Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización será el 12 de mayo y tendrá como punto de concentración la Plaza de Mayo, en lo que será la cuarta protesta del sector desde la asunción del presidente Javier Milei.

La convocatoria, bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). El llamado incluyó a estudiantes y a la sociedad en general, con el objetivo de ampliar el alcance del reclamo.

El eje central de la protesta será la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de actualización para los gastos de funcionamiento, los salarios y las becas. Las autoridades universitarias sostienen que la norma no se está cumpliendo y que eso impacta en el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios.

La nueva marcha se inscribe en una serie de medidas de visibilización que el sector viene desplegando en los últimos meses. La semana pasada se realizó un paro a la japonesa, con actividades abiertas a la comunidad, clases públicas y servicios gratuitos en distintas facultades.

El reclamo por el financiamiento universitario se sostiene desde 2024 y ya tuvo tres movilizaciones federales. La primera se realizó en abril de ese año y marcó la primera gran protesta contra el Gobierno, con foco en la actualización de los gastos de funcionamiento.

Con el paso de los meses, el conflicto se desplazó hacia la cuestión salarial. Las universidades advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes y señalan dificultades para sostener actividades académicas y de investigación.

La ley vigente establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar actualizaciones periódicas tanto para salarios como para partidas presupuestarias. También contempla la actualización de becas estudiantiles, un punto que las universidades consideran clave para sostener el acceso al sistema.

En paralelo, el conflicto avanzó en el plano judicial. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.

El Gobierno mantiene su rechazo a la implementación de la norma. Argumenta que la ley no define fuentes de financiamiento específicas y que su aplicación podría afectar el equilibrio fiscal. En esa línea, presentó recursos judiciales y avanzó con iniciativas legislativas alternativas.

En el Congreso, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que modifica la ley vigente y reduce el alcance de las actualizaciones previstas. La propuesta no contempla la recomposición correspondiente a 2024 y plantea ajustes acotados para este año.

Mientras tanto, las universidades sostienen el reclamo en distintos frentes. La convocatoria a una nueva marcha busca reinstalar el tema en la agenda pública y sumar presión para que se cumpla la normativa vigente en un conflicto que, por ahora, sigue abierto.

Fuente: TN

Axel Kicillof destrabó un nivel de complejidad y aceleración en su carrera hacia la presidencia casi dos semanas atrás, cuando, en un acto con tono de campaña que se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, pidió “perder menos tiempo en las internas”. Ese día recalcó la necesidad de construir un acuerdo sólido y equilibrado entre las partes que pueden componer la coalición opositora para que el experimento electoral que se diseñe no tenga el mismo resultado que el Frente de Todos en la gestión.

Desde ese entonces, mantiene un ritmo constante en la marcha de sus apariciones públicas. Por momentos, incluso, parece frenarse en sus definiciones, con la necesidad marcada de no caer en la tentación de ser el principal candidato con tanta anticipación a los comicios. El último fin de semana, en el que estuvo de gira por España, dejó en claro lo que hace tiempo explican en su entorno. Su objetivo es ser candidato a presidente pero no a cualquier precio. No se va a imponer si ese movimiento político puede dinamitar la alianza que está en vías de construcción.

“Este es el año de la construcción, no de las candidaturas”, resaltan en La Plata, donde se quedaron muy conformes con la recepción de las figuras de la política española con las que estuvo en Barcelona. Allí se encontró, entre otros, con el alcalde local, Jaume Collboni y el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Kicillof hace esfuerzos para que su precandidatura no se corroa con el paso del tiempo, pero, al mismo tiempo, busca dejarla instalada como una certeza innegable.

El gobernador bonaerense entiende que en el 2026 el peronismo debe tener dos ejes de trabajo claros: la construcción de una coalición más amplia que la que aún sobrevive y la conformación de un nuevo programa político, económico y social. Las candidaturas deben definirse a último momento, el año que viene, cuando la proximidad de las elecciones no deje más margen de tiempo.

Es por eso que mantiene cierta cautela sobre su precandidatura presidencial y esquiva hablar en público de ese rol que está tratando de moldear. La idea que tienen en su entorno es que mantenga esta línea hasta el Mundial de fútbol y que, una vez que pase el evento deportivo, vuelva a acelerar en la visibilización de su construcción nacional.

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. “Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.