El oficialismo empieza lentamente a rearmarse de cara a la principal discusión parlamentaria que deberá enfrentar a partir de febrero: la reforma laboral.

En medio de las sesiones extraordinarias, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no logró conseguir los votos para ir al recinto y decidió avanzar con el dictamen y anunciar que quedaba “abierto” a posibles modificaciones. Ahora, la legisladora anunció que a mediados de enero comenzará una ronda de reuniones con el fin de lograr consensos que le permitan juntar los votos necesarios para darle media sanción.

El problema que enfrenta el oficialismo es que hasta ahora no logró convencer a los socios parlamentarios. El bloque de la UCR siente que el proyecto de ley no cumple con las expectativas que tienen y, además, no están seguros de que sea el momento.

El presidente de bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, ya adelantó que “así como está” no la apoyarán. Pero de todas formas, los boinas blancas aclaran que están abiertas a una negociación.

La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores, se le sumarían 3 del PRO y, suponiendo que cuenta con los 10 senadores de la UCR -algo que hoy parece poco probable- tampoco alcanzaría.

Pero el principal obstáculo es el peronismo, que ya adelantó que no está de acuerdo con lo que propone el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo.

A diferencia de otro momento, la estrategia del PJ no es sólo la de oponerse sino la de ir por caminos alternativos. En ese esquema es que buscará avanzar, si es que el oficialismo consigue el número, en la “repesca” de votos con el fin de imponerse.

El peronismo cuenta con 33 senadores agrupados en el interbloque Justicialista. Allí hay 2 del Frente Cívico Santiago y 5 del bloque Convicción Federal que se identifican con el peronismo, aunque no forman parte de Fuerza Patria.

El primer problema a resolver para el peronismo es qué van a hacer los senadores del bloque Convicción Federal. En el debate por el Presupuesto 2026, 4 de los 5 acompañaron a LLA. Y son senadores que responden a gobernadores de muy buen diálogo con la Casa Rosada.

En este grupo está Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde al gobernador peronista Raúl Jalil; la tucumana Sandra Mendoza, del gobernador Osvaldo Jaldo. Ambas provincias fueron beneficiadas con fondos nacionales.

Un caso especial es el de Carolina Moisés, peronista de Jujuy, provincia que gobierna el radicalismo. La senadora votó a favor del Presupuesto, pero no responde al jefe del Estado provincial, y se encuentra enfrentada a Cristina Kirchner y a La Cámpora por la intervención del partido en su provincia.

Este bloque también están Jesús Rejal de La Rioja y Fernando Salino de San Luis que, aunque enfrentados con el kirchnerismo, se mantuvieron en la oposición. Algo similar hicieron los senadores del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora y Elia Esther Del Carmen Moreno

“No los damos por perdidos, pero son difíciles. El gobierno le tira plata a los gobernadores y ellos mandan a levantar la mano”, explica una voz del bloque Justicialista. “Vamos a tener que buscar a estos y a los sueltos”.

Los sueltos conforman un grupo de 11 miembros de la Cámara Alta que son de fuerzas provinciales.

En este grupo está la ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, que es el voto del gobernador peronista Gustavo Sáenz, Edith Terenzi, que responde al gobernador Nacho Torres, José María Carambia y Natalia Elena Gadano, ambos de Moveré por Santa Cruz que responden al gobernador de origen sindical Claudio Vidal; Julieta Carroza, que es el voto del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

También están Beatriz Avila, del bloque Independencia y cercana al gobernador de Tucumán; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del misionero Frente Renovador de la Concordia Social que responden a Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia, y Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas; Julieta Corroza de La Neuquinidad y, por último, Luis Juez, del monobloque Frente Cívico de Córdoba.

Todo esto es incierto porque en su gran mayoría apoyaron el Presupuesto que armó la Casa Rosada, en donde se desfinancia a las universidades nacionales, por ejemplo.

Aunque los jefes de los estados provinciales no ven con malos ojos la reforma, observan que el paquete impositivo que incluye los desfinancia, en especial, la baja del Impuesto a las Ganancias, que es un tributo coparticipable.

Un informe que, aseguran, preparó el senador Jorge Capitanich y que circuló primero por los despachos de los gobernadores peronistas, pero que fue llegando a manos de otros jefes de estados subnacionales de otros colores políticos, muestra que las provincias perderán entre 1700 millones y 2000 millones durante el 2026 por una reducción del impuesto y su baja en la recaudación.

“No vale de nada que después les den ATN -Aportes del Tesoro Nacional- si todo el tiempo pierden plata. Hay 14 gobernadores y el jefe de la Ciudad que podrían ir a pelear una reelección y, sin obra pública nacional, necesitan fondos para poder trabajar pensando en el 2027. Es ahí donde tenemos que ir a frenar esto”, explicó un senador peronista que disfruta de unos días de vacaciones.

En este sentido, legisladores entrerrianos del PJ -diputados y senadores- le pidieron una reunión al gobernador Rogelio Frigerio -uno de los que podría ir por la reelección- para plantear el desfinanciamiento que propone la ley.

Esta misma estrategia podrían repetir senadores y diputados de diferentes provincias cuyos gobernadores se quejan en voz baja pero hasta ahora no han tomado una decisión sobre si apoyar o no. La llave está en los gobernadores.