La postergación de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transformado la cumbre de líderes del bloque sudamericano en Foz de Iguazú en un encuentro sin grandes definiciones. La nueva fecha propuesta por Bruselas es el 12 de enero, aunque la reiteración de aplazamientos genera escepticismo entre las cancillerías del Mercosur.

El retraso responde a la presión ejercida por Francia e Italia durante la reciente cumbre en Bruselas, donde la Comisión Europea informó a los jefes de Estado y de Gobierno que la firma debía esperar la adopción definitiva de nuevas salvaguardas. Estas medidas, aún pendientes de aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, contemplan la vigilancia de los mercados y la posibilidad de suspender importaciones de productos sensibles si se detectan distorsiones para los productores europeos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, solicitó personalmente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un aplazamiento de entre una semana y un mes para convencer a los agricultores italianos de aceptar el acuerdo, según relató el propio Lula en rueda de prensa.

En este contexto, el presidente argentino Javier Milei decidió asistir a la cumbre del Mercosur en el Belmond Hotel das Cataratas, acompañado por los mandatarios de Paraguay, Uruguay y el debutante de Bolivia. La presencia de Milei, quien había considerado no viajar, representa un gesto político hacia Brasil, principal socio comercial de Argentina, y responde a la expectativa de que el anuncio del tratado se produzca bajo la presidencia pro tempore de Paraguay, en manos de Santiago Peña durante los próximos seis meses.

De acuerdo a la agenda oficial, está previsto que la sesión plenaria comience a las 9:40. Tras eso, alrededor de las 12, se realizará el traspaso oficial de Presidencia.

La imagen del recinto de Diputados era impactante: de madrugada y en forma realmente sorpresiva, exponía al bloque oficialista y al kirchnerismo votando juntos para designar a los representantes en la Auditoría General de la Nación. Una postal fuerte, también por los que se retiraban o no votaban, empezando por socios del Gobierno y bloques críticos pero no de oposición cerrada. La operación fue tan rápida y fuera de agenda que al menos dos de los auditores llegaron casi a la carrera al Congreso, después de haber sido despertados por llamadas a sus celulares.

El pacto coronado el jueves en la Cámara baja tiene lectura interna en el oficialismo y estribaciones más profundas, porque el arreglo con el kirchnerismo, extendido a otros sectores del peronismo, lastimó la relación del Gobierno con sus aliados. Los tironeos y presiones cruzadas -que hicieron fracasar todo acuerdo durante los dos años iniciales de Javier Milei- nunca incluyeron la alternativa de “dos peronistas y un libertario”, según resumen con acidez en medios hasta ahora socios de Olivos. Parecía claro ahora el reparto de uno para la LLA y otro para UxP, como bloques de mayor peso. Y el tercero arrastraba nuevos y viejos reclamos: el PRO -con impulso directo de Mauricio Macri-, alguna vez los radicales -que ya habían perdido la batalla- y algunos otros espacios.

El acuerdo precipitado en pleno y complicado trámite del Presupuesto 2026 -objetivo número uno del Gobierno desde octubre, junto a la reforma laboral- demandó una línea principal de negociación con el kirchnerismo -núcleo de UxP- y tratativas con Gustavo Sáenz. El gobernador salteño está absolutamente enfrentado con el círculo “cristinista”, que le jugó en contra en la provincia, pero mantiene otros canales amigables en el PJ. Logró anotar como auditora a Pamela Calletti, que acompaña así a Mónica Almada, por LLA, y Juan Forlón, por UxP.

La designación de Forlón no dejó dudas sobre el trato. El nuevo integrante de la AGN tiene relación directa con CFK y con Máximo Kirchner. En la vereda violeta, la coronación de Almada fue interpretada en clave de interna. Esa pieza fue movida por decisión directa de Karina Milei, cuando estaba asegurado el trato con el peronismo, a cargo de Martín y Lule Menem. La aceleración, sin reparos por el contexto -el Presupuesto- y el horario, habría apuntado además a bloquear movimientos de Santiago Caputo en el mismo tablero.

La decisión oficialista de cruzar abiertamente la línea que en el discurso marcaría el corte con el kirchnerismo -como máxima expresión de la “casta”- provoca otras inquietudes, porque después de octubre surgieron especulaciones -desmentidas, como otras anteriores- sobre contactos reservados para destrabar la integración de la Corte Suprema y avanzar con la designación de jueces federales. Esa alarma ha sido reactivada.

La reacción del PRO, el radicalismo más cercano a LLA y Provincias Unidas fue amplificada casi de inmediato por el oleaje que levantó la votación del Presupuesto. Y al menos por la respuesta amarilla, podría derivar en la judicialización del tema AGN. Se verá. Por lo pronto, generó una herida profunda entre el oficialismo y sus socios, que no impediría nuevos acercamientos, pero difícilmente desaparezca.

El clima volvió a espesarse con el rechazo al capítulo del Presupuesto marcado por la intención de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El Gobierno forzó su inclusión como un punto específico del proyecto, a pesar de los cuestionamientos que asomaron de inmediato y en el trámite de comisión. No hubo gesto alguno para buscar un camino alternativo. Y los movimientos posteriores para blindar el artículo terminaron por convertirlo en el tema dominante. La aprobación del Presupuesto fue opacada por esa revés generado y sufrido por el oficialismo.

La primera reacción de Olivos llegó al nivel increíble de hacer trascender la posibilidad de veto en caso de que el Senado no pudiera revertir el cuadro. Y pegó sobre los gobernadores, especialmente sobre aquellos que encabezan el listado del reparto de ATN después de una larga sequía de esos fondos: Tucumán y Catamarca, en primer lugar. El malestar alcanzó también a aliados de lo que fue alguna vez JxC, entre ellos Mendoza, Chaco, Entre Ríos. Con varios de ellos hubo después contactos para descomprimir, del mismo modo que fueron retomadas las tratativas con el gobierno porteño por la poda de fondos de la última etapa K.

De hecho, esa tensión provocó la postergación de la reforma laboral, que el oficialismo, con Patricia Bullrich a la cabeza, imaginaba aprobar de manera exprés. Y más aún, el dictamen de comisión sobre el Presupuesto reprodujo el texto tal como salió de Diputados -es decir, sin derogación de las leyes referidas- y el debate de la nueva norma laboral, en febrero, quedó condicionado a que no haya sorpresas en esta materia.

El Presupuesto será debatido en el recinto del Senado el viernes 26. Desde el Gobierno trascendió la intención de introducir algunas modificaciones para ajustar cuentas sin intentar reponer el capítulo crítico, que incluía la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Una jugada de ese tipo terminaría en la Justicia con carátula de inconstitucional. No está clara la alternativa. En caso de ser aprobados cambios, el proyecto tendrá que volver a Diputados. Por lo pronto, Martín Menem ya pidió a los diputados de LLA que estén listos en Buenos Aires para sesionar el lunes 29 o el martes 30.

El Gobierno giró el principal foco político hacia el Congreso apenas pasadas las elecciones de octubre. Fueron intensas las negociaciones con los gobernadores, tarea casi excluyente de Diego Santilli desde su primer día en el ministerio del Interior. Y los acuerdos tuvieron como contraparte los compromisos de ATN, otros fondos -por ejemplo, para compensar cajas previsionales-, reactivación de algún acuerdo de obra pública. Un “costo” que se suponía por un paquete de leyes, no sólo Presupuesto.

Pero ese costo podría ser doble, con la mirada puesta en la reforma laboral, postergada para febrero. Eso, sin contar los riesgos que supone el caso de la AGN en términos de imagen. Hay cuestionamientos cruzados en el interior del oficialismo. Y referencias ásperas sobre mala praxis o daños autogenerados, otra vez. ¿Sólo eso? En todo caso, antes del resultado, asoma la decisión de jugar el juego de la “vieja” política.

En poco más de 2 años de gobierno de Javier Milei, la CGT hizo 4 movilizaciones y 3 paros generales. ¿Le servirá seguir movilizándose y parando el país para frenar la reforma laboral? Aunque la respuesta es previsible, el sindicalismo está en un loop eterno que termina siendo una trampa de la que no quiere, o no puede, salir.

Las protestas no modificarán el destino del proyecto oficial, así como tampoco consiguieron cambiar medidas resistidas por la CGT en otros gobiernos. Pasó demasiado tiempo desde aquel 1975 en que la poderosa UOM de Lorenzo Miguel logró, a fuerza de paros y marchas callejeras, que Isabel Perón aceptara homologar una paritaria que superaba el tope oficial, y esa presión incluso logró que renunciaran José López Rega y su protegido, Celestino Rodrigo, ministro de Economía.

Este sindicalismo de hoy, obviamente, no es el de antes. El 45% de empleo informal hace que la CGT represente muchos menos trabajadores que antes. Y aun los que están bajo el paraguas cegetista tampoco son aquel “ejército” disciplinado y verticalista de los años 70. Muchísimos trabajadores que están afiliados a un sindicato no votaron al candidato que proponía su líder sino a alguien como Javier Milei, lejano al peronismo.

Sin capacidad de presión, sobre todo porque perdieron el inmenso poder de otra época, los gremialistas hacen lo que pueden. Si el lema que acuñó el prócer metalúrgico Augusto Timoteo Vandor fue “golpear para negociar”, y le resultó exitoso para alcanzar sus objetivos, el gremialismo actual no puede golpear ni negociar.

Y no porque no quiera. Esta CGT que nació el 5 de octubre pasado tiene un sesgo más dialoguista que la anterior. Sobre todo porque no tiene ni rastros de Pablo Moyano, ese dirigente tan irreductible que terminó siendo apartado por su padre, líder del Sindicato de Camioneros.

Pero se enfrenta a un gobierno que tampoco puede -o quiere- negociar y que lo mejor que hace es golpear, incluso a aliados (como el PRO, por ejemplo) o a una CGT que se proponía dialogar para alcanzar acuerdos.

Javier Milei desaprovechó la oportunidad de fortalecer a sindicalistas de vocación dialoguista abriéndoles la puerta a una negociación sobre la reforma laboral (sin la simulación del consenso en el Consejo de Mayo) y, en cambio, convirtió en duros a los moderados y les dio más aire a los irreductibles del estilo de Pablo Moyano.

Hay ejemplos sobre cómo el hecho de privilegiar a dirigentes dialoguistas puede redundar en beneficios para todos, en particular para los propios trabajadores. Lo conocen de cerca, por ejemplo, los 5000 empleados del centro de distribución de Mercado Libre en La Matanza: hace 5 años, el Sindicato de Camioneros bloqueó los accesos a esos depósitos en reclamo del encuadramiento sindical de los trabajadores, que estaban afiliados a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga.

Pero el gremio que dirigen Daniel Vila y su hijo Gustavo resistió durante años el hostigamiento moyanista y en marzo pasado ganó la batalla en la Justicia, donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la validez del convenio colectivo de trabajo, cuestionado por el gremio de Camioneros porque era “flexibilizador”.

Hoy, mientras Moyano acaba de firmar un bono de 35 mil pesos, el sindicato de los Vila acaba de lograr un bono de 410 mil pesos para los trabajadores de Mercado Libre, que tienen un sueldo inicial de 2,2 millones de pesos.

Curiosamente, Milei arrinconó ahora a los sindicalistas más negociadores que predominan en la CGT aun sabiendo que quizás era mejor llegar a algún tipo de acuerdo. La lección que dejó la Ley Bases podría haber servido para que se corrigiera la estrategia actual: en aquel momento, el Gobierno terminó accediendo a eliminar 42 artículos del capítulo laboral de ese proyecto para poder garantizar la aprobación parlamentaria.

Este jueves, gracias al traspié oficial con el Presupuesto 2026, el proyecto de reforma laboral logró tener dictamen, pero su debate se postergó al 10 de febrero.

La CGT lo festejó como un triunfo de su lobby entre los gobernadores, pero sólo ganó tiempo. Todavía se espera que la central obrera difunda la contrapropuesta de reforma laboral que dijo haber elaborado para negociar con el Gobierno. Aun así, haber ganado tiempo es importante: los sindicalistas confían en que, hasta que el proyecto llegue al recinto en el Senado, podrán eliminar o atenuar artículos que ponen en jaque su poder.

Hay negociaciones subterráneas mientras en la superficie se mantiene la formalidad de la pelea. El ministro Federico Sturzenegger defiende los artículos de la reforma laboral más ásperos hacia el gremialismo, pero la CGT recurre a los interlocutores más políticos del Gobierno como el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem (Martín, titular de la Cámara de Diputados, y Lule, de la Secretaría General de la Presidencia).

En el camino hacia la última versión de la reforma laboral, el ala política de la Casa Rosada aceptó sacar o suavizar algunos puntos de proyecto, aunque quedaron muchas propuestas que son indigeribles para el sindicalismo. ¿Fueron incluidas para ser sacrificadas en una negociación? Es la impresión que tiene la CGT.

El Gobierno se manejó de manera extraña ante la reforma laboral. Podría haber aprovechado su incidencia mediática para hacer campaña en favor de los artículos del proyecto que podrán mejorar la situación de los trabajadores. O, al revés, para castigar a la CGT exponiendo ante la sociedad cómo la cuota solidaria le saca una tajada del sueldo a los trabajadores sólo para engrosar las arcas del sindicato y a veces en una proporción elevada (desde septiembre, por ejemplo, SMATA recibe un 4% de la remuneración de cada trabajador del sector automotriz). Pero no hizo ninguna de esas dos cosas que podrían haberlo beneficiado.

Ahora, se perfila una batalla contrarreloj entre dos partes que no pueden o no quieren negociar. Los que siguen esperando son los trabajadores informales, los formales y, sobre todo, los que no tienen trabajo.