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El rector de la UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

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El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, le pidió hoy al presidente
Javier Milei que no rechace la ley de financiamiento de las casas de estudio y advirtió que esa acción “significaría vetar a la educación, la salud, la ciencia, y al futuro”.

Gelpi se manifestó de esa manera durante un acto en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, luego de que se llevara a cabo un abrazo simbólico al edificio para visibilizar la situación que atraviesa la universidad pública.

“Pasaron 5 meses desde la última vez que nos convocamos en este lugar en defensa de la salud, de la educación pública y la investigación científica. Lamentablemente, continuamos en la misma situación crítica y ante un panorama poco alentador, dada la falta de respuesta del Gobierno Nacional”, sostuvo Gelpi a través de una carta.

En tanto, el rector destacó la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y afirmó que, de implementarse, “dará respuestas, entre otras cuestiones, a la emergencia salarial que
venimos sufriendo docentes y no docentes”.

Gelpi afirmó además que la situación actual del sistema universitario público es “cada vez más grave”. “Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de
nuestro país”, enfatizó.

La actividad contó con la presencia de decanos y autoridades de todas las facultades, los directores del Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari y el Instituto Roffo, así como representantes de los gremios, entre otros.

La acción de protesta se llevó a cabo mientras las autoridades de las universidades públicas anunciaron una nueva marcha para el miércoles 2 de octubre a fin de rechazar el “veto total” a la ley de actualización del presupuesto de las casas de estudio.

Será la segunda marcha federal universitaria contra el Gobierno después de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que estudiantes, docentes, gremios, legisladores y dirigentes de la
oposición llevaron a cabo el 23 de abril último en rechazo al recorte presupuestario que había puesto en marcha la gestión de Milei, y que debió desactivar.

A la movilización universitaria también se sumará la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunciará su incorporación a la marcha a través de una conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana a las 16 en la sede de Azopardo 802, según informaron fuentes sindicales.

Ante el anuncio de Milei, todavía no concretado, de vetar la norma sancionada el 13 de septiembre último, las organizaciones que integran la comunidad universitaria resolvieron además concretar un paro los días 26 y 27 de este mes.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Qué diputados nacionales tienen en riesgo su continuidad en el Congreso después de diciembre

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Las elecciones del próximo 26 de octubre reconfigurarán la composición del Congreso , y habrá recambio de figuritas, con diputados nacionales que se despedirán y otros que tendrán la oportunidad de reemplazarlos desde el 10 de diciembre.

A medida que se va acercando en el calendario la fecha del cierre de listas (17 de agosto), se va clarificando el panorama de nombres, y va quedando más patente el peligro para muchos legisladores de quedar afuera del reparto de lugares.

Hay diputados que, de acuerdo a los dimes y diretes de la política, tendrían semáforo verde para renovar sus bancas, como el caso de Diego Santilli (PRO), quien va camino a aceptar una candidatura por el Frente La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires.

Pero a muchos otros les queda poco hilo en el carretel. Es el caso de Leandro Santoro (UP) que asumirá como legislador de la Ciudad.

María Eugenia Vidal la tiene complicada para renovar, ya que La Libertad Avanza monopolizará la confección de la lista de representantes bonaerenses, por lo que depende de que en la Casa Rosada le den el pulgar arriba a su postulación.

La ex gobernadora bonaerense no ha sido precisamente de los diputados del PRO que se alinearon al Gobierno en cada una de las circunstancias.

Su cercanía a Mauricio Macri, quien aceptó a regañadientes un acuerdo indigno con LLA, le juega en contra.

Alejandro Finocchiaro (PRO), quien también termina su mandato en diciembre, tiene mejor llegada al mundo libertario.

Sabrina Ajmechet y Fernando Iglesias compitan por un mismo lugar en la lista de La Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambos son cercanos a Patricia Bullrich pero Ajmechet corre con ventaja porque tiene contacto directo con el presidente Javier Milei.

La ministra de Seguridad está pidiendo un lugar “entrable” para alguno de ellos en la lista de candidatos a diputados nacionales de la Ciudad, y otro para Gerardo Milman por la provincia de Buenos Aires.

En la rampa de salida del Congreso está el mendocino Julio Cobos (UCR), diputado desde 2021 y anteriormente senador nacional (2015-2021), quien anunció que no buscará ser candidato en estas elecciones.

El también radical Martín Tetaz también se encuentra en una situación problemática. Se alejó hace tiempo de Martín Lousteau, el referente que lo había llevado a la política institucional, y ya no tiene a nadie que lo apalanque para una eventual postulación por la Ciudad de Buenos Aires.

De la UCR porteña el único con chances reales de seguir en el Congreso en justamente el ex ministro de Economía y presidente del Comité Nacional, a quien se le acaba el mandato en el Senado este año.

Su participación electoral sepultaría las chances de retener su banca de Carla Carrizo, su mano derecha e influyente diputada nacional de Democracia para Siempre.

Ricardo López Murphy es otro diputado nacional porteño que ve su futuro inmediato afuera del Congreso.

Emilio Monzó, conspicuo ex presidente de la Cámara baja y armador de Encuentro Federal, parecería tener las horas contadas en la Cámara de Diputados, a menos que ocurra un milagroso acuerdo en el marco de la coalición de centro “Somos Buenos Aires” que lo ponga en los primeros lugares de la lista.

En la misma situación está Florencio Randazzo, quien tiene el apoyo y las credenciales del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti para renovar su mandato como diputado nacional por “Somos Buenos Aires”.

Otro diputado que es protagonista crucial de la “rosca” opositora es Oscar Agost Carreño, uno de los líderes naturales de Encuentro Federal junto al mencionado Monzó, Nicolás Massot y Miguel Pichetto. 

La situación del cordobés para reelegir es compleja: está enfrentado a la dirigencia provincial del PRO, partido del cual perdió el control tras haber sido presidente, por lo que deberá reagruparse en otro frente para encontrar su lugar en las próximas elecciones legislativas.

El éx árbitro de fútbol Héctor Baldassi (PRO) está en una situación análoga y perdió consideración en el partido amarillo cordobés por su perfil opositor y cercanía a Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, busca desesperadamente un acuerdo con La Libertad Avanza para renovar su banca, pero esta alianza está en evaluación por parte del Gobierno nacional.

Natalia de la Sota (Encuentro Federal) quiere ser candidata para renovar, pero ella no es orgánica del gobernador Martín Llaryora, lo cual la hace correr desde atrás en la pulseada con otros dirigentes del peronismo cordobés.

Por las dudas, la hija del ex gobernador José Manuel de la Sota coquetea con el kirchnerismo, aunque en este territorio hay otros pretendientes a posicionarse en la lista de candidatos como Pablo Carro, a quien también se le vence el mandato en diciembre.

En Santa Fe, la interna peronista la estaría ganando Eduardo Toniolli, quien se perfila para ser primer candidato a diputado nacional con el aval de la estrella en ascenso de la centroizquierda filo kirchnerista Juan Monteverde, quien dio el batacazo con su victoria en las elecciones rosarinas.

Si fuera así, Toniolli retendría su banca en desmedro del veterano ex ministro y jefe de Gabinete nacional Agustín Rossi, quien quiere volver al ruedo en la Cámara de Diputados, donde supo ser un eficiente jefe de bancada kirchnerista.

La Coalición Cívica es uno de los bloques que más tiene para perder en los comicios: pone en juego cuatro de sus seis bancas.

Ni en la Ciudad ni en la Provincia tienen demasiadas posibilidades de lograr lugares entrables en las listas de los frentes que conformen.

En ese sentido, peligra la continuidad de Paula Oliveto Lago, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y del jefe del bloque, Juan Manuel López.  

La opción que le queda a Elisa Carrió para salvar alguna de estas bancas es que la Coalición Cívica compita en soledad y mejore el rendimiento que por ejemplo tuvo recientemente Oliveto en las elecciones porteñas.

La propia líder de la CC podría encabezar una lista propia por la provincia, o llegar a algún acuerdo digno con las fuerzas del centro “Somos Buenos Aires” (radicalismo y peronismo disidente).

En Unión por la Patria el panorama es mucho más nebuloso. Carlos Heller y Gisela Marziotta podrían revalidar sus bancas en representación de la Ciudad, pero la “rosca” porteña se maneja bajo cuatro llaves.

Lo mismo puede decirse respecto de la provincia de Buenos Aires, donde concluyen mandato pesos pesados como Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Daniel Arroyo, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Daniel Gollan.

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Los trabajadores del Garrahan volvieron a reclamar por sus sueldos, pero el gobierno habló de “curros legales”

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Trabajadores del Hospital Garrahan, el mayor centro pediátrico del país, realizan realizaron hoy un paro con marcha entre el Congreso y Plaza de Mayo para reclamar por una recomposición salarial, pero el gobierno volvió a reaccionar con dureza: el ministro de Salud, Mario Lugones, habló de “curros legales” en el nosocomio.

La protesta, denominada “Marcha Nacional de Salud”, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE Garrahan, y fue acompañada por gremios y organizaciones sociales: participaron los trabajadores -médicos, anestesistas, enfermeros, laboratoristas, entre otros- y sus familias.

El conflicto se profundizó tras la renuncia de más de 220 profesionales y la designación de un director sin formación pediátrica. Reclamamos un salario inicial de $1.800.000 para frenar el éxodo”, señalaron desde APyT.

A la protesta se sumaron los médicos residentes del Garrahan, quienes vuelven a visibilizar el conflicto con el Ejecutivo por los bajos salarios. Según denuncian, sus ingresos se componen de un sueldo básico de 800.000 pesos y un bono no remunerativo de 500.000.

Además, critican la decisión del Ministerio de Salud de reemplazar el sistema de residencias por becas para los nuevos ingresantes en hospitales públicos nacionales.

Reacción dura

La respuesta oficial fue dura y estuvo en manos de Lugones. Mediante un posteo en su cuenta de X, el ministro de Salud buscó minimizar el impacto de la medida gremial. “Mientras reordenamos el Garrahan para terminar con los curros legales y la mala administración, el hospital sigue demostrando por qué es el centro pediátrico más importante del país y un referente regional en trasplantes”.

El problema del hospital nunca fue solo de recursos: es de gestión y eficiencia. Por eso aumentamos el presupuesto, eliminamos privilegios y corregimos desvíos para que cada peso vaya donde tiene que ir: a la salud”, señaló.

En el año y medio que llevamos de gestión, el presupuesto del Garrahan aumentó un 274%, es decir, 124 puntos por encima de la inflación. Todo lo contrario al plan platita del 2023, cuando los K recortaron el presupuesto en 75 puntos por debajo de la inflación. Nosotros no vinimos a hacer lo mismo: vinimos a arreglar un sistema que dejaron destruido”, agregó.

Para Lugones, “los médicos y el personal de salud tienen que hacer lo que saben hacer mejor que nadie: salvar vidas”. “Al Ministerio le toca garantizar que tengan los recursos y condiciones para hacerlo. Ordenar el hospital y mejorar cada proceso es la única manera de asegurar que el Garrahan siga siendo el orgullo de todos los argentinos”, concluyó.

Conflicto irresuelto

El conflicto en el Garrahan inició el 1 de julio con una asamblea general, y continuó el 7 con un Cabildo Abierto. El 10 de julio se llevó a cabo un paro que incluyó una conferencia de prensa y un abrazo simbólico al hospital, encabezado por la junta de ATE y APyT.

El hospital cuenta con 4.728 trabajadores en su planta, de los cuales más de 1.000 son médicos y otros profesionales de la salud con un alto grado de especialización.

El Garrahan es, además, un centro de docencia e investigación, donde cada año se capacitan unos 1.800 residentes, quienes también protestan por las bajas remuneraciones que reciben. (DIB)

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El Gobierno apelará el fallo que suspende la disolución de Vialidad Nacional

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El Gobierno nacional informó este jueves por la tarde que apelará el fallo judicial que suspende la disolución de Vialidad Nacional, anuncio que se hizo en los últimos días.

Lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni. “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”, posteó el funcionario en su cuenta de X.

Las declaraciones de Adorni surgen luego de que la jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, suspendió por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.

La magistrada hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de “ejecutar cualquier acto administrativo, que derive” del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

El gobierno de Javier Milei no podrá disponer “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.

“Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, afirmó la sentencia.

La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.  (DIB)

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