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El próximo paso clave del plan de Milei y los dilemas para mostrar la recuperación económica antes de un 2027 electoral

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Acaba de terminar una semana que a todo el Gobierno le hubiera encantado tener en medio del escándalo de Manuel Adorni. Una semana corta, en donde la agenda política fue prácticamente nula y donde la desbordante emoción por la Selección Argentina tapó cualquier tipo de noticias sobre la interna, así como disminuyó el consumo político. Mientras tanto, la administración nacional a cargo de Javier Milei continúa con una gestión, en apariencias, renovada.

No solo por el esquema político que se consolidó puertas adentro del Gobierno, sino porque la salida de Adorni permitió que en la agenda pública pudieran mostrarse mejor algunas de las cifras positivas que tiene la Casa Rosada en términos económicos. Hay dos que se esperan con especial ansiedad en los próximos días en el entorno presidencial: la inflación mensual de junio, la cual creen que será menor a 2 %; y la llegada del riesgo país a niveles menores de 400 puntos básicos (este jueves quedó al borde de perforar esa marca luego del pago a bonistas).

En ese sentido, no fue menor que el equipo económico haya realizado una conferencia de prensa este lunes para anunciar los lineamientos del programa financiero. Ese mismo día, el Presidente se sacó una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco CentralSantiago Bausilli; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para hacer los últimos avances de las reformas financieras que planean para los próximos meses.

En el Gobierno hay dos grandes esferas deliberativas. Está la conocida mesa política, la cual busca coordinar la agenda legislativa de las reformas; y está todo lo vinculado al ámbito de la programación económica. A Milei le hastía la gestión de la rosca política y de la ejecución al interior del Gobierno -por eso se la delegó a su hermana-, pero le pasa lo opuesto con la economía.

La reforma política -y la eliminación o suspensión de las PASO- es la más importante que tiene para sacar el Gobierno para aspirar a cumplir sus objetivos electorales del año próximo. Pero se habla menos de la prioridad que le quiere dar el Presidente a sus reformas de corte económicas-financieras. Quienes conocen a Milei dicen que está particularmente entusiasmado por esos últimos proyectos. Tan así es que ayer reunió al Gabinete en la Casa Rosada bajo el pretexto principal de que todos los funcionarios conocieran los primeros puntos del anteproyecto de ley de reforma del Banco Central (BCRA) que está trabajando el Ejecutivo. En un importante despacho gubernamental afirman que el principal impulsor de la misma es Bausilli.

Son asuntos mirados con mucho optimismo por parte de bonistas, de analistas bursátiles y por parte del propio Fondo Monetario Internacional. Consultada ayer por la periodista Patricia Valli de El Cronista, la vocera del FMI, Julie Kozack, marcó su apoyo a la intención de reforma de la Carta Orgánica del BCRA al considerar que esos cambios fortalecerán la independencia de la entidad y contribuirán a consolidar el proceso de desinflación. Asimismo, marcó que esto reducirá las vulnerabilidades a la “dominancia fiscal” y que el Banco Central emita para avalar un eventual mayor gasto.

Son asuntos que hacen a los pilares del programa económico que el Presidente cree necesario establecer primero por sobre otros. Ante todo, Milei es una persona que concibe sus políticas mediante etapas o marcos progresivos. Cabe recordar lo que establecía en la campaña electoral de 2023, cuando indicaba que su eventual gestión presidencial iba a estar dividida en tres generaciones. En el Gobierno afirman que actualmente se están elaborando y proponiendo las de “segunda generación”, entre las que también se encuentran una nueva Ley de Mercado de Capitales y las bases del “Shutdown” del Estado que replica al mecanismo utilizado en Estados Unidos.

Hay un dilema que se le presenta al Gobierno. Y es que estas políticas son más difíciles de explicar hacia la sociedad. El oficialismo está confiado en que tiene margen para que la recuperación económica llegue a sectores postergados, pero consideran importante la instalación del rumbo del programa en la sociedad. Se trata de una nueva necesidad para el oficialismo luego de meses de desenfoque mediático por el caso Adorni. No extraña, por eso, la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial. En sus dos primeras conferencias ha pasado más de 20 minutos dando un panorama de los logros de gestión, mayormente de los económicos.

“Nuestro desafío es pedirles un poco más de tiempo a quienes no les alcanza. Todos tenían en claro bien por dónde iba el camino de nuestra gestión al comienzo del Gobierno. Ajustar para estabilizar y crecer. Ahora es explicarles que el camino puede ser más tortuoso pero que los frutos se van a poder más adelante. Si la recuperación sigue, creemos que lo vamos a poder hacer ver y que esa noción llegue antes de la campaña del 2027”, afirma una importante voz comunicacional.

Con lo realizado en las últimas semanas, el oficialismo cree que ha podido instalar entre los analistas y players de mercado la percepción de que los fundamentals de la macroeconomía van a ser sólidos para los próximos meses y que hay una decisión política de sostener las políticas que ya se venían aplicando. Aun así, hay quienes ven que para los próximos meses los desafíos pueden ramificarse.

Un informe reciente de la consultora GMA Capital marcó que el saldo del primer semestre fue positivo, pero que “el esquema [actual] no está exento de desafíos”. “Con los vencimientos financieros despejados, la dimensión política y social empieza a ganar más peso de cara a un 2027 donde las elecciones presidenciales probablemente marquen la tónica del año“, marca un informe de la consultora GMA Capital.

La primera mitad de la administración libertaria estuvo signada por el déficit cero y la necesidad de ajustar como un sacrificio que traería una posterior recompensa. La estabilidad del tipo de cambio, la baja de la inflación y los números del riesgo país pueden ser indicadores que marquen una correlación. Pero es cada vez más frecuente la mención de que hay números que no son deseables. Uno de ellos es la dinámica del crédito vinculada al consumo, que en junio terminó con números negativos en todas sus líneas, registrando una contracción de 0,8 % frente a mayo en términos reales. Además, la mora de las familias lleva 19 meses de suba, llegando a un récord de los últimos 20 años de 12,7 %, según cifras de la consultora 1816.

En el Gobierno no lo subestiman, pero buscan matizarlo. Una importante fuente de la logística económica del Gobierno afirmó ante Infobae: “La realidad es que lo de los créditos no es un problema macro, es un problema de los bancos y ya lo están resolviendo”. Esa es la lectura puertas adentro. Es cierto que hay signos de apertura de liquidez por parte de los bancos, pero el filtro de riesgo sigue siendo marcado.

En los días recientes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante Infobae, reconoció —palabras más, palabras menos— que la percepción de alivio no es generalizada. En la Casa Rosada afirman que para las próximas semanas están estudiando medidas de contención.

Para entender qué piensa el equipo económico al respecto del crédito vale la pena escuchar lo que dijo el viceministro de Economía, José Luis Daza este miércoles en un reportaje en la TV Pública, sobre la política crediticia, la cual es considerada por el Gobierno como la principal fuente de estímulo para la economía. “Para prestar dinero alguien lo tiene que ahorrar. Como consecuencia de las políticas de los últimos años, la gente no ahorra en pesos. Es entendible, entonces lo que tenemos que hacer es restaurar la confianza en la moneda y hacer los deberes y restaurar la confianza paso a paso. No podemos saltarnos pasos y va a ser un proceso lento”, marcó.

Una fuente gubernamental convalidó que, para la perspectiva presidencial, hay cuestiones más estructurales que darán alivio a largo plazo y que, primero, deben impulsarse mayores flexibilizaciones en el plano de la seguridad jurídica, como lo será el retoque de la Ley de Inocencia Fiscal, la cual no entró al Congreso todavía pero que lo hará por la Cámara de Diputados por disposición constitucional. En el oficialismo de la cámara baja ya están atentos a cuándo vaya a llegar ese texto.

Daza indicó que el Gobierno podría impulsar en el corto plazo alternativas para crédito en dólares y en pesos, vinculadas mayormente a redinamizar sectores como el de la construcción. Pero fue contundente en afirmar que no van a “tomar atajos” y que se priorizará el esquema de medidas progresivas que impulsa Milei.

“Creo que lo que nos sucede ahora es que tenemos el camino allanado en términos políticos y que depende todo de nosotros. En el plano político, cada uno de los sectores del Gobierno ya entendieron cuáles son los roles que les dieron tanto Javier como Karina. Si cada uno se mantiene en su patio, esto se va a mantener bien”, afirmó una importante fuente del Gobierno en relación a las internas y a la política.

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“Unidad por Malvinas”: Milei ensayó una pausa en la confrontación con la oposición y buscó recuperar la iniciativa política

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Javier Milei dejó para el final de su cadena nacional sobre las Islas Malvinas una definición poco habitual para un Presidente que hizo de la confrontación una de las herramientas centrales de su construcción política. Propuso una pausa. No una tregua general con sus adversarios ni el abandono de las diferencias que mantiene con ellos, sino una excepción alrededor de una causa que, según sostuvo, debe quedar por encima de las disputas partidarias.

“Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa”, afirmó Milei.

Y completó: “Demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”.

La delimitación importa. Milei no anunció el comienzo de una etapa de convivencia política ni existen hasta ahora indicios de que pretenda abandonar la confrontación con el kirchnerismo, el peronismo o el resto de la oposición. El propio Presidente enumeró los asuntos sobre los que esa disputa puede continuar.

Lo que propuso fue hacer una excepción con Malvinas.

Y allí reside buena parte de la densidad política del movimiento.

Una causa transversal

El Presidente eligió uno de los pocos asuntos capaces de atravesar las preferencias electorales para convocar a sus adversarios y, al mismo tiempo, intentar recuperar algo que el Gobierno había perdido en las últimas semanas: capacidad para tomar la iniciativa, instalar una discusión propia y colocar al jefe de Estado en una agenda que excediera la pelea política cotidiana.

No es necesario atribuirle a Malvinas una utilización partidaria para advertir esa dimensión. El reclamo de soberanía antecede largamente al actual gobierno y está incorporado a la Constitución como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino. Lo novedoso fue el lugar que Milei decidió otorgarle en un momento determinado de su Presidencia y la manera en que eligió interpelar alrededor de esa causa a una oposición con la que mantiene una disputa prácticamente permanente.

Hay un dato que ayuda a comprender el terreno sobre el que hizo esa convocatoria.

Una encuesta nacional realizada por Aresco en julio pasado muestra que Malvinas conserva niveles de consenso difíciles de encontrar en cualquier otra discusión pública argentina.

La medición se hizo, además, en un contexto particular: en medio del fervor que generó el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial disputado en Estados Unidos y después de la aparición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”. Ese clima debe ser considerado al interpretar los números, aunque la transversalidad política de las respuestas sigue siendo significativa.

Ante una de las preguntas, el 81,4% respondió que la Argentina debía continuar reclamando la soberanía sobre las islas. El 10,2% sostuvo que no debía hacerlo y el 8,5% no tomó posición.

Una segunda pregunta introdujo una distinción más exigente. El 51,5% consideró que había que seguir reclamando y creía que la cuestión terminaría resolviéndose. Otro 39,3% sostuvo que la Argentina debía perseverar aunque no creyera que fuera a obtener una solución. Apenas el 3,7% respondió que no debía continuar el reclamo y el 5,5% dijo no saber. Las dos respuestas favorables a mantener la reivindicación sumaron así 90,8%.

Pero quizás el dato políticamente más relevante aparezca cuando las respuestas se cruzan con el voto presidencial de 2023.

Entre quienes habían elegido a Sergio Massa, las dos posiciones favorables a continuar el reclamo alcanzaron el 94,8%. Entre los electores agrupados por Aresco como LLA+JxC sumaron 90,8%. Y entre quienes habían votado otras opciones llegaron al 97,8%.

“Es absolutamente transversal”, explicó a Infobae Federico Aurelio, director de Aresco, antes de que se conociera el contenido de la cadena nacional. “El hecho de reclamar es aprobado por todos”, agregó.

La secuencia temporal es importante. La encuesta fue realizada antes de los anuncios de Milei y, por lo tanto, no mide respaldo al Presidente ni a las herramientas que propuso. Tampoco permite afirmar que quienes apoyan la soberanía argentina sobre las islas acompañarán la estrategia concreta del Gobierno.

Lo que muestra es algo diferente y políticamente relevante: el consenso existía antes de la intervención presidencial.

Milei eligió hablar desde allí.

Una iniciativa en varias dimensiones

La cadena llegó después de semanas en las que el Gobierno había perdido parte de aquella capacidad para sorprender, instalar discusiones y ordenar la agenda que mostró particularmente durante otros momentos de su gestión.

Esta vez, Milei produjo el acontecimiento.

Y no eligió para hacerlo la economía, la batalla cultural, la seguridad o alguna de las reformas estructurales que dividen al oficialismo y sus adversarios. Eligió una cuestión de soberanía y utilizó para presentarla una escenografía inequívocamente presidencial: cadena nacional, Gabinete completo y una discusión sobre defensa, política exterior, recursos naturales y estrategia de largo plazo.

Por eso la convocatoria a la oposición fue solamente una de las dimensiones del movimiento.

Otra, posiblemente más sustantiva en términos estratégicos, fue la decisión de proyectar Malvinas hacia el futuro.

“Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado”, dijo Milei.

La frase permite entender el lugar que ocupó en el discurso la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El proyecto no nació con esta cadena ni con el actual Gobierno. Sus características surgen de planes que se vienen discutiendo desde hace años dentro de la Armada, el Ministerio de Defensa y otras áreas del Estado. Pero Milei decidió incorporarlo a su planteo sobre soberanía y acelerar su desarrollo como una pieza para reforzar la presencia argentina en el extremo sur.

Y agregó una dimensión particularmente relevante: la Antártida.

Ushuaia no aparece solamente como una instalación vinculada con Malvinas. Su ubicación y las capacidades proyectadas permiten pensarla como plataforma logística para la presencia argentina en el continente blanco y como parte de una arquitectura más amplia que conecta el Atlántico Sur, los recursos naturales, las rutas marítimas, las capacidades navales y la proyección antártica.

Eso le otorga otra perspectiva al concepto presidencial de que Malvinas no pertenece únicamente al pasado.

El reclamo histórico se inserta así en una discusión sobre poder futuro.

Y es precisamente en ese punto donde aparece otra capa decisiva de la cadena: Donald Trump.

Trump y la oportunidad internacional

El movimiento de Milei se produjo en un momento particularmente singular en la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Trump es el principal aliado internacional del Presidente argentino. Desde su llegada al poder, Milei definió la pertenencia de la Argentina a Occidente y el alineamiento con Estados Unidos como dos pilares de su política exterior.

Pero en los días inmediatamente anteriores a la cadena, fue el propio Trump quien introdujo incertidumbre en torno a un vínculo históricamente determinante para la cuestión Malvinas: la relación especial entre Washington y Londres.

Consultado sobre las islas, Trump había dicho que “siempre” revisaba cada posición. Y, horas antes del mensaje de Milei, volvió a ser interrogado durante una entrevista con la televisión británica sobre qué haría Estados Unidos ante una eventual disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

El presidente estadounidense no comprometió un respaldo a Londres.

En cambio, después de recordar la guerra de 1982, utilizó la pregunta para expresar su decepción con el gobierno británico por no haber acompañado militarmente a Estados Unidos en el conflicto con Irán. Cuestionó incluso las capacidades militares británicas y relató que había reclamado colaboración naval sin obtenerla.

La precisión es indispensable: Estados Unidos no modificó formalmente su posición sobre Malvinas.

Pero la novedad política existe. Trump decidió introducir públicamente una cuota de incertidumbre sobre el respaldo de Washington a Londres y lo hizo mientras exteriorizaba su malestar con los británicos.

Ese telón de fondo permite observar la cadena de Milei desde otra perspectiva.

El Presidente argentino no presentó el reclamo de soberanía como incompatible con su alineamiento con Estados Unidos. Hizo exactamente lo contrario: intentó sostener una posición más firme frente a Londres desde su alianza estratégica con Washington.

La combinación tiene relevancia histórica y política.

En diferentes períodos, sectores de la política argentina asociaron el reclamo de Malvinas con una posición de confrontación hacia Estados Unidos o, más ampliamente, hacia las potencias occidentales. La arquitectura de Milei es diferente: pertenencia a Occidente, relación privilegiada con Washington y reivindicación de soberanía frente al Reino Unido.

Y decidió avanzar sobre esa construcción justo cuando Trump exhibía públicamente sus diferencias con Londres.

La secuencia elegida por Milei en la cadena resulta reveladora.

“Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos”, sostuvo.

Después se dirigió “a todos los argentinos, y en especial a la política” para reclamar la pausa.

Primero pidió acompañamiento hacia afuera. Después convocó a la unidad hacia adentro.

El objetivo es relevante también desde la perspectiva diplomática. La Argentina no sólo pretende sostener internacionalmente que el reclamo de soberanía constituye una política permanente del Estado. Milei buscó mostrar que esa reivindicación puede conservar un respaldo doméstico que excede largamente a La Libertad Avanza.

Los datos de Aresco ayudan a dimensionarlo.

De la convocatoria a la política real

La primera prueba llegará ahora al Congreso.

El Gobierno enviará con carácter urgente su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Entre otras disposiciones, la iniciativa busca endurecer las consecuencias para las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas por la Argentina en las islas, extender las sanciones a proveedores e incorporar nuevas herramientas frente a actividades que afecten los recursos naturales.

Allí la convocatoria a la “unidad por Malvinas” deberá abandonar el terreno de los discursos y enfrentarse con la política concreta.

La oposición puede respaldar la reivindicación argentina y, al mismo tiempo, discutir las herramientas elegidas por el Gobierno. Puede reclamar modificaciones, cuestionar determinados artículos o plantear una estrategia diferente sin que ninguna de esas posiciones implique abandonar el reclamo de soberanía.

De hecho, esa será una de las primeras consecuencias de la pausa propuesta por Milei.

Si Malvinas está por encima de los partidos, como afirmó el Presidente, el oficialismo no puede confundir unidad con adhesión automática a sus iniciativas.

Una política de Estado exige una lógica diferente: escuchar, negociar, incorporar posiciones y, eventualmente, modificar instrumentos para construir acuerdos capaces de sobrevivir a los gobiernos que los impulsan.

Por eso la prueba será también para Milei.

El Presidente propuso convocar a sus adversarios alrededor de una causa que los datos muestran como extraordinariamente transversal. Ahora deberá demostrar hasta dónde está dispuesto a aplicar la lógica de esa convocatoria cuando comience la negociación parlamentaria.

Un paréntesis, no una tregua

Milei pidió una pausa, no una tregua.

Acotó cuidadosamente la excepción a Malvinas. Nada indica que la confrontación vaya a desaparecer de su relación con el kirchnerismo, el peronismo y el resto de sus adversarios. Probablemente continúe ocupando buena parte de la política argentina.

Pero precisamente por eso el paréntesis adquiere significado.

El Presidente eligió una causa que atraviesa prácticamente todas las preferencias electorales para suspender alrededor de ella una lógica que mantiene en casi todos los demás terrenos. Lo hizo, además, en un momento en que el Gobierno necesitaba recuperar iniciativa; cuando Trump introdujo una inesperada incertidumbre en la relación de Washington con Londres; y acompañado por una concepción estratégica que vincula Malvinas con los recursos del Atlántico Sur, Ushuaia y la proyección argentina hacia la Antártida.

Nada garantiza que el efecto sea duradero.

Las declaraciones de Trump pueden no convertirse en una modificación de la política estadounidense. La Base Naval Integrada de Ushuaia todavía debe transformar años de proyectos y demoras en una obra concreta. Y el amplio respaldo social a la reivindicación de soberanía puede fragmentarse cuando la discusión deje de ser Malvinas en abstracto y pase a concentrarse en las herramientas específicas propuestas por el Gobierno.

Pero la cadena dejó una novedad política.

Milei no suspendió la confrontación con la oposición. Propuso hacer una excepción con Malvinas.

Ahora comienza la parte más difícil.

El Presidente deberá demostrar en el Congreso si la unidad que reclamó admite negociación. La oposición deberá resolver cómo administrar sus diferencias con Milei frente a una causa que sus propios votantes respaldan abrumadoramente. Y el Gobierno tendrá que comprobar si puede transformar una iniciativa política en una estrategia de Estado que sobreviva a la coyuntura.

La cadena no inauguró una tregua entre Milei y la oposición. Abrió, por Malvinas, la posibilidad de un paréntesis en la confrontación.

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El gobernador de Tierra del Fuego respaldó el anuncio del Gobierno sobre Malvinas y pidió presupuesto y plazos

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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldó el cambio de posición del Gobierno nacional sobre la causa de las Islas Malvinas y reclamó que los anuncios se traduzcan en presupuesto, plazos y participación provincial en las decisiones sobre el Atlántico Sur.

En un posteo publicado en X, el mandatario provincial sostuvo que Malvinas debe quedar al margen de las diferencias partidarias y propuso construir un frente político e institucional para defender la soberanía argentina. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política”, afirmó.

Melella planteó que no puede definirse una política nacional sobre Malvinas sin la intervención de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia que incluye a las Islas Malvinas en su jurisdicción. Por ese motivo, anticipó que solicitarán formalmente mayor apertura al diálogo y una participación efectiva en cada medida vinculada con las islas y el Atlántico Sur.

El gobernador valoró la decisión de avanzar con una Base Naval Integrada. Según señaló, el proyecto permitiría fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica, además de reafirmar la condición bicontinental del país. Añadió que su concreción requerirá “presupuesto, plazos y una articulación efectiva” con la Provincia.

El mandatario también pidió profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y reforzar las herramientas destinadas a impedir la explotación que calificó como ilegítima de los recursos naturales del territorio nacional y provincial.

Melella sostuvo que Tierra del Fuego reclamaba desde hace años una modificación de la postura nacional y pidió convertir los anuncios en una política de Estado sostenida. “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas”, expresó.

Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei anunció este jueves en cadena nacional que aumentará el presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, una obra que vinculó con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y con la necesidad de fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur frente a la explotación de recursos en el territorio en disputa.

En el mismo mensaje, el mandatario advirtió sobre el proyecto petrolero Sea Lion y sostuvo que, si la Argentina no actúa “con firmeza y celeridad”, en pocos meses habrá capacidad material para apropiarse de las reservas de petróleo bajo el mar argentino. También recordó que desde hace 50 años las Naciones Unidas piden a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales mientras continúe la controversia de soberanía.

El Presidente definió el alcance estratégico de la iniciativa con una fórmula precisa: “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.

El proyecto no apareció por primera vez en la cadena nacional. En 2024, Milei viajó a Ushuaia junto a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, para anticipar el desarrollo de esa base naval integrada.

En esa visita, el jefe de Estado presentó la futura instalación como un gran centro logístico para dar servicio a cruceros y buques comerciales que operan en el Atlántico Sur. También la describió como el punto de apoyo más cercano a la Antártida.

Durante aquel acto en la capital fueguina, sostuvo: “Estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.

En la misma intervención agregó que la obra permitiría desarrollar la economía local y ofrecer servicios logísticos, reparaciones y apoyo a los cruceros y buques comerciales de la región. La iniciativa quedó así asociada no solo a la defensa, sino también a una función operativa y comercial.

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Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras que operen en Malvinas

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Javier Milei

El presidente Javier Milei dio este jueves una cadena nacional en la que reafirmó un fuerte reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas. En ese mensaje, anunció que enviará al Congreso un paquete de medidas, anticipó sanciones para las empresas que intenten explotar recursos en las inmediaciones del archipiélago y comunicó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo el mandatario al inicio del mensaje oficial. Tras hacer referencia al reclamo histórico que encuentra sus orígenes desde la época colonial, aseveró que no era suficiente el solo hecho de recordar al archipiélago como parte del territorio nacional.

En este sentido, Milei enfatizó que “el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”. Así, anunció un paquete de medidas en torno a la cuestión Malvinas.

Mientras que una parte estará conformada por una serie de proyectos que serán enviados al Congreso de la Nación, el mandatario anticipó un aumento en el presupuesto asignado a la defensa nacional. La reasignación de recursos fue oficializada el viernes a la madrugada, por medio de la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 867/2026 en el Boletín Oficial.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, consideró Milei. En este sentido, buscó dejar en claro que “las Malvinas no pertenecen a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional”.

En su mensaje, el jefe de Estado advirtió que desde hace 50 años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicita a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales.

A pesar de ello, cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, tras considerarlo “especialmente grave” porque, por primera vez en la historia, implicará “la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó Milei al indicar que las actividades petroleras estarían próximas a profundizarse. Sobre todo, después de que se concluyera la primera fase de extracción y las empresas Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) confirmaran la inversión necesaria para financiar el programa.

“El avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”, insistió. En respuesta a esto, el presidente explicó que el DNU Malvinas se basó en tres objetivos pensados para defender la soberanía nacional tanto sobre el archipiélago como de los recursos estratégicos.

El primero de ellos hizo referencia al envío de información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones, mientras que el segundo busca reglamentar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad.

El último punto ordena la incorporación de las declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley. De esta manera, se evitaría que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.

Aunque señaló que “la Ley N° 26.659 (de Hidrocarburos) tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos”, Milei planteó la necesidad de modificarla para reforzar la defensa nacional.

Por esto, destacó que el fin último de esta reforma sería: “Mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas”.

Por otro lado, comunicó que el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional creará un Consejo de Seguridad Nacional para fortalecer la política de seguridad nacional y garantizar su aplicación de forma transversal. “Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas”, detalló.

“También establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima -continuó-. De este modo, se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.

La construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia

Tras anunciar el incremento de recursos destinados al Ministerio de Defensa, el presidente anticipó que se avanzará en la construcción de una Base Naval Integrada. Esta se ubicará en el Puerto Oriental de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y buscará “incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”.

“La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”, valoró sobre el punto clave seleccionado. Además, allí también se sitúa el Comando del Área Naval Austral.

Al destacar la importancia del proyecto, Milei remarcó que “defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”. Y agregó: “Para eso, la Argentina necesita recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional de largo plazo”.

“La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro”, enfatizó.

Por este motivo, consideró que las áreas de “Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía deben actuar de manera coordinada”. Finalmente, concluyó que “una Argentina próspera, políticamente relevante y militarmente respetable está en mejores condiciones de defender su territorio, sus recursos y su soberanía”.

Cómo se dio el retorno a la agenda de la causa Malvinas

El tema Malvinas volvió a instalarse el 31 de agosto, cuando el presidente Donald Trump fue consultado en la Oficina Oval sobre una eventual revisión de la posición de neutralidad de Estados Unidos en la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Frente a esto, el mandatario estadounidense respondió que revisa todas las posiciones y que esa era “solo una de muchas”, en un contexto de presiones de Washington a Londres para que incremente su inversión en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Sus dichos motivaron una respuesta del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que ratificaron la soberanía británica y el respaldo al derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. El debate coincidió, además, con la discusión en Londres sobre el acuerdo con Mauricio por el archipiélago de Chagos, citado por la Argentina como antecedente de una controversia territorial resuelta por medios pacíficos.

En paralelo, también avanzaba el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration habían comunicado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo.

Aunque la Cancillería argentina había rechazado esa iniciativa, tras considerarla una explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía, esto no detuvo a las petroleras extranjeras.

Los detalles de la actividad de las petroleras en Malvinas

La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration avanzan en el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino.

El campo fue descubierto en 2010 por Rockhopper, que posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el otro 65%. Tras años de exploración, en diciembre de 2025, las compañías comunicaron la decisión final de inversión para la primera fase. Navitas informó una inversión de USD 1.170 millones para esa etapa.

No obstante, poco después se confirmó que la Fase 1 contemplaba una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y planificaba el comienzo de las extracciones en 2028. Las estimaciones sobre el volumen recuperable mencionadas en las notas rondan los 819 millones de barriles.

La Cancillería argentina rechazó el desarrollo del yacimiento y sostuvo que las empresas no contaban con autorización de las autoridades competentes del país. También calificó la iniciativa como una explotación unilateral de recursos naturales en un área sujeta a una disputa de soberanía con el Reino Unido. En ese sentido, citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En línea con esto, el Gobierno recordó que Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía. Asimismo, Navitas Petroleum había recibido una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022, por operaciones hidrocarburíferas sin habilitación argentina. Esto también alcanza a las concesiones, las contrataciones de proveedores y otras acciones asociadas con el avance del proyecto hacia su etapa productiva.

Según precisó este jueves el medio británico The Telegraphlas empresas Rockhopper y Navitas planean comenzar a perforar el yacimiento offshore Sea Lion en los próximos meses. Incluso, revelaron que existe la posibilidad de “enviar petróleo de regreso a Europa y al Reino Unido desde principios de 2028”.

De la misma manera, el medio europeo indicó que “el yacimiento petrolero se encuentra a unas 137 millas al norte de las islas”. Asimismo, planteó que hay expectativas de que se produzca petróleo durante más de 30 años.

El comunicado de la Oficina del Presidente tras la cadena nacional

Luego de que concluyera la transmisión oficial, el presidente dispuso la firma de un decreto reglamentario y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional frente al avance del proyecto Sea Lion, vinculado con la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

Por medio de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, sostuvo que la iniciativa avanza “sin autorización de la República Argentina” y definió la situación como una amenaza sobre los recursos naturales del país en el Atlántico Sur.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, son argentinos. Por historia y por derecho”, afirmó. Además, recordó que el Reino Unido ocupó las Malvinas en 1833, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que persiste hasta la actualidad.

Al mencionar el desarrollo de Sea Lion, el mandatario apuntó que “el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.

La Casa Rosada también alertó que, si no se toman medidas, “en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. Según el Gobierno, la actividad petrolera puede consolidar incentivos para que el Reino Unido profundice su presencia en las Islas y mantenga la explotación de recursos bajo disputa.

El texto que el Poder Ejecutivo enviará al Honorable Congreso de la Nación contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá la función de definir una política en la materia y garantizar su aplicación transversal en las áreas del Estado.

La iniciativa también incluirá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. El objetivo es reforzar la capacidad estatal ante posibles ataques contra la integridad territorial argentina.

“La Defensa, la Seguridad Nacional, la Inteligencia de Estado, la Cancillería y el Ministerio de Economía deben actuar de manera coordinada”, sostuvo la Oficina del Presidente. El mensaje agregó que una Argentina “políticamente relevante y militarmente respetable” cuenta con mejores condiciones para defender su territorio, sus recursos y su soberanía.

El Gobierno presentó la cuestión Malvinas como una política que debe trascender a las administraciones y a las diferencias partidarias. “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, indicó. Por esto, concluyó la declaración con un llamado a que los argentinos presenten “un frente unido al mundo” y a que la defensa de la soberanía contemple a las próximas generaciones, más allá de los ciclos electorales.

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