La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales que oficializó el Gobierno nacional sumó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que los cambios representan un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y diversidad en la integración del máximo tribunal.

Las críticas apuntaron al decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó los decretos 222 y 588 de 2003. La norma eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. La iniciativa también suprimió las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.

Los cuestionamientos fueron expresados en un documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL. Las entidades sostuvieron que la reforma implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”. Además, señalaron que los cambios “debilitan los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reducen los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.

En ese contexto, Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de ACIJ, afirmó que “los aportes realizados por distintos sectores en el último proceso de designación de jueces de la Corte Suprema reflejaron que existe un interés y movilización en torno a estos temas”. Agregó: “Eliminar la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en el marco de las designaciones judiciales implica un obstáculo para el ejercicio del escrutinio público y un retroceso que daña la calidad de nuestra democracia”.

La reforma había sido anticipada por el Gobierno con el argumento de acelerar los procesos de cobertura de vacantes y reducir etapas administrativas. La Casa Rosada también sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada durante el trámite legislativo en el Senado, que conserva la atribución constitucional de prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa interpretación y señalaron que la instancia eliminada tenía una finalidad distinta. “La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”, indicaron. A su entender, eso podía “influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”.

Ese mecanismo había sido establecido hace más de dos décadas por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner. Las normas incorporaron estándares de transparencia y participación ciudadana para los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales y defensores públicos.

Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la modificación fue la necesidad de agilizar los nombramientos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y que ese plazo resultaba “más que razonable” frente a los tiempos que suelen insumir las vacantes judiciales en la Argentina. “No caben dudas de que los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo”, señalaron.

Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones fue la eliminación de los criterios vinculados con la igualdad de género y la diversidad para la integración de la Corte Suprema. Según el documento, la medida “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.

Las entidades también cuestionaron uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. “La afirmación del Poder Ejecutivo de que esos criterios no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional no es correcta”, señalaron. También recordaron que el derecho a la igualdad en la participación pública y política está reconocido en distintos tratados internacionales incorporados al bloque constitucional.

Las organizaciones vincularon la reforma con antecedentes recientes relacionados con las vacantes en el máximo tribunal. Recordaron que durante los últimos años distintas entidades formularon objeciones a las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la ausencia de paridad de género en la Corte.

En el documento, señalaron que esas observaciones fueron presentadas justamente a través de los mecanismos de participación previstos por el decreto 222/03 y recordaron que posteriormente el Gobierno avanzó con designaciones por decreto. “Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante de cara al futuro”, afirmaron.

En el cierre del comunicado, las entidades reivindicaron el valor de los mecanismos de control ciudadano. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia”, sostuvieron. Y concluyeron con una advertencia: “La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos. En definitiva, son esas personas las que decidirán sobre nuestros derechos”.

Patricia Bullrich comentó este martes que Javier Milei considera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “dio una explicación razonable” sobre las acusaciones que pesan en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La senadora hizo esas declaraciones a la salida del Congreso, tras la reunión de Labor Parlamentaria en la que el oficialismo y sus aliados lograron posponer la sesión prevista para este miércoles. La nueva fecha quedó fijada para el 2 de julio. Allí, la oposición avanzará con un pedido de interpelación para la posible moción de censura contra Adorni.

Bullrich fue escueta y directa al ser consultada sobre la posición del Ejecutivo frente al caso Adorni. “El presidente considera que no hay razón (para echar a Adorni), que no mintió, considera que dio una explicación razonable. Nada que cuestionarle al presidente”, declaró la senadora, quien minutos después se retiró hacia una cena en una embajada.

Al ser consultada sobre su mirada sobre el caso contestó “yo ya opiné”. En efecto, la senadora había señalado que las contradicciones de Adorni en sus declaraciones juradas patrimoniales eran “más que un error, una omisión ética”.

La postergación de la sesión no despeja el horizonte para Adorni: el camino trazado en Labor Parlamentaria establece que el jueves 25 se votará la habilitación de su interpelación, para que el funcionario comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio. Si sus respuestas no satisfacen a la oposición, ese mismo día podría enfrentar una moción de censura.

En una entrevista con Infobae al Regreso, la concejala Anita Martínez pidió al presidente que evite concurrir con Manuel Adorni al acto del 20 de junio en Rosario, reclamando preservar el sentido republicano de la fecha.

Durante su participación, Anita Martínez, referente del PRO en Rosario, dialogó sobre los preparativos del Día de la Bandera y su decisión de enviar una carta pública al presidente Javier Milei.

Martínez remarcó la importancia de no transformar el evento en una disputa política: “Nuestro jefe de Gabinete lamentablemente no tiene los mismos valores que Manuel Belgrano. Entonces el mensaje es para nuestros hijos, el mensaje es para los chicos, el mensaje es para la nación”.

Martínez exigió a Milei dejar fuera a Adorni del acto del 20 de junio

La concejala del PRO sostuvo: “La verdad que Manuel Adorni da vergüenza”. Subrayó que el Día de la Bandera debe ser una jornada de unidad y respeto: “Es un pedido que le hago como rosarina al presidente para defender nuestros valores, para defender lo que significa para todos los rosarinos, no solamente vivir mejor, más seguros, con obras, con un gobernador que se puso las diez y que está defendiendo la ciudad de Rosario”.

Martínez vinculó el reclamo a su tarea diaria y al sentido educativo de la fecha: “Hoy en la mañana, estando en el monumento nacional a la bandera que se pudo reinaugurar, donde las obras las termina tomando la provincia de Santa Fe porque Nación no pudo terminarlo, teniendo a muchísimos chicos que van a ir en el mes de junio más de 25 mil alumnos entre cuarto y quinto grado de todo el país, a jurarle lealtad a la bandera, a jurarle lealtad a la patria, a poder entender los valores que nos dejó Manuel Belgrano”.

Criticó con dureza al jefe de Gabinete: “Tiene que ser juzgado. Adorni es corrupto. ¿Queda alguna duda de eso?”, y justificó la carta pública: “Defender la República también significa alzar nuestra voz en los lugares donde trabajamos y tenemos una responsabilidad no solo política, sino social”.

El PRO local y la disputa por el perfil de la celebración

Martínez anticipó que su planteo busca evitar que la presencia de Adorni opaque el sentido del acto: “Le estoy pidiendo públicamente al presidente de la nación que no asista con el jefe de Gabinete a los festejos del Día de la Bandera para evitar que la atención política, social, cultural salga del eje del Día de la Bandera y pase a estar focalizada sobre la figura del jefe de Gabinete”.

Consultada sobre el respaldo partidario, aclaró: “No hablé con Mauricio (Macri) todavía. Entiendo que vamos en el mismo sentido, porque tanto Fernando de Andreis como secretario general del PRO a nivel nacional y diputado nacional también ha hecho declaraciones en este sentido y tiene más que ver con lo que sentimos como argentinos, ¿no? Que dejen de agarrarnos de idiotas, que dejen de subestimarnos y que lo que no podemos poner en juego es, ante todo, la verdad, la historia de la Argentina”.

La concejala diferenció el rol de los funcionarios y defendió el valor de la ejemplaridad: “Más allá de que seas un jefe de Gabinete que te puede poner tu presidente. Yo quiero que esté el presidente de la nación. Pero también quiero decirle al presidente de la nación que lamentablemente este Manuel no es un buen ejemplo para nuestros hijos, no es un buen ejemplo para la sociedad”.

Martínez cerró destacó la magnitud de la convocatoria: “Esperamos que el Día Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario sea una fiesta y no una pulseada política”.