La Dra. en Economía, docente de la UNS e investigadora del CONICET María María Ibánez analizó la decisión del gobierno de Javier Milei de dar marcha atrás con la ampliación de la ley de Zona Fría que fue aprobada por el Congreso en 2022 y que beneficia a Bahía Blanca.

En el Presupuesto 2026 la gestión libertaria propone quitar la ampliación de la ley de Zonas Fría que implica un descuento de 30% para hogares de ingresos medios y altos en el consumo de gas de red o de garrafa y de 50% en hogares vulnerables.

“Esta medida va a implicar que, si mantenemos los consumos que tenemos habitualmente, los hogares de ingresos medios y altos van a haber aumentado un 30% el valor de la factura de gas o la cantidad de garrafas que consumen, y en el caso de los hogares vulnerables, en un 50%”, remarcó.

Sumó que esos datos en Bahía Blanca, en particular, son preocupantes porque la ciudad, en promedio, tiene un gasto muy elevado en energía, tanto en electricidad como en gas.

“Haciendo un promedio de toda la población gastamos aproximadamente un 13% de los ingresos para pagar la energía (luz y gas) que consumimos. Y en los barrios vulnerables de Bahía Blanca ese valor sube a un 18%, o sea, casi un quinto de los ingresos de los barrios vulnerables se destina a pagar energía”, advirtió.

Para la especialista en materia energética, la decisión de la gestión de Milei de quitar la ampliación de la ley de Zona Fría es “muy peligroso” porque la incidencia del subsidio en toda la población, pero sobre todo en sectores vulnerables, es significativa: “teníamos un subsidio, lo quitamos y no pensamos en las consecuencias sociales de esa quita del beneficio”.

Ante este panorama, propone en lugar de aplicar “la motosierra” como plantea Nación, utilizar el bisturí y evaluar qué cambios necesita la ley. “Zona Fría tal y como rige hoy no es un buen mecanismo de subsidios porque muchos estudios que hemos hecho muestran que la ley es la gran responsable de que los subsidios a la energía se los queden en los sectores más ricos de la sociedad”, aseveró.

Reclamó que si se avanza con la quita de la ampliación de la Zona Fría, paralelamente, se definan políticas de contención a los sectores vulnerables que se quedan sin el subsidio.

A nivel local, recordó que 7.000 familias pidieron ayuda al Municipio en el marco del Plan Calor durante los meses más fríos de 2025 con recarga de garrafas, entrega de frazadas o de ropa de abrigo, entre otros.

“Si esas familias dejan de tener el beneficio de, por ejemplo, el 50% del valor de la garrafa subsidiado, la presión por los pedidos de ayuda al Municipio va a ser muy alta. Y en un contexto donde la gestión local está enfrentando problemas presupuestarios serios, muy vinculados a las erogaciones por el temporal, el escenario es realmente muy complejo”, alertó.

Además, sobre otro de los impactos de la medida que pretende concretar en 2026 el gobierno de Milei, mencionó que muchas familias, frente a la pérdida del subsidio y la imposibilidad de hacer frente al gasto en energía, volverán a “quemar cosas dentro de los hogares para mantenerse calentitos, para calentar agua para bañarse”.

“Muchas veces estas políticas no solo tienen el impacto directo en el bolsillo, sino también en las lógicas que desarrollan las familias para satisfacer las necesidades”, enfatizó al referirse a las consecuencias en términos de salud, con probablemente, aumento de casos respiratorios o de enfermedades dérmicas.

“Es un escenario muy complicado realmente”, insistió, por último.

Fuente: Frente al Cano.