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Funcionario de Pullaro cuestionó el DNU de Milei que recorta partidas de las cajas jubilatorias

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El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones administrados por 13 provincias, que complica la liquidación de los haberes, y anticipó que la provincia evalúa judicializar la medida.

El funcionario que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, planteó que el decreto responde a “otra trastada del presidente” y puntualizó que “mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias”.

Boasso hace referencia al DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, en el que el Gobierno instrumentó la decisión de dejar sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023.

La modificación se hace sobre las transferencias de ANSES “antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que los anticipos mensuales deben realizarse en base a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

Al igual que en Santa Fe, la medida impacta en la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

En una entrevista a La Capital de Rosario, el ministro provincial aseguró además que el DNU configura “una apropiación indebida de fondos”.

En sintonía con la expuesto por Pullaro, el máximo referente de la seguridad social reclamó que “Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos”, y remarcó: “imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700 mil millones”.

“Hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio”, pidió al tiempo que postuló la necesidad de “aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”.

Por último, que aseveró que “las Cajas de jubilaciones no son casta” sino “los aportes de los trabajadores durante su vida laboral” y advirtió que la provincia analiza recurrir a la vía judicial para frenar el recorte.

Fuente: Noticias Argentinas.

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El Gobierno convocará a la mesa política la semana que viene para definir el envío de reformas al Congreso

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El Gobierno planea convocar la semana próxima a la mesa política del oficialismo para ordenar la agenda legislativa y definir el envío de reformas al Congreso durante el período de sesiones ordinarias.

La reunión se realizará después de la gira internacional del presidente Javier Milei, que incluye su viaje a Estados Unidos, su participación en la asunción de José Antonio Kast en Chile y su paso por un foro económico en Madrid.

El encuentro buscará establecer las prioridades del Ejecutivo para los próximos meses y coordinar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. El objetivo central es fijar el orden de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso a lo largo del año.

En ese esquema, la primera iniciativa que se abordaría es la reforma de la ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para abril. Luego aparecería el debate sobre financiamiento universitario. En tercer lugar se ubicaría la reforma política y, posteriormente, una modificación del Código Penal.

Ese orden forma parte de una planificación más amplia que también contempla el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales. La estrategia del oficialismo prevé que ambos procesos avancen de manera paralela durante el período legislativo.

La mesa política reúne a los principales dirigentes del núcleo de poder del Gobierno. Está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y cuenta con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli. En algunos encuentros también suele sumarse el ministro de Economía, Luis Caputo.

Del espacio también suelen formar parte el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo. En determinadas reuniones participa además Eduardo “Lule” Menem, un funcionario cercano a la hermana del Presidente.

Fuente: TN

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Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada el próximo martes en Comodoro Py

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El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los recursos interpuestos por los imputados en la denominada causa Cuadernos que buscaban la nulidad del juicio. De esta manera, indagarán a Cristina Kirchner de manera presencial el próximo martes 17 de marzo. Luego será el turno del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Uno de los primeros planteos en ser rechazado fue el presentado por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que pidió la nulidad total del juicio, alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. “La lectura del expediente no evidencia los vicios”, aseguró el TOF 7.

Por otra parte, los magistrados ratificaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso.

El TOF 7 rechazó los recursos de los imputados, que buscaban la nulidad del juicio de la causa Cuadernos

El TOF7 rechazó los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias en la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.

El pedido de nulidad partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como es el caso del exministro de Planificación Federal, que argumentó irregularidades en la instrucción y cuestionó la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

El TOF 7 dijo que la intención de las partes de “obturar el juicio en las puertas de su inicio, desde una visión sistemática no es posible reeditar todas las objeciones planteadas, porque el Tribunal se vería obligado a volver sobre sus pasos. No se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido”.

Para el abogado de Cristina Kirchner los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

En la última audiencia la fiscal Fabiana León opinó que estos argumentos no debían prosperar y alertó sobre el riesgo de prescripción para algunos delitos si las estrategias defensivas logran extender el proceso.

Durante su exposición, la fiscal aseguró que para que esta causa llegue a juicio, tuvieron que soportar “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral, que es la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones”.

Fuente: TN

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Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser “call centers del delito”

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Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza(LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.

Protocolo “sin justificación”

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.

Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Restricciones e inhibidores de señal

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

Para evitar delitos

Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Aportes de especialistas

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

Procedimiento

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa.

Fuente: Agencia DIB

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