Con Cristina de Kirchner ausente y el quorum justo -un voto más de los 37 necesarios-, el Frente de Todos aprobó anoche y giró a Diputados dos proyectos impulsados por Oscar Parrilli para limitar la tasa de interés por mora en servicios públicos y privados, que involucran al transporte, agua, internet, gas, cable, electricidad, tarjetas de crédito, medicina prepaga, educación privada en todos sus niveles y empresas de seguros, entre otras.
Las iniciativas en cuestión ahora deberán pasar el duro escollo de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. De hecho, las modificaciones realizadas a último momento por Parrilli dejaron desconcertados incluso a potenciales aliados en la Cámara baja. Por caso, se agregó una tasa diferenciada por género.
“¿Por qué quieren sacar esta ley? Porque tienen una interna dentro del Gobierno. Entonces, el sector que responde a Cristina Fernández considera que las regulaciones que dispone el Gobierno de Alberto Fernández sobre los organismos de servicios públicos no son suficientes. Los representantes del Banco Central que asistieron al Senado dijeron que esta ley que limita las tasas de interés por mora es desmedida, pero el oficialismo que defiende a Cristina Fernández no les creyó y por eso hoy van a votarla favorablemente”, aseguró la macrista Laura Rodríguez Machado, única voz de la oposición durante el debate en el Senado. La legisladora cordobesa, una de las pocas que enfrentó al kirchnerismo en el recinto, va en busca de la reelección en una dura interna.
El pleno de la Cámara alta también aprovechó la sesión para tomar la jura de la senadora Juliana Di Tullio -en reemplazo de Jorge Taiana, flamante ministro de Defensa- y dio luz verde a un combo de pliegos judiciales que se discutieron, a finales del mes pasado, en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
Una de las designaciones en cuestión generó más problemas para Fabián “Pepín” Rodríguez Simón: el fiscal de la Seguridad Social y postulante a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Gabriel De Vedia, aseguró semanas atrás que, durante una reunión que mantuvo en 2017 con el exasesor judicial “estrella” de Mauricio Macri, éste le dejó claro que la si la entonces procuradora general -jefa de fiscales- Alejandra Gils Carbó no presentaba su renuncia, terminarían “presa ella y sus hijas”.
La oposición rechazó este pliego, al igual que el de la candidata a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Guadalupe Vázquez, por el inminente debate sobre la causa Correo Argentino.
Durante la discusión en la comisión de Acuerdos, el senador radical Julio Martínez consultó a la postulante qué haría si un deudor presentara una propuesta de pago del 100%, algo que el macrismo postuló que había sido parte de la propuesta -luego rechazada- de la exfamilia presidencial. El kirchnerismo bloqueó la respuesta. Ayer, en tanto, ningún opositor hizo uso de la palabra en el recinto sobre los pliegos judiciales.
En otro tramo de la sesión se avaló con amplio consenso un proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU) con el objetivo de reducir la disposición final de esos productos, y así disminuir el impacto sobre el ambiente.
La Cámara alta también aprobó y giró a Diputados un convenio entre varios ministerios y las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales.
En tanto, dos convenios sobre seguridad social firmados por Argentina, uno con Israel y el otro con Corea del Sur, que reconocen los aportes previsionales realizados por los trabajadores migrantes en cada país, avanzaron ayer en el recinto. El primero fue suscripto el 12 de septiembre de 2017 y se convirtió en ley, mientras que el de Corea fue rubricado el 27 de noviembre de 2018 y fue aprobado y girado a Diputados. Ambos tuvieron amplio apoyo.
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