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Fracasó la sesión pedida por el kirchnerismo a favor de los jubilados por el vacío de La Libertad Avanza y aliados

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La Libertad Avanza y otros bloques aliados como el PRO y la UCR no dieron quórum y lograron voltear la sesión especial pedida por el kirchnerismo para tratar los proyectos de ley que planteaban la prórroga de la moratoria jubilatoria y la gratuidad de medicamentos esenciales.

Transcurrida la media hora reglamentaria, solo habían 124 legisladores sentados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para dar luz verde a la sesión, que igualmente se desarrolló con expresiones en minoría.

El PRO brilló por su ausencia, mientras que por la UCR solamente se dignaron a bajar al recinto el mendocino Julio Cobos y Natalia Sarapura.

Para disimular esta desaprensión por los jubilados, que en la tarde de este miércoles volvieron a marchar en la Plaza del Congreso para reclamar por la recomposición de sus haberes, la radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, convocó a una reunión informativa para el 9 de abril.

“Dicha convocatoria tiene el objetivo de empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo”, explicó la cordobesa de la UCR.

El otro sector del radicalismo, Democracia para Siempre, sí mostró mayor compromiso con los jubilados ya que nueve de sus doce integrantes se hicieron presentes para contribuir con el quórum de la sesión.

Estuvieron Pablo Juliano, Facundo Manes, Carla Carrizo, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Mariela Coletta, Marcela Coli y Juan Carlos Polini. 

La Coalición Cívica acudió a la convocatoria en pleno con sus seis integrantes, al igual que los cinco del Frente de Izquierda.

Encuentro Federal, en cambio, volvió a mostrarse fragmentado como en la votación del decreto que habilitó al Gobierno a cerrar el acuerdo con el FMI.

De los 15 miembros del bloque presidido por Miguel Pichetto (quien pegó el faltazo para no contrariar al Gobierno), concurrieron al recinto ocho representantes: Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Mónica Fein, Nicolás Massot y Juan Brügge. 

Innovación Federal, otro socio de La Libertad Avanza, tampoco colaboró para que la sesión viera la luz: apenas dos diputadas salteñas, Pamela Calletti y Yolanda Vega, bajaron al recinto a último momento tras cerciorarse de que no iba a haber quórum, y con el permiso del vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Unión por la Patria sentó a 91 de sus 98 integrantes. Tres de ellos (Celia Campitelli, Blanca Osuna y Juan Manuel Pedrini) se ausentaron por razones personales que no se hicieron públicas, pero los otros cuatro fueron con los cuatro diputados catamarqueños (Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega) con la complicidad del gobernador Raúl Jalil. 

Éstos cuatro tampoco habían concurrido a la votación del DNU sobre el acuerdo con el FMI.

Sesión en minoría

Caída la sesión, tomó la palabra en el recinto Leopoldo Moreau, quien embistió duramente contra los bloques dialoguistas que vaciaron el quórum.

Según expresó, la fallida sesión “ha tenido la virtud de dejar muy nítido cuáles son las prioridades de algunos bloques y diputados respecto al interés mayor o menor que ponen por defender a determinados sectores”.

Quienes se esforzaron para aprobar el DNU inconstitucional e ilegal que nos vuelve a empujar a un escenario de profunda crisis no hicieron el mínimo esfuerzo para defender a quienes precisamente son las próximas víctimas de ese acuerdo con el FMI”, siguió el radical devenido kirchnerista.

Para Moreau, el fin de la moratoria previsional definido por el Gobierno “es el regalito anticipado que viene en las condicionalidades del FMI y que explica las ausencias de estas bancadas” a la sesión convocada por Unión por la Patria.

“Seguramente no han venido aquí porque están imaginando que una decisión de este Congreso para proteger a los jubilados significaría darle una mala señal a los mercados”, evaluó.

El diputado de Unión por la Patria alertó que “de no prorrogarse la moratoria van a caer en una situación de desesperanza que los va a dejar afuera del sistema de las prestaciones contributivas y los va a llevar al subsuelo de los haberes previsionales que no es otra cosa que la PUAM”.

“Si hoy la mínima jubilatoria que afecta aproximadamente al 70% del total de los jubilados significa estar por debajo de la línea de pobreza, quedar atrapados en la Sobre la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) significa quedar atrapados por debajo de la línea de indigencia”, lamentó Moreau.

Sobre la PUAM, cuyo haber representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, señaló que los adultos mayores que caigan en esa alternativa por la imposibilidad de jubilarse perderán el derecho a recibir la pensión a la viudez y, en el caso de las mujeres, deberán esperar cinco años más para empezar a percibir esa prestación.

Además señaló que a partir del próximo domingo, cuando caiga la moratoria, solamente una de cada diez mujeres se podrá jubilar y solamente 2 o 3 de cada diez hombres.

Sabemos que el FMI hace mucho tiempo que quiere venir por el sistema de la seguridad social en la Argentina”, sostuvo Moreau.

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El 46% de los adultos mayores recibe ingresos insuficientes, según un estudio de la UCA

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió en su último informe que el 46% de los hogares integrados por personas de sesenta años o más atravesó problemas de ingresos insuficientes entre 2024 y 2025.

El trabajo, titulado señala que este registro marca el nivel más alto de la serie relevada desde 2017 y representa una suba de cinco puntos porcentuales en comparación con el bienio 2022-2023.“Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”,

Según el estudio, la falta de recursos golpea con mayor crudeza a los sectores de menores ingresos. Dentro del estrato socioeconómico muy bajo, el porcentaje de hogares con entradas insuficientes trepa al setenta y uno coma uno por ciento, mientras que en el sector bajo llega al cincuenta y cinco coma dos por ciento.

La inseguridad alimentaria en esta franja etaria pasó del doce coma tres por ciento registrado entre 2017 y 2019 al dieciocho coma cuatro por ciento en el período 2024-2025. El contraste entre clases sociales es profundo, ya que la afectación en el nivel medio alto se ubica en el uno coma uno por ciento frente al treinta y nueve coma uno por ciento del sector muy bajo, lo que implica que el riesgo alimentario en este último grupo multiplica por treinta y cinco al de los sectores más acomodados.

Los problemas económicos también se tradujeron en la imposibilidad de afrontar gastos cotidianos como las tarifas de los servicios públicos. Un 21,3% de los hogares con adultos mayores debió interrumpir el pago de algún servicio básico por falta de dinero, una cifra que asciende al 39,4% en los sectores de menor poder adquisitivo.

Pese a este panorama de vulnerabilidad, las estadísticas del relevamiento indican que la cobertura estatal mediante programas de transferencia o asistencia alimentaria descendió del 30% durante la pandemia al 26,8% en la actualidad, abarcando solo al 42,4% de los hogares del estrato más castigado.

Las carencias habitacionales completan el mapa de la situación social de los mayores. El 11,8 habita inmuebles con deficiencias estructurales, un porcentaje que escala al 27,5% en los sectores vulnerables.En paralelo, el 25,2% de la población mayor sufre privaciones vinculadas al acceso a agua corriente, gas o saneamiento, una falencia que afecta a cerca de la mitad de los hogares del estrato muy bajo.

El acceso a la salud pública y privada experimentó un retroceso evidente. El 35,2% de estos hogares postergó o directamente suspendió consultas médicas y la compra de fármacos por motivos presupuestarios, marcando el pico histórico de la serie con un incremento de casi diez puntos respecto al período previo.

Esta situación afecta al 55% de las familias del sector muy bajo. En cuanto al uso de PAMI durante 2025, el 74% de los afiliados lo empleó para la atención médica y el 70% para adquirir medicamentos, aunque las opiniones sobre las prestaciones mostraron divisiones: 61,7% aprobó la atención médica, en tanto que la cobertura de remedios cosechó una valoración positiva inferior al 50%, con valoraciones aún más reticentes entre los sectores de menores recursos.

Fuente: Agencia DIB.

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Municipales bonaerenses iniciaron plan de lucha con cortes en rutas

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La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo)comenzó este lunes con su plan de lucha provincial que incluyócortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, dos vías estratégicas para el traslado de la producción dentro del territorio.

La primera medida de este lunes fue impulsada por sindicatos pertenecientes a una de las regionales Centro y a la Regional Conurbano Oeste de la organización. La movilización forma parte del programa de acciones anunciado por el secretario general de Fesimubo, Hernán Doval, durante las reuniones regionales desarrolladas en distintos distritos.

Si bien el sector negocia con los intendentes los salarios, que parten desde los $150.000 por mes en algunos municipios, la protesta involucra a la administración de Axel Kicillof, a quien le piden que convoque al Consejo del Empleo Municipal para discutir sus pedidos en un marco “institucional”. Este organismo existe hace una década pero nunca se lo convocó.

A ese reclamo se suma la denuncia por el crecimiento de modalidades que, según el gremio, profundizan la precarización dentro de los municipios, principalmente mediante contrataciones bajo monotributo y becas.

La Federación plantea que el problema excede las negociaciones salariales de cada municipio y reclama una discusión a nivel provincial que permita abordar las condiciones laborales del sector.

Fuente: Agencia DIB

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Senado provincial y Municipio aportarán los fondos para asistir a la totalidad de los inscriptos

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Esta mañana en conferencia de prensa el intendente Federico Susbielles confirmó que la totalidad de los comerciantes bahienses que se inscribió  al Fondo de Asistencia Económica recibirá la ayuda.

Ese fondo en principio se conformaba de los $300 millones aportados por la Cámara de Diputados bonaerense. Ahora se sumarán $150 millones que garantizó la Cámara de Senadores y lo que reste para cubrir toda la demanda será aportado por la Municipalidad.

El programa otorgará una ayuda económica de $1.000.000, no reintegrable, a comercios, pequeñas y medianas empresas del partido de Bahía Blanca que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad fiscal.

Durante el anuncio estuvieron presentes además del jefe comunal, el senador provincial Marcelo Feliú; el Jefe de Gabinete, Luis Calderaro; el secretario de Economía, Carlos De Vadillo; y representantes de la Cámara de Comercio y de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios.

El pasado viernes cerró la inscripción al fondo: hubo 668 comercios inscriptos, 460 con documentación completa y 208 que deben cargar información.

“Teníamos en claro que teníamos que estar al lado de nuestros vecinos y también de los comerciantes que son quienes generan mano de obra y empleo en la ciudad”, enfatizó Susbielles.

Además, aseguró que en el marco de “una situación compleja para todos” desde la comuna seguirán acompañando y gestionando para el comercio bahiense.

Feliú, por su parte, expuso que la cantidad de comerciantes que solicitaron el subsidio de $1.000.000 “no es más que un síntoma de algo que es mucho más importante como es la causa: una enorme retracción de la demanda porque no hay poder de compra; se ha perdido el poder adquisitivo“.

Fuente: Frente al cano.

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