En el marco del conflicto de las universidades nacionales con el gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento del sistema público de educación superior, la Universidad Nacional del Sur presentó un informe en el que refuta afirmaciones falsas por parte del presidente y sus funcionarios. Una de ellas es que “los pobres no van a la universidad”.

De acuerdo al portal de datos abiertos datos.uns.edu.ar en 2022 (año de la última estadística publicada por la Secretaría de Políticas Universitarias) se anotaron 6821 ingresantes, de los cuales el 64,8% no contaban con padres y madres universitarios.

Es decir, casi 7 de cada 10 alumnos y alumnas eran primera generación en acceder a la educación universitaria: el 54,7% eran oriundos de Bahía Blanca y el restante 45,3% provino de otras localidades.

“Además del beneficio individual de haber accedido a la universidad, hay un beneficio para toda la sociedad de Bahía Blanca de que lleguen estudiantes de la zona porque eso dinamiza toda la economía local”, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos la Doctora en Economía María Marta Formichella.

Habló de los denominados retornos sociales del acceso a la educación universitaria que van más allá de lo educativo. “La educación es un bien que genera beneficios no solamente a la persona que se educa, sino a todo el conjunto de la sociedad. Una sociedad con personas más educadas va a tener una mayor productividad, un mayor diálogo social y una mejor organización”, describió.

En el informe que publicó la casa de estudios bahiense se hizo hincapié en la relación directa entre la educación y los ingresos. La investigadora indicó que analizaron datos de la Encuesta Permanente de Hogares y detectaron que en las familias de ingresos más bajos, la mayoría tiene secundario incompleto, en cambio, en los casos de ingresos altos, la mayoría tiene educación superior completa. E inclusive remarcó que haber pasado por la universidad sin obtener el título genera más posibilidades de tener ingresos más altos en comparación con quienes no han accedido a ese nivel educativo.

Y algo similar ocurre con la situación laboral porque aquellas personas que logran acceder a la educación superior tienen más chances de tener trabajo con mejores condiciones de trabajo.

Respecto a uno de los argumentos del gobierno nacional para apuntar contra las universidades es el porcentaje de estudiantes que no finaliza sus carreras. Formichella recalcó que como todo indicador económico y social, nunca puede ser tomado de forma aislada. “Uno cuando analiza un fenómeno económico-social, tiene que tomar un conjunto de indicadores porque si no puede llegar a conclusiones erróneas. Habría que ver otros indicadores que tengan que ver también con la trayectoria, no solamente con el fin de la historia que sería no finalizar la carrera”, planteó.

Y, por último sobre el complejo presente de la educación pública universitaria, admitió que les genera mucha preocupación: “Hay que pensar que la educación es muy necesaria para el desarrollo de una sociedad, por un lado, para que todos tengan la oportunidad de avance personal, y, por otro, por todo lo que genera la educación en lo que en economía llamamos externalidades positivas”. En ese punto, enfatizó que se debe entender que una sociedad necesita de profesionales que se formen en el nivel superior: “Todos necesitamos en algún momento un médico, un abogado, etc”.

“Entonces, que haya un desfinanciamiento que implique la chance de que haya menos personas que estudien, no va a ser solo negativo para esas personas, sino que va a ser negativo para toda la sociedad”, concluyó.

Fuente: Frente al Cano.