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Fracasó la sesión pedida por el kirchnerismo a favor de los jubilados por el vacío de La Libertad Avanza y aliados

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La Libertad Avanza y otros bloques aliados como el PRO y la UCR no dieron quórum y lograron voltear la sesión especial pedida por el kirchnerismo para tratar los proyectos de ley que planteaban la prórroga de la moratoria jubilatoria y la gratuidad de medicamentos esenciales.

Transcurrida la media hora reglamentaria, solo habían 124 legisladores sentados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para dar luz verde a la sesión, que igualmente se desarrolló con expresiones en minoría.

El PRO brilló por su ausencia, mientras que por la UCR solamente se dignaron a bajar al recinto el mendocino Julio Cobos y Natalia Sarapura.

Para disimular esta desaprensión por los jubilados, que en la tarde de este miércoles volvieron a marchar en la Plaza del Congreso para reclamar por la recomposición de sus haberes, la radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, convocó a una reunión informativa para el 9 de abril.

“Dicha convocatoria tiene el objetivo de empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo”, explicó la cordobesa de la UCR.

El otro sector del radicalismo, Democracia para Siempre, sí mostró mayor compromiso con los jubilados ya que nueve de sus doce integrantes se hicieron presentes para contribuir con el quórum de la sesión.

Estuvieron Pablo Juliano, Facundo Manes, Carla Carrizo, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Mariela Coletta, Marcela Coli y Juan Carlos Polini. 

La Coalición Cívica acudió a la convocatoria en pleno con sus seis integrantes, al igual que los cinco del Frente de Izquierda.

Encuentro Federal, en cambio, volvió a mostrarse fragmentado como en la votación del decreto que habilitó al Gobierno a cerrar el acuerdo con el FMI.

De los 15 miembros del bloque presidido por Miguel Pichetto (quien pegó el faltazo para no contrariar al Gobierno), concurrieron al recinto ocho representantes: Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Mónica Fein, Nicolás Massot y Juan Brügge. 

Innovación Federal, otro socio de La Libertad Avanza, tampoco colaboró para que la sesión viera la luz: apenas dos diputadas salteñas, Pamela Calletti y Yolanda Vega, bajaron al recinto a último momento tras cerciorarse de que no iba a haber quórum, y con el permiso del vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Unión por la Patria sentó a 91 de sus 98 integrantes. Tres de ellos (Celia Campitelli, Blanca Osuna y Juan Manuel Pedrini) se ausentaron por razones personales que no se hicieron públicas, pero los otros cuatro fueron con los cuatro diputados catamarqueños (Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega) con la complicidad del gobernador Raúl Jalil. 

Éstos cuatro tampoco habían concurrido a la votación del DNU sobre el acuerdo con el FMI.

Sesión en minoría

Caída la sesión, tomó la palabra en el recinto Leopoldo Moreau, quien embistió duramente contra los bloques dialoguistas que vaciaron el quórum.

Según expresó, la fallida sesión “ha tenido la virtud de dejar muy nítido cuáles son las prioridades de algunos bloques y diputados respecto al interés mayor o menor que ponen por defender a determinados sectores”.

Quienes se esforzaron para aprobar el DNU inconstitucional e ilegal que nos vuelve a empujar a un escenario de profunda crisis no hicieron el mínimo esfuerzo para defender a quienes precisamente son las próximas víctimas de ese acuerdo con el FMI”, siguió el radical devenido kirchnerista.

Para Moreau, el fin de la moratoria previsional definido por el Gobierno “es el regalito anticipado que viene en las condicionalidades del FMI y que explica las ausencias de estas bancadas” a la sesión convocada por Unión por la Patria.

“Seguramente no han venido aquí porque están imaginando que una decisión de este Congreso para proteger a los jubilados significaría darle una mala señal a los mercados”, evaluó.

El diputado de Unión por la Patria alertó que “de no prorrogarse la moratoria van a caer en una situación de desesperanza que los va a dejar afuera del sistema de las prestaciones contributivas y los va a llevar al subsuelo de los haberes previsionales que no es otra cosa que la PUAM”.

“Si hoy la mínima jubilatoria que afecta aproximadamente al 70% del total de los jubilados significa estar por debajo de la línea de pobreza, quedar atrapados en la Sobre la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) significa quedar atrapados por debajo de la línea de indigencia”, lamentó Moreau.

Sobre la PUAM, cuyo haber representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, señaló que los adultos mayores que caigan en esa alternativa por la imposibilidad de jubilarse perderán el derecho a recibir la pensión a la viudez y, en el caso de las mujeres, deberán esperar cinco años más para empezar a percibir esa prestación.

Además señaló que a partir del próximo domingo, cuando caiga la moratoria, solamente una de cada diez mujeres se podrá jubilar y solamente 2 o 3 de cada diez hombres.

Sabemos que el FMI hace mucho tiempo que quiere venir por el sistema de la seguridad social en la Argentina”, sostuvo Moreau.

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Crearon el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales

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El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de consolidar y armonizar los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en todo el territorio nacional.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 23/2026 del Minsiterio de Capital Humano en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en la necesidad de contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a las personas que efectivamente acceden a beneficios sociales, así como las características y atributos específicos de cada caso.

De acuerdo con lo dispuesto, el registro funcionará en el marco del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que tendrá a su cargo la administración, resguardo y actualización de la base de datos.

El SIIS, creado en septiembre de 2024 por resolución del Ministerio de Capital Humano, actúa como repositorio central de bases de datos para la integración e interoperabilidad de información proveniente de distintas áreas del Estado. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es responsable de la custodia y cruce de datos, así como de la elaboración de estadísticas y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia.

La resolución que dio origen al RIB establece que el gasto para su implementación será cubierto por las partidas presupuestarias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se dispuso además la intervención de la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo correspondiente.

Desde el Gobierno, alegaron que la implementación del RIB permitirá contar con un panorama actualizado y preciso de la cobertura de las políticas sociales, facilitando la gestión de la inversión pública y la evaluación del impacto de las intervenciones.

En la práctica, el RIB integrará y consolida información que antes se encontraba fragmentada en distintas dependencias del Estado. De este modo, se busca evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, asegurando la integridad y trazabilidad de la información oficial. Según lo dispuesto, el registro se nutrirá exclusivamente de datos provistos por los organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.

El establecimiento de este registro responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las políticas sociales, así como de mejorar la coordinación interinstitucional.

A principios de marzo, la minsitra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que “no existen los planes sociales”; por el contrario sostuvo que se trata de prestaciones de la seguridad social y programas con reglas y objetivos diferentes.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, dijo la ministra en un video publicado en redes sociales.

“No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”, aseguró.

“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema. Corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistida”, agregó.

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El Gobierno fusionó temporalmente dos secretarías clave del Ministerio de Economía hasta que designen un nuevo titular

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En el contexto de una reconfiguración administrativa en el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional resolvió reasignar temporalmente las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa a Pablo Lavigne, titular del área de Coordinación de Producción.

Esta decisión, que no conlleva gastos adicionales para el Estado, tiene como propósito garantizar la continuidad operativa de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo productivo del país.

La medida fue adoptada ante la vacancia en la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, lo que obligó a buscar una solución inmediata para evitar interrupciones en la gestión de políticas industriales, comerciales y de apoyo a las pymes.

El Decreto 215/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y Luis Andrés Caputo, especifica que la transferencia de funciones será efectiva hasta que se designe un nuevo titular para el cargo o se disponga un reemplazo específico para la firma de despacho.

Desde el Gobierno se detalló que esta reasignación no afectará el funcionamiento de otras áreas ni implicará superposiciones, ya que quedan exceptuadas aquellas materias para las que ya se haya previsto un reemplazo particular.

La Secretaría de Coordinación de Producción tiene entre sus funciones asistir al Ministro de Economía en la definición de políticas para la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y la economía del conocimiento. Por este motivo, se consideró que es el área más adecuada para asumir de manera provisoria las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaría de Coordinación de Producción será responsable de coordinar la gestión operativa de las áreas transferidas, garantizar la continuidad de los programas y políticas en curso, y asistir al Ministro en la toma de decisiones vinculadas a la industria y el comercio.

El puesto se encuentra vacante desde agosto del año pasado, cuando la cartera económica sufrió dos grandes salidas. Por un lado, el ex titular de la secretaría en cuestión, Marcos Ayerra, y Esteban Marzorati, quien estaba a cargo del área de Industria y Comercio.

De hecho, ya en ese momento, habían anunciado que Lavigne se haría cargo de ambas funciones hasta que se designe a un nuevo titular. De acuerdo con el comunicado emitido en agosto, “ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, destaca el esfuerzo, dedicación y talento al servicio del país que tanto Marcos como Esteban demostraron durante su ejercicio del cargo”.

En el caso de la Secretaría Pyme, ya había perdido gran parte de sus programas y fondos, en el marco del plan de ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei.

La secretaría que manejaba Ayerra cuenta con tres subsecretarías: la de Pymes, a cargo de Christian Bauab; la de Emprendedores, que dirige Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, cuyo titular es Santiago Pordelanne. En el caso de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene cuatro subsecretarías: la de Política Industrial; la de Gestión Productiva; la de Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

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El Congreso busca prohibir los celulares en cárceles tras la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos

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El Congreso de la Nación pone bajo la lupa el uso de celulares en las cárceles, esta vez con un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Silvana Giudici, que busca prohibirlos de manera total y con rango legal, en un contexto marcado por el crecimiento de las extorsiones digitales, las bandas que operan desde el interior de los penales y el caso de una extorsión desde penales bonaerenses que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino, destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

La iniciativa propone modificar la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad —incluidos sus derechos, obligaciones y el funcionamiento del régimen penitenciario—, para establecer de manera explícita la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos carcelarios de todo el país. “Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados”, planteó Giudici. Y agregó: “Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales”.

El proyecto cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y apunta a cerrar una brecha que permitió la expansión de delitos complejos con base en las cárceles.

lejos con base en las cárceles

Prohibición total y sanciones más duras

El texto legislativo propone la incorporación del artículo79 bis que establece: “Prohíbase la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación, por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios”.

El mismo artículo dispone: “Queda exceptuado el equipamiento informático instalado y expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria competente, en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado.”

Es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena”, sostuvo Giudici ante una consulta de este medio.

La única excepción prevista en el proyecto de ley que impulsará el bloque de diputados de La Libertad Avanza es el uso de equipamiento informático autorizado para fines educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo control de las autoridades penitenciarias.

Del control a la expansión del delito

El proyecto también repasa los antecedentes recientes. Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. Sin embargo, en 2020, en el marco de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas.

Según la autora de la iniciativa, esa decisión derivó en un cambio profundo: “Se alteró el sistema de control y eso generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles”.

Entre los antecedentes se mencionan desde estafas telefónicas hasta la continuidad de operaciones de bandas criminales desde prisión, incluso en casos vinculados al narcotráfico.

El caso que expuso el problema

El punto de inflexión fue el caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

Gómez atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia. En ese contexto, inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como “Julieta”, de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro.

Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.

Según se informó oficialmente, la extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de allí, se estableció un contacto destinado a generar confianza con la víctima, mediante mensajes y el envío de imágenes genéricas que no mostraban rostros.

Una vez consolidado ese vínculo, se activaba el mecanismo central de la estafa: la aparición de una supuesta “madre alterada” y la difusión del denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años y se la increpaba con insultos y amenazas.

El siguiente paso incluía un llamado telefónico de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguraba que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales graves. Para dotar de verosimilitud al engaño, los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad, identificado como M. N. C., cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.

La escena era completamente falsa, pero estaba diseñada para generar pánico inmediato. Las transferencias de dinero exigidas se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo.

Lejos de concluir tras los primeros pagos, la presión continuaba. Las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias económicas bajo amenazas reiteradas, con el argumento de que la causa judicial seguía avanzando o que había nuevos costos para “cerrar el problema”.

Según la investigación encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se trató de una maniobra de extorsión sexual organizada desde el interior de las cárceles, replicada con distintas víctimas.

En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir, documento que fue central para comprender el alcance del daño provocado por la banda.

La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así, se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.

Para la diputada Giudici, el episodio marca un límite: “Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos”.

En ese marco, la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) insiste en la necesidad de una solución estructural: “Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares”.

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