Pasó Manuel Adorni por el Congreso de la Nación y, aunque el oficialismo entiende que tuvo una especie de triunfo porque el Jefe de Gabinete “respondió todo”, la oposición hace una lectura diferente y define los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo.

En varias publicaciones anteriores este medio explicó que los referentes de la oposición en Diputados vienen conversando sobre los pasos a seguir y cómo había sido la estrategia para llegar a la sesión con el Jefe de Gabinete. Ahora comienza otra parte de ese plan integral.

En los próximos días comenzará un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques de la oposición avanzar rumbo al hemiciclo.

“Ahora viene la parte tres que es la de juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto y avanzar en una agenda en común. Y vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social”, explicó uno de los diputados que negocia esa agenda.

En diferentes despachos del Congreso de la Nación se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, por lo que se están “peinando” proyectos y diputados para sumar votos. “Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número. Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios”.

El hilo conductor en los diferentes bloques de la oposición es la agenda social, que entienden que crece sobre la base de la aparición de casos de corrupción. “La agenda social se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados”.

El eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky— que tiene una veintena de proyectos que proponen medidas en busca de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.

“Lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular.” El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión; por eso la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir alguna firma más. La comisión tiene 31 integrantes donde LLA tiene 13, UP 11, Provincias Unidas 2, PRO 2, UCR 1, Coalición Cívica 1 e Innovación Federal 1.

El otro punto es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.

En medio de esto, desde las provincias hay algunos movimientos que ilustran la situación. Un ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, con medidas para desendeudar a trabajadores privados y públicos, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.

La ex vicegobernadora de Pullaro es la diputada Gisella Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, que tiene 18 miembros. Además, la santafesina es del PRO de la provincia que, aunque tiene algunos desencuentros con los amarillos nacionales, mantiene los puentes.

“Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso”, reconoció un diputado libertario que suele tener buenas conversaciones con los legisladores del peronismo.

“Necesitábamos un espacio para sentirnos cómodos. Que tenga una mirada federal. Y que ponga en agenda temas de las economías regionales sobre los que el peronismo no está hablando”. Un legislador nacional encontró en esas oraciones un desahogo frente a su fastidio reprimido contra el kirchnerismo, fuerza con la que no se siente cómodo, al igual que muchos de los dirigentes que ayer estuvieron en Parque Norte, en el primer encuentro del PJ Federal.

El lema que corrió por los pasillos de los salones fue claro: “No es contra nadie”. Cada dirigente que participó del encuentro peronista tuvo una percepción similar respecto al objetivo de la convocatoria. Ninguno de los presentes está alineado a Cristina Kirchner. Tampoco a Axel Kicillof. Tal vez por eso no estuvieron en la conversación de rosca política, ni en ninguno de los más de diez discursos que hubo arriba del escenario.

La interna bonaerense no fue tema. Tampoco el pedido de libertad de Cristina Kirchner, ni la precandidatura de Axel Kicillof, ni la posibilidad de que Sergio Massa pueda volver a ser candidato. La conversación pasó por la construcción de un programa económico nuevo, por la necesidad de volver a las calles a militar una idea y por la convicción de no poner límites en la construcción política.

El peronismo federal abrió el debate del interior del país en Parque Norte, pero lo seguirá, durante todo el año, en cuatro o cinco provincias de la Argentina. Para sostener el armado y darle continuidad a la integración de sectores, la intención de los organizadores es llevar el mismo formato de debate a otros puntos geográficos. Existe una necesidad urgente del espacio de dar señales más claras de hacia dónde quiere ir el peronismo si es gobierno. Y para eso es clave discutir un nuevo programa.

Dentro del nuevo esquema político creen que lo importante es contener a distintos sectores de campo justicialista. Muchos de ellos alejados del esquema principal donde el kirchnerismo sigue teniendo predominancia. Si bien son sectores que tienen una postura crítica con el mundo K, la gran mayoría cree que deben estar dentro de un gran esquema nacional. En todo caso, ese será un problema que se resolverá el año que viene, en una gran PASO.

“En este momento al peronismo lo que más le conviene es una PASO. Porque está tan disperso y dividido que lo único que puede legitimar a un candidato son los votos”, reflexionó uno de los dirigentes con mayor preponderancia en el armado federal. El mecanismo electoral que puso en vigencia Cristina Kirchner durante su primer mandato como presidenta, es ahora una clave para la organización de una fuerza política atomizada y agrietada por las internas.

Uno de los datos relevantes de la jornada de ayer fue la presencia de veinte intendentes del peronismo cordobés que conduce Martín Llaryora. Estuvieron Sergio Temporini (Colazo), Osvaldo Villar (La Playosa), Jorgelina Domínguez (Bengolea), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia) y Fernando Miguel Ruíz Díaz (Pozo del Molle), entre otros. Fue una señal de acercamiento después de tantos años de desencuentros.

“Fue un encuentro interesante. Todo lo que se aleje del kirchnerismo nos parece digno”, resaltaron en el gobierno de Llaryora, donde siguen poniendo un límite muy fuerte al armado en el que conviven Cristina Kirchner y Axel Kicillof. “Discursivamente nos resulta atrayente, va en el sentido de lo que venimos diciendo. Pero nosotros estamos concentrados en Córdoba”, agregaron.

El gobierno de Córdoba tiene como principal foco de atención el desarrollo de la gestión provincial y trabajar por la reelección de Llaryora. “Con la gestión consolidada vamos a empezar a mirar el escenario nacional para decidir cuándo y en qué condiciones ponemos la fecha de la elección”, indicaron a Infobae desde el Panel, como se le llama a la casa de gobierno en Córdoba.

Lo cierto es que la intención del Gobernador es trabajar en su reelección y, en el caso de ser electo, que le queden las manos libres para poder jugar en el escenario nacional. Mientras tanto, abrió un canal de comunicación con el PJ Federal que fue desatacado por la dirigencia presente ayer en el encuentro político. La gran mayoría considera que hay que ampliar el armado con una mirada federal y que el peronismo cordobés no puede quedar afuera de esa lógica.

Esa misma mayoría entiende que es momento de armar un plan económico nuevo, donde el orden fiscal sea una de las principales banderas y donde se vuelva a poner en agenda la producción y el empleo, que no son parte de la agenda del actual gobierno. “No tenemos que perder lo que nos representa, pero tenemos que ayornarnos”, sintetizó un legislador del interior en la tarde de ayer.

En términos de construcción política, lo que buscan es que el espacio armado por el peronismo federal sirva para aglutinar a los sectores que no tienen representación. Que no están en La Cámpora, ni en el Frente Renovador, ni en el MDF. Ni están bajo el paraguas del cristinismo. El peronismo del interior necesitaba un lugar de referencia, un punto de encuentro para dialogar, para sentirse parte, y ese lugar vio la luz en la tarde de ayer.

En los pasillos de Parque Norte hubo coincidencias respecto a la forma en la que debe seguir este esquema hacia adelante. Mantener la horizontalidad, conservar el espacio de debate, darle lugar a las necesidades de las economías regionales y contener a los sectores que quieren militar una nueva causa. El peronismo del interior se empezó a ordenar con nombres propios conocidos en la delantera y con cientos de dirigentes que empiezan a sentir que hay un canal para hacer correr sus pretensiones, sus preocupaciones y sus objetivos.

El Gobierno sigue avanzando en contra de la ley de Emergencia en Discapacidad que se niega a aplicar. Por un lado, avanza en llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia y, por el otro, envió al Congreso un proyecto de ley sobre discapacidad que elimina buena parte de los derechos que tiene el colectivo.

Uno de los puntos que elimina el proyecto del oficialismo es el de los beneficios fiscales para las empresas que llevan adelante una política activa para la inclusión laboral.

Desde la oposición buscan recuperar la agenda social y en ese camino el diputado de Unión por la Patria Cristian Andino presentó un proyecto de ley que busca transformar la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, y propone que las empresas integren este criterio dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

La iniciativa, acompañada por Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitida a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

El texto plantea que el sector privado adopte medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades laborales, con la integración de la inclusión como un componente estratégico en sus políticas de sostenibilidad.

Según el documento del proyecto, la propuesta abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en la Argentina, con adaptaciones específicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo central es promover la inserción socio-productiva y la autonomía económica de las personas con discapacidad, con la articulación de incentivos y obligaciones para el sector privado.

Entre las acciones obligatorias para las empresas, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal. Además, el proyecto exige la contratación de bienes y servicios a proveedores integrados por personas con discapacidad o que gestionen unidades productivas inclusivas, el apoyo a emprendimientos productivos asociados al sector y el desarrollo de programas comunitarios en las zonas de operación. El documento especifica que las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles, mecanismos de selección igualitarios y protocolos de accesibilidad, así como medidas preventivas frente al acoso y la discriminación.

El texto del proyecto introduce un régimen de incentivos para las compañías que cumplan con los requisitos. Entre los beneficios se incluye la prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento productivo, reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales para empleados con discapacidad y la obtención del sello oficial de Empresa Socialmente Responsable e Inclusiva.

El proyecto también garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), una demanda histórica de organizaciones del sector.

La propuesta crea un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas, condición necesaria para acceder a los beneficios, y establece un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento, como la cantidad de personas empleadas, condiciones laborales, participación en cadenas de valor inclusivas e impacto social de los programas.

La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá coordinar con organismos públicos y privados. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y dictar regulaciones complementarias.

Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa “busca transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo”, según consta en el proyecto de ley que ingresó en las últimas horas en la Cámara de Diputados.