Cuando el siglo pasado se terminaba, los por entonces presidentes de Argentina y Chile, Carlos Menem y Eduardo Frei se encontraron a bordo del destructor chileno Blanco Encalada, en el Estrecho de Magallanes. Allí, los mandatarios sellaron un simbólico abrazo y firmaron un acuerdo, lanzando una nueva etapa de cooperación, para dejar atrás años y años de conflictos limítrofes. Incluso Menem dijo en esa oportunidad que había sido el hecho más destacado en política exterior de su década al frente de la Casa Rosada.

Eso fue en febrero de 1999. Ahora, a más de 21 años de ese acontecimiento y en medio de la pandemia del coronavirus, el gobierno chileno volvió tardíamente a la carga con un reclamo, quebrando ese largo período de tranquilidad.

La protesta en cuestión, hecha llegar a la Cancillería argentina el pasado 11 de mayo por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, está relacionada con una supuesta pretensión argentina sobre la plataforma continental submarina y un sector de la Antártida, más allá de lo determinado en 2016 por las Naciones Unidas. La nota también fue enviada por los chilenos el 23 de mayo al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Fuentes diplomáticas con acceso a un documento interno de Cancillería indicaron que la delegación que conduce Felipe Solá está convencida de que el reclamo trasandino parece vinculado a distraer la atención pública de las dramáticas consecuencias del COVID-19 en el país vecino. En ese contexto, debe recordarse que incluso hubo cruces de declaraciones por las cifras que el presidente Alberto Fernández brindó al comparar el avance del coronavirus en la Argentina con el resto de los países de la región.

De hecho, en Cancillería creen que el gobierno chileno tomó como referencia para elevar sus quejas un proyecto de ley elaborado por la senadora kirchnerista Norma Durango relacionado con el trazado de la zona en el Mar Austral. Varias cosas llamaron la atención. En primer lugar, que no se trata de una iniciativa emanada del Poder Ejecutivo, y segundo, que hubo varios proyectos similares presentados en el Congreso argentino desde 2010, incluso uno de la propia Durango, en 2016. Ninguno de ellos fue objetado por el Palacio de la Moneda en estos años.

De todos modos, y más allá de estas consideraciones de la Cancillería argentina sobre las reales intenciones de Chile, la Casa Rosada sabe que está en plena vigencia el artículo IV del Tratado Antártico y de los sucesivos acuerdos bilaterales mediante los cuales los dos países ya reconocieron mutuamente soberanía en la Antártida.

Infobae