Conecta con nosotros

Destacado

Finalmente, Larraburu evitó el juicio oral por el ataque de su perra a un niño

Publicado

en

Dámaso Larraburu evitó el juicio oral por el brutal ataque de su perra rottweiler contra un niño de cuatro años que se encontraba junto a su mamá en la plaza del barrio Palihue. El hecho ocurrió el 27 de enero de 2021.

Ayer en dependencias del Juzgado Correccional 1 a cargo de Dr. Gabriel Giuliani se desarrolló una audiencia en la que quedó ratificada la decisión que el año pasado había adoptado la Sala II de la Cámara Penal de Bahía Blanca cuando había revocado el fallo de la jueza Susana González La Riva, quien había enviado a juicio oral al exdiputado nacional.

Ayer estuvieron en la audiencia el fiscal Cristian Aguilar, la madre del niño, Solange Ledo y su abogado; y el propio Larraburu y su abogado.

El fiscal solicitó reglas de conducta para el acusado durante 3 años, entre ellas, que adopte medidas de seguridad en su casa para que la perra no se escape y que el animal cuando esté en la vía pública tenga bozal y correa.

Por su parte, la defensa solicitó que esas conductas que extiendan por un año y propuso que Larraburu trabaje para mejorar las normativas sobre tenencia responsable de mascotas.

Será el juez Giuliani, quien en los próximos días definirá las reglas de conducta que deberá cumplir el dirigente político.

Advertisement

Destacado

El gobierno porteño se prepara para el inicio de la guerra con los Moyano por USD 200 millones en indemnizaciones

Publicado

en

Este viernes se aprobará el pliego de licitación de la recolección de residuos de CABA para el período 2028-2038 y, como se preveía, no incluirá las indemnizaciones para los 6500 trabajadores del sector, como exige el Sindicato de Camioneros. Por eso en el gobierno porteño esperan que en ese momento comience la guerra con el gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo, que amenazaron con protestas en reclamo de ese beneficio, que representa unos 200 millones de dólares.

En el transcurso de la audiencia pública del 5 de octubre pasado, en el que se analizó el anteproyecto de los pliegos de licitación de la recolección de basura desde 2028, como anticipó Infobae, se confirmó que en la renovación de las concesiones del servicio no iba a figurar el millonario resarcimiento económico conocido como Ley Moyano, una norma no escrita y de nula legalidad por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Ante la difusión de la noticia, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, llamó a una movilización de trabajadores de la actividad ante la Comuna 1, en Humberto Primo 250, y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, amenazó con un “paro total” si no se incluían las indemnizaciones.

“A la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, advirtió el hijo mayor de Hugo Moyano, que remarcó que las indemnizaciones en la recolección de residuos son “un derecho adquirido que venimos cobrando desde hace más de 30 años en todas las licitaciones”.

Desde entonces, hubo contactos extraoficiales de Aparicio con el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Higiene, Matías Lanusse, pero no tuvieron resultados positivos para el gremio: los funcionarios de la Ciudad ratificaron que Jorge Macri decidió no incluir las indemnizaciones en el nuevo pliego, aunque sí se pagarán las correspondientes al contrato vigente, que se prorrogó hasta septiembre de 2028.

En el macrismo aclararon que no hace falta que el pliego sea aprobado por la Legislatura porteña porque en su momento ya puso en vigencia el marco legal que se debe cumplir en cada licitación, por lo que sólo se requiere de la firma del jefe de Gobierno para poner en marcha la renovación del servicio de recolección de basura.

Ahora, una vez que esté firmado el pliego, los contratos se adjudicarán entre este mes y febrero de 2027, aunque comenzarán a regir en septiembre de 2028.

La inminente aprobación del futuro pliego de licitación abre la puerta a un enfrentamiento extenso e incierto con Camioneros, que viene de ganar otra de sus batallas para que se respete la Ley Moyano: tras un paro de 72 horas, el sindicato logró hace 48 horas que se firme un acta que reconoce el pago de las indemnizaciones a los 30 empleados de una empresa que se encargaba del servicio de recolección de residuos en el Mercado Central y que fue reemplazada por otra compañía.

El gobierno de Jorge Macri está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el nuevo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares: las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.

Según quienes siguen de cerca este polémico tema, la Ley Moyano implica que los contribuyentes terminen pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.

El origen de la Ley Moyano fue la finalización del contrato de Manliba con el gobierno de la ciudad en 1998 y adquirió fuerza durante la gestión porteña de Mauricio Macri: en 2012, la Legislatura aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores cada vez que cambiara una concesión.

Esa “ley” también se aplicó ante nuevas licitaciones de recolección de basura en Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de la Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato de los Moyano firmó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con el pago de indemnizaciones incluido.

El precedente alcanzó al supermercado Walmart cuando el Grupo Narváez lo compró en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir la aplicación de la Ley Moyano con el despido de 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, el pago de la doble indemnización vigente y su posterior reincorporación.

Finalmente, la indemnización no se concretó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El conflicto expuso hasta dónde podía llegar el sindicato para sostener la aplicación de ese esquema en operaciones empresariales.

La misma presión de Camioneros apareció en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de grúas porteño y Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de intentar precarizar los salarios de 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Tras negociaciones, el acuerdo alcanzado entre ambas partes permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a depender de SBASE, empresa estatal de la Ciudad: mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno cobró hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.

La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con que la ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba a los 6 mil trabajadores ante el siguiente vencimiento contractual.

El gobierno porteño sostuvo que los contratos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero advirtió que en 2020 las partes prorrogaron los contratos por cuatro años adicionales, hasta 2028.

Luego de las amenazas sindicales y del clima de tensión, Hugo Moyano y el gobierno porteño acordaron en octubre de 2024 no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes sufrían problemas de salud desde la pandemia y no podían cumplir sus tareas.

El entendimiento, de todas formas, provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección de residuos de la Ciudad. En la compañía Cliba, por ejemplo, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de que cobrarían una compensación en 2028.

“¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado durante una asamblea espontánea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente sindical ante una cámara.

La reacción de las bases llevó a Aparicio a difundir un video explicativo. El dirigente definió como un “privilegio” la aplicación del mecanismo a los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permitió cobrar indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.

Continue leyendo

Destacado

Milei negó una interna con Bullrich y habló de la economía: “Está claro que hay gente que no llega a fin de mes”

Publicado

en

En medio de las tensiones dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei negó que haya una interna con Patricia Bullrich y reafirmó que seguirá trabajando con el Gobierno. Además, habló sobre el pedido de medidas de alivio para la gente y afirmó que no habrá “plan platita”.

En diálogo con Eduardo Feinmann, por A24, el mandatario aseguró que la senadora es su “socia política” y remarcó que “bajo ningún punto de vista” se irá del proyecto libertario. “Es el deseo del círculo rojo. Gran parte del círculo rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”, sostuvo.

“Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera. Entonces viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables. Pero los tipos quieren vivir de eso. O los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado, esos quieren romper todo, pero del otro lado tienen un montón de amigos”, añadió.

La discusión pública se reavivó después de que Bullrich reclamara más medidas de alivio y una rebaja impositiva para las pequeñas y medianas empresas. “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, había dicho la jefa del bloque oficialista en el Senado. También había señalado que, para garantizar la reelección del proyecto, “tiene que haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”.

Milei, sin embargo, se encargó de despejar cualquier lectura en ese sentido. Aseguró que la ex ministra de Seguridad no integra el grupo de economistas que propone flexibilizar la política monetaria —a quienes calificó de “disparatados”— y descartó que sus declaraciones impliquen una ruptura.

Sobre el reclamo concreto de más alivio para los ciudadanos, el presidente fue categórico al explicar por qué ese camino no está disponible dentro del esquema actual. “Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, afirmó, y advirtió que cualquier política expansiva implicaría recurrir al endeudamiento, a la emisión monetaria o a la suba de impuestos. Las tres alternativas, dijo, son inviables o contraproducentes. En ese marco, rechazó de plano la idea de un “plan platita” de cara a los comicios presidenciales del año que viene: “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”, cuestionó. También calificó al endeudamiento como “profundamente inmoral”, porque implica trasladar el costo a generaciones futuras.

En la misma línea, Milei respondió a quienes proponen aflojar la política monetaria para estimular la actividad. “Nosotros tenemos fija la cantidad de dinero hace más de 12 meses. Sin embargo, todavía hay inflación. ¿Qué quiere decir? Que sigue sobrando dinero. Por lo tanto, es tirar nafta al fuego”, sostuvo, y comparó la propuesta con “llamar a Nerón para apagar un incendio”.

Seguido a esto, el mandatario también salió al cruce sobre la frase que afirma que “la gente no llega a fin de mes”. La calificó de “mentira” y apuntó contra quien la difunde. “Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, afirmó. Para sostener su argumento, Milei recurrió a una explicación técnica sobre el comportamiento del consumo. Señaló que si alguien no puede cubrir sus gastos durante diez días, se endeuda, pero al mes siguiente debe pagar esa deuda. “Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, indicó.

El presidente admitió, no obstante, que sí existen argentinos con dificultades reales, aunque prefirió encuadrarlo bajo el concepto de pobreza. “Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, señaló. En ese sentido, mencionó que al inicio de su gestión la tasa de pobreza era del 57%, mientras que en la actualidad se ubica en el 32%. “Hay 12 millones de pobres menos. Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres, pero hay 12 millones menos que los que había con el kirchnerismo”, cerró.

Milei reconoció que el debate actual gira en torno a márgenes más acotados: si la economía crece un punto más o menos, y si la inflación desciende con mayor o menor velocidad. “Hoy estamos discutiendo que crecemos un poco menos y que la inflación baja más lento”, admitió, aunque insistió en que ese contraste con el escenario alternativo no se comunica con suficiente claridad a la sociedad.

Frente al diagnóstico de un shock de oferta negativo —referencia implícita a las turbulencias externas y los efectos de la sequía y otros factores estructurales—, el presidente descartó compensarlo con estímulo a la demanda. “Si usted tiene un shock de oferta negativo, eso no se contrarresta con un shock de demanda positivo. Se contrarresta con un shock de oferta positivo”, explicó, y señaló que el mecanismo para lograrlo pasa por la baja de impuestos y la desregulación. “Nosotros desregulamos todo el tiempo y hemos hecho un montón de medidas para aliviar”, completó.

Por otro lado, Milei también se refirió a la política exterior vinculada a las Islas Malvinas y afirmó que su gestión logró avances sin precedentes en la materia. Contrastó el enfoque actual con el de administraciones anteriores, a las que cuestionó por limitarse al gesto simbólico. “¿Qué lograron por Malvinas? Nada”, sostuvo, en referencia a gobiernos previos.

Asimismo, destacó que su gobierno llevó a Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Mar y que se implementaron acciones concretas contra las contrataciones para extraer recursos de las islas. “Los estamos arrinconando, les estamos yendo a buscar si hacen contrataciones para sacar recursos de las Malvinas”, afirmó. “¿Cuándo vio una política de tanta defensa como nosotros?”, desafió.

El presidente también aludió a las reformas estructurales implementadas durante su gestión. Comparó el caso argentino con los de Estonia —que aplicó un shock y cayó 20% antes de recuperarse— y Polonia —que optó por un proceso más gradual con una caída acumulada del 10% en cuatro años—. “Nosotros hicimos 18.000 reformas estructurales y el PBI está más 10”, indicó. Con ese ritmo como base, proyectó un crecimiento de entre el 7% y el 8% anual una vez que se disipen los shocks negativos.

“En 10 años duplicamos el PBI; en 20 años lo vamos a cuadruplicar”, afirmó, y fijó como horizonte de largo plazo convertir a Argentina en la primera potencia mundial en 30 o 40 años. “Cien años de desastres no se arreglan en 30 meses. Requiere disciplina. Y nosotros hemos decidido mantener esa disciplina”, concluyó.

Continue leyendo

Destacado

Los motivos que esgrime el Gobierno para no haber votado en la ONU en contra de la violencia de género

Publicado

en

Javier Milei

En otra muestra de la posición geopolítica que la administración libertaria viene sosteniendo desde que asumió, el Gobierno se abstuvo nuevamente en una votación de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, quedando así alineado con los Estados Unidos y ratificando las críticas contra el organismo y su rol, al considerar que la resolución en cuestión buscaba “incorporar agendas ideológicas” detrás de “un título noble”.

A pesar de las críticas por parte de la oposición, en el Poder Ejecutivo defendieron esta decisión y remarcaron que el rechazo estuvo en el contenido del texto y no en el objetivo que declara perseguir.

La medida se aprobó en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos a favor, mientras que la delegación argentina quedó en sintonía con la norteamericana y las de Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, que también se abstuvieron. Somalia fue el único que votó en contra.

“La Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, los femicidios. Nuestra abstención en esta votación no tiene absolutamente nada que ver con ese compromiso, que es claro e innegociable”, aseguró a Infobae una fuente de la Cancillería consultada sobre los motivos de la decisión.

En el Palacio San Martín remarcaron que la diferencia no pasa por el título de la resolución, “ni en el objetivo que dice perseguir“, sino en que el documento, a su entender, “incorpora conceptos ideológicos controvertidos y sesgados que desvían la atención de los problemas concretos de violencia que enfrentan” esos grupos sociales.

En este mismo sentido, en Balcarce 50 insisten en que “muchas veces, detrás de títulos nobles, se incorporan agendas ideológicas“, por lo que se debe “analizar el contenido de cada resolución, más allá de su nombre”.

“Del mismo modo que cuando se vota una ley se examina artículo por artículo y se evalúan las obligaciones que genera, en el ámbito internacional debemos hacer exactamente lo mismo”, explicaron.

La resolución, impulsada por un grupo de países europeos, insta a los Estados a reforzar sus políticas para prevenir la violencia de género, incluida la que ocurre en entornos digitales, y menciona garantías vinculadas con los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva. Esos pasajes fueron, según el Gobierno, los que motivaron la decisión de no acompañar el texto.

“La Argentina considera que las resoluciones deben concentrarse en los problemas reales y en las soluciones concretas. Lo importante es prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia. No alcanza con aprobar declaraciones que incorporan conceptos controvertidos sin resolver los problemas de fondo”, plantearon a este medio.

A esa objeción le sumaron una lectura sobre el enfoque general del texto, porque entienden que contiene “muchísimas referencias al género y muy pocas a la mujer“.

“Se termina imponiendo una mirada ideológica por encima de la realidad de las personas, de los Estados, de sus legislaciones y de las políticas públicas que cada país lleva adelante”, señaló la fuente consultada.

En Balcarce 50 negaron, además, que la decisión no responde a una preocupación por la imagen internacional del país, porque no se hizo para cumplir con “las expectativas del establishment multilateral“.

“La posición responde a una evaluación del contenido de las resoluciones y de su capacidad real para atender los problemas de las mujeres. No vamos a acompañar textos simplemente para quedar bien en los organismos internacionales”, remarcaron.

En esta línea, en el Gobierno insistieron con que “las resoluciones de esta naturaleza no garantizan por sí mismas una reducción de los femicidios ni de las muertes maternas“, sino que “lo que produce resultados son las políticas públicas concretas”.

“De hecho, las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei han permitido, según los datos que manejamos, alcanzar el índice de femicidios más bajo en bastante tiempo”, argumentaron.

En septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario cuestionó que el organismo hubiera dejado de concentrarse en su función de mediar entre los Estados y garantizar la paz y remarcó que “no faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias”.

Además, criticó lo que definió como una expansión de las atribuciones de la ONU sobre asuntos que, a su criterio, deberían resolver los países, por lo que lo calificó como “un leviatán burocrático” dedicado a decidir “cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”.

La decisión que tomó el país en la votación de este martes fue similar a lo ocurrido en noviembre de 2024, aunque en aquella oportunidad directamente rechazó una resolución sobre prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, centrada en el entorno digital.

Esa vez, el texto fue aprobado por 170 países y 13 se abstuvieron, mientras que la delegación argentina quedó aislada incluso de Estados Unidos e Israel, que sí acompañaron la iniciativa.

De hecho, en la Casa Rosada destacaron el cambio de criterio y remarcaron que en esta oportunidad “no se votó en contra ni bloqueó la resolución”, ya que solamente se dejó expresada la opinión de la administración libertaria “frente a los conceptos incorporados”, pero “sin obstaculizar su tratamiento”, lo que consideran ”una diferencia fundamental.

“Nuestra posición es categórica en lo siguiente: estamos en contra de cualquier tipo y forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Precisamente por eso creemos que esta causa debe abordarse con seriedad, sin subordinarla a agendas ideológicas y con medidas concretas que protejan efectivamente a las víctimas”, concluyen.

Continue leyendo
Advertisement

Trending