El oficialismo empieza lentamente a rearmarse de cara a la principal discusión parlamentaria que deberá enfrentar a partir de febrero: la reforma laboral.

En medio de las sesiones extraordinarias, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no logró conseguir los votos para ir al recinto y decidió avanzar con el dictamen y anunciar que quedaba “abierto” a posibles modificaciones. Ahora, la legisladora anunció que a mediados de enero comenzará una ronda de reuniones con el fin de lograr consensos que le permitan juntar los votos necesarios para darle media sanción.

El problema que enfrenta el oficialismo es que hasta ahora no logró convencer a los socios parlamentarios. El bloque de la UCR siente que el proyecto de ley no cumple con las expectativas que tienen y, además, no están seguros de que sea el momento.

El presidente de bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, ya adelantó que “así como está” no la apoyarán. Pero de todas formas, los boinas blancas aclaran que están abiertas a una negociación.

La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores, se le sumarían 3 del PRO y, suponiendo que cuenta con los 10 senadores de la UCR -algo que hoy parece poco probable- tampoco alcanzaría.

Pero el principal obstáculo es el peronismo, que ya adelantó que no está de acuerdo con lo que propone el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo.

A diferencia de otro momento, la estrategia del PJ no es sólo la de oponerse sino la de ir por caminos alternativos. En ese esquema es que buscará avanzar, si es que el oficialismo consigue el número, en la “repesca” de votos con el fin de imponerse.

El peronismo cuenta con 33 senadores agrupados en el interbloque Justicialista. Allí hay 2 del Frente Cívico Santiago y 5 del bloque Convicción Federal que se identifican con el peronismo, aunque no forman parte de Fuerza Patria.

El primer problema a resolver para el peronismo es qué van a hacer los senadores del bloque Convicción Federal. En el debate por el Presupuesto 2026, 4 de los 5 acompañaron a LLA. Y son senadores que responden a gobernadores de muy buen diálogo con la Casa Rosada.

En este grupo está Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde al gobernador peronista Raúl Jalil; la tucumana Sandra Mendoza, del gobernador Osvaldo Jaldo. Ambas provincias fueron beneficiadas con fondos nacionales.

Un caso especial es el de Carolina Moisés, peronista de Jujuy, provincia que gobierna el radicalismo. La senadora votó a favor del Presupuesto, pero no responde al jefe del Estado provincial, y se encuentra enfrentada a Cristina Kirchner y a La Cámpora por la intervención del partido en su provincia.

Este bloque también están Jesús Rejal de La Rioja y Fernando Salino de San Luis que, aunque enfrentados con el kirchnerismo, se mantuvieron en la oposición. Algo similar hicieron los senadores del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora y Elia Esther Del Carmen Moreno

“No los damos por perdidos, pero son difíciles. El gobierno le tira plata a los gobernadores y ellos mandan a levantar la mano”, explica una voz del bloque Justicialista. “Vamos a tener que buscar a estos y a los sueltos”.

Los sueltos conforman un grupo de 11 miembros de la Cámara Alta que son de fuerzas provinciales.

En este grupo está la ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, que es el voto del gobernador peronista Gustavo Sáenz, Edith Terenzi, que responde al gobernador Nacho Torres, José María Carambia y Natalia Elena Gadano, ambos de Moveré por Santa Cruz que responden al gobernador de origen sindical Claudio Vidal; Julieta Carroza, que es el voto del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

También están Beatriz Avila, del bloque Independencia y cercana al gobernador de Tucumán; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del misionero Frente Renovador de la Concordia Social que responden a Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia, y Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas; Julieta Corroza de La Neuquinidad y, por último, Luis Juez, del monobloque Frente Cívico de Córdoba.

Todo esto es incierto porque en su gran mayoría apoyaron el Presupuesto que armó la Casa Rosada, en donde se desfinancia a las universidades nacionales, por ejemplo.

Aunque los jefes de los estados provinciales no ven con malos ojos la reforma, observan que el paquete impositivo que incluye los desfinancia, en especial, la baja del Impuesto a las Ganancias, que es un tributo coparticipable.

Un informe que, aseguran, preparó el senador Jorge Capitanich y que circuló primero por los despachos de los gobernadores peronistas, pero que fue llegando a manos de otros jefes de estados subnacionales de otros colores políticos, muestra que las provincias perderán entre 1700 millones y 2000 millones durante el 2026 por una reducción del impuesto y su baja en la recaudación.

“No vale de nada que después les den ATN -Aportes del Tesoro Nacional- si todo el tiempo pierden plata. Hay 14 gobernadores y el jefe de la Ciudad que podrían ir a pelear una reelección y, sin obra pública nacional, necesitan fondos para poder trabajar pensando en el 2027. Es ahí donde tenemos que ir a frenar esto”, explicó un senador peronista que disfruta de unos días de vacaciones.

En este sentido, legisladores entrerrianos del PJ -diputados y senadores- le pidieron una reunión al gobernador Rogelio Frigerio -uno de los que podría ir por la reelección- para plantear el desfinanciamiento que propone la ley.

Esta misma estrategia podrían repetir senadores y diputados de diferentes provincias cuyos gobernadores se quejan en voz baja pero hasta ahora no han tomado una decisión sobre si apoyar o no. La llave está en los gobernadores.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el futuro cierre de El Helicoide, uno de los centros de torturas y detención más importantes creados por el régimen chavista, la senadora Patricia Bullrich aseguró que podría tomarse como una señal de que los presos políticos serán liberados. Entre ellos, los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliano.

“Estados Unidos apunta hacia la liberación de los presos”, interpretó la ex ministra de Seguridad Nacional, tras remarcar que el Gobierno argentino tomó como “símbolo” la clausura de la cárcel ubicada en la ciudad de Caracas. No obstante, reconoció que se trataría de un proceso complejo.

Respecto a las presuntas trabas que pudiera enfrentar la administración estadounidense, Bullrich hizo hincapié en “la respuesta vertical” que las fuerzas armadas, policiales y los grupos paramilitares mantenían con la ex dictadura de Nicolás Maduro.

“Me parece que los pasos que tienen que ir dando son pasos firmes”, evaluó la senadora al depositar su fe en que tanto el gendarme Gallo, como el abogado Giuliano serían liberados próximamente. Asimismo, recordó que Gallo se encontraba detenido en El Rodeo 1, mientras que no se tendrían precisiones del paradero actual de Giuliano.

“Nosotros nos hemos puesto a disposición total y absolutamente”, afirmó. Aunque reconoció que Estados Unidos se encuentra al frente de la conducción de la gestión, ratificó: “Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están planteando”. Además, indicó que no podía dar precisiones sobre el plan por ese motivo.

Las palabras de la jefa del bloque libertario en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se dan tan solo dos días después de que el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldara la captura de Maduro y ratificara el pedido de liberación de Nahuel Gallo.

La situación de Nahuel Gallo

Desde que fue detenido el 8 de diciembre de 2024, el Gobierno argentino denunció que Nahuel Gallo es víctima de una desaparición forzada en Venezuela. Esto generó una tensión diplomática sostenida y creciente entre ambos países, que derivó en acusaciones sobre supuesto espionaje por parte del gendarme privado de la libertad.

De acuerdo con fuentes reservadas que fueron consultadas por Infobae, el argentino permanecería retenido en el pabellón internacional de El Rodeo 1, una sección bajo custodia militar directa de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).

El Rodeo 1 no es una prisión común, sino un espacio de alta seguridad regido por el principal órgano de inteligencia de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por esto, numerosos organismos internacionales de derechos humanos denunciaron reiteradamente a la DGCIM que se trata de un eslabón clave dentro del aparato represivo, lo que elevaría el nivel de riesgo ante cualquier eventual intento de liberación.

En este contexto, la situación de Nahuel Gallo se agrava: la ausencia de acceso regular a asistencia consular y la falta de transparencia judicial configuran la violación de normas esenciales del derecho internacional. Sobre todo, ante el bloqueo de información que promovió el régimen.

Además, esta cárcel opera como una extensión militar encubierta dentro del sistema penitenciario venezolano. Allí se agrupan detenidos denominados “sensibles”: políticos de la oposición, militares acusados de conspiración y extranjeros capturados en acciones de inteligencia.

De hecho, en las semanas recientes la seguridad en El Rodeo 1 se intensificó y todas las visitas fueron suspendidas sin que mediara una explicación. Por esto, el entorno del argentino manifestó que la situación es “agotadora” debido a la falta de información oficial y al endurecimiento de las restricciones, lo que genera mayor angustia, incertidumbre y una profunda sensación de indefensión.

El caso de Germán Giuliano

Germán Darío Giuliani, abogado argentino, se encuentra detenido en Venezuela desde el 23 de mayo de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas y de gobernadores previstas para ese fin de semana. La captura había sido confirmada por Diosdado Cabello, uno de los principales líderes chavistas.

El caso formó parte de las aprehensiones, en las que las autoridades venezolanas acusaron a los arrestados de organizar “actos terroristas” para obstaculizar los comicios. En esa oportunidad, Cabello había hecho público el nombre completo del detenido y su número de pasaporte e instó: “Busquen en Argentina al inocente este, búsquenlo”.

Distinto de lo ocurrido con Gallo, Giuliani ya se encontraba en Anzoátegui desde mediados de abril. Según la evidencia encontrada en sus redes sociales, donde compartió imágenes y videos en esa región.

En su perfil de LinkedIn, destacó su labor al frente de un estudio jurídico con práctica en derecho penal, laboral, civil, comercial y de familia, y mencionó haber colaborado con entidades bancarias como Banco Santander Rio, Hexagon Bank y HSBC.

El diplomático Carlos José Fleitas Rodríguez informó que la Comisión Nacional demarcadora de límites (CNDL) del Paraguay realizó tareas en la zona de las 72 islas ubicadas en el río Paraguay sobre las que Argentina y el vecino país avanzan para definir su soberanía.

Los trabajos incluyeron el sobrevuelo con drones para establecer distancias de cada isla con las costas de ambos países.

“La CNDL está haciendo un análisis sobre la situación geográfica de las islas. El fin es establecer la posición paraguaya a la hora de la discusión con nuestros pares argentinos acerca de la soberanía de 72 islas que están sobre el río Paraguay”, expresó el diplomático a medios del vecino país. Todas se encuentran deshabitadas.

El foco está puesto en dos islas en particular: Oliva y Yuquerí. Sobre este par hay “criterios encontrados con las autoridades argentinas”, subrayó Fleitas Rodríguez. El acuerdo que delimita las fronteras entre ambos países data de 1876. Ahí se fijó como premisa la adyacencia: las islas se dividirán por proximidad. Es decir: la soberanía corresponderá al país que tenga su costa más cerca.

Determinar a quién pertenecen es importante para fijar las políticas de pesca, turismo y de infraestructura -como por ejemplo, muelles- en la zona.

Fleitas Rodríguez, titular de la CNDL, realizó estas declaraciones tras reunirse con el gobernador del departamento de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón. Las dos islas en disputa están ubicadas frente a Pilar, la capital de este distrito paraguayo. Del lado argentino está el departamento Laishi, en Formosa.

¿Cómo están las relaciones entre ambos países?

El embajador descartó que exista una puja diplomática entre Argentina y Paraguay por estas islas. “Hay criterios técnicos que tenemos que poner sobre la mesa con las autoridades argentinas para saber cuáles son las directrices que se van a tomar a la hora de definir la soberanía de estas 72 islas”, indicó Fleitas Rodríguez.

En este sentido, señaló que las determinaciones finales deben tomarse sobre la base del consenso. Por eso, puntualizó que se trata de un tema “sensible” que exige que ambos gobiernos “se pongan de acuerdo”.

“Hay que hacer un estudio histórico. El tratado tiene sus años. En los comienzos, las islas estaban más cerca de una costa y luego quedaron más próximas a otra. De allí la importancia del estudio que estamos haciendo con los drones”, comentó. Esto se debe a que el curso del río, sobre todo luego de las crecientes, se va corriendo.

En este sentido, resaltó: “Hay una gran armonía en las negociaciones y las relaciones bilaterales con nuestros pares argentinos. Esta es una discusión eminentemente técnica para que los criterios puedan ser elevados a las autoridades de cada país”, reseñó.

El funcionario guaraní destacó que la divisoria de tierras sobre los ríos Pilcomayo y Paraná ya están completadas. Y que solo restan las localizadas en el curso del Paraguay. Luego, expresó su deseo de que tenga una “pronta solución, dado el grado de amistad que une a los gobiernos del presidente Javier Milei y Santiago Peña”.

Ambos mandatarios compartieron semanas atrás la cumbre del Mercosur en Foz do Iguacu (Brasil). El Presidente argentino aprovechó la ocasión para intentar sumar a su par paraguayo a la cumbre de mandatarios de derecha. La convocatoria no tiene fecha aún, pero se concretaría durante 2026 en Buenos Aires.

Los entendimientos sobre las aguas y las islas en el Alto Paraná están sostenidos en los acuerdos de 1876 y los complementarios de 1945. Pero, en el terreno, presentan complejidades que llevan a permanentes roces entre la Prefectura argentina y la Armada paraguaya.

El último fue en junio de 2023. En esa oportunidad, unos pescadores argentinos fueron abordados por marinos paraguayos en la isla Apipé, frente a Ituzaingó (Corrientes). En esa zona hay una particularidad: Apipé Grande y Chica son territorio argentino, pero el agua del río que las rodea es jurisdicción del Paraguay.

Para establecer una analogía, hay que pensar en una sucursal del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires. El interior del local es jurisdicción bonaerense, pero la vereda es porteña.