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El Senado aprobó el proyecto de Kicillof y este año tampoco habría PASO en la Provincia

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El Senado bonaerense aprobó esta tarde el proyecto que envió el gobernador Axel Kicillof para suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias este año, pero con una modificación clave: no incluyó un artículo en el que el Ejecutivo pedía ampliar los plazos para presentar las boletas y las listas de cara a la elección general que en la provincia, luego de aprobado el desdoblamiento, será el 7 de septiembre.

La suspensión de las PASO, que ahora deberá tratar Diputados, fue votada casi por unanimidad -solo se abstuvo el senador Federico Fagioli, alineado con Juan Grabois- pero se destrabó luego de que Cristina Fernández de Kirchner aceptara el planteo de Kicillof para que no haya internas, ligado a la estrategia desdoblar las elecciones, algo que la expresidenta también aceptó aunque dejando en claro que cree que se trata de una estrategia equivocada.

El acuerdo para votar hoy se alcanzó en una reunión de Labor Parlamentaria esta misma mañana, después de que los presidentes de bloque de la oposición (PRO; La Libertad Avanza y LLA 1; UCR-Cambio Federal y Derecha Popular) amagaran con avanzar con un texto propio. Finalmente, acompañaron el texto que envió Kicillof en un acuerdo que excluyó un artículo que estiraba los plazos para presentar listas y boletas para votar en septiembre.

Horas antes, la Junta Electoral había advertido en una nota formal que envió a la presidencia de la cámara Alta, en la que advirtió que hay vigentes “plazos materialmente imposibles” de cumplir para oficializar candidaturas y listas de cara a la elección adelantada por Kicillof al 7 de septiembre. De todos modos, el Senador avanzó con la suspensión de la PASO sin atender esta advertencia.

En el texto original se plantea una convocatoria a las elecciones generales con cien días de anticipación de los comicios, re reconocimiento de alianzas 80 días antes, de presentación de listas 70 días y de 50 días para las boletas. Lo que se votó hoy excluye cualquier mención al cronograma, por lo que de acuerdo a la ley vigente -5109- los plazos serán de 60 días para el cierre de alianzas y presentación de listas.

La trama política

El lunes, Cristina Kirchner hizo pública su posición a favor de suspender las PASO y aceptar el desdoblamiento – DIB la adelantó el sábado previo– en un texto en el que pidió retirar dos proyectos presentados por la senadora Teresa García y el diputado Facundo Tignanelli que establecían las elecciones concurrentes, en abierta contradicción con el desdoblamiento ya vigente que Kicillof estableció por decreto.

Kicillof había argumentado que con la elección desdoblada hubiese sido contraproducente mantener la PASO porque hubiese obligado a los bonaerenses a votar tres veces. La Expresidenta coincidió, pero mantuvo sus duras críticas al gobernador por el desdoblamiento: dijo que es “un error político” y reprochó que nadie defendiera la idea cuando ella pidió una elección el año pasado en una reunión en Moreno, un dardo directo al gobernador que estaba presente.

Al justificar su voto hoy, la senadora García retomó esa crítica: “yo, y muchos compañeros y compañeras, creemos que la mejor opción para los bonaerenses en este contexto de crisis económica y hastío social era una elección concurrente. Una única elección donde se pudiera el esfuerzo económico, el esfuerzo humano, donde se lograra, desde la fuerza política que sea, emitir un discurso que hiciera recuperar la confianza de la sociedad en la política”.

PRO, por su parte, emitió un comunicado en el que resaltó que suspender las PASO “es un reclamo persistente de nuestra fuerza política” que se sustenta en que están “convencidos de que han perdido eficacia como herramienta de selección democrática de candidaturas”. Agregaron que “en muchos casos, estas primarias solo ratifican listas únicas, generando un gasto innecesario en un contexto económico complejo”.

El radical Agustín Máspoli argumentó que con el proyecto aprobado “le estamos dando certidumbre al electorado; a los partidos políticos y vamos a apoyar esta suspensión. Nos ponemos a disposición para discutir los problemas que hay que discutir”.

El acuerdo político que permtió votar la suspension de las PASO en la cámara Alta anticipa que también será refrendado en Diputados. Así, tampco habrá primarias en al elección para elegir diputados, senadores provincia y concejales. El cronograma electoral será de dos turnos: el 7 de septiembre se votarán esos cargos y el 26 de octubre se elegirán los diputados nacionales por la provincia. (DIB) AL

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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