Mientras la cuarta Marcha Federal Universitaria colmaba Plaza de Mayo en la tarde del martes, el PRO atravesó la jornada sin un comunicado oficial sobre el conflicto y con sus dirigentes divididos entre quienes tomaron posición pública a favor del reclamo y quienes guardaron silencio.

La fractura quedó expuesta en las redes sociales. La diputada nacional Silvia Lospennato fue la primera en pronunciarse: “En una República las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho”, publicó en X horas antes del inicio de la concentración. El diputado nacional Álvaro González, cercano al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pero integrante del bloque amarillo, siguió la misma línea: “La educación pública es una de las herramientas más importantes para igualar oportunidades y construir futuro.” Defenderla, agregó, no debería ser una discusión partidaria, sino un compromiso de todos. “Hoy acompaño el reclamo de estudiantes, docentes y universidades”, sostuvo. No es la primera vez que González tiene una postura crítica a LLA.

La diputada nacional Gisela Scaglia también defendió el financiamiento universitario con argumentos que apuntaron a las casas de estudio de su provincia —la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela y la UTN Santa Fe— como motores del desarrollo regional. Aunque preside la bancada de Provincias Unidas, la ex vicegobernadora de Santa Fe preside el PRO provincial.

Sergio Siciliano, legislador porteño de Vamos por Más, se mostró igualmente crítico hacia el Ejecutivo: “Hay una ley vigente que se debe cumplir, eso también es seguridad jurídica que atraerá futuras inversiones. La ley no es buena, debió debatirse más, pero hoy es la reglamentación vigente y ratificada por el Congreso y por la Justicia”, escribió. Y advirtió: “Lamentablemente, esta disputa hace que los docentes no cobren salarios dignos” y eso atenta contra la calidad educativa.

La ex diputada nacional y también legisladora por CABA, Laura Alonso, optó por una posición intermedia. Reivindicó la universidad pública desde lo personal y anticipó que la jornada tendría politización, pidió no dejar que eso opacara el reclamo: “Que el árbol no tape el bosque. Muchos asistirán porque quieren y creen en una educación superior pública de calidad”.

En el extremo opuesto del arco interno, el ex senador Federico Pinedo publicó un mensaje que contradijo el argumento central de los manifestantes: “En una república, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la iniciativa de gasto público corresponde al Poder Ejecutivo y se discute en el Presupuesto”, escribió en respuesta directa al tuit de Lospennato, en un gesto de alineamiento con la postura del Gobierno nacional. Pinedo, sherpa argentino para el G20, ya manifestó de manera publica sus diferencias con Mauricio Macri.

El exmandatario (que se encuentra fuera del país) y los principales dirigentes del PRO se llamaron a silencio. No hubo comunicado institucional sobre el conflicto. La única publicación oficial en la jornada fue un mensaje de tono político general, sin mención alguna a las universidades: “El próximo paso no es un partido político. Ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”. El texto llegó horas después de que las columnas de docentes, estudiantes y gremios ocuparan la plaza frente a la Casa Rosada.

El silencio institucional del PRO contrasta con el clima interno que el partido atraviesa desde el fin de semana. El domingo previo, el expresidente avaló la difusión del “Manifiesto próximo paso”, en el que apuntó contra quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, en una referencia interpretada en pasillos libertarios como una crítica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, desde el PRO bonaerense informaron sobre la actividad del próximo viernes en Vicente López que encabezarán Macri y la intendenta Soledad Martínez. “Nos reunimos para lanzar una nueva plataforma de inteligencia ciudadana, pensada para que la militancia, los consejeros escolares, concejales y vecinos de toda la Provincia podamos construir datos propios desde el territorio. Porque hay equipo en la Provincia. Y porque lo que Kicillof no muestra, lo mostramos nosotros”, señalaron.

El presidente Javier Milei siguió la movilización desde la Quinta de Olivos y retuiteó un mensaje de Camila Manfredi, dirigente de la Juventud del PRO, referenciada en el ministro del Interior, Diego Santilli, quien cuestionó los reclamos: “A la educación hay que defenderla siempre, el tema es de quién”.

La marcha, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, organizaciones representativas del sector universitario, fue la cuarta movilización federal del sector desde la asunción de Milei.

El documento final, leído por estudiantes frente al escenario en Plaza de Mayo, exigió al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso y validada en dos instancias judiciales, mientras la resolución definitiva aguarda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su casa durante la tarde noche de este martes para saludar a la militancia que participó de la Marcha Federal Universitaria que se desarrolló hoy y tuvo su acto central en la Plaza de Mayo.

Pasadas las 19, la dos veces mandataria que cumple con la condena de prisión domiciliaria salió al balcón de su departamento ubicado en la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Constitución, y saludó a las columnas de militantes que pasaban por la esquina que se convirtió en un punto de concentración militante.

Un detalle no menor es que el domicilio donde CFK cumple la condena a seis años por la causa Vialidad está a la vuelta de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de una de las instituciones con mayor actividad política y que suele ser protagonista en este tipo de manifestaciones.

La jornada fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que movilizaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el país. Fue la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

Entre los principales reclamos figuraron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de acatamiento a fallos que ordenaron en dos instancias el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma —que establecen una recomposición de salarios y becas—, la reducción presupuestaria y la caída del poder adquisitivo.

El documento final, leído por estudiantes en el acto central, exigió que el Gobierno cumpla la ley “votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia”, mientras se aguarda la intervención de la Corte Suprema.

En ese sentido, señalaron que el financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso. El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, sostuvieron en el escrito.

Y sumaron: “La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina”.

Por otro lado, entre los dirigentes que se sumaron a la movilización estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien encabezó una de las columnas y afirmó que “la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió que el desfinanciamiento universitario “atenta contra la identidad misma de Córdoba” y que “asfixiar al sistema universitario significa sacrificar el presente y el futuro” del país.

El senador nacional Wado de Pedro convocó desde sus redes a movilizarse “universidad por universidad, provincia por provincia” y luego se fotografió junto a rectores, gremialistas y estudiantes en el centro porteño. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, integró la columna kirchnerista, en la que también participó la diputada nacional Lucía Cámpora. El gobernador de La Pampa, Sergio Zilioto, invitó a sus coprovincianos a sumarse a las marchas realizadas en su distrito.

El oficialismo y la oposición dialoguista acordaron esta tarde sesionar el jueves, desde las 15, para aprobar un acuerdo del Estado con dos holdouts por USD 171 millones y, de esa manera, cerrar un litigio de largos años. En caso de avanzar, Diputados tendrá que hacerlo casi de forma exprés, ya que la fecha límite fue prorrogada de finales de abril hasta el último día del corriente mes.

La agenda de temas fue consensuada en la reunión de Labor Parlamentaria, que se realizó en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Otra iniciativa que aterrizará en el recinto será la extensión, por cinco años, del mandato como camarista federal de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Nuevo revés para los trabajadores de la Cancillería: no se votarán los demorados ascensos diplomáticos y continúa la novela que ya roza a Pablo Quirno. Además, al inicio del encuentro tomarán estado parlamentario un reciente ramillete de pliegos judiciales que envió el Ejecutivo en los últimos días, que serán girados a la comisión de Acuerdos para las respectivas audiencias públicas. También habrá una extensa serie de cuestiones de privilegio que planteará el kirchnerismo.

Un proyecto que quedará a nada de sancionarse, de cara a la sesión de pasado mañana, es el que introduce cambios a la regularización de armas de fuego-agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027. Diputados aprobó en 2024 y perdería estado parlamentario en febrero próximo.

Mileístas al límite en bicamerales

Durante la jornada tuvieron luz verde varias comisiones bicamerales. Una siempre delicada es la relacionada con los derechos de la niñez. Como se suponía, volvió a regalar polémica y una situación insólita. Primero, legisladores libertarios y dialoguistas aprovecharon la ausencia de todo el kirchnerismo para votar a la senadora oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia. Hasta ahí, no hubo inconvenientes.

La jujeña casi comete el mismo el papelón de la misionera renovadora Sonia Rojas Decut de la semana pasada, cuando fue votada como presidenta y pasó a leer un discurso de reojo casi por completo, como si fuese un emotivo cierre de debate en el recinto. Al menos, la libertaria tuvo el decoro de pedir permiso para hacerlo esta tarde, que es lo correcto a solicitar.

Esto no fue lo más importante, sino lo ocurrido al final de su alocución tras su frase sobre la “bendición de Dios”, que fue aplaudida -se levantó de su silla- por el director general de Cultura de la Cámara alta -no es un cargo menor-, Daniel Abate, quien debería conocer a la perfección el reglamento del Cuerpo y la prohibición para consumar dicha acción.

De hecho, Abate estuvo sentado en las filas de sillas reservadas para legisladores y la kirchnerista Juliana di Tullio, con respeto, logró correrlo hacia atrás. Lo que confirma este penoso episodio es que, en vez de los derechos del niño, se retoma la guerra sin descanso entre “celestes” y “verdes” que surgió con el primer debate de la hoy vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

A los pocos segundos de la definición de autoridades y previo al discurso de Bedia -la vice fue para el diputado oficialista Nicolás Mayoraz, algo más que observable-, el kirchnerismo aterrizó al salón Arturo Illia y la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) deslizó que judicializará el tema. Al peronismo lo dejaron sin integrantes por el lado de la Cámara alta. Lo increíble fue que hayan llegado tarde a la validación de autoridades, ahora 100% dependientes de la Casa Rosada. Casi como si hubiese sido a propósito, debido a que asesores varios de la bancada cristinista ya se hallaban presentes y con celulares listos para videos que terminan en redes sociales.

Tras la conformación de esa bicameral, fue el turno de la estratégica de Trámite Legislativo, que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): quedó como titular senadora libertaria María Belén Monte de Oca, una abogada fueguina con buena recepción en su bancada desde que ingresó en diciembre pasado. La secretaría pasó a manos de la silenciosa dialoguista Flavia Royón (Salta).

Después de las quejas del kirchnerismo en ambas comisiones por el tema de butacas repartidas entre fuerzas, llamó la atención la concordia en la bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior. Allí, La Libertad Avanza atrapó la presidencia y la vice. Sólo quedó una secretaría para el diputado justicialista y ex líder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.

La última bicameral -clave- fue la que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia. Quedó a cargo el diputado karinista Sebastián Pareja (Buenos Aires). En tanto, en la vice se ubicó el jefe macrista en el Senado, Martín Goerling (Misiones), quien estuvo en la comisión y tiene el visto bueno de sus pares por su seriedad y discreción en cuanto a trabajo parlamentario.