La actividad legislativa, que había iniciado a través de declaraciones periodísticas y presentaciones públicas, ya tiene fecha de inicio en este 2023. A través de una conferencia de prensa en Casa Rosada, la vocera presidencial Gabriela Cerruti anunció que las sesiones extraordinarias en el Congreso iniciarán el 23 de enero y se extenderán hasta el 28 de febrero, plazo en el que ingresarán 27 proyectos de ley. El Frente de Todos intentará que se aprueben propuestas económicas y judiciales, mientras que Juntos por el Cambio anunció que no acompañará ningún proyecto oficialista.
El motivo por el cual el principal bloque opositor no dará quórum es la solicitud, proveniente del Ejecutivo Nacional con el respaldo de los gobernadores provinciales, del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las voluntades de los mandatarios se articularon luego del fallo por la distribución de la Ley de Coparticipación de la Corte, apuntando principalmente contra su presidente, Horacio Rosatti, “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño”.
Luego del dictamen judicial que favoreció porcentualmente al distrito de la Ciudad de Buenos Aires, solicitaron también iniciar investigaciones contra Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”. Además del juicio político, en estas sesiones extraordinarias ingresará en Diputados, con media sanción del Senado, la propuesta de modificación del artículo 21 de la Ley N° 1285/58, con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 16 miembros.
Otra de las propuestas que impulsa el oficialismo y cuenta con media sanción de senadores es la que prevé la modificación del Consejo de la Magistratura, cuyos actuales integrantes también fueron definidos mediante intervención de la Justicia. El proyecto busca elevar el número de 13 a 17 miembros, con criterio de paridad de género y excluyendo a los jueces de la Corte Suprema.
Finalmente, otros de los proyectos que involucran al Poder Judicial es el tratamiento para el acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, en donde ocupa el cargo interinamente Eduardo Casal desde el 31 de diciembre del 2017. Actualmente, el pliego existente es el presentado desde febrero de 2020 por el juez Daniel Rafecas. Aún no fue debatido por el Senado, en donde ingresó la propuesta.
Aunque se desconoce cómo se dará la dinámica legislativa tras el anuncio de Juntos por el Cambio, uno de los proyectos que ya fue aprobado en otras jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, es la Ley de Tránsito y Seguridad Vial sobre Alcoholemia Cero para la conducción de vehículos. La propuesta, que cuenta con media sanción del Senado, contempla reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir.
Uno de los objetivos del Frente de Todos para estas extraordinarias es aprobar el Plan de Pago de Deuda Previsional, proyecto que fue impulsado por ANSES en el 2022. La iniciativa, que pretendía una extensión al beneficio de todas las mujeres con menos de 30 años de aportes jubilatorios, venció después de que la oposición no diera quórum el último diciembre. De aprobarse el plan, regiría durante dos años, permitiría saldar la deuda de aportes hasta en 120 cuotas y incluiría a 800.000 personas.
Otra de las iniciativas del Ejecutivo es la reforma del INDEC por un nuevo Sistema Estadístico Nacional. La intención oficialista es constituir un ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional, y con autoridades elegidas a través del Poder Legislativo.
Qué proyectos quedaron afuera
Entre los proyectos que no ingresarán en este plazo de sesiones extraordinarias se encuentra la Ley de Alquileres, que busca modificar la norma sancionada durante la pandemia y resistida desde diversos sectores, y la ley de Ley de Humedales, que obtuvo dictamen en Diputados en noviembre del 2022, cuya pretensión es regular la actividad de emprendimientos productivos en humedales y exigir garantías de preservación ambiental.
A su vez, y a pesar de ser anunciado en diciembre, el oficialismo no presentó un nuevo proyecto de Ley de Coparticipación, que según el presidente Alberto Fernández buscaría “no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas” provocadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
(ámbito)
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