El líder de la ultraderecha británica Nigel Farage aseguró que visitará la Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei y sumó un nuevo condimento en un vínculo bilateral con Gran Bretaña que se tensó luego de la filtración del Pentágono que señala que Donald Trump podría respaldar la postura argentina por las Islas Malvinas.

El dirigente británico, referente del partido Reform UK y cercano a Javier Milei, aseguró que viajará a Buenos Aires —hacia septiembre de 2026— con la intención de reunirse con el Presidente. “Queremos tener las mejores relaciones posibles con Argentina, pero esto no es negociable. No va a suceder”, advirtió sobre la soberanía del archipiélago.

Desde la Casa Rosada, hasta el momento, no habían desmentido ni confirmado los dichos del referente del partido partido Reform UK.

Farage ya había expresado esa postura en redes sociales y la reforzó públicamente en medio del revuelo que se generó en el Reino Unido, en las Islas y también en la Argentina tras la filtración de una supuesta comunicación interna del Pentágono. En ese correo, se mencionaba que Donald Trump podría reconsiderar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas como represalia ante la negativa del premier británico Keir Starmer a acompañarlo en su conflicto con Irán.

La postura oficial de Washington en la disputa del Atlántico Sur ha sido históricamente de neutralidad, aunque reconoce el control británico de facto del archipiélago. Durante la guerra de 1982, tras el fracaso de la vía diplomática, el gobierno de Ronald Reagan brindó apoyo militar y de inteligencia al Reino Unido.

El contenido filtrado —que también incluía otras versiones, como un supuesto intento de Trump de desplazar a España de la OTAN— generó una fuerte reacción en cadena. Se pronunciaron el gobierno laborista británico, voceros de Starmer, la jefa del Foreign Office Yvette Cooper, representantes de las islas, autoridades parlamentarias y dirigentes de distintos partidos. En ese contexto, también intervino Farage, uno de los aliados ideológicos de Milei.

Consultado sobre qué le diría a Trump ante un eventual cambio de postura respecto a Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el dirigente británico fue tajante: “Simplemente le diría que eso no va a suceder”.

En la Argentina, tanto Milei como el canciller Pablo Quirno y referentes libertarios en redes sociales adoptaron una postura de fuerte reivindicación de la soberanía. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre la veracidad de la filtración y el Departamento de Estado ratificó la neutralidad habitual de Estados Unidos. También trascendió que el episodio ya habría impactado en la dinámica diplomática, con contactos entre Washington y Londres vinculados a la situación en el Estrecho de Ormuz.

Fuente: TN

Un organismo del Estado, la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES), es el principal litigante ante la Corte Suprema de Justicia. El Máximo Tribunal de la Nación enfrenta un récord de juicios previsionales a partir de los recursos extraordinarios y de queja presentados por ese organismo para no pagar los reajustes jubilatorios ordenados en sentencias de instancias inferiores.

El año pasado ingresaron un total de 58.424 nuevas causas a la Corte. De ese total, el 72% fueron de materia previsional. En números fueron 41.806 nuevos expedientes, la cifra más alta desde 2014, cuando habían ingresado 8.552. Esto revela el nivel de litigiosidad existente por los reclamos de reajuste por parte de los jubilados, y las apelaciones de la ANSES contra fallos favorables a esas demandas.

A lo largo del 2025, el Máximo Tribunal resolvió 14.338 causas sobre reajustes jubilatorios.

El año con menos ingresos de expedientes al Máximo Tribunal por demandas de reajuste de jubilaciones fue 2017, con apenas 5.336 nuevos casos.

Entre las presentaciones hechas ante la Corte por organismos públicos, lidera -por lejos – la ANSES, con el 93% de las causas presentadas. Encabeza la carátula de 32.133 expedientes.

Y del stock acumulado de 111.187 causas que están en el Máximo Tribunal desde 2014, según el análisis hecho por Infobae, el 76% son previsionales (84.961 casos).

Los datos surgen del Informe sobre Anuario Estadístico 2025 elaborado por la Oficina de Estadísticas de la Corte, y actualizado el 13 de abril pasado.

El cúmulo de causas previsionales en el Máximo Tribunal responde, principalmente, a los fallos en favor de los jubilados que solicitan un reajuste de haberes tras la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesta en el gobierno de Alberto Fernández (ley Nro 27.609), un tema sobre el que la Corte Suprema aún no falló para fijar un precedente.

“Hay siete Cámaras Federales que están fallando a favor de jubilados que cobraron sus haberes según la fórmula de movilidad por el período de Alberto Fernández, y la ANSES está apelando todos esos casos. Especialmente, está presentando recursos de queja, que es una última instancia tras el rechazo del recurso extraordinario en Cámara, porque la mayoría de la Cámaras en el interior le está denegando los recursos a la ANSES”, explicó el especialista en derecho previsional Adrián Tróccoli a Infobae.

“Si la Corte declarara la inconstitucionalidad de esa ley de Alberto Fernández, que reemplazó la ley de movilidad de Mauricio Macri, se resolverían miles de planteos que aún están pendientes”, señaló.

Los expedientes por reajuste de haberes que están en la Corte no son todos por recursos de queja de la ANSES, ya que hay también de jubilados que decidieron recurrir al Máximo Tribunal, aunque estos son apenas un cuarto del total.

Los cambios en la fórmula

Los jubilados sufrieron tres cambios en la fórmula de movilidad que los perjudicó en sus haberes. En 2017, Macri promovió un esquema basado en un 70% en la inflación (Índice de Precios al Consumidor- IPC) y un 30% en la variación salarial (RIPTE), que comenzó a regir en marzo de 2018.

Luego, en diciembre de 2019, con el cambio de Gobierno, Fernández dispuso la suspensión de ese cálculo, medida que se extendió durante la cuarentena por la pandemia del COVID. El 29 de diciembre de 2020, el Congreso sancionó una nueva fórmula, que se basó en la evolución de los salarios (el mejor índice entre el RIPTE y el INDEC) y la recaudación de la ANSES, y que comenzó a aplicarse en marzo de 2021. “Esta fórmula de movilidad le hizo perder más o menos un 40% del poder adquisitivo de los jubilados. Esta última versión de la ley, es el motivo de los últimos reclamos, que son la gran mayoría de los que están en la Corte”, advirtió Troccoli.

Una de las demandas en la que debe fallar el Máximo Tribunal y que podría convertirse en un precedente para futuras resoluciones es el conocido como “Caso Cortés”, que lleva el Estudio Tróccoli. Logró con fallo favorable de la Cámara Federal de Mendoza en noviembre de 2024, cuando este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de ley 27.609 de movilidad jubilatoria que rigió entre 2021 y 2024, y ordenó el uso del IPC publicado por el INDEC, para el reajuste del haber.

Del total de 57.493 expedientes sobre reclamos de reajustes de haberes que tenía la Corte a comienzos de 2025, el Máximo Tribunal resolvió el año pasado 14.338 expedientes. Constituyeron el 54% del total de sentencias dictadas por los supremos.

Al finalizar el año pasado, el stock de causas acumuladas en esta materia ascendió a 27.468, equivalente al 86% del total.

El año en que el Máximo Tribunal resolvió mayor cantidad de demandas sobre reclamos previsionales fue 2019: sus integrantes firmaron 16.380 sentencias sobre esta materia.

Ese año, además de sus actuales integrantes – Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz – aún formaban parte del Tribunal, Helena Highton – y Carlos Maqueda, hoy ya jubilados.

Las causas de 2025

Las 58.424 nuevas causas ingresadas el año pasado al Máximo Tribunal es la cantidad más alta de los últimos 12 años, lo que marca un crecimiento ininterrumpido desde el 2021 y un incremento interanual del 28% respecto de los casos que llegaron a la máxima instancia judicial del país en 2024.

Luego de los expedientes previsionales que fueron amplia mayoría (72%), le siguen en volumen, pero mucho más lejos, las demandas laborales, con el 13% del total (7.571 casos), y las penales, con casi 5% de los expedientes que ingresaron (2.780 casos).

En 2025, la Corte resolvió un total de 26.524 causas de las diferentes materias que llegaron a la Corte, una cifra que se acercó al pico de sentencias que firmaron en 2019, cuando ascendieron a 26.608.

En cuanto al stock total de casos pendientes de resolución al finalizar el 2025, fue de 111.187 expedientes, una cifra récord. Esa cantidad fue un 40% superior al del 2024, cuando los supremos tenían 79.287 causas en el Máximo Tribunal.

A su vez, el número de expedientes resueltos en 2025 por el Máximo Tribunal (26.524) fue un 39% superior que los que tuvieron una definición en 2024, año en el que los supremos fallaron en 19.056 expedientes.

En cuanto a las causas ingresadas a la Corte en 2025 por recursos de privados, fuera del tema previsional, la mayoría (79% de ese grupo) fueron de ART (3.258 casos).

Las estadísticas de la Corte Suprema están disponibles en la web del Tribunal, con datos que se remontan a 2014, ya que ese año fue cuando se empezó a usar un sistema digital para poder contabilizar las causas, aunque sin el nivel de detalle y desglose de los últimos dos informes del 2024 y 2025.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

En medio de los primeros frenos visibles al combo de leyes que envió la administración libertaria y el descarte de sesiones pre diagramadas, tanto en Diputados como en el Senado, la Cámara alta aprovechará los próximos días para continuar con su senda de “trabajo regular” y activará, durante la tarde de mañana, un puñado de comisiones bicamerales que, sin embargo, no incluye la más jugosa de todas: la de Inteligencia.

La primera de todas, a las 14, será la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el senador Guillermo Andrada, reciente ex kirchnerista y -de nuevo- peronista full time, de no aparecer otra voltereta. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández– y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, de Javier Milei.

Lo que ahora analiza el oficialismo es, con las adhesiones que cuenta, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De avanzar mañana será la primera vez, después de un par de años, que todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en los últimos meses- y la bicameral en cuestión se hallen con luz verde.

A las 17.30 de este martes se conformará otra traumática: la del Defensor del Niño. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema derivaron en papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival. Luego, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

La gran incógnita que resta es la de Inteligencia. Allí, como contó semanas atrás este medio, Consenso Federal ligaría un premio de oro: aparece la jujeña Carolina Moisés. Olvidó rápido los reclamos por la condena contra Cristina Kirchner, quien desde antes de su prisión domiciliaria forzó la intervención del sello en dicha provincia para reventarlo y cederlo a La Cámpora. Los resultados fueron estrepitosos y un -para nada inocente- regalo a la UCR local, a la que tanto rechazan. Una butaca en esta bicameral asegura, además de las reuniones secretas, apostillas diversas y contactos, una medalla especial: es la única de todo el Congreso con presupuesto reservado.