(Desde Washington, Estados Unidos) Jorge Macri concluyó su visita a Washington con una reunión con Ilan Goldfajn -titular del BID- y un encuentro en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Durante la cita con Goldfajn, el jefe de Gobierno porteño presentó la situación fiscal de la Ciudad y su capacidad para sostener los niveles de inversión y acceder al mercado de capitales.

Macri explicó además al titular del BID su estrategia de gestión destinada a la modernización digital del sistema de salud, transporte y movilidad, y a la adaptación al cambio climático y la resiliencia urbana.

En la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Macri fue recibido por Neil Herrington -vicepresidente senior- Anne McKinney -vicepresidenta-, y Lesly Rubio, directora ejecutiva del U.S.-Argentina Business Council.

Durante la reunión se dialogó sobre cómo continuar mejorando la relación económica entre Argentina y Estados Unidos para ampliar el comercio y atraer nuevas inversiones a la Ciudad.

“La Ciudad tiene un rol central en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos. Queremos profundizar el vínculo con las empresas estadounidenses y generar las condiciones para que puedan invertir, crecer y generar empleo en la Ciudad”, dijo el jefe de Gobierno ante los empresarios locales.

Macri viajó a Estados Unidos acompañado por Cristian Ritondo -titular del bloque del PRO en Diputados-, Gabriel Sanchez Zinny -jefe de Gabinete de la Ciudad- y Fulvio Pompeo, secretario General del Gobierno porteño.

La primera reunión de la gira fue con Christian Landau, subsecretario de Estado. Landau se crió en América Latina, habla perfecto español y guaraní, y es Big Fan de Milei.

Macri describió a Landau sus coincidencias con la agenda de Trump para la región -desde las inversiones en minerales críticos a la creación del Escudo de la Américas- y ratificó la necesidad de profundizar la alianza con la administración Milei para frenar las ambiciones presidenciales del peronismo.

“No podemos volver a la política pendular”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño ante el subsecretario de Estado.

Macri, junto a Ritondo, Sánchez Zinny y Pompeo tambien visitaron la Casa Blanca para mantener un encuentro con Richard Walters, jefe adjunto de Gabinete de la administración republicana para Asuntos Legislativos y Políticos.

La conversación giró sobre América Latina y la alianza de Milei con Trump. Macri y Ritondo recordaron ante Walters que el PRO siempre estuvo alineado con Estados Unidos y su rechazó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua es parte de su identidad política.

“Nosotros creemos en este camino, y hay que blindar el cambio para que en Argentina no se vuelva a desviar”, afirmó Ritondo en el cónclave de la Casa Blanca.

Macri y la comitiva oficial concurrieron además al Capitolio, adónde fueron recibidos por Bernie Moreno -senador republicano por Ohio-, María Elvira Salazar -congresista republicana por Florida-, y Michael Rulli, representante republicano por Ohio.

La agenda del jefe de Gobierno con los legisladores se centró en la situación política en América Latina, la transición democrática en Venezuela y las elecciones en Brasil que enfrentan a Lula da Silva con Flavio Bolsonaro.

Macri se hizo tiempo para exponer ante alumnos de la Universidad de Georgetown -agrupados en la organización LAPA-, ofrecer su mirada a inversores convocados por el Citi y describir su cercanía a Estados Unidos durante una charla a puertas cerradas en el Atlantic Council.

“Vinimos a Estados Unidos con dos grandes objetivos. Uno, obviamente, siempre en mi rol de jefe de Gobierno de la ciudad, contarle a la política de los Estados Unidos y a las empresas qué estamos haciendo, cuál es nuestro posicionamiento, cómo defendemos la propiedad privada, cómo hemos recuperado el orden, cómo queremos atraer inversiones privadas nuevas”, dijo Jorge Macri en diálogo con Infobae.

¿Y el segundo objetivo?, preguntó este corresponsal.

-Desde el punto de vista partidario transmitirles a actores del gobierno y empresarios que nosotros creemos en este posicionamiento actual de la Argentina. Creemos en las relaciones estratégicas de largo plazo con Estados Unidos y con las democracias occidentales. Creemos que hay un viento de cola y, por lo tanto, a favor de una consolidación de las centro derechas en Latinoamérica, que siempre para el PRO fue estratégica la relación con Estados Unidos.

La senadora Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios que se realizaron en el proyecto del Presupuesto 2027 en el capítulo que trataba el área de discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía.

En diálogo con A24, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta remarcó: “Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”. En esa línea, explicó que cuando ingresó el texto a la Cámara de Diputados en la madrugada, expuso el desentendimiento dentro del oficialismo.

“El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad. Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, añadió la ex funcionaria.

Y continuó: “Tengo que ser sincera y decir: a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta. La evaluación que hubiera hecho es: pensemos esto tres veces, porque cuando nos chocamos ya contra la pared, ¿nos vamos a chocar de nuevo contra la pared de esta manera?”.

En tanto, remarcó que los proyectos “salen con una mayoría” y explicó que dentro del Congreso se logra ese consenso que después permite que las leyes se aprueben. Sin embargo, apuntó: “Cuando se sabe que se está discutiendo para buscar una salida y viene algo así, no sé. El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”.

El malestar de Bullrich no fue aislado. Según pudo saber Infobae, ni los diputados de La Libertad Avanza (LLA) ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaban al tanto del contenido del capítulo VI antes de que el texto ingresara al Congreso. Fuentes del bloque oficialista señalaron al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica como responsables de la descoordinación. “Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, indicaron a ese medio.

La falta de aviso previo expuso a los legisladores aliados ante sus propios bloques y ante la oposición. En Radio Rivadavia, Bullrich fue más directa aún al respecto: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

En ese mismo sentido, Bullrich reclamó que la mesa política funcione “donde las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos”. En tanto, advirtió que esa ausencia de debate previo lleva a que la ciudadanía perciba al oficialismo como “totalmente insensible”.

Ante la consulta sobre si entonces era el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien actuaba por su cuenta, respondió: “No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”.

El capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más controvertidos figura la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios sustanciales en la ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral. El texto elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos. Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de ser garantía directa de acceso a prestaciones, y quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderían la compatibilidad con la pensión por invalidez, un esquema que hasta ahora les permitía trabajar sin perder su cobertura.

Tras un momento de zozobra y varias semanas sin poder enderezar el barco en el Senado, el oficialismo logró imponerse y convirtió en ley la Inocencia Fiscal en su segunda versión.

El proyecto, que llegó para suplantar su primera versión a solo ocho meses de haber sido aprobada, obtuvo 44 votos a favor, entre ellos el apoyo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.

“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, expuso el senador libertario Bruno Olivera, en su rol de miembro informante.

Por la negativa quedaron los 23 senadores del bloque del peronismo, que se opuso porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, presidente del bloque.

Previamente, el senador peronista Jorge Capitanich también había apuntado contra el proyecto que llegó con media sanción, al señalar que en las comisiones “no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto”, sostuvo.

El también peronista Fernando Salino apuntó a una de las modificaciones que hizo el Ejecutivo respecto de la primera versión de la ley, que restringe el acceso a ministros, secretarios, jueces y legisladores. Sin embargo, los familiares quedaron exentos de esa restricción. “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado”, dijo el senador.

Ese punto quiso incorporarse a la hora de votar, mediante un pedido de modificaciones. Sin embargo, el oficialismo, con los votos ya cerrados, anunció que no iba a aceptar cambios y el proyecto se votó en general y en particular sin alteraciones.

Inocencia II

Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.

La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Domínguez detalló que, si la diferencia detectada es del 15% o más pero no supera los cinco millones de pesos, dejará de considerarse una discrepancia significativa. Ese umbral, hoy fijado únicamente en el 15%, había generado que contribuyentes con diferencias de poco volumen quedaran expuestos a inspecciones.

El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial. Domínguez explicó que quienes quieran utilizar esos beneficios deberán hacerlo antes de esa fecha, lo que refleja la apuesta del Gobierno a que la mayor cantidad posible de contribuyentes se anime a blanquear sus ahorros durante lo que resta de la gestión.

Traspaso judicial

El Senado aprobó en la sesión de este jueves acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre el traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y a los santiagueños. “La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción”, explicó el senador libertario de Salta Gonzalo Coraita.

El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad, que asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.

También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección. “Desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal, porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera”, señaló Jorge Capitanich en referencia al traspaso que, además, se realiza con fondos.