena de primera instancia que ordenaba al país abonar USD 16 mil millones por la expropiación de YPF, una decisión ejecutada por el hoy gobernador en 2012. Kicillof cerró la semana en el centro de la escena política y aceleró su construcción federal.

El fallo de YPF puso nuevamente al presidente y al gobernador bonaerense a mostrar credenciales. Milei encabezó una cadena nacional en la que se despachó contra el mandatario bonaerense y la expresidenta. “A la expresidenta solo la mencionó; en cambio del gobernador hizo una consideración personal: “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que de la administración que expropió las empresas en un pimer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof”, dijo.

Ayer, viernes, en diálogo con Infobae en Vivo, Kicillof volvió a confrontar con Milei; luego de que el presidente le endilgará la judicialización realizada producto de la expropiación de la petrolera de bandera. “Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei. Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico”, dijo.

El caso de YPF es la continuidad de una semana que tuvo distintos cruces con la administración nacional. Desde la gestión bonaerense buscarán contraponer modelos y sostener el reclamo por el recorte de fondos. Será parte de su agenda discursiva a nivel nacional. Dar cuenta del recorte de fondos a todas las provincias. En el caso de Buenos Aires, Kicillof anunció que la Fiscalía de Estado bonaerense hará una nueva demanda ante la Corte para que Nación actualice y destrabe el pago correspondiente al Pacto Fiscal sellado en 2017 y actualizado en 2021. Es la octava demanda que se genera desde La Plata. La estrategia judicial desplegada no tuvo mayores avances, con excepción de la demanda por el giro de fondos a la caja previsional de la provincia vía ANSES. Como contó este medio, en el Ejecutivo provincial hay cierta expectativa de que esa causa avance. Hubo una primera audiencia y habrá una nueva el 21 de abril.

Ante 62 intendentes, el mandatario provincial pidió el acompañamiento político a la avanzada judicial contra la Nación. También prometió que el 16% de lo que se logre recuperar, será coparticipado a los municipios. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ya convocó a sus pares a la audiencia del mes de abril. Los intendentes definen los pasos a seguir.

Mientras Milei daba su conferencia de prensa y rotulaba de inefable al gobernador, Kicillof estaba en Montevideo, Uruguay, reunido con el saliente ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad. El exfuncionario de la gestión de Lula, renunció a su cargo días atrás para pelear por la gobernación del Estado de Sao Paulo. Ambos participaron del IV Encuentro de la Red Futuro, titulado HAY OTRA ESPERANZA. Kicillof cerró el evento en cuestión en la capital uruguaya. No es la primera vez que participa de una reunión de estas características.

A la par de la gestión diaria, en el entorno del mandatario provincial se busca avanzar en la construcción federal. Sin una estrategia clara, el gobernador habilita a distintos dirigentes a promover el Movimiento Derecho al Futuro en distintos puntos por fuera del territorio bonaerense. Hay dos ex intendentes del conurbano que fueron a profesar la idea de construir una alternativa encabezada por el mandatario de Buenos Aires en 2027. Se trata de Alberto Descalzo (ex jefe comunal de Ituzaingó) y Julio Pereyra (director del Banco Provincia y ex intendente de Florencio Varela), quienes desplegaron la bandera del MDF en la provincia de Corrientes. La lógica es apoyarse en los intendentes y legisladores de esos territorios que no están dentro del esquema cristinista y buscan un punto de referencia a nivel superestructural. Descalzo dijo que fue un primer mojón y que seguirá en otras provincias. Días atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco fue a Santa Fe a participar de un encuentro de la CTA de los Trabajadores; una de las patas sindicales que tiene el MDF. Son provincias donde no gobierna el peronismo. Lo mismo sucedió la semana pasada cuando en un encuentro de un sector del peronismo en Córdoba se proyectó un video de Kicillof saludando. Fue en Villa Carlos Paz organizado por el exsenador nacional, Carlos Caserio. Por la Provincia estuvo el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien también tiene cierta tutela en el armado federal de Kicillof.

En el entorno de Kicillof estaban acomodando la agenda para que el mandatario provincial participara en la vigilia que llevan adelante los excombatientes de la Guerra de Malvinas en Río Grande. Ese acto de conmemoración y homenaje a los caídos se realiza cada 2 de abril y, de estar presente, será un punto de partida para las recorridas del mandatario por fuera de Buenos Aires este 2026.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley denominado Hojarasca y anunció que en los próximos días presentará nuevas iniciativas para avanzar en una agenda propia. La estrategia inició con la incorporación de diputados del PRO y la UCR a las filas de LLA, lo que permitió al oficialismo quedarse con la primera minoría de la Cámara. Los libertarios completaron la conformación de 35 de las 46 comisiones permanentes de la Cámara baja, logrando ocupar buena parte de los cargos clave junto a sus socios.

Al analizar la distribución, el bloque de La Libertad Avanza obtuvo la presidencia en 17 comisiones y la vicepresidencia en otras 13. De las cinco comisiones restantes ya conformadas, en las que no preside, tres quedaron en manos del PRO y la UCR.

De este modo, LLA detenta el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias. Si se consideran los cargos de sus aliados, el porcentaje asciende al 57,14% de los puestos que determinan cuándo y con qué temario se reúne cada comisión. La semana próxima se prevé la conformación de otras ocho comisiones, entre ellas la de Juicio Político, para la cual el oficialismo impulsa a la diputada Lilia Lemoine como presidenta.

El oficialismo también busca presidir la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Con esta estructura, La Libertad Avanza no solo controla comisiones de “gobernanza” como Presupuesto, sino que también avanzó sobre aquellas donde pueden surgir conflictos, como Discapacidad y Educación, con el objetivo de manejar la agenda de la Cámara de Diputados. “Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera con una clara intención de bloquear cualquier tipo de agenda de la oposición”, señaló un legislador de la oposición con varios años de experiencia en la Cámara.

“Ya nos estamos organizando y trabajamos con otros bloques para intentar romper este esquema. Nos espera un año muy largo y difícil para impulsar temas que no provengan del Ejecutivo, como los fondos para educación o discapacidad”, agregó otro diputado opositor. Los legisladores reconocen que el modelo promovido por La Libertad Avanza representa un desafío y que deberán coordinar acciones para consensuar un temario propio.

“Desde que asumió LLA, impulsar otros asuntos por fuera de los que plantea el Ejecutivo resulta muy difícil y lleva mucho tiempo. Hay que convocar a una sesión, reunir 129 diputados para el quórum, la misma cantidad para votar el emplazamiento a una comisión, conseguir las firmas necesarias para dictaminar —la mitad más uno para obtener mayoría—, volver a pedir una sesión, lograr el quórum y los votos para su aprobación y que luego pase al Senado. Si el Presidente lo veta, como lo viene haciendo, debemos reiniciar todo el proceso”, explicó el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Entre los referentes opositores ya comenzaron las conversaciones para intentar romper este bloqueo y anticipan “muchos llamados” a sesión para avanzar en este contexto. El Gobierno nacional, mientras tanto, definió un cronograma de temas. Además del debate sobre la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción, ya remitió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca y el de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que habilita la compra de tierras por parte de extranjeros y restringe el alcance de la ley de manejo del fuego.