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El Senado aprobó el proyecto de Kicillof y este año tampoco habría PASO en la Provincia

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El Senado bonaerense aprobó esta tarde el proyecto que envió el gobernador Axel Kicillof para suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias este año, pero con una modificación clave: no incluyó un artículo en el que el Ejecutivo pedía ampliar los plazos para presentar las boletas y las listas de cara a la elección general que en la provincia, luego de aprobado el desdoblamiento, será el 7 de septiembre.

La suspensión de las PASO, que ahora deberá tratar Diputados, fue votada casi por unanimidad -solo se abstuvo el senador Federico Fagioli, alineado con Juan Grabois- pero se destrabó luego de que Cristina Fernández de Kirchner aceptara el planteo de Kicillof para que no haya internas, ligado a la estrategia desdoblar las elecciones, algo que la expresidenta también aceptó aunque dejando en claro que cree que se trata de una estrategia equivocada.

El acuerdo para votar hoy se alcanzó en una reunión de Labor Parlamentaria esta misma mañana, después de que los presidentes de bloque de la oposición (PRO; La Libertad Avanza y LLA 1; UCR-Cambio Federal y Derecha Popular) amagaran con avanzar con un texto propio. Finalmente, acompañaron el texto que envió Kicillof en un acuerdo que excluyó un artículo que estiraba los plazos para presentar listas y boletas para votar en septiembre.

Horas antes, la Junta Electoral había advertido en una nota formal que envió a la presidencia de la cámara Alta, en la que advirtió que hay vigentes “plazos materialmente imposibles” de cumplir para oficializar candidaturas y listas de cara a la elección adelantada por Kicillof al 7 de septiembre. De todos modos, el Senador avanzó con la suspensión de la PASO sin atender esta advertencia.

En el texto original se plantea una convocatoria a las elecciones generales con cien días de anticipación de los comicios, re reconocimiento de alianzas 80 días antes, de presentación de listas 70 días y de 50 días para las boletas. Lo que se votó hoy excluye cualquier mención al cronograma, por lo que de acuerdo a la ley vigente -5109- los plazos serán de 60 días para el cierre de alianzas y presentación de listas.

La trama política

El lunes, Cristina Kirchner hizo pública su posición a favor de suspender las PASO y aceptar el desdoblamiento – DIB la adelantó el sábado previo– en un texto en el que pidió retirar dos proyectos presentados por la senadora Teresa García y el diputado Facundo Tignanelli que establecían las elecciones concurrentes, en abierta contradicción con el desdoblamiento ya vigente que Kicillof estableció por decreto.

Kicillof había argumentado que con la elección desdoblada hubiese sido contraproducente mantener la PASO porque hubiese obligado a los bonaerenses a votar tres veces. La Expresidenta coincidió, pero mantuvo sus duras críticas al gobernador por el desdoblamiento: dijo que es “un error político” y reprochó que nadie defendiera la idea cuando ella pidió una elección el año pasado en una reunión en Moreno, un dardo directo al gobernador que estaba presente.

Al justificar su voto hoy, la senadora García retomó esa crítica: “yo, y muchos compañeros y compañeras, creemos que la mejor opción para los bonaerenses en este contexto de crisis económica y hastío social era una elección concurrente. Una única elección donde se pudiera el esfuerzo económico, el esfuerzo humano, donde se lograra, desde la fuerza política que sea, emitir un discurso que hiciera recuperar la confianza de la sociedad en la política”.

PRO, por su parte, emitió un comunicado en el que resaltó que suspender las PASO “es un reclamo persistente de nuestra fuerza política” que se sustenta en que están “convencidos de que han perdido eficacia como herramienta de selección democrática de candidaturas”. Agregaron que “en muchos casos, estas primarias solo ratifican listas únicas, generando un gasto innecesario en un contexto económico complejo”.

El radical Agustín Máspoli argumentó que con el proyecto aprobado “le estamos dando certidumbre al electorado; a los partidos políticos y vamos a apoyar esta suspensión. Nos ponemos a disposición para discutir los problemas que hay que discutir”.

El acuerdo político que permtió votar la suspension de las PASO en la cámara Alta anticipa que también será refrendado en Diputados. Así, tampco habrá primarias en al elección para elegir diputados, senadores provincia y concejales. El cronograma electoral será de dos turnos: el 7 de septiembre se votarán esos cargos y el 26 de octubre se elegirán los diputados nacionales por la provincia. (DIB) AL

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Un Gobierno en apuros: Karina Milei anudó pactos políticos y Bullrich le puso el cuerpo a las PASO

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“No me voy a convertir en la casta que vine a combatir”. La frase que ayer Javier Milei eligió para explicarle a Eduardo Feinmann, en A24, por qué no tomará medidas económicas expansivas rescató del archivo una palabra que el Presidente no pronunciaba desde hacía tiempo. “Casta”, aquel concepto que lo catapultó en 2023 y que usó hasta el cansancio contra la clase política que “hace lo que sea por defender sus privilegios”, había desaparecido de su boca en los últimos meses.

Si se mira la praxis política que tuvo el Gobierno durante esta semana, la frase de Milei resulta, por lo menos, irónica. Es que, apenas León XIV se fue de la Argentina, La Libertad Avanza (LLA) se enfrascó en uno de los peores vicios de la casta: el de cambiar las reglas electorales en función de su propia conveniencia.

La dinámica de los últimos días mostró a una Casa Rosada muy urgida políticamente. El plan por la reelección derivó en actos de desesperación. El lunes, Milei le hizo promesas al empresariado para 2031 y Luis Caputo brindó una extensa entrevista radial para hablarle a los decisores económicos tras la seguidilla de encuestas que marcaron una nueva caída en la imagen del Gobierno.

Karina Milei, por su parte, hizo algo inédito: levantó ella misma el teléfono para negociar con varios gobernadores (en particular, los de la UCR). Y también telefoneó más de una vez a Mauricio Macri. Se metió en el barro para juntar los votos para suspender las PASO en 2027 y empujar la reelección de su hermano.

“Rosquea fuerte la señora”, dijo alguien de su primer anillo a Infobae. La hermana del Presidente trabajó palmo a palmo con Diego Santilli y con su lugarteniente, Eduardo “Lule” Menem, para amasar los acuerdos. Patricia Bullrich, que hasta acá se había declarado prescindente en la materia, terminó por ponerle el cuerpo al proyecto en el Senado.

La exministra sacó pecho cuando anunció que finalmente no se incluiría el engendro de las colectoras en la reforma electoral. Le ahorró la incomodidad a muchos que en el pasado habían vilipendiado el mecanismo y que ahora tenían que votarlo con la nariz tapada.

¿Cómo fue el toma y daca? La cuestión se destrabó, sencillamente, porque la Casa Rosada aceptó adelantar el pacto electoral nacional con los gobernadores de la UCR. Alfredo Cornejo (Mendoza) allanó la firma en el dictamen del senador Rodolfo Suárez. Y los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) habilitaron la rúbrica de Eduardo Vischi e, indirectamente, de Carlos “Camau” Espínola, que se hizo desear hasta el final.

En rigor, el sistema de adhesiones o colectoras (dos listas legislativas colgadas de un candidato presidencial) funcionaba únicamente como un reaseguro para los gobernadores aliados. Y se explicaba sólo por la desconfianza que en el pasado había sembrado LLA a la hora de repartir lugares en las nóminas. Algo así como “si Karina va a monopolizar la lapicera y no es generosa, quiero tener la posibilidad de colgar a mis candidatos”. En la Casa Rosada decían que era un pedido de los gobernadores. Y en las provincias aseguraban, en cambio, que la idea fue de “Lule” Menem. Nadie quiso cargar con el muerto.

La promesa del karinismo es que, más allá de lo que ocurra en las contiendas provinciales, en las nóminas de diputados y senadores nacionales habrá casilleros para que los gobernadores cuelen a los suyos entre los violetas. “Fue la magia de la negociación, se generó la confianza”, dijo una alta fuente del oficialismo.

Transpirando, el Gobierno consiguió anoche las firmas de once senadores en la comisión de Asuntos Constitucionales para obtener dictamen. Es apenas el primer paso: falta votar el proyecto en el recinto en la Cámara alta (la semana que viene) y todo el trámite en Diputados. Aunque hay esfuerzos por disimularlo, el proyecto quedó lejos de ser una transformación superadora para el sistema democrático y se convirtió en un traje a medida de la necesidad de cada uno.

Karina y Mauricio

El camino para el Gobierno, no obstante, empezó a allanarse cuando el PRO publicó el comunicado informando que acompañaría la suspensión de las PASO. “Al final del día, Mauricio cumplió”, comentaron Santilli y Karina Milei durante la reunión de mesa política del martes en Balcarce 50. La decisión de los amarillos se resolvió el lunes, en un Zoom que reunió virtualmente a Macri con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y los jefes de los bloques, Cristian Ritondo y Martín Goerling. Este último quedó descolocado: siempre dijo que no apoyaría un cambio en las reglas de juego electorales.

En el PRO alegaron que la decisión pasó por cuidar la estabilidad económica. “Macri entendió que en este momento sería una muy mala señal que Milei no pueda suspender las PASO”, apuntaron en el partido. Tiene sentido el argumento: en su obsesión por inclinar la cancha en 2027, el Gobierno terminó por convertir a la reforma política en un test de gobernabilidad a los ojos de los mercados.

Pero hay algo más importante que Karina le dio a Macri en estas horas: el reconocimiento. La hermana del Presidente volvió a validar al exmandatario como su principal interlocutor político. No es poco, teniendo en cuenta las voces que la alientan para cerrar acuerdos con Jorge Macri en la Ciudad, con los gobernadores del PRO y con Ritondo en Buenos Aires, dejando al calabrés fuera de la foto.

En sus sucesivos llamados telefónicos, Karina Milei aceptó dejar para febrero o marzo la negociación en la Ciudad. Mauricio Macri ya dejó trascender que su vínculo político con su primo es irreconciliable. No parece casual que Fernando De Andreis, lugarteniente del expresidente, haya anunciado en una entrevista radial que quiere disputar la Capital Federal.

La decisión del PRO con la reforma electoral tiene un alcance mayor que lo puramente parlamentario. Implica ir zurciendo un gran pacto entre partidos. Y deja algo huérfano a Hernán Lacunza que, lanzado a la presidencia, había defendido a las PASO. “Hoy mi partido eligió otro camino. Lo respeto”, dijo el economista.

Javier y Patricia

Con el acercamiento al PRO, la secretaria general de la Presidencia sintonizó con un mandato que transmitió Javier Milei. El jefe de Estado delega la cuestión política en su hermana, pero de tanto en tanto baja el martillo. Así fue que pidió que incluyeran a Mauricio Macri en el encuentro con el Papa en el Palacio Libertad. La invitación se envió apenas un día antes.

Algo parecido ocurre con Patricia Bullrich: Milei dijo ayer que la quiere conservar como su “socia política”. Ahuyentó así a aquellos que, cerca de Karina, hablaban de buscar una “solución definitiva” al affaire con la senadora. La idea era pedirle a Bullrich que se ordenara o, caso contrario, que se fuera del espacio. Pero nada de eso pasó en el reencuentro de la mesa política de este martes. Tras un mes sin verse las caras, todos hicieron lo que mejor saben hacer con sus peleas intestinas: fingir demencia.

Con su repentina colaboración en el Senado, Patricia Bullrich buscó mandar un mensaje hacia adentro. Dejó en claro que ella no planeaba, como tantos especularon, reclamarle una PASO a Milei ni hacerle un atraco electoral. La senadora se lo dijo a su equipo esta semana: “Yo no voy a hacer un contrapunto con la reforma política porque a mí lo que me importa es cómo llega la economía. Esto no es una interna por el poder”.

Esta semana, de hecho, Bullrich dijo públicamente que “el rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”. “Para que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios para que la gente lo sienta dentro de un año”, abundó. El Presidente, en cambio, siguió machacando con que no hará corrección económica alguna.

Así las cosas, un eventual ofrecimiento a Bullrich para que integre una fórmula presidencial con Milei no saldará la cuestión de fondo con la “socia” presidencial.

Resquemores en Diputados

Con tanto empeño para juntar las firmas para la reforma política en el Senado, el Gobierno descuidó su agenda en Diputados. Ayer se iban a votar dos proyectos que se presentaron como cruciales para la agenda libertaria: la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la cuestión Malvinas.

Los pases de factura no tardaron en llegar. Se habló de heridos por el reparto de sillas en el Consejo de la Magistratura. Pero la explicación de Martín Menem a la mesa política fue que los diputados de Provincias Unidas (PU), que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), no se sentaron en sus bancas porque reclamaban incorporar la ley de biocombustibles en la sesión. El proyecto beneficia a las grandes cerealeras de esas provincias, pero Cristian Ritondo no lo acompaña porque va en detrimento de industrias bonaerenses.

El repaso de presentes y ausentes en el recinto avivó las suspicacias internas. Todo el sistema tuitero que responde a Santiago Caputo acusó a Menem de un boicot contra el “proyecto Malvinas”, que tiene el sello del asesor presidencial porque incluye su soñado Consejo de Seguridad Nacional. “Es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”, saltó enseguida Daniel Parisini. La cuenta del streaming Carajo hizo un tuit apuntando a un diputado del PJ bajo el curioso título “el Cipayo de La Rioja”. Marcela Pagano metió el dedo en la llaga al hablar de dos diputadas del “staff de Menem” que no se sentaron en sus bancas. La lupa está en Rocío Bonacci (LLA), Lourdes Arrieta (PU) y los diputados del MID, todos con buena terminal en el oficialismo.

Contorsiones discursivas

Si la intención de Caputo el lunes fue programar las expectativas en el mercado asegurando que el kirchnerismo está muerto y que Milei ganará “en primera vuelta”, lo que siguió en los días posteriores mostró un agravamiento de la desconfianza. El riesgo país escaló otros 20 puntos y el dólar subió en todas sus cotizaciones.

El economista Fernando Marull —que habitualmente celebra los fundamentos del programa libertario— lo dijo claramente esta semana en Infobae en Vivo: “De acá a las elecciones no va a cambiar la economía, el mejor escenario para Milei es evitar una crisis”.

Milei, por su parte, volvió a hacer cherry picking de los datos económicos. En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central dijo que el PBI creció 10 puntos desde diciembre de 2023. Aseguró que creó “500 mil puestos de trabajo” y agregó que los salarios privados formales “subieron 10%” y los informales “un 55%”. El Presidente admitió, como en un paréntesis, que su evaluación es “al margen de lo que pueda estar pasando en un par de trimestres, y si se marca o no una recesión técnica”. Aludió así al dato en el que coinciden las consultoras privadas de que el país ya estaría en recesión técnica y que este año el país crecerá menos de 1%, mientras que el empleo privado registrado lleva 15 meses de caída. Fundar contabilizó que cerraron al menos 32.000 empresas en lo que va del gobierno actual.

Después de hacer varias contorsiones para explicar la caída del consumo y el aumento de la informalidad como una voluntaria reconversión laboral, Caputo terminó por reconocer, como al pasar, el problema de la actividad y el empleo. Cuando explicó que no puede subir las jubilaciones por prudencia fiscal, soltó: “Necesitamos dos cosas para recaudar más: que la economía crezca y que el trabajo se formalice”.

En la Casa Rosada aseguran que Milei está hoy entre los 35 y los 38 puntos. “Lo bueno es que no tiene contra quién perder”, apuntan. ¿Qué ocurre si, a partir de la eventual suspensión de las PASO, la oferta electoral adquiere una fisonomía distinta a la de la polarización que quiere diseñar el Gobierno, con más de una alternativa por derecha y por izquierda?

Mientras el ala política se trenza en una rosca a años luz de los problemas de la ciudadanía, el Presidente y su ministro de Economía intentan enmarcar la contienda de 2027 como una pelea de modelos. Pero no ofrecen una perspectiva de corto o mediano plazo. Un colaborador que orbita en el oficialismo explicó cuál será el concepto que atravesará la campaña por la reelección: “Milei no puede dar ahora prosperidad económica. Solo puede salvar al país de los ‘orcos’”.

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El Senado debatirá hoy sobre discapacidad, propiedad privada y patentes tras el dictamen para suspender las PASO

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Luego de que el Gobierno consiguiera aprobar el dictamen para debatir la suspensión de las PASO en 2027, este jueves el Senado volverá a sesionar para tratar tres proyectos centrales en agenda: discapacidad, propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), pedido por los Estados Unidos.

La convocatoria fue acordada en la reunión de labor parlamentaria que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel. De esta manera, el plenario comenzará a las 11:00 horas y también incluirá la Ley Joaquín, que busca la obligatoriedad de cumplir medidas de seguridad para arcos, aros y juegos de plaza en espacios públicos y privados.

El escenario legislativo encuentra a La Libertad Avanza (LLA) con un avance reciente en otro de los temas que considera prioritarios. Esto se debió a que este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un despacho de mayoría para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias durante 2027.

El proyecto logró reunir 11 firmas, es decir, una más de las 10 necesarias. No obstante, el texto fue modificado en la negociación con los bloques aliados. El Ejecutivo retiró la posibilidad de habilitar colectoras y mantuvo la suspensión de las PASO solo para el próximo año, con la intención de que sea tratada en el recinto el próximo jueves 26 de noviembre.

El proyecto de Discapacidad buscaría regular el sistema de pensiones y nuevas auditorías

Uno de los expedientes que el Senado prevé convertir en ley regula el sistema de pensiones para personas con discapacidad. La iniciativa fija prestaciones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y sostiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso al beneficio.

De esta manera, el proyecto conserva la compatibilidad entre la pensión y un empleo registrado o la inscripción en regímenes tributarios, siempre que los ingresos de la persona no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Además, contempla un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.

También prevé que quienes perciban pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad accedan a las prestaciones básicas contempladas en la Ley N° 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

No obstante, la Secretaría Nacional de Discapacidad podrá realizar auditorías mediante cruces de datos con organismos estatales y suspender beneficios de manera preventiva ante incumplimientos objetivos, bajo un procedimiento que incluya notificación y posibilidad de rehabilitación provisoria.

Se debatirán los límites a la compra de tierras por extranjeros

El proyecto de propiedad privada volvió al Senado en segunda revisión tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. A raíz de esto, el texto recupera el límite de 15% para la venta de tierras a extranjeros, con un máximo de 30% por nacionalidad y de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

Por otro lado, también redefine aspectos de las expropiaciones. De este modo, establece que la declaración de utilidad pública deberá precisar el objetivo perseguido y que la medida tendrá que ser idónea, necesaria y proporcional. Para calcular las indemnizaciones, se tomará el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

En materia de alquileres, exige que el propietario intime formalmente al inquilino antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago y le otorgue un plazo no menor de 10 días corridos para cancelar la deuda.

El Tratado sobre Patentes también volvió al Senado con cambios

En el caso de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT por sus siglas en inglés, la iniciativa regresó a la Cámara Alta porque Diputados introdujo modificaciones y dejó en reserva el capítulo referido al examen preliminar internacional de patentes.

El acuerdo forma parte de los compromisos vinculados al entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos, así como de las alianzas entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el bloque regional y EFTA. Los cambios introducidos en Diputados respondieron a cuestionamientos de laboratorios locales, que advirtieron sobre posibles extensiones artificiales de derechos exclusivos sobre medicamentos.

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El gobierno porteño se prepara para el inicio de la guerra con los Moyano por USD 200 millones en indemnizaciones

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Este viernes se aprobará el pliego de licitación de la recolección de residuos de CABA para el período 2028-2038 y, como se preveía, no incluirá las indemnizaciones para los 6500 trabajadores del sector, como exige el Sindicato de Camioneros. Por eso en el gobierno porteño esperan que en ese momento comience la guerra con el gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo, que amenazaron con protestas en reclamo de ese beneficio, que representa unos 200 millones de dólares.

En el transcurso de la audiencia pública del 5 de octubre pasado, en el que se analizó el anteproyecto de los pliegos de licitación de la recolección de basura desde 2028, como anticipó Infobae, se confirmó que en la renovación de las concesiones del servicio no iba a figurar el millonario resarcimiento económico conocido como Ley Moyano, una norma no escrita y de nula legalidad por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Ante la difusión de la noticia, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, llamó a una movilización de trabajadores de la actividad ante la Comuna 1, en Humberto Primo 250, y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, amenazó con un “paro total” si no se incluían las indemnizaciones.

“A la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, advirtió el hijo mayor de Hugo Moyano, que remarcó que las indemnizaciones en la recolección de residuos son “un derecho adquirido que venimos cobrando desde hace más de 30 años en todas las licitaciones”.

Desde entonces, hubo contactos extraoficiales de Aparicio con el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Higiene, Matías Lanusse, pero no tuvieron resultados positivos para el gremio: los funcionarios de la Ciudad ratificaron que Jorge Macri decidió no incluir las indemnizaciones en el nuevo pliego, aunque sí se pagarán las correspondientes al contrato vigente, que se prorrogó hasta septiembre de 2028.

En el macrismo aclararon que no hace falta que el pliego sea aprobado por la Legislatura porteña porque en su momento ya puso en vigencia el marco legal que se debe cumplir en cada licitación, por lo que sólo se requiere de la firma del jefe de Gobierno para poner en marcha la renovación del servicio de recolección de basura.

Ahora, una vez que esté firmado el pliego, los contratos se adjudicarán entre este mes y febrero de 2027, aunque comenzarán a regir en septiembre de 2028.

La inminente aprobación del futuro pliego de licitación abre la puerta a un enfrentamiento extenso e incierto con Camioneros, que viene de ganar otra de sus batallas para que se respete la Ley Moyano: tras un paro de 72 horas, el sindicato logró hace 48 horas que se firme un acta que reconoce el pago de las indemnizaciones a los 30 empleados de una empresa que se encargaba del servicio de recolección de residuos en el Mercado Central y que fue reemplazada por otra compañía.

El gobierno de Jorge Macri está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el nuevo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares: las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.

Según quienes siguen de cerca este polémico tema, la Ley Moyano implica que los contribuyentes terminen pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.

El origen de la Ley Moyano fue la finalización del contrato de Manliba con el gobierno de la ciudad en 1998 y adquirió fuerza durante la gestión porteña de Mauricio Macri: en 2012, la Legislatura aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores cada vez que cambiara una concesión.

Esa “ley” también se aplicó ante nuevas licitaciones de recolección de basura en Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de la Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato de los Moyano firmó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con el pago de indemnizaciones incluido.

El precedente alcanzó al supermercado Walmart cuando el Grupo Narváez lo compró en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir la aplicación de la Ley Moyano con el despido de 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, el pago de la doble indemnización vigente y su posterior reincorporación.

Finalmente, la indemnización no se concretó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El conflicto expuso hasta dónde podía llegar el sindicato para sostener la aplicación de ese esquema en operaciones empresariales.

La misma presión de Camioneros apareció en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de grúas porteño y Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de intentar precarizar los salarios de 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Tras negociaciones, el acuerdo alcanzado entre ambas partes permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a depender de SBASE, empresa estatal de la Ciudad: mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno cobró hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.

La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con que la ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba a los 6 mil trabajadores ante el siguiente vencimiento contractual.

El gobierno porteño sostuvo que los contratos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero advirtió que en 2020 las partes prorrogaron los contratos por cuatro años adicionales, hasta 2028.

Luego de las amenazas sindicales y del clima de tensión, Hugo Moyano y el gobierno porteño acordaron en octubre de 2024 no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes sufrían problemas de salud desde la pandemia y no podían cumplir sus tareas.

El entendimiento, de todas formas, provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección de residuos de la Ciudad. En la compañía Cliba, por ejemplo, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de que cobrarían una compensación en 2028.

“¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado durante una asamblea espontánea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente sindical ante una cámara.

La reacción de las bases llevó a Aparicio a difundir un video explicativo. El dirigente definió como un “privilegio” la aplicación del mecanismo a los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permitió cobrar indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.

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