Tras un momento de zozobra y varias semanas sin poder enderezar el barco en el Senado, el oficialismo logró imponerse y convirtió en ley la Inocencia Fiscal en su segunda versión.
El proyecto, que llegó para suplantar su primera versión a solo ocho meses de haber sido aprobada, obtuvo 44 votos a favor, entre ellos el apoyo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, expuso el senador libertario Bruno Olivera, en su rol de miembro informante.
Por la negativa quedaron los 23 senadores del bloque del peronismo, que se opuso porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, presidente del bloque.
Previamente, el senador peronista Jorge Capitanich también había apuntado contra el proyecto que llegó con media sanción, al señalar que en las comisiones “no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto”, sostuvo.
El también peronista Fernando Salino apuntó a una de las modificaciones que hizo el Ejecutivo respecto de la primera versión de la ley, que restringe el acceso a ministros, secretarios, jueces y legisladores. Sin embargo, los familiares quedaron exentos de esa restricción. “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado”, dijo el senador.
Ese punto quiso incorporarse a la hora de votar, mediante un pedido de modificaciones. Sin embargo, el oficialismo, con los votos ya cerrados, anunció que no iba a aceptar cambios y el proyecto se votó en general y en particular sin alteraciones.
Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.
La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Domínguez detalló que, si la diferencia detectada es del 15% o más pero no supera los cinco millones de pesos, dejará de considerarse una discrepancia significativa. Ese umbral, hoy fijado únicamente en el 15%, había generado que contribuyentes con diferencias de poco volumen quedaran expuestos a inspecciones.
El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial. Domínguez explicó que quienes quieran utilizar esos beneficios deberán hacerlo antes de esa fecha, lo que refleja la apuesta del Gobierno a que la mayor cantidad posible de contribuyentes se anime a blanquear sus ahorros durante lo que resta de la gestión.
El Senado aprobó en la sesión de este jueves acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre el traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y a los santiagueños. “La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción”, explicó el senador libertario de Salta Gonzalo Coraita.
El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad, que asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.
También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección. “Desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal, porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera”, señaló Jorge Capitanich en referencia al traspaso que, además, se realiza con fondos.
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