Javier Milei no les prohibió a sus ministros y funcionarios el uso de la palabra empatía, pero sí les dejó una interpretación propia para que la tengan muy en cuenta al momento de utilizarla. Se trata de una de las tantas definiciones que ya se suman al decálogo del vocabulario mileísta.

“Nos dijo que la empatía la utilizan los populistas con el fin de sostener una política de tono paternalista. Le dio otro significado al término, al que considera funcional para que el Estado le resuelva los problemas a la gente con la plata de los contribuyentes”, indicó a Infobae uno de los asistentes a la reunión de Gabinete realizada en la mañana del lunes en la Casa Rosada.

La distinción no se produce en cualquier contexto. Sucedió luego de semanas en las que Milei fue cuestionado por actores de la oposición, del ámbito económico-social y de la agenda mediática por retacear políticas orientadas a descomprimir la morosidad de las familias o mejorar el salario real. En diferentes actos públicos que encabezó la semana pasada, reafirmó que su administración no impulsará políticas de redistribución.

En las altas esferas de la administración libertaria reconocen que la batería de iniciativas de alivio disponibles para implementar es acotada, dadas las restricciones impuestas por el Presidente. Por eso encontraron una alternativa en la utilización de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar nuevos créditos hipotecarios. No serán más de 20.000, pero representan un punto de partida para dar pie a medidas de similar naturaleza.

En esa presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una declaración que no pasó desapercibida. Dos días después de haber estado en la reunión de Gabinete y escuchar el énfasis de Milei sobre los usos políticos de la “empatía”, dijo en la Sala de Conferencias del Ministerio de Economía que “los créditos hipotecarios son una prioridad porque hacen a la justicia social”.

El Presidente dio un discurso dos meses atrás en Madrid, más precisamente en la Universidad CEU San Pablo, en el que parafraseó al economista Thomas Sowell para referirse a ese término. “Si la caridad es a punta de pistola, como la hace el Estado, eso no es caridad, eso es robo disfrazado de altruismo. Hay una frase hermosa que dice: ‘¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?’. Porque, en el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia más retórica”.

¿Hubo reproches puertas adentro respecto de los términos utilizados por Caputo? No consta. Al menos, no por ahora. El ministro de Economía integra el exclusivísimo grupo de funcionarios que no deben validar sus declaraciones y que tienen una gravitación propia.

En el riñón del Presidente explican: “Toto quiso decir otra cosa y creo que la pifió, como le puede pasar a cualquiera. Quiso jugar con el concepto de ‘justicia social’, sabiendo que estaba mencionando algo muy simbólico, pero para explicar la verdadera intención de la política que estaban anunciando. Justicia social no hace falta definirla como quieren los peronistas. Puede ser, como dijo Toto, que alguien pueda pagarse su propia casa con su propio sueldo”.

Efectivamente, después de usar ese término, el ministro de Economía completó su frase al señalar que no hay “nada más justo que una persona que tiene trabajo pueda acceder a una vivienda y no deba esperar 30 o 40 años para comprarla”. Como parte de una lectura más pragmática de la gestión, en el Palacio de Hacienda consideran que el Gobierno puede tomar medidas en el plano macroeconómico, pero que es la política la que debe alinear los incentivos de opositores aliados para colaborar con la Casa Rosada y, así, dar mayor previsibilidad a los mercados.

En el marco de esta semana, se conoció que la Secretaría de Trabajo estaría conversando para que las paritarias fijen un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026 —equivalente a unos $860.000 de bolsillo—, una pauta que el Gobierno busca instalar tras la aprobación de la reforma laboral, en un escenario de deterioro del poder de compra y de fuerte dispersión entre los convenios colectivos.

El contexto que rodea esa definición muestra una caída del salario real en el empleo privado registrado: en junio de 2026 bajó 0,9% en términos reales, después de una retracción del 2,9% en mayo, de acuerdo con el informe Panorama mensual del trabajo registrado de agosto de 2026, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Aun así, una fuente al tanto de esas conversaciones desmintió que esa medida pueda aplicarse en el corto plazo: “En esos convenios siempre se arreglan sueldos por encima de ese nivel que se difundió ayer. Todos los gremios tienen un piso más alto. Lo que queremos es que haya una negociación entre las partes. El Gobierno no está incentivando nada. La orden de la ministra Sandra Pettovello es que se pongan de acuerdo las partes y después se homologue el convenio. Antes venían esperando que el Estado les resolviera ese tema”.