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El Senado rechazó el proyecto Ficha Limpia y Cristina Kirchner podrá ser candidata a nivel nacional

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El Senado rechazó hoy el proyecto Ficha Limpia que le impide a condenados en segunda instancia a ser candidatos a cargos electivos nacionales. Su aplicación dejaba fuera de carrera a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La votación quedó 36 votos afirmativos a 35 negativos, tras más de 10 horas de sesión y en la que se escucharon 36 discursos de los representantes provinciales en favor y en contra de la iniciativa. Para la aprobación se necesitaban 37 votos.

Fueron dos senadores de Misiones los que obturaron la luz verde del proyecto y que se plegaron al interbloque kirchnerista: Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, ambos del Frente de la Concordia del ex gobernador Carlos Rovira.  

Rovira había logrado bloquear en 2020 un proyecto de Ficha Limpia en su provincia que había presentado la legisladora radical Anita Minder. Ambos senadores evitan a la prensa acreditada y solo se expresan a través de sus votos. Hoy, dieron otro ejemplo de eso. 

El resultado cayó como un baldazo de agua fría en varios actores que componen el círculo de los “dialoguistas”. Quizás el gesto más notorio de eso fue la cara de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Lo cierto es que en el inicio del poroteo por Ficha Limpia, allá por mediados de febrero de este año, ambos misioneros estaban bajo la lupa, tal como publicó la Agencia Noticias Argentinas

Sin embargo, la pelea por la campaña en las elecciones porteñas entre el Gobierno y el PRO, más los zigzagueantes Natalia Gadano y José María Carambia, se llevaron la marca y las luces de la discusión.

En este contexto, el proyecto Ficha Limpia quedará para la historia al menos en este 2025, un año nada más y nada menos que electoral. Podrá volver a ingresar al Congreso de la Nación recién el 1 de marzo del 2026.

El panorama previo a la sesión

El proyecto Ficha Limpia aterrizó en el recinto de la Cámara alta tras casi tres meses de anestesia. Fue utilizada tanto por LLA y el PRO para juegos propios.

Por un lado, LLA agitó la iniciativa para amedrentar al kirchnerismo. Eso se dio en paralelo al tire y afloje por el futuro del Criptogate en Diputados y el final –malo para el Gobierno– de los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como candidatos a integrar la Corte Suprema.

Este miércoles, ya con Ficha Limpia en el recinto y a minutos de su discusión, la bancada K intentó colar en el temario un pedido de interpelación para Karina Milei por el Criptogate, en respuesta a la avanzada contra el proyecto de reforma electoral.

Las sospechas en el Senado -desde febrero- apuntaban a las de un acuerdo entre el kirchnerismo y el oficialismo: uno no insistía con el Criptogate y el otro no avanzaba con Ficha Limpia. 

Un indicio de esto dejó trascender la senadora Alejandra Vigo en su cuenta de X: “Dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva una candidata libertaria en la lista”.

“Como lo advertimos, el gobierno de Milei terminó siendo funcional al kirchnerismo”, remató la cordobesa Vigo.

Desde Balcarce 50 desperdigaban entre el lunes y el martes pasado versiones distintas desde sobre el futuro de Ficha Limpia. Una desde que faltaban cuatro o cinco votos y otra que daba por sentado la aprobación del proyecto.

En otro carril, el PRO aprovechó la campaña de la elección porteña para buscar un triunfo para la candidata a legisladora porteña del PRO y diputada, Silvia Lospennato, una de las impulsoras de la Ficha Limpia y que promete replicar el proyecto en la Legislatura.

El deseo del PRO colisionó durante días con los de LLA por cuestiones obvias: los libertarios se resistían a darle la foto de la victoria a Lospennato, una de las competidoras del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Ciudad. Lo lograron. 

La máxima expresión de esta puja se vio ese mismo 22 de abril por la tarde cuando la reunión que Labor el senador y jefe de bloque LLA, Ezequiel Atauche, pidió no sumar el proyecto al temario de la sesión en la que se homenajeó al papa Francisco.

Atauche tuvo un lapsus de sinceridad ante los legisladores dialoguistas al sostener que el Gobierno no quería tratar Ficha Limpia esa semana ni el 7 de mayo (es decir, este miércoles), ante la mirada atónita de los presentes.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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