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El Presupuesto de Kicillof quedó en stand by por el Mundial de Qatar

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A los conocidos desencuentros entre el oficialismo y la oposición por el proyecto de reforma del régimen jubilatorio del Banco Provincia (Bapro) se le sumó esta semana el inicio del Mundial de Qatar que se extenderá por 29 días y que cuenta con la presencia de varios diputados y senadores provinciales. Un escenario que deja a las claras las dificultades que tendrá el gobierno de Axel Kicillof para llevar el Presupuesto 2023 a los recintos de la Legislatura bonaerense.

Como contó este medio, los chispazos entre las fuerzas políticas mayoritarias se encendieron el miércoles pasado ante el desplante de los diputados del Pro, la UCR y la Coalición Cívica a la cita por la reforma del Bapro. El texto bloqueó la última sesión en la Cámara de Diputados y podría obstaculizar también el debate del Presupuesto 2023 y de la Ley Impositiva.

En medio del tumulto de acusaciones cruzadas que ocasionó el nuevo intento fallido de Kicillof por avanzar con la reforma jubilatoria del Banco Provincia, varios fueron los legisladores bonaerenses que se apartaron de las discusiones para viajar a Qatar a alentar a los 26 elegidos por Lionel Scaloni para representar a la Argentina en la Copa Mundial de la FIFA.

Para bien o mal, lo cierto es que desde las filas oficialistas y opositoras faltarán jugadores para sesionar en una Legislatura bonaerense que esta semana debería poner en marcha las tres mesas de trabajo que acordó el jefe de Gabinete Martín Insaurralde con la oposición. Una de ellas se destinará al análisis del Presupuesto de Kicillof, otra al estudio de la Ley Impositiva y la tercera atenderá los reclamos de los intendentes.

Hasta el momento, el tratamiento de la ley de leyes contó con las exposiciones de los ministros Pablo López, de Hacienda, Alberto Sileoni de Educación, Nicolás Kreplak de Salud y el titular de ARBA, Cristian Girard. Sin embargo, es posible que en los próximos días se intente retomar la ronda ministros, aunque ello implique dejar expuestos a los alfiles mundialistas.

Dentro de las demandas que deberá atender el Poder Ejecutivo para allanar el camino con la oposición aparece la demora en los desembolsos de los $17 mil millones del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que fueron otorgados para este año. Solo en los distritos amarillos al día de hoy se adeudan fondos por alrededor de $4.800 millones.

En tanto, a la mesa de negociación que lidera Insaurralde y el vicejefe de gabinete y diputado provincial, Juan Pablo De Jesús, ya llegó la propuesta de los intendentes del Pro de llevar el FIM a $50 mil millones e incrementar el Fondo de Seguridad por otros $32 mil millones.

“La parte formal se va dando. Hicimos un planteo concreto a Insaurralde y estamos esperando una respuesta. De nuestro lado no está para trabarse“, explicó un diputado del PRO con terminal en un intendente del Conurbano sobre las conversaciones entre los legisladores por el Presupuesto 2023.

Fuentes consultadas por Diputados bonaerenses confiaron que “el Mundial no va ser impedimento para que sigamos avanzando con los dos temas (reforma del Bapro y el Presupuesto de Kicillof)”, aunque será menester aguardar el desenvolvimiento de los dirigidos por Scaloni para saber cuándo se volverán a encender las luces de los recintos.

Como ocurre cada cuatro años, ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y buena parte de los trabajos que se desprenden de ellas se paralizan durante el Mundial de la FIFA. Claro está, que un traspié de la albiceleste previo a las etapas finales de la competencia ocasionaría la vuelta de la tropa legislativa y la reactivación de la labor parlamentaria.

De no haber ningún percance con la Selección Argentina para la alegría de todo el pueblo argentino, la Cámara de Diputados bonaerenses recién volvería a sesionar en la semana anterior a navidad. La otra posibilidad que se baraja es sesionar el 28 o 29 de diciembre como pasó el año pasado.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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