Tras la caída de los estandartes libertarios de la lucha contra la corrupción, por el caso Adorni, y la diferenciación de la “casta”, el Gobierno despliega una nueva batalla cultural y reacomoda el orden de los emblemas. Además de la causa Malvinas, que Javier Milei abraza desde la semana pasada como flamante bandera principal de La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno se volcó de lleno a la discusión sobre inseguridad, reflotada con fuerza por el fallo de la polémica jueza que frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires.

La medida de titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual y el video que exhibió su postura en un caso de asesinato cometido por un menor, le dejaron servida al oficialismo la disputa contra el kirchnerismo. “Nos la ponen fácil”, reconocieron con satisfacción en la Casa Rosada.

En un momento incómodo para la Casa Rosada, que acumula derrotas en el Congreso y teme por el futuro de la reforma política, la viralización de la grabación de una antigua, indignante entrevista de Pascual fue vivido como un triunfo. El golpe final, a su favor, dijeron, en las disputas con la oposición por la “narrativa” de los temas de la agenda pública.

La batalla en ese terreno se les había hecho cuesta arriba con el capítulo de la ley de Tierras de la ley de “inviolabilidad de la Propiedad Privada” de Federico Sturzenegger, que terminó cayendo estrepitosamente en el Congreso. Y el tema de la aplicación de la ley penal juvenil hizo sentir cómodo y seguro al oficialismo en las últimas 48 horas.

La inseguridad, de hecho, empieza a subir, según algunas consultoras, en la lista de prioridades de los argentinos. Y en el Gobierno dan por descontado -y esperan- que sea uno de los grandes ejes de discusión en la campaña bonaerense.

Mientras enfrentan un panorama complicado en el Congreso —con la reforma política trabada y, ayer mismo, un revés legislativo por el tema del endeudamiento y los fondos para discapacidad—, se abrazaron al efecto político del caso de la jueza Pascual

El respaldo de Mauricio Macri a la postura del oficialismo en la confrontación con Axel Kicillof fue música para los oídos libertarios, que vislumbran una alianza con el PRO en la Provincia. Mientras Diego Santilli, jefe de Gabinete y aspirante libertario a disputar la provincia de Buenos Aires en 2027 se ponía al frente de los cruces contra la cuestionada jueza bonaerense.

El humor libertario en la Provincia contrasta con los últimos indicadores económicos, que aparecieron en rojo, ayer, y con el clima en el Congreso nacional. Al punto de que, en medio de los tropiezos por la discusión sobre la creciente morosidad, y en plena sesión, Karina Milei tuvo que acudir al Palacio Legislativo.

Sin embargo, mientras la oposición festejaba haber logrado sesionar a pesar de la resistencia oficialista y haber emplazado la discusión en comisiones, en Balcarce 50 hacían una lectura opuesta y se mostraban triunfales. “Salió incluso mejor de lo esperado”, dijo un funcionario. “Con los plazos previstos anteriormente, no pudieron tratar proyectos sin dictamen y lo pasamos a comisiones, y todo lo que lo que se dictamine no tendrá costo fiscal”, agregó.

En paralelo a la ola de funcionarios, tuiteros que se sumaba, junto al propio Milei, a la discusión sobre la inseguridad en PBA, la administración libertaria se mostraba decidida a no dejar caer la causa Malvinas. Un tema que funciona como consenso transversal y genera bajo desgaste político, al que el Presidente no dejó de referirse en sus últimas alocuciones, incluyendo la reunión de Gabinete del lunes, y su discurso de ayer por la mañana en la inauguración del Museo de los Granaderos. Y desde los comunicados oficiales de la Oficina del Presidente, y de la Cancillería.

Según adelantaron en la Casa Rosada, el tema de las Islas probablemente vuelva a aparecer en la reunión que convocó el Presidente con diputados y senadores propios prevista para el lunes por la tarde en Casa Rosada, a pesar de que el motivo original del encuentro sea analizar la economía y generar “cercanía” entre el jefe del Ejecutivo y los legisladores de LLA.

La lectura que se hace en el oficialismo es que entre un Congreso hostil y una economía que no da respiro, Malvinas y seguridad le permiten a Milei disputar la agenda pública sin depender enteramente de las variables económicas ni de los números en las comisiones y el recinto.

La pregunta que queda abierta es cuánto puede durar ese efecto antes de que la realidad legislativa y económica vuelvan a imponerse. Con la reforma política empantanada, el frente parlamentario complicado, en la Casa Rosada saben que la ventana para sostener esta agenda alternativa no es ilimitada.

El primer ministro británico, Andy Burnham, prometió este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños de Malvinas a ser británicos, en una sesión parlamentaria dominada por el debate sobre el gasto en defensa y el recrudecimiento de las tensiones con Argentina.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, afirmó Burnham durante la sesión de preguntas parlamentarias. El premier no citó por su nombre a Milei ni a Argentina en ningún momento de su intervención.

La sesión fue impulsada por la líder conservadora, Kemi Badenoch, quien planteó el tema de las Islas Malvinas directamente. “No es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas (…) y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”, afirmó, según consignó EFE. En otro pasaje de su intervención, Burnham prometió el mayor presupuesto de defensa desde la Guerra Fría.

En 2013, un referéndum celebrado en el archipiélago del Atlántico Sur —bajo administración británica desde 1833— arrojó resultados contundentes: el 99% de los participantes eligió permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Esos resultados son desde entonces invocados por todos los gobiernos británicos para zanjar la cuestión de la soberanía.

Burnham mencionó a las Islas Malvinas (utilizó el nombre “Falklands”) en un solo momento durante la sesión, que se extendió por más de una hora, en respuesta a la pregunta de la legisladora Badenoch sobre el gasto en defensa y la cesión de las islas Chagos. “No vamos a entregar nuestra base en (la isla) Diego García. Estamos en conversaciones con Estados Unidos sobre eso, y siempre respetaremos el derecho de los isleños de las Malvinas a elegir ser británicos. Eso nunca cambiará bajo este gobierno, y seremos implacables en defenderlo”, sostuvo.

Con relación a los cuestionamientos sobre el gasto en defensa, indicó: “Cumpliremos nuestro compromiso con la OTAN: 3,5% para 2035, con una fecha objetivo para el 3%, y todo eso se detallará en la revisión de gasto”. Y agregó: “Este canciller, más que ningún otro, estará dispuesto a proveer ese financiamiento a nuestras Fuerzas Armadas. El compromiso de este gobierno con la defensa del país es absoluto”.

Un día antes a la presentación de Burnham, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, compareció ante el Parlamento y buscó bajar la tensión: “El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, indicó en su exposición.

La cuestión Malvinas se reactualizó el viernes pasado, cuando Milei afirmó que “corren vientos favorables” al reclamo argentino sobre las islas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a “revisar” la tradicional postura de neutralidad de Estados Unidos en el conflicto.

Milei fue más lejos y avanzó con denuncias y sanciones a las compañías extranjeras que extraigan recursos naturales —principalmente petróleo— de las islas “sin autorización argentina”.

En esta línea, y en paralelo al debate en Westminster, el gobierno argentino intensificó su ofensiva judicial e inició procedimientos sancionatorios contra otros 15 empresarios que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, que prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en aguas circundantes a las Malvinas sin autorización argentina. La medida se suma a otros procedimientos ya iniciados.

Entre los nuevos alcanzados figuran Shlomo Eliahu Holdings, accionista de Navitas Petroleum, de Israel; cuatro accionistas de Rockhopper Exploration: Aberdeen Group y HBOS Investment Fund Managers, del Reino Unido; SMR Advisors, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank, de Israel. También quedó incluido David Harry Williamson Dobson, presidente no ejecutivo de Borders & Southern Petroleum, compañía dedicada a la exploración de hidrocarburos en las islas desde hace años. Dobson, financista con trayectoria en minería y petróleo, fue uno de los fundadores de Kirkland Lake Gold y tiene residencia en Mónaco.

La lista suma además a seis accionistas y directivos de Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, cofundador y CEO; Keith Hill, con más de cuatro décadas en exploración y exdirectivo de Shell y Occidental Petroleum; Peter Nicol, exresponsable del sector petrolero en Goldman Sachs; Alan Friedman, abogado y cofundador de la empresa; Gadi Levin, director financiero; y Alice Carroll, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios. Eco Atlantic busca obtener exposición a la licencia PL001 offshore Malvinas mediante la adquisición de JHI Associates, cuya licencia es lindera al proyecto Sea Lion.

Entre los proveedores estratégicos alcanzados por las sanciones sobresale Bluewater, empresa neerlandesa propietaria del buque Aoka Mizu, la plataforma flotante de producción prevista para Sea Lion.

El gobierno además realizó una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña, a cargo del canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. La acusación invoca el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de entre cinco y diez años de prisión. “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, se indicó desde la Oficina del Presidente en un comunicado.

La Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y las empresas. La oposición consiguió emplazar a las comisiones de Defensa del Consumidor y de Finanzas para comenzar a trabajar sobre los más de cincuenta expedientes presentados y definir una iniciativa para llevar al recinto. Para Sebastián Galmarini, el problema ya no admite postergaciones y expone una situación que el Gobierno, hasta hace poco, negaba.

“Hoy se votó el emplazamiento a las comisiones para trabajar, de los cincuenta y pico de proyectos que existen, cuál va a ser el despacho que vamos a llevar al recinto para votarlo y darle media sanción”, explicó en Infobae al Regreso, y apuntó: “Hasta hoy, te diría hasta hace algunas horas, el Gobierno oficialmente decía: ‘No existe problema’”.

Galmarini sostuvo que los niveles de morosidad reflejan un deterioro que atraviesa a distintos sectores. Mencionó un 12% y pico de irregularidad entre las familias dentro del sistema bancario, alrededor de un 3,5% en las empresas y más de un 33% en el universo de las fintech. En ese escenario, advirtió sobre el recorrido que puede hacer una persona cuando deja de acceder al crédito tradicional: “No pudiste cumplir con el banco, vas a buscar a la fintech, que tiene otro mecanismo de scoreo”.

Según explicó, las fintech evalúan variables diferentes a las de los bancos tradicionales y pueden otorgar financiamiento a personas que ya quedaron afuera del sistema bancario formal. “Básicamente, la fintech lo que hace es que scorean por tu nivel de consumo. No están mirando cuál es tu ingreso formal, cuál es tu recibo de sueldo”, señaló.

El riesgo, planteó, aparece cuando ese circuito desemboca en el crédito informal. “El final de esa rueda termina yendo al financista del barrio, que te cobra el 5.000% y además viene con un arma y te dice: ‘Si no me pagás, te mato a un chico’”. Por eso rechazó las explicaciones que reducen el endeudamiento a consumos considerados innecesarios.

Para Galmarini, el punto central es que una parte importante de las familias se endeuda para afrontar gastos cotidianos. Citó que el 73% de los endeudados destina esos recursos a alimentos y servicios y señaló que existen asalariados con ingresos promedio de $1,3 millones que acumulan deudas de unos $500.000 y no pueden afrontarlas. “Estás hablando de asalariados de un promedio de un millón trescientos mil pesos, que tienen una deuda media de quinientos mil pesos y que no la pueden pagar”, sostuvo.

La mora, además, puede cerrar el acceso a todo el sistema financiero. “Cuando vos estás irregular en la tarjeta, la irregularidad te toma todos los demás créditos que vos tengas en todo el sistema”, explicó. Y resumió el impacto que tiene quedar registrado como deudor: “El día que entraste al Veraz, al NOSIS, no volviste más”.

El diputado defendió una política que permita regularizar las obligaciones sin convertirla en una condonación generalizada. “No es salvarnos. Yo creo que lo que hay es que generar incentivos”, afirmó. En esa línea, sostuvo: “No te están diciendo: ‘No la quiero pagar ni me regales nada’. Hay que darle condiciones”.

Entre las herramientas posibles, mencionó mecanismos de refinanciación y crédito que permitan aliviar la situación de los hogares y, al mismo tiempo, sostener la actividad económica. “No me traigás a la noche los 100 pesos que me tenés que depositar, depositame 90 y con eso da líneas de crédito a refinanciación, de crédito para inversión productiva, para capital de trabajo”, explicó.

Galmarini también cuestionó las modificaciones recientes en la Carta Orgánica del Banco Central y las vinculó con la discusión sobre el financiamiento. “Eso es lo que el Gobierno, diciendo que no existe el problema, eliminó hace algunos días, por ejemplo, con la reforma de la Carta Orgánica”. Y marcó lo que considera un giro en el discurso oficial: “Dos semanas después dicen: ‘El problema existe, vamos a trabajarlo’”.

El diputado remarcó que cualquier respuesta deberá contemplar las diferencias entre las entidades financieras y sus clientes. “Es un universo muy heterogéneo. Hay deudas de distinta naturaleza”, sostuvo. Y agregó: “No es la misma cartera de clientes la de un banco privado que la de un banco público. El nivel de ingreso de los clientes no es el mismo, el nivel de deuda no es el mismo, la irregularidad no es la misma”.

Baja de la edad de imputabilidad

Galmarini también cuestionó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en los términos en que está planteado. Recordó que el Frente Renovador acompañó la reducción de la edad, pero sostuvo que una modificación legal no alcanza para resolver el problema si no está acompañada por infraestructura y políticas de reinserción.

“El punto crítico por el cual todos votamos en contra de esta ley en particular fue porque ni bajar la edad de imputabilidad ni dejar a los chicos en la calle resuelve el problema”, afirmó.

Su principal reclamo apunta a la falta de establecimientos adecuados para los menores que ingresan al sistema penal. “Lo que nosotros necesitamos es que se hagan las obras para reinsertar a esos chicos que entraron al delito a esa edad, siendo más o menos conscientes de lo que están haciendo y del tipo de delito”.

Por eso, reclamó que los plazos previstos para la implementación de una reforma estén acompañados por un cronograma concreto de obras y aperturas: “Pongamos un plazo de obra, pongamos una rendición de que se vayan haciendo, que se vayan abriendo toda la infraestructura que se necesita”.

Massa, las PASO y el futuro del peronismo

Sobre el escenario electoral de 2027, Galmarini evitó anticipar una candidatura de Sergio Massa. “Todavía el que te diga que es candidato te está mintiendo”, sostuvo. Sí destacó el rol que el exministro de Economía conserva dentro del Frente Renovador: “Sergio siempre estuvo laburando mucho, siempre fue el líder del Frente Renovador, de nuestro partido, de nuestro espacio”.

Galmarini planteó que el peronismo debe concentrarse en ampliar su representación y sostener la unidad. “El peronismo tiene que ir unido porque lo que nos reclama gran parte de la sociedad es que hay que ganarle a Milei”, afirmó.

También pidió revisar discusiones internas que considera agotadas. “Nosotros tenemos que ampliarnos, tenemos que dejar un montón de peleas en el pasado que ya no tienen sentido, que están prescritas”. Como ejemplo, mencionó la Ley de Medios y cuestionó que el espacio siga concentrado en un debate que, a su entender, quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos.

Para ordenar la competencia interna, defendió un mecanismo que permita resolver las candidaturas y respaldó las PASO. “Las PASO es un buen mecanismo, lo conocemos todos, es legítimo. Lo hizo presidente a Milei, entre otras cosas”.

Consultado sobre un eventual respaldo de Cristina Kirchner a Massa, respondió: “No lo he hablado, no tengo idea”. De todos modos, consideró que la expresidenta conserva un lugar relevante dentro del peronismo: “Es un actor político importante del peronismo, sin ninguna duda”.

Una propuesta contra la impunidad

En materia de corrupción, Galmarini reclamó fortalecer las herramientas institucionales para investigar y resolver los casos con mayor rapidez. “Hay que generar instituciones, organismos y mecanismos para que se investigue y se resuelvan rápido, porque lo peor de todo es la sensación de impunidad”.

El diputado recordó que presentó un proyecto de ética pública para crear un organismo apartidario, con autonomía y autarquía, que pueda llevar adelante investigaciones. “¿Por qué no armamos un organismo que sea apartidario, que tenga cierta autonomía y autarquía para que pueda investigar?”.

Para Galmarini, la discusión no debería quedar limitada a los discursos políticos, sino traducirse en instrumentos concretos que permitan avanzar sobre las denuncias. “Lo que tenés que hacer es generarle instrumentos para que eso se pueda investigar y a veces rápido”.