Un plenario de comisiones del Senado inició esta tarde el debate para modificar la normativa vigente de salud mental que envió el Ejecutivo libertario. Durante el convite, la oposición reclamó la presencia de un lote de expositores que, con aval oficialista, desliza un trámite lento para el proyecto en cuestión.
El plenario estuvo a cargo de la mileísta y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). La disertante que aterrizó por el Gobierno fue la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró.
La funcionaria explicó que el texto es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.
Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.
Tras ello, explicó conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.
La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se encuentre ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda seguir todo -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.
En tanto, González dejó en claro la importancia de las familias, con expedientes donde no aparecen para retirar a internados, y de la no eximición del derecho a cuidados, con responsables que muchas veces intentan desligarse con la excusa de haber pagado una obra social.
Otros datos que dio la funcionaria: hay 6.632 camas de salud mental, o 14,5 cada 100.000 habitantes. Para la OCDE, lo adecuado son 60. En Italia, esa cifra da 9; en Alemania, 135. Anticipándose a las preguntas del kirchnerismo sobre el presupuesto destinado, deslizó: “Se reclama el 10%, pero ningún gobierno pudo alcanzarlo”.
“Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo la cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), que fue la primera que solicitó la presencia del Consejo Federal de Salud. “Los citaron a un encuentro, comentaron la ley y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”, advirtió.
Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, sumó: “Fue cruento”.
Por su parte, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, reflexionó que “esta ley propone mecanismos ágiles, no burocráticos, para resolver más rápido situaciones urgentes”. Y conjeturó: “Analicen desde la vida de la gente que sufre, que muere o que hoy no tiene mecanismos frente a situaciones terribles. Ahí está el sentido de esta reforma”.
González estuvo acompañada por Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, quien remarcó que el proyecto ayudará “especialmente a los -casos- más vulnerables”.
Durante la mañana, la comisión de Acuerdos logró dictaminar las demoradas listas de ascensos diplomáticos de 2024 y 2025, la cuales derivaron en un hervidero en la Cancillería. Como contó Infobae, algunos nombres quedaron en el camino.
Eran 43 los postulantes que aguardaban el aval para la suba de categoría. Del total, 27 consiguieron ingresar al despacho de mayoría, ya listo para una eventual sesión. Ello no quita que, en el recinto, alguno se caiga.
De hecho, en Cancillería continuaba anoche la novela por estos pliegos, con un enojo más que elevado de un importante funcionario sobre las presiones para la nómina 2026, aún no enviada por la Casa Rosada.
La comisión de Acuerdos, que maneja el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), pudo ser completada en las últimas horas: el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) ya es su vice, mientras que el jefe del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones), aterrizó en la secretaría.
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