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Fracasó la sesión pedida por el kirchnerismo a favor de los jubilados por el vacío de La Libertad Avanza y aliados

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La Libertad Avanza y otros bloques aliados como el PRO y la UCR no dieron quórum y lograron voltear la sesión especial pedida por el kirchnerismo para tratar los proyectos de ley que planteaban la prórroga de la moratoria jubilatoria y la gratuidad de medicamentos esenciales.

Transcurrida la media hora reglamentaria, solo habían 124 legisladores sentados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para dar luz verde a la sesión, que igualmente se desarrolló con expresiones en minoría.

El PRO brilló por su ausencia, mientras que por la UCR solamente se dignaron a bajar al recinto el mendocino Julio Cobos y Natalia Sarapura.

Para disimular esta desaprensión por los jubilados, que en la tarde de este miércoles volvieron a marchar en la Plaza del Congreso para reclamar por la recomposición de sus haberes, la radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, convocó a una reunión informativa para el 9 de abril.

“Dicha convocatoria tiene el objetivo de empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo”, explicó la cordobesa de la UCR.

El otro sector del radicalismo, Democracia para Siempre, sí mostró mayor compromiso con los jubilados ya que nueve de sus doce integrantes se hicieron presentes para contribuir con el quórum de la sesión.

Estuvieron Pablo Juliano, Facundo Manes, Carla Carrizo, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Mariela Coletta, Marcela Coli y Juan Carlos Polini. 

La Coalición Cívica acudió a la convocatoria en pleno con sus seis integrantes, al igual que los cinco del Frente de Izquierda.

Encuentro Federal, en cambio, volvió a mostrarse fragmentado como en la votación del decreto que habilitó al Gobierno a cerrar el acuerdo con el FMI.

De los 15 miembros del bloque presidido por Miguel Pichetto (quien pegó el faltazo para no contrariar al Gobierno), concurrieron al recinto ocho representantes: Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Mónica Fein, Nicolás Massot y Juan Brügge. 

Innovación Federal, otro socio de La Libertad Avanza, tampoco colaboró para que la sesión viera la luz: apenas dos diputadas salteñas, Pamela Calletti y Yolanda Vega, bajaron al recinto a último momento tras cerciorarse de que no iba a haber quórum, y con el permiso del vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Unión por la Patria sentó a 91 de sus 98 integrantes. Tres de ellos (Celia Campitelli, Blanca Osuna y Juan Manuel Pedrini) se ausentaron por razones personales que no se hicieron públicas, pero los otros cuatro fueron con los cuatro diputados catamarqueños (Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega) con la complicidad del gobernador Raúl Jalil. 

Éstos cuatro tampoco habían concurrido a la votación del DNU sobre el acuerdo con el FMI.

Sesión en minoría

Caída la sesión, tomó la palabra en el recinto Leopoldo Moreau, quien embistió duramente contra los bloques dialoguistas que vaciaron el quórum.

Según expresó, la fallida sesión “ha tenido la virtud de dejar muy nítido cuáles son las prioridades de algunos bloques y diputados respecto al interés mayor o menor que ponen por defender a determinados sectores”.

“Quienes se esforzaron para aprobar el DNU inconstitucional e ilegal que nos vuelve a empujar a un escenario de profunda crisis no hicieron el mínimo esfuerzo para defender a quienes precisamente son las próximas víctimas de ese acuerdo con el FMI”, siguió el radical devenido kirchnerista.

Para Moreau, el fin de la moratoria previsional definido por el Gobierno “es el regalito anticipado que viene en las condicionalidades del FMI y que explica las ausencias de estas bancadas” a la sesión convocada por Unión por la Patria.

“Seguramente no han venido aquí porque están imaginando que una decisión de este Congreso para proteger a los jubilados significaría darle una mala señal a los mercados”, evaluó.

El diputado de Unión por la Patria alertó que “de no prorrogarse la moratoria van a caer en una situación de desesperanza que los va a dejar afuera del sistema de las prestaciones contributivas y los va a llevar al subsuelo de los haberes previsionales que no es otra cosa que la PUAM”.

“Si hoy la mínima jubilatoria que afecta aproximadamente al 70% del total de los jubilados significa estar por debajo de la línea de pobreza, quedar atrapados en la Sobre la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) significa quedar atrapados por debajo de la línea de indigencia”, lamentó Moreau.

Sobre la PUAM, cuyo haber representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, señaló que los adultos mayores que caigan en esa alternativa por la imposibilidad de jubilarse perderán el derecho a recibir la pensión a la viudez y, en el caso de las mujeres, deberán esperar cinco años más para empezar a percibir esa prestación.

Además señaló que a partir del próximo domingo, cuando caiga la moratoria, solamente una de cada diez mujeres se podrá jubilar y solamente 2 o 3 de cada diez hombres.

“Sabemos que el FMI hace mucho tiempo que quiere venir por el sistema de la seguridad social en la Argentina”, sostuvo Moreau.

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Leches infantiles falsificadas: tres casos en un mes sin advertencias sanitarias nacionales

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En octubre hubo tres alertas por leches infantiles falsificadas que imitaban productos de las marcas Nutrilon y SanCor, destinados a bebés de entre 0 y 6 meses. Los casos encendieron una señal de alarma por la circulación de algunas unidades de leches de origen desconocido y cuya elaboración y composición no estaban sujetas a controles sanitarios.

Las advertencias fueron difundidas por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de Río Negro y replicadas por distintos municipios. Sin embargo, y como lo corroboró chequeado.com no hubo una alerta sanitaria nacional.

La investigación del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal a propósito de las leches infantiles falsificadas también reveló que hubo denuncias de padres cuyos hijos habrían presentado efectos adversos después de consumir estos productos. Sin embargo, hasta el momento no se informó públicamente cuántos niños fueron afectados ni si hubo internaciones o intoxicaciones confirmadas.

  • El falso Nutrilon

La primera alerta fue difundida el 1° de octubre por la DIPA. Se refería a una fórmula láctea en polvo para lactantes de la marca Nutrilon, identificada con el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) 02-700261.

La empresa titular de los registros sanitarios informó que no había elaborado ese producto. Por lo tanto, se desconocía dónde había sido fabricado y no podía garantizarse su inocuidad.

Entre las irregularidades detectadas figuraban un rótulo antiguo y datos adulterados sobre el lote, la fecha de elaboración y el vencimiento, tanto en la información como en el método de impresión.

  • Nutrilon AR1: una denuncia tras vómitos en un bebé

El 27 de octubre, el Gobierno bonaerense difundió una segunda alerta por otra fórmula de Nutrilon: AR1, un alimento en polvo para propósitos médicos específicos destinado a lactantes de 0 a 6 meses.

La advertencia surgió luego de la denuncia de un consumidor que informó que su bebé había presentado vómitos después de consumir el producto. En su respuesta, la empresa comunicó “que no reconocía como propio el lote identificado en el envase”.

  • SanCor Bebé Advanced 1: más de 500 unidades falsificadas secuestradas

La tercera alerta fue publicada el 28 de octubre y alcanzó a la fórmula infantil en polvo SanCor Bebé Advanced 1, destinada a bebés de 0 a 6 meses, tal como lo informó DIB días atrás.

La DIPA informó que, luego de recibir un reclamo por el consumo del producto, la empresa elaboradora reconoció diferencias entre las unidades cuestionadas y las originales, por lo que se trataría de una falsificación.

La identificación del producto apócrifo incluye el lote L F-011207563, con fecha de elaboración el 10/01/2026 y vencimiento el 10/01/2027. Entre las diferencias detectadas respecto del producto original se encontraron cambios en el color y el troquelado del envase; diferencias en el sellado y la marcación del envoltorio interior; cucharas dosificadoras más pequeñas que las originales, “aparentemente fabricadas mediante impresión 3D”; y errores tipográficos en el rótulo, como “Adventencia” en lugar de “Advertencia” y “oelico” en lugar de “oleico”.

Bebés de hasta seis meses en peligro

Las distintas pericias permitieron determinar que las unidades falsificadas de SanCor Bebé Advanced 1 se comercializaban en supermercados y también a través de plataformas digitales. El 29 de octubre, la Policía Federal informó que realizó 14 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez. Durante los procedimientos secuestró más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada e identificó a 5 personas mayores de edad como presuntos partícipes de las maniobras investigadas, tal como reflejó DIB días atrás.

Hubo un informe pericial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) solicitado por la fiscalía que interviene en la causa. Los análisis detectaron aflatoxina M1, una toxina producida por hongos, en concentraciones superiores a 6 veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

Ethical Nutrition, la empresa que elabora el producto SanCor Bebé Advanced 1, explicó en un comunicado: “La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por nuestra empresa, que desde el primer momento colabora con las autoridades para proteger a los consumidores”. Y aclaró: “No se trata de una alerta general sobre SanCor Bebé, sino de una situación vinculada con productos específicos cuya autenticidad está cuestionada. Los productos originales se elaboran bajo controles de calidad y trazabilidad, conforme a la normativa vigente”.

Sin alerta sanitaria nacional

El Código Alimentario establece que la autoridad sanitaria nacional debe elaborar comunicados dirigidos a la población y publicar los retiros de alimentos en curso. Sin embargo, ante la circulación de las leches infantiles falsificadas, no se difundió una alerta sanitaria nacional que advirtiera a los consumidores.

Consultada por Chequeado sobre el tema, la ANMAT -que depende del Ministerio de Salud de la Nación- señaló que el control y la fiscalización de alimentos ya no son de su competencia, luego de la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dispuesta por el Decreto 697/2026 publicado en julio de 2026.

La normativa transfirió al Senasa las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos que ejercía el INAL, entre ellos el funcionamiento del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega), una plataforma digital creada para fortalecer el control de los alimentos y mejorar el acceso de la población a la información

El Ministerio de Salud de la Nación, en tanto, quedó a cargo de la rectoría de la política alimentaria. Pero el decreto también indica, en el artículo 15 inciso a, que la Secretaría de Gestión Sanitaria debe “establecer y llevar a cabo procedimientos de prevención y protección de la salud de la población, por sí, por otras autoridades competentes, o en forma concurrente, advirtiendo públicamente sobre la utilización y el consumo de los alimentos que puedan afectar la salud humana”.

En el caso de la leche SanCor Bebé Advanced 1, el Senasa aclaró a Chequeado que “intervino a través de sus áreas técnicas y de laboratorio, realizó los análisis periciales correspondientes, elaboró los informes técnicos con los resultados obtenidos e informó a las autoridades jurisdiccionales a fin de inmovilizar el producto y adoptar las medidas preventivas necesarias”.

Antes de su disolución, el INAL tenía entre sus funciones la vigilancia alimentaria y la comunicación de riesgos a la población. Recibía denuncias, coordinaba acciones con las autoridades sanitarias provinciales y municipales y podía emitir alertas ante la detección de productos potencialmente peligrosos.

Fuente: Agencia DIB

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El Senado buscará darle luz verde a la producción pública de medicamentos

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El Senado de la provincia de Buenos Aires le dará este jueves media sanción a la ley que busca crear la empresa pública de medicamentos bonaerenses, en lo que será un triunfo a medias de la gestión de Axel Kicillof, ya que el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA) deberá esperar ante la objeción de los intendentes.

Tras idas y vueltas y en una Cámara alta con poca acción en el año, el oficialismo avanzará con la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Es decir, el Gobierno será el titular del 99% del capital social de la empresa, mientras que el 1% podrá ser administrado por actores públicos o privados.

Pese a los cambios, las bancadas opositoras de Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos – UCR Identidad adelantaron que se opondrán a la normativa bajo argumentos como la ampliación de la burocracia estatal, el gasto fiscal, y la falta de una razón que justifique la creación de la empresa de medicamentos.

La iniciativa busca que la Provincia pueda investigar, desarrollar, producir, comprar, vender y distribuir medicamentos e insumos sanitarios; como así también elaborar vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos, entre otros. La idea apunta a priorizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales para esquivar los sobreprecios de los laboratorios privados y bajar drásticamente los costos del sistema público.

Los cambios en el sistema de salud deberán esperar

Si bien el ministro de Salud Nicolás Kreplak confirmó que este jueves se tratará ese tema en la Legislatura, el otro de la agenda de su sector deberá esperar un tiempo más. Se trata del proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), que será enviado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de diferentes senadores.

Sin embargo, el freno a la iniciativa no llegó por la fuerza opositora sino por el mismo peronismo. Fueron el Frente Renovador y el kirchnerismo que hicieron escuchar el reclamo de los intendentes. Es que el artículo 43 del proyecto obliga a las comunas a “armonizar” (equiparar) los sueldos de sus médicos municipales con las paritarias provinciales. Es decir, dice qué hacer pero no aclara cómo afrontar ese gasto.

Al mismo tiempo, obliga a cada jefe comunal a comunicarle al Consejo Regional de Salud (Coresa) y al Congreso Provincial de Salud (Cosapro) cada vez que quiera “hacer uso de otras modalidades de personal o reconocer salarios superiores a los que fija esta normativa”.

Otro punto es el que le otorga prioridad a los municipios que formen parte de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud para recibir fondos de programas provinciales y nacionales sanitarios. Y aquí los intendentes piden que la ley contemple al Coeficiente Único de Distribución (CUD) como fórmula para repartir el dinero, ya que el proyecto original no establece de forma clara cómo asignar las partidas.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno anunció medidas de alivio para pymes y suspende embargos de ARCA

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una serie de medidas para aliviar a las Pymes, con cambios en los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los planes de pago, la compensación de créditos fiscales y el acceso al financiamiento para la industria automotriz.

“La segunda medida es extender el plan de 18 cuotas sobre lo que eran deudas con ARCA, que vencían el 30 de junio. Se extiende hasta el 31 de octubre. Para que tengan más holgura financiera”, continuó Caputo y destacó que “nuestra consolidación fiscal nos permite hacer estas cosas de enorme beneficio”.

Caputo afirmó que las dificultades para ampliar el crédito no responden únicamente a la disponibilidad de pesos, sino a la incertidumbre y al descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos de mayor duración. En ese sentido, sostuvo que el objetivo oficial es dar mayor previsibilidad al sistema financiero y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas.

El ministro también señaló que las pymes enfrentan costos elevados para financiar capital de trabajo. Sobre ese punto, destacó la posibilidad de descontar facturas de grandes compañías una vez que estas hayan sido conformadas, una herramienta que permitiría a los proveedores acceder a tasas menores que las bancarias.

Asimismo, anunció dentro del paquete el uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. En ese sentido, las pymes podrán aplicar el 100 % de sus créditos por IVA de exportación o reintegros. Y las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos saldos y el porcentaje aumentará de forma gradual.

Finalmente, enumeró créditos del Banco Nación para la industria automotriz. La línea tendrá una tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años.

Impuestos a los Sellos

En tanto, Caputo anunció que están en diálogo con varios gobernadores para proponerles eliminar el impuesto a los sellos y señaló que desde el Gobierno nacional están dispuestos a hacerse cargo de pagarle a las provincias adheridas al RIGI o al REOR la mitad de lo que se recauda por ese impuesto, “a cambio de que las provincias resignen la otra mitad”.

“Es un esfuerzo enorme para nosotros”, afirmó el ministro y marcó que el impuesto a los sellos “es muy nocivo”, porque “impacta directamente en el bolsillo de la gente”. Según detalló, recauda “entre 4 y 5 billones de pesos al año”.

Fuente: Agencia DIB

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