“Pasamos por San José 1111 porque nuestra conducción, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente secuestrada y proscripta. Pasamos porque hay que ser leal a los leales y porque somos agradecidos”. Así comunicó La Cámpora ayer la decisión de cambiar el histórico recorrido que realiza la organización cada 24 de marzo, desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo.

El mensaje encierra dos metamensajes: darle centralidad a la ex presidenta y su detención, y apuntar, sin nombre y apellido, contra Axel Kicillof. En definitiva, en el camporismo piensan que el gobernador bonaerense es un desleal y un desagradecido con su mentora política. Rencillas de una interna inagotable.

La organización de Máximo Kirchner juntará a miles de personas sobre la Avenida Libertador para marchar, durante unas ocho horas, por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que ya es un recorrido histórico de cada aniversario del golpe de Estado. Un momento donde ese sector del peronismo gana la calle y revitaliza su músculo político.

El hecho distinto de este martes, donde se cumplen 50 años del golpe de Estado, será que la enorme columna de militantes pasará por el departamento donde cumple su condena Cristina Kirchner. Una instancia de alto contenido político, en medio de una confrontación férrea entre el kirchnerismo y el Gobierno nacional.

La secretaria general de la organización política, Lucía Cámpora, aseguró que la movilización no solo apunta a recordar el terrorismo de Estado, sino también a “visibilizar la continuidad de un modelo económico que tuvo su origen en la dictadura”, que, según cree, “vuelve a impulsarse”.

“Vamos a marchar para unir simbólicamente todo esto, porque no fue solo el aparato represivo, sino también un modelo económico que hoy Milei busca implementar. Un modelo de financierización y desindustrialización, con apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del trabajo argentino”, precisó la legisladora.

Los dirigentes y militantes iniciarán el recorrido a las 9 en la intersección de Manzanares y Avenida del Libertador. Una hora después estarán llegando al túnel de la avenida y a las 12 a la explanada de Bullrich, en la avenida Juan B Justo y Santa Fe. A las 13:30 esperan estar en Entre Ríos y Rivadavia, esquina del Congreso, y a las 15 en San José 1111, el departamento donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta. A las 16:30 arribarán a la Plaza de Mayo. En total del recorrido es de 16 kilómetros.

“Este martes la consigna está clara: la gente en la calle, los genocidas en la cárcel y Cristina libre para defender la patria. Vamos a marchar junto a las Abuelas, las Madres, los Hijos, los organismos de derechos humanos y la sociedad argentina”, sostuvo Cámpora durante una entrevista a AM530.

El cristinismo va a poner en el centro de la escena, además de la figura de la ex presidenta, el pedido de libertad por la condena en la causa Vialidad. Una bandera que levantan cada vez menos dentro del peronismo. Es un tema del sector más duro del kirchnerismo, que genera resquemores internos por lo que consideran que es falta de solidaridad por parte de otras tribus.

La convocatoria se realiza bajo la consigna ”Defendemos la Patria. Caminamos por los 30 mil. Queremos a Cristina”. Aunque no está confirmado, todos esperan que la ex presidenta salga al balcón del departamento y vuelva a expresarse en sus redes sociales, a las que comenzó a utilizar nuevamente, después de varias semanas de silencio, cuando tuvo que ir a la indagatoria que se le realizó en los Tribunales federales de Comodoro Py.

En paralelo, otros sectores del peronismo también saldrán a la calle. Entre ellos Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que se reunirán a las 13 en la sede de las Madres de Plaza de Mayo. También saldrán varios legisladores del peronismo del interior e intendentes del conurbano. Será una jornada donde el peronismo se encuentre en la calle, más allá de las diferencias que los atormentan dentro del marco político.

El índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó a 2,30 puntos en marzo de 2026, lo que representa una variación de -3,5% respecto de febrero y sitúa al indicador en su mínimo desde el inicio del mandato de Javier Milei.

La medición, desarrollada en base a una encuesta nacional y sostenida de manera ininterrumpida desde 2001, revela que la confianza experimenta tres caídas consecutivas desde el arranque de este año: enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), lo que implica una contracción acumulada de 6,5% desde diciembre pasado. Así, el promedio de la administración Milei cae a 2,43 puntos, quedando en una posición intermedia entre el tramo inicial de Mauricio Macri (2,55) y el de Alberto Fernández (1,99).

Sin embargo, el dato de marzo aún supera ampliamente el valor alcanzado por la gestión Fernández en el mismo mes de 2022 (1,51; +52,6%), y se mantiene prácticamente en línea con la marca lograda bajo el gobierno de Macri en marzo de 2018 (2,32; -0,9%).

Componentes y factores de confianza

El deterioro del índice no es uniforme. Cuatro de los cinco subíndices que integran el ICG exhibieron retrocesos. Honestidad continúa siendo el componente más alto, con 2,73 puntos (-1,1%), seguido por Capacidad (2,55; -5,6%). Más lejos se ubica la Eficiencia, que se destaca como única excepción positiva, al crecer a 2,38 puntos (+3,9%) en el mes. En cambio, la Evaluación general del gobierno no logra revertir su signo negativo y se desploma a 1,98 puntos (-9,2%), mientras que la Preocupación por el interés general cae a 1,87 (-6,0%). Estos dos últimos subíndices concentran los descensos más intensos de la medición.

“La Honestidad se mantiene como el valor más elevado entre los componentes, pero la mayoría muestra retrocesos”, señala el informe, mientras destaca que “la Eficiencia es la única que mejora, pese a la tendencia dominante”.

El impacto de género y la pérdida de liderazgo joven

El informe advierte sobre el avance de una brecha de género que se profundiza. Mientras los hombres presentan 2,60 puntos (-0,8%), las mujeres registran un marcado descenso hasta 1,93 puntos (-8,5%), ampliando la diferencia a 0,67 puntos en favor del segmento masculino.

En cuanto a la variable etaria, se quiebra otra tendencia. Por primera vez desde el inicio de la gestión Milei, el tramo de 30 a 49 años lidera la confianza con 2,33 puntos (+9,4%), seguido de cerca por aquellos de más de 50 años (2,29; -7,3%). El grupo de jóvenes de 18 a 29 años es el más afectado, al desplomarse a 2,22 puntos (caída de 25,8%), y cede el liderazgo de percepción favorable que había exhibido en los meses iniciales del actual gobierno.

El interior se mantiene al frente; desplome en el Gran Buenos Aires

El análisis territorial ubica al interior del país como el área con mayor confianza en el gobierno (2,52 puntos; -3,1%). En el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcan 2,12 puntos (+1,0%), superando a los del Gran Buenos Aires, donde se da la caída más pronunciada (1,92 puntos; -5,9%).

El nivel educativo también juega un papel diferencial. El índice es más alto entre quienes alcanzaron la educación terciaria o universitaria (2,40 puntos; -0,4%), seguido de los que completaron la secundaria (2,26; -11,7%). El sector con instrucción primaria es el único que muestra un crecimiento (1,67 puntos; +7,1%).

Respecto a la experiencia con el delito, quienes declaran no haber sufrido hechos delictivos en el último año presentan un ICG superior (2,44; -2,4%), mientras que las víctimas se ubican en 1,86 puntos (descenso de -7,0%).

Perspectivas económicas: la brecha optimismo-pesimismo

El estudio confirma una brecha significativa según la percepción sobre el futuro económico. Quienes creen que la situación mejorará dentro de un año registran 4,18 puntos (-2,8%), en contraste con los que esperan que todo siga igual (2,88; +7,1%) o empeore (0,50 puntos; +16,3%).

“La diferencia entre optimistas y pesimistas se mantiene en niveles muy altos”, subraya el relevamiento, que profundiza el análisis segmentado según variables sociodemográficas.

La investigación fue llevada a cabo entre el 4 y el 13 de marzo de 2026 por Poliarquía Consultores, sobre una muestra aleatoria y polietápica de 1.000 personas residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes en todo el país. El margen de error es ±0,07 puntos para el ICG, con un intervalo de confianza del 95% de 2,17 a 2,43 puntos.

La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de la polémica por las criticas opositoras y de organizaciones ambientalistas, por la limitación que realizó el oficialismo sobre la cantidad de oradores que podrán exponer en esas dos jornadas.

Con más de 100 mil inscriptos hasta el viernes, La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación presencial, virtual, donde pondrán exponer entre 200 y 300 oradores, y el resto lo tendrá que hacer a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

Al cierre de esta nota, esas audiencias se realizarán ya que la justicia rechazó una de las cautelares presentada por particulares para suspender esa reuniones públicas, pero queda otra presentada por organizaciones ambientalistas, sin resolución hasta el mediodía de este lunes.

De todos modos, no será el único conflicto que existe ya que el oficialismo, además de restringir la cantidad de oradores, estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores por bloque, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Audiencias

El bloque de diputados de La Libertad Avanza estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 200 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.

Esta restricción era rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.

En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.

“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados.

Y se aclaró: “Se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.

Un grupo de particulares presentó una demanda que cayo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó esa medida solicitada para suspender las audiencias publicas que fue presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

Regueira sostuvo: “No alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

Esa decisión fue festejada por Mayoraz a través de una publicación en la red social X. “¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana”, indicó.

Ambientalistas

También pidieron una medida cautelar organizaciones ambientalistas para suspender las audiencias a fin de garantizar que puedan exponer los casi 100 mil inscriptos, que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido.

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climáticas, y Greenpeace, pidieron que se ordene  “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.__IP__

“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, planteó la organización.

También pide que “el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.

Fuente: Noticias Arentinas.