El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) celebra este miércoles en Hamburgo la segunda y última jornada de audiencias por la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Tras el choque de posiciones del martes, ambas delegaciones tendrán una segunda ronda de exposiciones antes de que el tribunal emita su decisión, que podría conocerse pronto, inclusive esta misma semana.

La jornada del martes dejó en evidencia la brecha irreconciliable entre los dos países. Argentina pidió la paralización inmediata de Sea Lion bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa activa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.

El presidente Javier Milei siguió las audiencias desde Buenos Aires con atención y entusiasmo y, según supo Infobae, ayer compartió un mensaje entre los integrantes del gabinete: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. Un importante especialista, con nexos en la Cancillería, analizó la jornada de ayer: “El Reino Unido para mí se dedicó a embarrar la cancha y generar caos. Y esto es una estrategia tan antigua como el arte de la guerra de Sun Tzu. Jurídicamente no han tirado nada que nosotros no hayamos previsto”.

El cronograma de este miércoles establece que Argentina expondrá su segunda ronda entre las 10:30 y las 12 de Hamburgo (de 6:30 a 8 en Argentina). El Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17:30 y las 19 locales (de 13:30 a 15 en Argentina). Se trata de la última oportunidad para ambas partes antes de que el tribunal delibere.

La delegación argentina está encabezada por Oyarzábal como agente, junto a María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integran la comitiva funcionarios del Ministerio de Economía, la Cancillería y Procuración del Tesoro de la Nación; y los asesores Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM y Agustín Giustiniani.

La delegación británica estuvo compuesta, además de la fiscal general Ellie Reeves, por los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto a funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general del archipiélago. Un dato de color, los CEOs de las dos empresas operadoras del proyecto -Ian Ramsay, de Navitas Petroleum, y Samuel Moody, de Rockhopper Exploration- siguen los alegatos en persona desde la sala de audiencias de Hamburgo, junto a Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas.

Otro dato de color. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió la noche del 8 de noviembre desde Leicestershire rumbo a las Malvinas, según confirmó el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica. Llegó al archipiélago el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos en Hamburgo.

Los cinco ejes que dividen a Argentina y el Reino Unido

La primera jornada dejó en claro que el enfrentamiento entre ambos países no se reduce -únicamente- a la disputa de soberanía. Hay cinco puntos concretos en los que las posiciones son irreconciliables.

1. Jurisdicción del tribunal

Argentina sostiene que la controversia concierne obligaciones específicas de la Convemar —no la soberanía en sí— y que el TIDM tiene competencia para intervenir. El Reino Unido responde que, detrás de cada argumento argentino, subyace la misma pregunta: quién es soberano sobre las islas. Y esa pregunta, sostiene Londres, está fuera del alcance de la Convemar y del TIDM. “Argentina no puede ignorar la realidad: el fundamento mismo de su demanda descansa en la afirmación de su soberanía”, afirmó Reeves.

2. Explotación unilateral de recursos en área en disputa

Buenos Aires argumenta que la resolución 31/49 de la ONU de 1976 prohíbe expresamente adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía permanezca abierta, y que autorizar Sea Lion viola ese mandato. Londres replica que Sea Lion es una actividad lícita regulada por la legislación de las islas, que lleva más de dos décadas otorgando licencias de exploración sin que Argentina haya recurrido antes a un tribunal internacional. “Se realizan perforaciones desde 1998. Argentina no explicó por qué, 28 años después, la situación se volvió urgente”, señaló uno de los letrados británicos.

3. Autodeterminación versus soberanía permanente sobre recursos

El Reino Unido invoca el derecho a la autodeterminación de los isleños —ratificado en el referéndum de 2013, con el 99,8% de votos a favor de seguir siendo territorio británico— para defender su facultad de explotar los recursos naturales del área. Argentina traza una distinción: reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa. “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó Oyarzábal, quien añadió que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas”.

4. Urgencia

Argentina advierte que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. El Reino Unido fija fechas concretas para desarmar ese argumento: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028, cuando el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de actuar. “No existe ningún fundamento que permita a este tribunal dictar medidas provisionales en esta etapa”, sostuvo la defensa británica.

5. Riesgo ambiental

Argentina alerta sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subraya que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido señala que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.

Lo que tiene en cuenta el tribunal

Para dictar medidas provisionales, el Tribunal del Mar debe verificar que se cumplan tres requisitos. Primero, que el tribunal arbitral del Anexo VII de la Convemar —el foro donde se resolverá el fondo del caso— tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia. Segundo, que existe urgencia real. Tercero, que los derechos que Argentina busca proteger son plausibles tanto en los hechos como en el derecho.

El Reino Unido cuestionó la estrategia procesal argentina y concentró su defensa del martes en el primero de esos puntos. Reeves sostuvo que la demanda es, en esencia, una controversia sobre soberanía territorial, materia que queda fuera de la Convemar. “Este tribunal no tiene jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía”, afirmó la fiscal general. Michael Wood, otro de los abogados británicos, reforzó ese argumento al señalar que ningún participante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar esperó que una disputa de soberanía territorial quedara cubierta por el mecanismo de solución de controversias de la Convemar.

La posición argentina rechaza esa caracterización. Oyarzábal subrayó ante el tribunal que Buenos Aires no pide que se resuelva la disputa de soberanía, sino que se preserven los derechos argentinos sobre la plataforma continental mientras esa controversia se tramita en otro foro. “Para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos que la Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, es necesario demostrar que su reclamo de soberanía territorial es plausible. La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina”, explicó Kohen en su exposición.

El argumento se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. Para Argentina, autorizar y avanzar con Sea Lion viola directamente esa última resolución. La delegación argentina también respondió al argumento del referéndum de 2013, invocado por el Reino Unido para sostener el derecho a la autodeterminación de los isleños.

Sobre la urgencia, la presentación argentina precisó un dato técnico que refuerza su argumento: el Fleet Status Report de Noble Corporation, la empresa propietaria de la plataforma de perforación, confirmó que la semisumergible Noble Endeavour comenzaría operaciones en “Sudamérica” en enero de 2027. Para Argentina, eso demuestra que los trabajos preparatorios ya están en curso y que el daño comenzaría antes de que el tribunal arbitral pudiera brindar protección efectiva.

El Reino Unido presentó un argumento específico: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027, y la extracción efectiva de hidrocarburos no se producirá antes de 2028. Para entonces, según Londres, el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de intervenir.

Argentina, en cambio, advirtió que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que incluso una vez constituido el tribunal arbitral, este no estaría en condiciones de brindar protección efectiva de inmediato. Oyarzábal recordó además que “lo que está en juego no puede ser restituido: los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.

Tres escenarios posibles antes del fallo

El gobierno argentino analiza tres desenlaces. En el primero, el TIDM acepta el planteo en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad, lo que paralizaría Sea Lion hasta que el tribunal arbitral adopte su decisión. En el segundo, el tribunal acoge parcialmente los argumentos de Argentina, con un alcance que dependerá de cada punto sometido a consideración. En el tercero, el más improbable según especialistas, el TIDM rechaza el planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.

Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, está ubicado a unas 107 millas náuticas (198 kilómetros) al norte de las islas, en un bloque de 541 km². El proyecto prevé una fase de producción de 35 años con 23 pozos, con inicio de perforaciones previsto para los primeros meses de 2027.

Según el estatuto y el reglamento del tribunal, la decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse aproximadamente un mes después de la presentación argentina. Ese plazo vence el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el TIDM extienda la resolución hasta el lunes siguiente.

Ante la consulta de Infobae, un especialista que conoce en detalle los argumentos argentinos sostuvo: “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado o las que les pidieron los Estados solicitantes. A veces dio distintas, pero siempre dio medidas; yo creo que realmente estamos muy bien”.

Un importante funcionario de la Cancillería analizó que un fallo favorable tendría un efecto político concreto: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia con la Argentina por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, afirmó.

El Gobierno nacional formalizó la renuncia de Carlos Terrado a la Vicepresidencia Primera del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La noticia se dio a conocer a través del Decreto N° 1351/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el documento se dejó constancia de la dimisión del ingeniero Terrado, quien integraba el directorio del organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

“Acéptase la renuncia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Terrado al cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear”, informaron las autoridades. No obstante, no se detallaron los motivos de la renuncia ni informa quién ocupará el puesto vacante.

Terrado había asumido como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el 1 de marzo de 2024, tras ser designado mediante el Decreto N° 237/2024. Había sido seleccionado para el puesto debido a que es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas.

Además de su formación académica, el ex funcionario integraba el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instancia encargada de revisar y aprobar documentos vinculados con la seguridad física nuclear.

Entre 2016 y 2019 fue director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Antes, entre 2010 y 2016, trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como especialista en seguridad tecnológica y seguridad física. En ese período participó del proyecto del Reactor Prototipo CAREM y de la gerencia de Área de Seguridad Nuclear y Ambiente.

No obstante, su trayectoria en la ARN se remonta a 1994, cuando el organismo operaba como Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN). Hasta 2010, ocupó los cargos de subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM. También intervino en proyectos sobre confiabilidad de sistemas digitales y en la elaboración de normas regulatorias.

En 1997 y 1998 formó parte de un proyecto conjunto con investigadores de los Estados Unidos en el Electric Power Research Institute (EPRI), en Palo Alto, California. Allí trabajó sobre la confiabilidad de sistemas digitales y sobre la verificación y validación de programas informáticos para sistemas de seguridad de centrales nucleares. Como resultado de esa experiencia, publicó en 1998, en Estados Unidos, el Handbook for Verification and Validation of Digital Systems.

Dos años antes, realizó una capacitación e investigación de seis meses en el Brookhaven National Laboratory, también en Estados Unidos. Su trabajo abordó la seguridad nuclear, la confiabilidad de sistemas tecnológicos, el análisis de fallas de causa común y el análisis probabilístico de seguridad. Durante esa etapa, participó en la revisión de 73 análisis correspondientes a 102 centrales nucleares estadounidenses.

Entre 1991 y 1994, se desempeñó en la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la CNEA, donde se especializó en seguridad nuclear, licenciamiento de instalaciones y confiabilidad de sistemas tecnológicos aplicados a la actividad nuclear.

Renunció César Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología

El comodoro de la Fuerza Aérea César Óscar Lencina renunció a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología pocos días después de haber asumido el cargo. En su carta de dimisión, cuestionó las condiciones de gestión y atribuyó situaciones de presunto “destrato y desconsideración” a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle.

Según trascendió, Lencina sostuvo que enfrentó dificultades persistentes para cumplir adecuadamente sus funciones. Entre los motivos, mencionó problemas de comunicación y la falta de respaldo institucional para llevar adelante la administración del área.

En la nota dirigida a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ahora ex funcionario afirmó que el vínculo laboral y las condiciones de trabajo no se correspondían con su modo de conducción de equipos.

Por este motivo, indicó que decidió apartarse para facilitar una nueva dinámica de trabajo y asegurar la continuidad de la gestión. Aunque la carta expuso sus cuestionamientos a Baravalle, no se conoció una respuesta pública de la secretaria.

El ex funcionario había asumido a fines de septiembre en reemplazo de José Luis Acevedo, quien ocupaba la Subsecretaría desde abril de 2025 y mantenía cercanía con el secretario general de la Presidencia, Diego Santilli.

Antes de llegar al Gobierno, Lencina desarrolló su carrera en la Fuerza Aérea Argentina, con tareas vinculadas a investigación y desarrollo. Es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador.

Entre sus antecedentes figuran la conducción de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de funciones en el área de Investigación y Desarrollo de la fuerza. Como oficial en actividad, su designación contemplaba la adecuación de su situación de revista conforme a la Ley para el Personal Militar.

“La verdad es que fue una sensación increíble todo lo vivido desde el comienzo. Nunca pensé que desde un barrio, desde las periferias, podría tener esta enorme bendición de estar cerca del Papa. Fue nerviosismo, alegría, escucharlo, poder participar y entregarle el documento donde estamos representados todos los trabajadores de la economía popular, relató con emoción a Infobae Débora Koraj, referente del barrio popular 12 de Septiembre de Córdoba e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

En su relato se transmite la emoción que aún la cruza. Por momentos interrumpe la oración. “Perdón, se me hace un nudo en la garganta”, aclara y continúa: “Sentí que nos estaban escuchando. Ojalá el Gobierno haga lo mismo”.

Koraj le hizo entrega al sumo pontífice de un documento elaborado en conjunto con las organizaciones que plantea soluciones para los problemas de su barrio y de la economía popular, uno de los temas que ya fue mencionado por el Papa durante sus intervenciones frente a los fieles, la dirigencia política y empresarial. “Fue como sentir que nuestra lucha por tierra, techo y trabajo no son solamente palabras sino, como decía Francisco, son derechos sagrados”, dijo.

La dirigente social fue una de las integrantes de los movimientos populares que el martes le entregó una carta al papa León XIV en un encuentro que su santidad mantuvo en el marco de una audiencia organizada por la Vicaría de los Pobres. Koraj fue la responsable de compartir la situación crítica de las familias ante la paralización de más de 700 obras de integración sociourbana en todo el país.

Una audiencia después de la Santa Misa ante 800 mil personas

El pontífice celebró una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba ante 800 mil personas y centró su homilía en la vocación a la santidad, el testimonio cotidiano de la fe y la construcción de una patria fraterna y solidaria. Después, ya en la Catedral de Córdoba, expuso: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”.

Fue en ese contexto que Koraj accedió a la audiencia privada junto a otros 19 representantes de sectores populares, quienes le transmitieron de primera mano la coyuntura social que atraviesan los barrios y le entregaron obsequios simbólicos. “Cuando me bendijo sentí que esa bendición era para todos nosotros, para cada vecino y vecina, para cada compañera que pone el cuerpo todos los días. Así que fue una sensación única. Fue muy lindo haber vivido esta oportunidad y esta bendición extraordinaria”, relató Koraj a este medio.

“En ese documento no solamente reafirmamos nuestras luchas de tierra, techo y trabajo, sino también la confirmación del cuidado a la casa común, que lo venimos haciendo entre todos y que vamos a seguir peleando. Me bendijo, le pude tocar la mano”, agregó la dirigente.

El lunes, en un auditorio colmado por dirigentes sociales, sindicales y empresarios, el papa León XIV dejó un mensaje contundente sobre el trabajo durante su visita a la Universidad Católica Argentina. “Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social”, sostuvo. Un precepto que a nivel mundial acuñó Francisco, su predecesor.

La realidad de los barrios desde adentro

En 2014, Koraj comenzó a organizarse junto a otros vecinos y vecinas para recuperar un terreno abandonado y construir allí un lugar para sus familias. Desde entonces, el barrio 12 de Septiembre creció a partir de la organización comunitaria, las asambleas y el trabajo colectivo para conquistar el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios básicos.

Su compromiso no terminó ahí. Frente a la paralización de las obras de integración sociourbana y el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares, Koraj continúa el trabajo comunitario desde otro lugar: “Hoy coordina el espacio barrial 12 de Septiembre de Vientos de Libertad, un programa del MTE al que llegan jóvenes que buscan dejar el consumo de drogas y reconstruir sus proyectos de vida. Allí encuentran contención, acompañamiento y organización comunitaria para transitar sus procesos de recuperación”, le dijo al Papa a través del escrito. El diputado Juan Grabois, cofundador del MTE, también impulsó las gestiones para que trabajadoras del sector tuvieran un lugar en la agenda de la visita papal.

La carta que Koraj entregó en mano al Pontífice fue elaborada por la Mesa Nacional de Barrios Populares y retoma una frase que el propio León XIV pronunció en octubre de 2025, cuando recibió a movimientos populares en Roma: “La tierra, la casa y el trabajo son derechos sagrados; vale la pena luchar por ellos. El texto también cita la exhortación Magnifica humanitas, en la que el Papa reafirmó tierra, techo y trabajo para todos y mencionó a los movimientos populares entre quienes comparten la responsabilidad por el bien común.

“Querido León, detrás de cada obra paralizada hay familias que siguen esperando el agua, viviendas con riesgo de incendio, vidas en peligro, calles que todavía se inundan y trabajadores de la economía popular que perdieron la posibilidad de seguir construyendo sus propios barrios”, señala la carta, firmada por la Mesa Nacional de Barrios Populares.

Su historia forma parte de una experiencia que se multiplicó en todo el país. En 2016, organizaciones sociales, la Iglesia y habitantes de los barrios populares impulsaron el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que identificó 6.467 barrios donde viven alrededor de cinco millones de personas. Ese proceso derivó en la Ley 27.453, luego reformada por la Ley 27.694, que convirtió el acceso al hábitat digno en política de Estado y fue aprobada casi por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Según el documento entregado al pontífice, desde diciembre de 2023 la política de integración sociourbana atraviesa un fuerte proceso de desfinanciamiento. Más de 700 obras que estaban en ejecución se encuentran paralizadas, más de 11.000 mujeres vieron interrumpido el programa Mi Pieza para mejorar sus viviendas, 728 barrios quedaron sin relevar y hay más de 98.000 certificados de vivienda pendientes de entrega. Los vecinos debieron recurrir a la Justicia, que ordenó de manera cautelar la continuidad de la política y suspendió la disolución del fondo que la financia.

“No se trata de una discusión técnica o administrativa, sino que es una ley vigente que se deja de cumplir, son derechos que retroceden, son personas cuyo sueño de vivir mejor quedó afectado”, sostiene el texto de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

La carta entregada a León XIV también destaca los avances logrados entre 2019 y 2023: más de 250.000 familias accedieron a conexiones de agua, luz y cloacas; se emitieron más de 870.000 Certificados de Vivienda Familiar; se ejecutaron más de 1.200 proyectos de integración sociourbana en más de 1.000 barrios y más de 250.000 mujeres mejoraron sus hogares a través del programa Mi Pieza, con una reducción del hacinamiento.

“Donde se levantan torres para unos pocos, nosotros levantamos comunidad”

Para Koraj, la integración sociourbana no consiste únicamente en construir viviendas o infraestructura, sino en reconocer la organización de quienes habitan los barrios y son protagonistas de su propia transformación. “Los barrios populares nos organizamos todos los días para cuidar a nuestra comunidad, acompañar a las familias y generar trabajo digno”, sostuvo la dirigente del MTE al ser consultada por los medios de comunicación después del encuentro con su santidad.

En ese sentido, reivindicó el trabajo de las cooperativas de la economía popular, que llevan adelante obras, mejoramientos habitacionales y tareas comunitarias. “La integración -remarcó- se construye casa por casa y cuadra por cuadra, con participación de los propios vecinos y vecinas, lo que garantiza no solo una vivienda, sino también acceso a servicios, escuelas, centros de salud, clubes y espacios de encuentro”, sostuvo.

La referente destacó además la continuidad del compromiso de la Iglesia con las demandas de los movimientos populares: “Nos da esperanza porque retoma una bandera que para nosotros es fundamental: que tierra, techo y trabajo son derechos sagrados”. Y sintetizó la convicción que atraviesa su recorrido: “Donde se levantan torres para unos pocos, nosotros levantamos comunidad”.