Un grupo de senadores y diputados kirchneristas que integran el Consejo de la Magistratura presentaron un informe este lunes en la Facultad de Derecho en el que rechazaron las condiciones “arbitrarias y discriminatorias” de detención de Cristina Kirchner a casi un año de la condena por la causa Vialidad.

El documento fue presentado por los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Salón Azul de la Facultad de Derecho. Allí, expusieron las condiciones de detención que tienen personas condenadas por delitos federales y sostuvieron que la ex presidenta “cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”.

El informe se elaboró a partir de datos obtenidos mediante los pedidos de Acceso a la Información Pública que realizó el grupo de consejeros del Consejo de la Magistratura.

Todo esto se da en la previa del próximo 10 de junio cuando se cumpla un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la líder del PJ por la Causa Vialidad.

Entre los datos que expone el documento presentado por los dirigentes kirchneristas, se señala que más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios. En la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas enfrenta limitaciones en materia de visitas. El informe concluye que, entre quienes cumplen condena por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Kirchner es la única con ese tipo de restricciones vigentes.

Tailhade fue el primero en tomar la palabra y planteó sus conclusiones en términos políticos. “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país”, afirmó el diputado nacional y consejero.

Siley fue quien presentó los datos específicos del relevamiento y subrayó su carácter comparativo. “Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, sostuvo la consejera. Siley también vinculó la situación de la ex mandataria con lo que describió como una vulneración de garantías fundamentales: “A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, expresó.

Recalde, por su parte, fue directo en su caracterización del caso. “Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo”, afirmó el senador. Agregó que el informe “demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia”.

Grau trazó paralelismos históricos entre el caso de Kirchner y el de Hipólito Yrigoyen, al señalar cómo distintos procesos políticos y judiciales buscaron, en diferentes momentos, perseguir y condicionar a líderes populares en beneficio de sectores económicos concentrados, tanto nacionales como extranjeros.

El cierre estuvo a cargo de Fernández Sagasti, quien dirigió sus cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto y a la Corte Suprema de Justicia en particular. “La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, sostuvo la senadora.

El sindicalismo redobló su ofensiva contra el Gobierno en el exterior y en nuestro país. Por un lado, en Ginebra, Suiza, los líderes de la CGT acusaron a los libertarios de ejercer “violencia institucional” y de aplicar una reforma laboral que es “un laboratorio a nivel internacional de las políticas de derecha”. Por otro, en Buenos Aires, las dos fracciones de la CTA realizarán este martes, a las 13, una movilización a la Plaza de Mayo contra “el ajuste de Milei”.

Las denuncias efectuadas en Ginebra se efectuaron durante un acto de dirigentes de la CGT y de las CTA, por fuera de las deliberaciones de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con presencia de dirigentes de otros países, en donde se profundizaron las críticas al gobierno argentino.

Encabezaron el encuentro los líderes cegetistas Gerardo Martínez (miembro del Consejo de Administración de la OIT y actual vicepresidente de la conferencia por el sector de trabajadores) y Jorge Sola, uno de sus cotitulares; Roberto Baradel (CTERA), por la CTA de los Trabajadores; Daniel Jorajuría (gastronómicos), por la CTA Autónoma, y Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).

Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, quien coordinó el acto, apuntó duramente al comienzo contra la reforma laboral argentina, al considerar que es “una ley política, no jurídica, que desnaturaliza el derecho de propiedad del que tanto le gusta hablar al Presidente porque los derechos son la propiedad de los trabajadores”.

“Es una ley política -añadió- porque limita a los trabajadores y los elimina como interlocutores válidos del contrato social y se hace sólo lo que el capital quiere. Los elimina de la gobernanza y el diálogo social que propone es vehículo de la voluntad del capital”.

Sostuvo que “las leyes deben ser un instrumento del respeto entre el capital y el trabajo, pero las leyes que el Gobierno propicia no respetan a los trabajadores y cuando no hay respeto, como en este caso, hay violencia institucional, como dice el convenio 190 de la OIT sobre violencia o acoso en el mundo del trabajo”.

“Esta ley afecta la convivencia social y consolida situaciones injustas”, agregó el dirigente.

Por su parte, Jorge Sola resaltó que “el empresariado argentino apoya la Ley de Modernización Laboral como algo que va a generar un mejor mundo del trabajo”, pero advirtió que “la reforma laboral en la Argentina es un laboratorio a nivel internacional, no sólo en el mundo del trabajo, sino de todas las políticas de derecha”.

Para el cotitular de la CGT, la reforma laboral fue “una gran oportunidad perdida la posibilidad de discutir el nuevo mundo del trabajo”, tras lo cual enfatizó: “Cada uno de nosotros tiene una mirada hacia un mundo de trabajo que ha cambiado, pero estamos perdiendo tiempo en discutir una ley que atrasa 100 años porque quita derechos. Hay que discutir un nuevo modo de trabajo, pero se necesita claramente una protección de seguridad social que estamos obligados a dar”.

El líder del Sindicato del Seguro se quejó de que “los trabajadores en nuestro país no hemos sido convocados a una efectiva mesa de diálogo social donde logremos defender nuestros intereses”, tras lo cual dijo: “Cuando hay discusiones entre quienes representan intereses genuinos pero diferentes hay conflictos, pero los conflictos hay que transitarlos, no hay que temerles, y no se pueden transformar en un enfrentamiento, ya que en un enfrentamiento se quiere eliminar al otro”.

Aseguró enseguida que “el gobierno de la Argentina lleva adelante esa política de confrontar, de decir que no se odia demasiado a los periodistas o que la casta son los dirigentes gremiales, los políticos y la propia justicia”. “Y nosotros creemos -añadió- que tenemos que transitar los conflictos con las diferencias que tenemos, pero estamos acostumbrados a hacerlo en las mesas de diálogo y en nuestros convenios colectivos de trabajo como una herramienta a llevar adelante”.

Luego, Roberto Baradel afirmó que “con la misma convicción, firmeza y determinación con que expusimos la denuncia contra el gobierno argentino en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, tenemos que ser capaces de expresarlas en unidad con diferentes acciones y en la calle en nuestro país”. Y puntualizó: “Estoy convencido de que podemos terminar con la reforma laboral para defender los derechos de las y los trabajadores y hacerle honor a la historia de lucha y conquistas de la clase trabajadora en la Argentina”.

En sintonía con las palabras de Baradel, en Buenos Aires se anunció una movilización para este martes de las dos CTA hacia la Plaza de Mayo, a partir de las 13, con el fin de expresar el rechazo “al ajuste de Milei”.

La concentración se dará en el marco de una “Jornada nacional de protesta y del cierre de la “Semana de ayuno para el despertar de las conciencias”, impulsada por la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, junto a Adolfo Pérez Esquivel.

Entre los reclamos, que serán expresados al final del acto ante el Ministerio de Economía, figuran la derogación de la Ley de Modernización Laboral, el pedido de salarios y jubilaciones dignas, la denuncia contra el hambre en Argentina y el rechazo al ajuste en salud y educación.

Después de un mes de que el Gobierno consiguiera media sanción de la Cámara de diputados sobre el proyecto de ley Hojarasca, esta madrugada se publicó en Boletín Oficial una medida que elimina más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria que habían perdido sustento legal.

La decisión se conoció mediante la resolución 12/2026 firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne, en donde explicaron los motivos por los cuales se tomó la decisión.

Según manifestó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tras el proceso de desregulación impulsado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger desde que Javier Milei asumió su mandato, decidieron actuar en concordancia y derogaron normas estructurales, entre ellas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios.

“En su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”. De esta manera el Gobierno explicó la medida.

La resolución se apoya en la Ley de Bases (N° 27.742) y en el Decreto N° 70/2023 a partir de las cuales se eliminaron dichos marcos legales, por lo que las resoluciones y disposiciones que los reglamentaban quedaron sin objeto ni sustento jurídico. El texto oficial señaló que la acumulación de normas generó “superposición, desactualización y dispersión”. Además “deviene pertinente mantener una revisión integral continua de la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación”.

El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías, las cuales “resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, explicaron.

Las principales resoluciones con sus modificatorias, son:

• La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
• 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
• 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
• La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
• 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
• La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
• 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
• Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
• 254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.

La medida se inscribe en el mismo espíritu que la “Ley Hojarasca”, aunque opera por un carril diferente. Mientras la reciente resolución actúa en el plano administrativo, sin necesidad de intervención parlamentaria, la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta transita el Congreso y apunta a eliminar normas de rango legal.

El 20 de mayo pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Esta iniciativa busca derogar 58 leyes, modifica artículos de otras 8 y elimina 2 decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”, y aguarda tratamiento en el Senado.

Los argumentos que sostienen ambas iniciativas son bastante parecidos. El texto oficial publicado hoy advierte que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.

Respecto al debate sobre el primero de los objetivos sostienen que está orientado a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales” y que afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.