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En la UNS 7 de cada 10 estudiantes son primera generación en acceder a la educación universitaria

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En el marco del conflicto de las universidades nacionales con el gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento del sistema público de educación superior, la Universidad Nacional del Sur presentó un informe en el que refuta afirmaciones falsas por parte del presidente y sus funcionarios. Una de ellas es que “los pobres no van a la universidad”.

De acuerdo al portal de datos abiertos datos.uns.edu.ar en 2022 (año de la última estadística publicada por la Secretaría de Políticas Universitarias) se anotaron 6821 ingresantes, de los cuales el 64,8% no contaban con padres y madres universitarios.

Es decir, casi 7 de cada 10 alumnos y alumnas eran primera generación en acceder a la educación universitaria: el 54,7% eran oriundos de Bahía Blanca y el restante 45,3% provino de otras localidades.

“Además del beneficio individual de haber accedido a la universidad, hay un beneficio para toda la sociedad de Bahía Blanca de que lleguen estudiantes de la zona porque eso dinamiza toda la economía local”, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos la Doctora en Economía María Marta Formichella.

Habló de los denominados retornos sociales del acceso a la educación universitaria que van más allá de lo educativo. “La educación es un bien que genera beneficios no solamente a la persona que se educa, sino a todo el conjunto de la sociedad. Una sociedad con personas más educadas va a tener una mayor productividad, un mayor diálogo social y una mejor organización”, describió.

En el informe que publicó la casa de estudios bahiense se hizo hincapié en la relación directa entre la educación y los ingresos. La investigadora indicó que analizaron datos de la Encuesta Permanente de Hogares y detectaron que en las familias de ingresos más bajos, la mayoría tiene secundario incompleto, en cambio, en los casos de ingresos altos, la mayoría tiene educación superior completa. E inclusive remarcó que haber pasado por la universidad sin obtener el título genera más posibilidades de tener ingresos más altos en comparación con quienes no han accedido a ese nivel educativo.

Y algo similar ocurre con la situación laboral porque aquellas personas que logran acceder a la educación superior tienen más chances de tener trabajo con mejores condiciones de trabajo.

Respecto a uno de los argumentos del gobierno nacional para apuntar contra las universidades es el porcentaje de estudiantes que no finaliza sus carreras. Formichella recalcó que como todo indicador económico y social, nunca puede ser tomado de forma aislada. “Uno cuando analiza un fenómeno económico-social, tiene que tomar un conjunto de indicadores porque si no puede llegar a conclusiones erróneas. Habría que ver otros indicadores que tengan que ver también con la trayectoria, no solamente con el fin de la historia que sería no finalizar la carrera”, planteó.

Y, por último sobre el complejo presente de la educación pública universitaria, admitió que les genera mucha preocupación: “Hay que pensar que la educación es muy necesaria para el desarrollo de una sociedad, por un lado, para que todos tengan la oportunidad de avance personal, y, por otro, por todo lo que genera la educación en lo que en economía llamamos externalidades positivas”. En ese punto, enfatizó que se debe entender que una sociedad necesita de profesionales que se formen en el nivel superior: “Todos necesitamos en algún momento un médico, un abogado, etc”.

“Entonces, que haya un desfinanciamiento que implique la chance de que haya menos personas que estudien, no va a ser solo negativo para esas personas, sino que va a ser negativo para toda la sociedad”, concluyó.

Fuente: Frente al Cano.

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Muerte en el gym: “La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores”

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El abogado de la familia de Juan Roberto Cafasso(68), el cliente del gimnasio Sport Club que falleció hace más de dos meses al caer desde un entrepiso que no tendría protección, remarcó su posición acerca de mantener preservado el lugar del hecho.

El lunes 3 de este mes, lanueva.com difundió una nota en la cual daba detalles de la clausura del gymubicado en la avenida Cabrera al 4.100, situación que está a resolución de la Cámara Penal.

Luego de esa publicación, un grupo de trabajadores de Sport Club se manifestó públicamentey presentó un escrito ante el juzgado de faltas municipal, a fin de obtener la reapertura del local porque está en juego la fuente de trabajo de casi 30 personas.

“La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores, ni de los empleadores, ni del lugar. Quiere que se investigue, que se conserven los medios probatorios y que se pueda dilucidar, eventualmente, quiénes son los responsables”, explicó Martiniano Greco.

“Uno entiende que hay trabajadores detrás, pero también que existió un homicidio y que la familia Cafasso no va a recuperar a su padre, a su esposo, a su abuelo”, agregó.

El planteo de la querella tiene que ver con que están pendientes los resultados de una pericia de ingenieros sobre las medidas de seguridad del lugar y que los profesionales pueden llegar a tener la necesidad de regresar al gimnasio para tomar algunas medidas o realizar otros estudios.

Y, por otro lado, con la eventual intención de la acusación de pedir una inspección ocular al momento del juicio, medida que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

“No buscamos una sanción punitiva, sino que se conserve el lugar”, remarcó Greco.

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno acelera obras y rutas para blindar su alianza con los gobernadores rumbo a 2027

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Convenios de obras y traspaso de rutas a cambio de acuerdo político. Con esa lógica el Gobierno busca profundizar su relación los gobernadores aliados para sostener un diálogo constante que tiene como horizonte las elecciones del próximo año.

La estrategia se reforzó este viernes con el viaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Ambos funcionarios firmaron junto al mandatario local Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En el acto realizado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital catamarqueña, el ministro Caputo centró su discurso en la idea de federalismo que tienen la Casa Rosada: dijo que el objetivo del Gobierno es que cada provincia pueda explotar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de su población.

En el mismo acto, Santilli confirmó que también avanza el estudio del traspaso de las rutas nacionales 38 y 157, que conectan a Catamarca con Tucumán y con Santiago del Estero. El esquema replica el que el Gobierno ya ofrece a otros distritos: las rutas seguirán bajo dominio nacional, pero la provincia se haría cargo de la conservación, el mantenimiento y eventuales concesiones, por un plazo de hasta 20 años.

En el Gobierno reconocen que la seguidilla de anuncios de obras y traspasos busca reforzar el vínculo con los gobernadores aliados en un contexto de creciente clima electoral, de cara a las negociaciones políticas para el 2027, donde Javier Milei buscará la reelección, al igual que muchos mandatarios provinciales.

Esta semana Santilli participó en Misiones del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, donde recibió reclamos por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos viales y tarifas de energía diferenciadas para las provincias del norte. El funcionario respondió entonces que “casi el 90%” de esos pedidos ya está resuelto.

La obra clave para Catamarca y Santiago del Estero

La obra del acueducto anunciada en Catamarca, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de $99.769 millones, prevé una cañería troncal de unos ocho kilómetros desde el Bolsón de Albigasta hasta Vallecito, y otros doce kilómetros hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, donde funcionará una planta potabilizadora. El plazo de ejecución de esta primera etapa es de 36 meses y alcanzará a más de 35.000 beneficiarios entre ambas provincias.

Jalil calificó la obra como un reclamo histórico -dijo que la región la espera “desde la primera presidencia de Roca”- y adelantó una segunda etapa hasta la localidad de Casa de Piedra, con foco en el abastecimiento ganadero. Suárez, por su parte, remarcó que Santiago del Estero sostiene “20 años de equilibrio presupuestario”, lo que le permite afrontar inversiones sin endeudarse.

Rutas nacionales, la otra pata de la negociación con las provincias

El esquema de traspaso de rutas nacionales a las provincias se inició formalmente con Santa Fe: el 22 de julio, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la ruta A012 por 20 años. Luego siguió San Juan, que el 10 de agosto firmó la delegación de cinco corredores viales -las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149- por 20 años. Córdoba, por su parte, negocia con Nación el traspaso completo de la ruta 19, un pedido que el jefe de Gabinete ya adelantó que el Gobierno aceptará.

No todas las provincias acompañan el esquema: Tucumán rechazó hacerse cargo de las rutas nacionales. El gobierno de Osvaldo Jaldo sostuvo que cada nivel del Estado debe asumir el mantenimiento de la infraestructura que le corresponde y que asumir esa obligación implicaría un costo millonario para las cuentas provinciales. (Fuente: TN).

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