El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para eliminar las PASO, dentro de un paquete que incluye otras reformas políticas como el financiamiento de los partidos políticos y Ficha Limpia, le abrió el camino al peronismo para empezar a avanzar, con mayor decisión, en la conformación de una nueva alianza política en las dos cámaras del Congreso.

Tal como se preveía, Javier Milei anunció que buscará derogar las elecciones primarias y así simplificar el proceso electoral del año que viene. Ese paso activó, en forma definitiva, la decisión del peronismo de salir a buscar adhesiones y votos en todo el universo opositor. El objetivo es claro: evitar que se caigan definitivamente.

En el PJ hay un consenso amplio respecto a la necesidad de que las PASO sigan vigentes el año que viene, ya que son la herramienta clave para poder despejar las diferencias internas que sobreviven entre las diferentes tribus, y lograr que emerja un solo candidato que sintetice las ideas macro de una nueva coalición opositora.

En un momento donde la discusión del peronismo es completamente horizontal, debido a la diversidad de liderazgos y la estadía afuera del poder central, las elecciones primarias son determinantes para poder reagrupar a viejos adversarios. En ese camino de construcción política están Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros dirigentes, que empujan el nuevo armado desde los límites del justicialismo.

En el peronismo creen que el Gobierno tendrá un camino muy espinoso para buscar el apoyo necesario en la oposición. Sobre todo porque necesita mayoría absoluta, que se consigue con la mitad más uno del total de la Cámara. Es decir, necesitan 37 senadores y 129 diputados. Los gobernadores del norte que han sido aliados tácticos de Milei jugarán un rol central y determinante para inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Gustavo Saénz (Salta) está a favor de las eliminación de las PASO. Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) aún no definieron sus posturas, aunque en el pasado se manifestaron en contra de sostenerlas. Lo cierto es que, puertas adentro de la provincia, ambos tienen que llegar a acuerdos políticos con otros sectores del peronismo, fuerza a la que pertenecen, para mantener el orden interno. Las figuras de Lucía Corpacci y Juan Manzur, presidentes de los PJ locales y jefes políticos de una porción de la dirigencia, serán determinantes.

“No la va a tener fácil el Gobierno. Hoy no tiene el número para eliminarlas”, sostuvo un referente del peronismo en el Senado, cámara en la que comenzará a tratarse todo el paquete de la reforma política. Aunque aún hay muchas posturas que no están visibilizadas, en el bloque justicialista que conduce José Mayans hay consenso en votar en contra de su eliminación.

La reforma política dará lugar a un extenso toma y daca entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. “A algunos Gobernadores no les conviene, a otros si y a unos pocos les da igual porque tienen muy ordenados sus problemas internos”, explicó a Infobae un importante senador de la oposición. Inevitablemente, las elecciones del año que viene entrarán en el juego político también. Sobre todo para los gobernadores que tienen en sus planes la reelección y que deben limitar el crecimiento de sus opositores en sus provincias.

Las fuerzas provinciales jugarán un rol central porque en una disputa tan fina, los dos polos intentarán llevar agua para su molino. Los legisladores también pondrán en consideración su juego político para el año que viene y si existe, o no, la posibilidad de ser parte de una alianza electoral donde el peronismo sea el eje central. Factores contextuales que influirán directa o indirectamente en las negociaciones cruzadas que se aproximan.

De los gobernadores de Fuerza Patria el único que está en contra de sostener las PASO es Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Los demás, Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa) están a favor. Un indicio claro sobre cómo votarán los legisladores que pertenecen a esas provincias o que responden a esas jefaturas políticas .

Una serie de muertes asociadas al uso indebido de propofol —anestésico intravenoso de uso exclusivo hospitalario— motivó la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para instaurar controles reforzados, registro obligatorio y notificación inmediata de incidentes relacionados con la sustancia.

El objetivo es evitar la sustracción y el desvío de este medicamento, que, a diferencia de otros agentes como el fentanilo, carece de antídoto específico capaz de revertir sus efectos en caso de sobredosis, lo que aumenta su peligrosidad y requiere una respuesta regulatoria acorde, según la diputada nacional Silvana Giudici y los legisladores que acompañan la iniciativa.

“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada. El robo de anestésicos de las áreas quirúrgicas y prequirúrgicas demuestra que es necesario implementar mayores controles dentro de las clínicas y hospitales”, señaló la diputada Giudici a Infobae.

Entre los fundamentos del proyecto de ley se indica que, en la actualidad, las faltas de propofol no se reportan bajo reglas claras y obligatorias para situaciones habituales en hospitales, como roturas de ampollas, descartes o sobrantes.

Esa ausencia de criterios unificados dificulta controlar con precisión el stock disponible, detectar irregularidades a tiempo y mejorar las auditorías en los establecimientos de salud. El proyecto incorpora de manera explícita al propofol dentro del listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT, categoría reservada para sustancias que requieren controles reforzados por su potencial impacto ante errores, contaminación o uso no autorizado, y obliga a los establecimientos hospitalarios a informar a las autoridades sanitarias.

• La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad Buenos Aires, el 20 de febrero de 2026, desató un escándalo y una investigación judicial centrada en el robo sistemático de anestésicos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano ubicado en CABA.
• Zalazar fue hallado sin vida en su departamento con una vía intravenosa conectada y drogas reservadas para uso hospitalario. El origen de los medicamentos fue rastreado hasta el Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
• La investigación identificó a dos profesionales del hospital, Hernán Boveri (anestesiólogo) y Delfina Lanusse (residente de anestesiología), como sospechosos de desviar estos fármacos entre 2023 y febrero de 2026. Ambos están imputados en la causa; Boveri renunció y Lanusse está de licencia médica.
• Se investiga la presunta realización de fiestas privadas (“Propo Fest”) donde profesionales médicos consumían propofol y fentanilo de forma recreativa, fuera de todo control clínico y con el medicamento robado de las instituciones sanitarias.
• La causa judicial sigue abierta e incluyó allanamientos con resultados positivos en cuanto al hallazgo de evidencia. El Hospital Italiano inició acciones legales internas y los involucrados ya no forman parte de la institución.

Qué propone el proyecto

La propuesta, identificada como expediente 1687-D-2026 y redactada por Giudici junto a otros veintiséis legisladores nacionales, incorpora de manera expresa el propofol en el listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Esta categoría implica una obligación reforzada de vigilancia, notificación y registro para sustancias que, por su acción farmacológica, pueden causar daños significativos ante errores de administración, contaminación o uso no autorizado.

Giudici remarcó la ausencia de un recurso eficaz para contrarrestar la acción del propofol en caso de sobredosis: el propofol carece de un “interruptor” químico para revertir sus efectos de inmediato, lo que otorga gravedad a las fugas del anestésico. La ley propuesta exige a todos los establecimientos públicos y privados —hospitales, clínicas y laboratorios— informar cualquier pérdida, desviación o evento adverso vinculado al propofol mediante notificación fehaciente e inmediata a la autoridad sanitaria. El incumplimiento será sancionado conforme a la normativa vigente y puede derivar en denuncias penales si la omisión fuera deliberada o facilitara la comisión de delitos.

El texto establece que el propofol solo podrá utilizarse en entornos hospitalarios autorizados, bajo custodia física restringida y acceso limitado al personal formalmente designado. El almacenamiento adecuado implica resguardo bajo llave, sistemas automatizados de seguridad y la responsabilidad exclusiva de jefaturas de farmacia o anestesiología. En áreas críticas como quirófanos o unidades de terapia intensiva, las ampollas solo podrán almacenarse en carros de anestesia con cierres de seguridad, quedando prohibido el acceso abierto.

Los fundamentos del proyecto detallan que, actualmente, la administración de propofol en la Argentina no se rige por criterios de reporte obligatorios y uniformes en los hospitales, lo que dificulta la detección de robos y el control efectivo de los stocks disponibles. Esta carencia de reglas claras afecta tanto a eventos rutinarios, como roturas de ampollas o descartes, como a situaciones irregulares y riesgosas.

La iniciativa se alinea con los estándares internacionales promovidos por el Institute for Safe Medication Practices de Estados Unidos, que reconoce al propofol entre los medicamentos de alto riesgo —categoría reservada a fármacos con potencial significativo de daño en caso de error o mal uso— y recomienda restricciones de acceso, registros minuciosos de administración y sistemas de doble verificación.

En la Argentina, la regulación avanzó recientemente a través de mecanismos de trazabilidad definidos por la ANMAT en las disposiciones 6223/2025, 3752/2025 y 1848/2026. La integración propuesta del propofol en estos circuitos busca garantizar que la custodia y auditoría sobre este anestésico no sea inferior a la ejercida sobre opioides y otras sustancias controladas de alto impacto sanitario.

El proyecto establece sanciones específicas para casos de omisión o inobservancia en el control y reporte, incluidas aquellas cometidas por funcionarios públicos —a quienes resultarán aplicables tanto el artículo 249 como los artículos 200 y 277 del Código Penal, según corresponda—. En caso de detectarse conductas deliberadas para ocultar desvíos o facilitar el uso indebido, la ley prevé una agravación de las responsabilidades civiles y penales.

El texto legal justifica la inclusión del propofol como medicamento de alto riesgo por su mecanismo de depresión inmediata sobre el sistema nervioso central a través de la potenciación del neurotransmisor inhibitorio GABA. Esta acción puede suprimir rápidamente el impulso respiratorio y producir pérdida de conciencia, lo que exige un nivel de control equivalente al de los opioides para proteger la vida de los pacientes.

Entre los antecedentes mencionados, los legisladores hacen referencia al caso de una persona fallecida en el barrio porteño de Palermo, ex trabajador del Hospital Centenario de Gualeguaychú, en cuya vivienda se hallaron ampollas identificadas con lotes de la firma HLB Pharma Group. Según registros de la ANMAT, existían prohibiciones vigentes sobre determinados lotes de “Propofol HLB” (31106, 60001 y 60002) a raíz de las disposiciones 1517/2025 y 2464/2025, como consta en el Boletín Oficial del 6 de marzo y 16 de abril de 2025, respectivamente.

Fue sugerente una de las consignas que dejó Karina Milei cuando el viernes pasado presidió una reunión junto a referentes porteños de La Libertad Avanza: la Ciudad no será territorio de negociación con el PRO para el 2027 y se buscará ganar la Jefatura de Gobierno con candidatos puros.

Se trata de un terreno pantanoso para los libertarios porque si comienzan a disputar abiertamente con el macrismo al interior de CABA, es probable que el espacio amarillo tenga incentivos de hacer lo mismo con las adhesiones de sus legisladores en el Congreso Nacional. Pese a todo, altas fuentes del partido nacional afirman que la decisión está tomada.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y principal armadora en el distrito, Pilar Ramírez, publicó el mes pasado un tuit que pareció marcar la estrategia de su espacio de cara a este año: “La Ciudad tiene que avanzar a la velocidad del país”. Es decir, la impronta reformista que se plantee desde la Casa Rosada prevé tener correlación al momento de presentarse propuestas en la Legislatura.

El viernes pasado se convocó a los senadores, diputados y legisladores electos por la Ciudad para reunirse con Karina Milei y Pilar Ramírez. También estuvo en ese encuentro la jefa de bloque en la cámara alta, Patricia Bullrich, que obtuvo el aval implícito de la hermanísima para comenzar a armar en el territorio porteño para una eventual candidatura a la Jefatura porteña.

Tres legisladores que estuvieron en las oficinas que La Libertad Avanza tiene en Avenida de Mayo dieron fe de que se habló principalmente de coordinar las agendas legislativas de la Nación y la Ciudad. “El objetivo es que haya un sentido en las presentaciones de los proyectos en cada uno de esos ámbitos”, describió uno de ellos. Otra dirigente marcó que se habló de la hoja de ruta de los proyectos que se impulsarán hacia la primera y segunda parte del año. “Tenemos un cronograma con todo planificado”, aseguran.

El presidente Javier Milei anunció en redes el envío de su proyecto de reforma electoral, que incluye, entre otras cuestiones, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Ficha Limpia, la iniciativa para que condenados en segunda instancia por delitos dolosos no puedan candidatearse para cargos electivos.

Minutos después, Ramírez dijo que también impulsará estos dos aspectos para la Ciudad. “Ya los presentamos y los vamos a defender. Basta de caprichos políticos pagados con los impuestos de los porteños y basta de impunidad”, asestó.

Las últimas elecciones legislativas de la Ciudad tuvieron una sola instancia luego de que Jorge Macri enviara en febrero del año pasado la suspensión de las PASO. En diálogo con LN+, el jefe de Gobierno porteño marcó que tomó esa decisión porque consideraba que no se justificaba unas primarias en unos comicios de medio término. Bajo ese razonamiento, marcó que creía necesario que se mantengan las PASO de la Ciudad para el año próximo.

El mileísmo porteño tiene diferentes lecturas a nivel interno sobre cuándo puede ser un momento preciso para avanzar con la reforma electoral. Un legislador afirmó que se va a buscar tratarlo en comisiones en las próximas semanas, mientras que uno de sus pares opinó que “todos van a esperar a lo que suceda en Nación”. La suspensión de las primarias implicó en 2025 un ahorro aproximado de $ 20.000 millones, según cifras esgrimidas por quienes votaron el proyecto macrista en ese entonces. El mileísmo va a utilizar ese argumento para justificar su proyecto medida.

De cualquier manera, en las filas de Ramírez esperan impulsar en el corto plazo una reforma en la Ley de Comunas para bajar de 105 a 15 la cantidad de integrantes de las Juntas Comunales, una reducción del 85%. Esto implicaría que en vez de elegirse siete personas por comuna, solamente se seleccione a una.

En el corto plazo, La Libertad Avanza tiene intenciones de poner en agenda una discusión para impulsar un Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) similar al que logró sancionarse semanas atrás en el Congreso pero adaptado para el caso porteño. La novedad es que esto no desagrada en sectores del peronismo porteño y, cuanto menos, mostraron disposición para debatir alternativas. Más lejano es el caso del RIGI porteño que presentó el mileismo a comienzos de año.

Los libertarios continúan con la intención de eliminar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), bajo la excusa de que el organismo estaba sobredimensionado y que debe reorientarse políticamente. Esto no tiene adhesiones mayoritarias en la Legislatura y no corre con posibilidades de prosperar. En ese mismo combo había sido presentada la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad para limitar el financiamiento del banco a obras sociales para favorecer el acceso a la vivienda; pero esto perdió inercia luego de que Macri anunciara una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires.