Con la firma de su presidente Cristian Ritondo, el bloque de diputados del PRO presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación, que llevó a cabo la Cámara baja durante la madrugada del 18 de diciembre.
Para los representantes del partido fundado por Mauricio Macri, la resolución 7018-D-2025, mediante la cual se designó como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada (de LLA), el kirchnerista Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz, “fue abiertamente inconstitucional”.
En el PRO contaban con que sería nombrado Jorge Triaca, pero quedaron afuera de un acuerdo presuntamente establecido entre Martín Menem, Fuerza Patria y los gobernadores del norte.
Según la presentación de Ritondo, la designación de autoridades de la AGN se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, aseguraron desde el PRO.
Además, indicaron, “la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales” por lo que consideran que son demasiadas “irregularidades”.
“Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”, aseguraron desde el entorno de Ritondo y explicaron: “Le pedimos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado”.
Según el documento de 29 páginas presentado por Ritondo a la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, la moción en Diputados que derivó en la designación de los auditores “se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.
En ese sentido, se aclara que “el respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias no es una mera exigencia ritual, sino una garantía esencial para que todos los diputados -y, en particular, aquellos que no integran la mayoría circunstancial- puedan ejercer de manera efectiva la función representativa que les ha sido confiada por el electorado”.
Por lo tanto, según considera el PRO “la sola circunstancia de que HCDN o la AGN lleven adelante su actividad de modo contrario a la Constitución Nacional y las leyes y reglamentos dictados en consecuencia, mediante actos que implican menoscabar la plenitud de los derechos y de la representatividad que me corresponden en mi carácter de Diputado de la Nación, y la AGN se encuentre integrada de un modo viciado, importa un avasallamiento de notoria y extrema gravedad institucional.”
Ya lo había anticipado Ritondo en la propia Cámara durante el procedimiento mismo. Visiblemente enojado, el presidente del bloque macrista consideró aquella madrugada que “la designación de miembros de AGN no se puede tratar, es anticonstitucional”, aseguró que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza” y anticipó que llevarían el tema a la Justicia.
Después de que el Gobierno nacional obtuviera la media sanción en los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó durante la madrugada del jueves la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no estaba en el plenario, como tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, y provocó que varios legisladores de los bloques se retiraran del recinto a modo de reclamo.
Todo comenzó con un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.
“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.
Frente a esto, Ritondo, aseguró que se trataba de “la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional” y por esto, subrayó que “la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”.
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