A un año de la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el Gobierno formalizó mediante un decreto la estructura organizativa de primer nivel operativo de dicho organismo, el cual unifica la gestión administrativa de cinco hospitales nacionales bajo una conducción común.

La ANES se conoció por el decreto 459/2025 publicado el 10 de julio del año pasado, mediante el cual se dispuso la fusión de cinco organismos descentralizados que hasta entonces funcionaban de forma independiente en la órbita del Ministerio de Salud.

El objetivo declarado fue reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia en la gestión sanitaria, sin suprimir ninguno de los establecimientos ni alterar su especialización médica. Se trata del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.

A partir de la reciente publicación del decreto 652/2026 en el Boletín Oficial, se avanzó en la implementación concreta de la unificación que incluye el organigrama del organismo y las responsabilidades primarias de cada área. Al mismo tiempo, el texto actualizó el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

El decreto también fijó los límites de la estructura de segundo nivel operativo, cuya aprobación quedó delegada en el Administrador Nacional de la ANES. La misma deberá contemplar un máximo de 15 Direcciones, 19 Coordinaciones, 2 Auditorías Adjuntas y 8 Supervisiones de Auditoría bajo el régimen del SINEP, más 5 Direcciones Asistentes y 46 Jefaturas de Departamento y/o Coordinaciones encuadradas en el Convenio Colectivo del personal profesional de los establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.

Otro de los cambios puntuales que estableció el decreto es la supresión de siete cargos extraescalafonarios que asistían al Director Nacional Ejecutivo del Hospital Posadas, una figura que existía desde 2015.

Entre los que se derogan -los cuales existían antes de la fusión- y los que se incorporan, se encuentran las direcciones de administración que cada hospital manejaba de forma independiente: la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Sommer, la Dirección Técnica Administrativa del Hospital Ramón Carrillo, la Dirección de Administración del INAREPS y la homónima del Hospital Bonaparte, todas de nivel III o II según el establecimiento.

En su lugar, se incorporan a nivel central del organismo una Dirección General de Coordinación Institucional y una Dirección General de Gestión Estratégica y Recursos Hospitalarios. Dentro de la Dirección Ejecutiva de Coordinación Legal y Administrativa se crean una Dirección de Sumarios, una Dirección de Gestión Documental, seis Direcciones Generales que concentran las áreas de Compras y Contrataciones, Infraestructura y Mantenimiento, Administración, Asuntos Jurídicos, Tecnologías de la Información y Recursos Humanos, y una Dirección de Enlace por cada uno de los cinco hospitales. Respecto a cada establecimiento, el Hospital Posadas suma una Dirección de Redes y una Dirección de Gestión de la Atención Sanitaria, entre otras incorporaciones.

El 10 de julio pasado, el Poder Ejecutivo designó al doctor Diego Pablo Masaragian como Administrador Nacional de la ANES, con rango y jerarquía de secretario. Masaragian quedó a cargo de conducir el proceso de fusión y de dirigir el funcionamiento de los cinco establecimientos que integran el nuevo organismo.

El mismo decreto nombró a los directores ejecutivos de cada hospital. El doctor Germán Lizziero asumió la conducción del Sommer; el doctor Gustavo Antonio Marrone quedó al frente del Ramón Carrillo; el doctor Luis Quintas tomó la dirección del Posadas; Nicolás Alejandro Marini fue designado para el INAREPS; y el doctor Osvaldo Bruno Panzuto asumió la dirección del Bonaparte. Todos ejercen sus funciones con rango y jerarquía de subsecretario.

La ley de reforma electoral, la que más le importa a Karina Milei, sigue “verde”, admiten en el oficialismo, pero el Gobierno, por ahora, se pone duro frente a los gobernadores que piden adelantar el proyecto definitivo.

En la Casa Rosada reconocen que hay una cuota de desconfianza porque no está disponible el texto con modificaciones (básicamente, pasar del plan de máxima, que es eliminar las PASO, a suspenderlas). Pero aún así, en Balcarce 50 quieren guardarse los detalles de lo que están dispuestos a ceder hasta el filo del debate en el recinto. “Como saben que van a haber cambios, todo el mundo quiere ver la letra final ya plasmada. No va a pasar”, deslizaron en Balcarce 50.

Conviven con una latente preocupación por la falta de adhesiones, a pesar de que Diego Santilli hace meses que intenta seducirlos. Pero no tanto como para acelerar a cualquier costo. “No vamos a apurar. No está cerrada la discusión”, sostuvo un funcionario. Tampoco prevén viajes por ahora de Karina Milei o de Santilli ni del propio Milei para ir personalmente a convencer a nadie.

La idea original de Karina Milei era votar en agosto, pero hoy en Gobierno reconocen que el tratamiento en el recinto podría postergarse para septiembre.

Ya descartaron prácticamente la hipótesis de las colectoras, que prácticamente dejó de mencionarse. Y la negociación real pasa hoy por otras herramientas más “tradicionales”: obras, fondos y lo que en Gobierno definen como “fair play electoral”. En las provincias del norte se trabaja para instalar esa idea: en algunos casos no hubo avances, en otros ya hay un acuerdo de palabra.

“No es que no haya posibilidad” de que prospere, deslizó, cauto, un armador.

Apenas hay un mea culpa por el atraso en las negociaciones por la reforma electoral, que todavía no pasó por ninguna comisión (hasta ahora solo hubo una instancia informativa, con la visita de la directora nacional electoral, Luz Landívar). En la Casa Rosada, para no ofender a Milei y a Caputo y el plan de defensa a rajatabla de cero déficit fiscal, reconocen sólo por lo bajo que se trata de un problema económico. Pero deslizan que los gobernadores “no tienen incentivos” para respaldar al Gobierno sin el mecanismo de giro de fondos.

En general, se vuelcan por hacer un diagnóstico estrictamente político y aseguran que las dificultades responden a “una dinámica más general del Congreso”. Básicamente, vuelven a culpar a Adorni.

Por 70 días el recinto fue, según la definición de un funcionario nacional, “un hervidero”, y eso retrasó la agenda legislativa. Ponen como ejemplos otras iniciativas que -por ahora- no prosperaron: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —con el límite y el porcentaje de tierras en discusión—, cuyo debate terminó caído por falta de adhesiones; “Hojarasca”, que quedó sin sanción definitiva, y Zonas frías.

El proyecto, de todas formas, no está apagado y sigue en danza. “Pase lo que pase, no van a haber PASO el año que viene”, estatuyó un importante asesor nacional.

Pero el Gobierno cuenta con los “alineados de siempre”, como Raúl Jalil (Catamarca), que ya manifestó su voluntad de acompañar. Y, si bien por ahora solo escucharon rechazos, confían en una adhesión, en las próximas semanas de Osvaldo Jaldo (Tucumán) y posiblemente de Hugo Passalacqua (Misione). También en el Norte justicialista, sobre Gustavo Sáenz (Salta), deslizan que “va y viene”, porque pone reparos, pero creen que a la postre los respaldará.

El problema no se limita a la reticencia de los mandatarios, sino también a que un número acotado -pero significativo- de diputados provinciales no responden políticamente a sus gobernadores y no “obedecen” órdenes. Esos referentes locales que muchas veces lideran espacios políticos disidentes, que apuestan a las PASO para ganar espacios de poder en sus partidos y no están dispuestos a resignar la herramienta de las primarias.

El mapa provincial que tiene el Gobierno cuenta a favor a San Juan y a Catamarca, al igual que Entre Ríos, Chaco y Tierra del Fuego. Juan Pablo Valdés (Corrientes) está a bordo, dicen, al igual que Ignacio “Nacho” Torres (Chubut).

Las dudas principales en el grupo de los distritos “aliados” ex Juntos por el Cambio giran en torno a Jujuy, con Carlos Sadir, que todavía no se expidió, pero aparece como “seducible”. También mencionan a la Santa Cruz de Claudio Vidal, que no tiene una posición definida.

Y dan prácticamente por perdido el caso de La Pampa, donde Sergio Zilliotto se opone más que por una cuestión loca, por su vínculo cercano con el PJ Nacional.

Mientras juegan con los tiempos, en el oficialismo están convencidos de que muchos gobernadores “juegan al distraído” y definirán sobre la hora. Por eso la decisión de guardarse las cartas, también, hasta el límite del debate.

Claudio Balazic, ex secretario Administrativo del Sindicato de Camioneros y ex hombre de confianza de Hugo Moyano, fue echado este jueves del gremio por una asamblea extraordinaria, aunque ya está imputado en una causa judicial por fraude de unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata.

La convocatoria al congreso sindical para expulsar al dirigente se adoptó de manera urgente, hace 24 horas, ante la inminencia de un agravamiento de la situación de Balazic ante la Justicia, según fuentes de Camioneros.

El expediente, radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos David Bruna, investiga supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel del sindicato, ubicado en Santa Fe 2373, en pleno centro marplatense, a 4 cuadras del Casino y a 2 cuadras de la playa Bristol.

En realidad, la causa se inició a partir de una denuncia judicial presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y estrecho allegado a Hugo Moyano, luego de lo cual, en octubre pasado, el líder del sindicato apartó de sus cargos a Balazic y a Paulo Villegas, secretario Tesorero de Camioneros.

La tensión en Camioneros por la denuncia judicial y el desplazamiento de los dos dirigentes del secretariado fue creciendo porque hubo indicios de que respondía a la dura interna del sindicato: a la semana del apartamiento de Balazic y Villegas, se arrojaron volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” frente a la sede del gremio.

Aparicio, conocido como “Feúcho”, es secretario Gremial de Camioneros y cercano a Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, que mantuvo una prolongada pelea con su padre, Hugo, por fuertes diferencias acerca de la crítica situación financiera de la obra social.

Aunque padre y hijo dieron muestras de haberse reconciliado hace tres meses, en la asamblea donde se echó a Balazic, sugestivamente, Pablo Moyano y Aparicio no estuvieron sentados junto al líder de Camioneros sino en las últimas filas del salón del hotel Intersur, en el barrio de San Telmo, donde se hizo el encuentro.

Durante la asamblea, a la que no concurrió Balazic para defenderse, se dieron detalles acerca de las supuestas irregularidades cometidas por el acusado. Por ejemplo, según uno de los congresales presentes, el ex dirigente de Camioneros habría cerrado 6 habitaciones del hotel para unirlas, las alquilaba para eventos o fiestas y las cobraba con facturas emitidas a su nombre.

Además, de acuerdo con la misma fuente, se habría verificado que el acusado llegó a encargar a proveedores unos 53 mil kilos de pescado por año, como constaría en pedidos facturas que están en poder de la Justicia, y que no habrían tenido que ver con servicios del hotel.

Según se informó en la asamblea, como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas, el sindicato presentaría también una denuncia judicial contra algunos proveedores de mercadería del hotel.

Además de Balazic y Villegas, en la causa están imputados un contador y varios ex empleados del hotel, y bajo análisis de la Justicia figurarían cheques firmados por algunos de los directivos desplazados.

“La causa está en pleno trámite, se recolectaron pruebas, en especial documentación y testimonios del personal del hotel, y siguen están trabajando los peritos contables e informáticos”, dijo una fuente judicial.

El escándalo del fraude en el hotel marplatense sacudió al Sindicato de Camioneros porque coincide con las innumerables quejas de los afiliados por el corte de prestaciones médicas por la crisis de la obra social, los acuerdos salariales a la baja y las protestas que hubo en la rama de recolección de residuos por no haber recibido indemnizaciones por la llamada “Ley Moyano”.